Uruguay mi Pais

LA CIEGA

Peligra condena en caso Julio Castro por fallo de la Suprema Corte

12.03.2013

MONTEVIDEO (Uypress) - El policía Ricardo Zabala, procesado en la causa por el asesinato del maestro y periodista Julio Castro, ocurrido durante la dictadura uruguaya (1973-1985), podría pedir su excarcelación ante un nuevo fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que volvió a declarar inconstitucional la ley 18.831 en este caso.

El adelanto de la sentencia de la SCJ fue difundida este martes por El Observador, confirmada por fuentes judiciales a ese medio. Esta sería la segunda vez que el máximo tribunal declara inconstitucional la Ley interpretativa de la Ley de Caducidad; la primera fue el pasado 22 de febrero.
Zabala fue procesado con la ley 18.831 en vigencia, que pretendía determinar que los delitos cometidos durante la dictadura no prescriben, siendo interpretados como de lesa humanidad. Dicha ley había sido mencionada en el procesamiento por el juez Juan Carlos Fernández Lecchini.
El ex policía está acusado de asesinar a Castro, secuestrado, sometido a torturas y detenido de manera clandestina en el centro conocido como 'la casa de Millán' (Millán 4269, Montevideo), donde falleció el 3 de agosto de 1977.
Los restos del maestro fueron hallados en un predio del Batallón 14 en Toledo en octubre de 2011 e identificados como tal el 1° de diciembre del mismo año, confirmado por el Poder Ejecutivo. El cráneo de Castro presentaba un orificio de bala, lo que permite hablar de asesinato, superando el hecho de haber muerto como consecuencia de las torturas.
Zabala reconoció en la Justicia que secuestró a Castro en las calles Francisco Llambí y avenida Rivera, y fue procesado como cómplice en el caso.
En cuanto se publique el nuevo fallo de incontitucionalidad de la SCJ, la abogada del procesado, Graciela Figueroa, planteará la excarcelación del policía.

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Algunas denunciantes. Crédito: SDR

EN LA BALANZA

Declaran militares denunciados en causa de 28 mujeres víctimas de la dictadura

12.03.2013

MONTEVIDEO (Uypress) - La magistrada Julia Staricco llamó a declarar a ocho ex militares denunciados por delitos de tortura y violencia sexual en una causa colectiva realizada por 28 ex presas políticas en octubre de 2011.

Las audiencias comienzan este martes 12 y se extienden, al menos, hasta el 4 de abril. Entre los acusados se encuentran José Gavazzo y Jorge 'Pajarito' Silveira.
El martes declara Julio Litovsky; el 13, Hector Lascano; el 14, Asencio Lucero y el 15, Orosman Pereyra. En abril será el turno de Silveira (el 1° de ese mes); Ariel Ubillos, el 2; Gavazzo, el 3 y Gilberto Vázquez, el 4.
Representadas por el abogado Federico Álvarez Petraglia, 28 mujeres denunciaron hace un año y medio haber sufrido 'delitos sexuales y torturas' de manera sistemática por agentes estatales, hombres y mujeres, 'contra las mujeres detenidas por motivos político-ideológicos', en unidades militares como el Penal de Punta de Rieles, el centro clandestino de detención '300 Carlos', el Regimiento de Caballería Nº 9, el Establecimiento La Tablada y el Batallón de Infantería Nº 5 de Mercedes, entre otros.
En la denuncia se detalla que: 'Los denunciados tuvieron activa participación durante la detención y prisión de las denunciantes en los distintos establecimientos carcelarios, siendo todos ellos responsables directos e indirectos, por acción u omisión, de la comisión de delitos calificados como de lesa humanidad cometidos en forma sistemática y planificada consistentes en delitos sexuales y torturas, afectando su integridad física y mental y su derecho a la dignidad'.
El abogado anunció que estos ex oficiales serán 'los primeros' llamados a declarar. La presentación colectiva de casos es la primera en Uruguay que denuncia los delitos sexuales como delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura uruguaya (1973-1985).
En este sentido, en diversos tribunales argentinos ya se sentó jurisprudencia entenidendo que la violación sexual es un delito imprescriptible porque fue cometido de manera sistemática por los condenados en causas de violaciones a los derechos humanos durante los regímenes militares.
Cabe destacar que la jueza Staricco señaló a El Observador que llamará a declarar a los oficiales,a pesar del fallo de inconstitucionalidad de la ley 18.831, porque esa decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) 'rige para el caso concreto y en esta denuncia ninguno de los denunciados presentó recurso de inconstitucionalidad'.

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Crédito: Iguales y punto

JUSTICIA

DDHH: Declaran ex integrantes de la Dirección de Inteligencia

11.03.2013

MONTEVIDEO (Uypress) - Desde el mediodía de este lunes 11 comienzan las audiencias donde declaran ex integrantes de la Dirección de Inteligencia, acusados por delitos de lesa humanidad en la denuncia presentada por más de 40 militantes comunistas, representados por el abogado Pablo Chargoñia.

La citación a declarar ocurre tras el fallo de inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley 18.831 emitido por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) hace poco más de tres semanas; lo que ha representado una esperanza para el colectivo de denunciantes, a pesar de la decisión de la SCJ
Esta decisión suponía la complejidad de avanzar en las causas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura (1973-1985), sin embargo, los representantes legales de las y los denunciantes harán uso del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman, además de ateñirse a las Convenciones de derecho internacional a las que adhirió Uruguay.
'La denuncia se ampara en el Derecho Internacional Humanitario y no en la Ley 18.831, por lo que nos basamos en que la tortura es un crimen de lesa humanidad y por lo tanto no prescribe', declaró Rafael Sanseviero, uno de los denunciantes, a La Diaria.
Los citados a declarar son el Inspector principal (R) Eduardo Tellechea Martìnez; José Luis Tellechea; Inspector Mayor (R) José Lemos Pintos; los Agentes Julio César Cuello, Ernesto Cativa Bresciano, Adolfo Pressa Marquez, Jorge "Charleta" Gundelzoph, Roberto Cuello y Ruben "Cacho" Bronzini Pirez; los Comisarios Benítez, Boris Torres Ramírez, Ariel Ricci Cabeza y José Luis Piñatares; el Capitán de Coraceros Ricado Medina Blanco (recluído a disposición del Juzgado Penal 19°).
También se libró un oficio al Sindicato Médico del Uruguay (SMU) pidiendo información sobre los profesionales 'Dr. Salomón Cizin y Dr. Kowin' para saber 'si ambos integran sus registros, en caso afirmativo, sus antecedentes y si, oportunamente, fueron sometidos a Tribunales de Etica' debiendo remitir 'testimonios de las actuaciones que obraran en sus archivos'.
A estos exagentes de Inteligencia se los acusa de utilizar la tortura como una 'práctica metódica', además de privación de libertad, atentado a la libertad personal cometido por funcionarios públicos encargados de una cárcel, abuso de autoridad contra los detenidos, pesquisa, violencia privada, amenazas, lesiones personales, violación y atentado violento al pudor, cometidos a ex militantes comunistas en el centro de detención de la calle maldonado, durante 1974 y 1983.
La causa se encuentra en estado de presumario y las audiencias continúan el 13, 14, 18 y 20 de marzo.
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