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sábado, 31 de diciembre de 2011

Tratado de comercio de armas

Diputados uruguayos apoyan Declaración Global de Parlamentarios para el Tratado de Comercio de Armas (TCA)

Felipe Michelini

29.12.2011

Diputados de todos los partidos políticos y de todas sus corrientes internas hicieron público en el día de hoy la adhesión a la “Declaración Global de Parlamentarios para el Tratado de Comercio de Armas” (TCA).

La declaración convoca a la creación de un acuerdo internacional vinculante y fuerte que prevenga el comercio ilícito e irresponsable de armas entre países. La misma expresa que un tratado “robusto reducirá de manera importante la innecesaria y masiva pérdida de vidas humanas” y “al mismo tiempo permitirá la operación de comercio legítimo de armas a nivel global llevado a cabo con pleno respeto al estado de derecho y a los estándares internacionales”.

Si bien el futuro tratado a convenir en la ciudad de Nueva York en julio próximo, no es de derechos humanos, tiene una relación directa con estos, pues la transferencia y venta de armas de forma irresponsable aumenta en forma considerable la violencia y el sufrimiento de miles de personas convertidas en víctimas inocentes.
   
Se destacan entre los firmantes el apoyo del actual Presidente de la Cámara de Representantes, el Dr. Luis Lacalle Pou del Partido Nacional, de la bancada oficialista del Frente Amplio el Vicepresidente Horacio Yanes, el próximo Presidente de la Cámara el Dr. Jorge Orrico y del actual coordinador de bancada del bloque del gobierno Dr. José Bayardi. Asimismo, estamparon su firma los dos integrantes del Partido Colorado, los Drs. Fitzgerald Cantero Pioli y Gustavo Cersósimo en la Comisión de Constitución y Códigos y la totalidad de los representantes del Partido Independiente Iván Posada y Daniel Radío.

Asimismo, firmaron la declaración la totalidad de los integrantes de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, órgano asesor fundamental en la vida de la Cámara de Representantes, además de Bayardi, Orrico, Cantero Pioli y Cersósimo, los diputados nacionalistas Dr. Pablo Iturralde y el Esc. Gustavo Borsari, y los oficialistas Daisy Tourné, Aníbal Pereyra y Felipe Michelini.
   
La adhesión ha recorrido todas las vertientes ideológicas y experiencias vitales como los nacionalistas Verónica Alonso, Vicepresidenta de la Comisión de Población y Desarrollo y Vicepresidente de la Comisión de Cooperativismo, Alvaro Delgado, los frenteamplistas de origen sindical como el decano de la Cámara de Representantes Doreen Javier Ibarra y el diputado Jorge Pozzi, o como Carlos Varela Nestier Presidente de la Comisión de Industria, Energía y Minería, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea General, Daniela Payssé, el Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, Lic. Julio Bango o el Jefe de la Delegación ante el Mercosur por el Parlamento uruguayo, Lic. Rubén Martinez Huelmo y la diputada Berta Sanseverino.

El diputado uruguayo, Felipe Michelini, miembro del Comité Ejecutivo de Parliamentarians for Global Action (PGA), que integra la Coalición Internacional “Armas bajo Control” expresó su total satisfacción ante esta abrumadora y decisiva adhesión del sistema político uruguayo, agregando que “ubica a nuestro país en la avanzada de la defensa de la integridad personal y de la vida” concluyendo que “el comercio sin regulación ninguna afecta la plena vigencia de los derechos humanos”. Por su parte Peter Barcroft -director del Programa de PGA en Derecho Internacional y Derechos Humanos- expresó desde Nueva York, que “este año será decisivo para el apoyo a esta iniciativa, no sólo en la sede de las Naciones Unidas o en la Conferencia preparatoria del tratado, sino a través de otras vías –tal vez más importantes- de la gente movilizándose en las ciudades, villas y pueblos alrededor del mundo. Para que un tratado de este tipo pueda concretarse, debe haber  acción desde lo nacional a lo regional y a lo global”, mostrando así su alegría enorme de que los uruguayos digan presente en forma expresa y concluyente.
 
 
 
 

Felipe Michelini
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias

Felididades


Felicidades a todos los amigos


miércoles, 14 de diciembre de 2011

Carcel de los viejitos

miércoles 14 de diciembre de 2011

La cárcel de los viejitos (Guardia de Coraceros)



En Domingo Arena la cosa está que arde y se pelean hasta por un helado
 El Observador 24 7 11

Los últimos tres procesados por delitos cometidos durante la dictadura militar (1973-1985) no fueron enviados a la cárcel de Domingo Arena, creada especialmente para ese fin. Por el contrario, fueron enviados al establecimiento de la Guardia de Coraceros, que no es una cárcel, sino un edificio en el cual hay dormitorios que se han destinado para alojar a estos militares.

La decisión de a dónde recluir a los procesados por delitos de lesa humanidad es del Ministerio del Interior. En el caso de Gulla, el ex policía Ricardo Medina, preso allí, comentó a El Observador que la decisión respondió a “un problema de salud y una situación familiar”. Además, comentó que la cárcel de Domingo Arena “está completa. Ya somos 17”, dijo.

Por su parte, el director de Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Alcides Caballero, explicó que se trata de celdas individuales y como el espacio es amplio en la medida de las necesidades se pueden construir más celdas o reubicar a quienes están ahora.

Sin embargo, una fuente de la Dirección de Cárceles dijo que en Domingo Arena hay problemas de relacionamiento, pero no de hacinamiento.





Testimonio Protegido

Política 

14.12.11
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Graciela Jorge, Belela Herrera, Macarena Gelman y Mirtha Guianze, ayer, en el edificio Artigas del Parlamento. Foto:
Graciela Jorge, Belela Herrera, Macarena Gelman y Mirtha Guianze, ayer, en el edificio Artigas del Parlamento. 

Testimonio protegido

Testigos de causas de violación a derechos humanos podrían recibir acompañamiento psicológico.
Se realizó ayer en el Palacio Legislativo un encuentro sobre “El acompañamiento a testigos en causas judiciales como política de derechos humanos”, un proyecto que la Facultad de Psicología implementó específicamente para una causa judicial en Argentina, pero que ahora se pretende extender a los procesos que se desarrollan en nuestro país.
Por petición del Centro “Doctor Fernando Ulloa” que acompaña testigos en causas de violaciones a los derechos humanos en Argentina, un equipo de profesionales de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República inició una experiencia similar en Uruguay, para acompañar a testigos uruguayos que debían declarar en el juicio sobre el plan sistemático de robos de bebés dentro del caso Automotores Orletti. Es así que Sonia Mosquera, Cecilia Marotta, Marisel Robaina y seis pasantes egresados acompañaron a unos 15 testigos que, según su elección, declararon a través de videoconferencia en el Edificio del Mercosur o personalmente viajando a Buenos Aires.
La iniciativa se desarrolló como una experiencia de extensión universitaria, donde los pasantes realizaban una práctica integral para su formación y posteriormente podían colaborar en investigaciones de esa institución. Este trabajo sentó las bases para que la iniciativa se extienda ahora a las causas locales, en tanto se detecta un avance significativo en el tema derechos humanos en el país y se podrían reabrir numerosos casos archivados. En este sentido, el encuentro de ayer, organizado por la Facultad de Psicología y la Cámara de Representantes contó con el apoyo de Amnistía Internacional, Crysol, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, SERPAJ, la Fundación Mario Benedetti y IELSUR, entre otras organizaciones.
El decano de la Facultad de Psicología, Luis Leopold, abrió la reunión diciendo que se trata de “un humilde aporte” a la construcción de una política pública en DDHH en el país y con ánimo de "tomar distancia de cualquier abordaje simplista y psicologizador”. Para Leopold, ahora se va a pasar a un período de evaluación que “nos dará la capacidad de pensar nuevas alternativas” y destacó que no se trata sólo de “buenas intenciones” sino que “hay que cargarle capacidad académica y profesional que acompañe y asista” para crear procesos de formación y conceptualización. El camino preciso para esta “política pública” es la articulación, expresó. Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Argentina, Fabiana Rousseaux, contó el proceso ocurrido en ese país luego de 2003, cuando cayeron las leyes que no permitían juzgar a los responsables de crímenes durante la dictadura, se reabrieron causas y “no se había calculado lo que podían generar en los testigos y en los operadores del sistema judicial” porque la lógica de protección a los testigos estaba dirigida a las causas judiciales comunes y no a las del terrorismo de Estado. Por otro lado, según dijo, las primeras respuestas de reparación a las víctimas estuvieron ligadas a lo pecuniario y no tomaron en cuenta “una reparación integral”. Calculando unos 4.500 testigos en 55 causas, el equipo jurídico realizó un trabajo de “interlocución y sistematización” que produjo un protocolo de intervención para el acompañamiento a testigos que fue luego tomado por la Corte de Justicia. El trabajo consta de dos ejes: invertir el concepto de testigo-víctima priorizando la calidad de testigo con el objetivo de mejorar las condiciones del testimonio, y en segundo lugar “ubicar que el testimonio es fundamentalmente un derecho antes que un deber”, dijo.

Revivir el daño

La diputada Daniela Paysée, en tanto, anunció que el 12 de abril de 2012 se lanzará el Instituto de DDHH y como corredactora de la Ley de Reparación a las víctimas del terrorismo de estado, señaló que ésta “no pasa solamente por la indemnización”, sino también establece atención médica y psicológica, acceso a servicios jurídicos y sociales. Por su parte, Macarena Gelman contó cómo fue asistida como testigo, una propuesta que le hizo la propia Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, lo que significó una “sensación de que el estado argentino tenía alguna inquietud sobre mí cuando iba a declarar”, dijo. Para Gelman “la causa en Uruguay siempre fue difícil” y la diferencia entre ambos países es que “el estado argentino tiene la conciencia de la responsabilidad y esto es una política estatal”. También dijo que el año pasado fue presentado al Ministerio de Educación y Cultura un proyecto para acompañar testigos en Uruguay y “no tuvo respuesta”. La psicóloga Sonia Mosquera contó que tras “varias reuniones con el ministro, no nos llamaron más”. En su exposición planteó que el testigo “revive, reactualiza, reedita una situación traumática y vuelve a revivir el daño con los represores presentes y los abogados defensores de los mismos interrogando”. Entonces el testimonio debe ser una instancia “de alivio reparador y acceso a la justicia”. Acompañar es “brindar apoyo humano que reconforta, alivia, no dejar a la persona sola con el problema”, precisó. Porque el testigo a veces “siente que no encuentra palabras que puedan expresar el dolor, porque la vivencia de lo siniestro carece de representación y falla la simbolización a través del lenguaje”, expresó Mosquera.
La falta de una política de estado en Uruguay fue remarcada por los presentes, que hicieron mención del caso del fallecimiento de Angélica Montes, del grupo de mujeres que recientemente denunció casos de abuso sexual y tortura durante la dictadura. Según relataron, la denunciante comenzó a descomponerse en el propio juzgado el día que estaban presentando el escrito, se sintió mal, y comenzó un proceso de deterioro irreversible de su salud y a los pocos días falleció de un infarto cerebral. Finalmente, desde el público habló la fiscal Mirtha Gianze, que dijo que la ”articulación” debe darse también con el Poder Judicial “ porque estamos tomando declaraciones en situaciones muy penosas, en pasillos, a la vista del público” y solicitó que los saberes acumulados en el tema puedan “ser trasmitidos a los operadores judiciales”.

martes, 13 de diciembre de 2011

Liber Seregni

El enigma Trabal

domingo 11 de diciembre de 2011

El enigma Trabal: La conexión francesa


 Esto es joda!

Búsqueda nos larga otra vez una nube de dispersión justo en el momento en que el ejército uruguayo quiere lavarse la cara con un nuevo comandante que descubrió que las FFAA ejecutaban presos uruguayos sin proceso.  No solo fue Julio Castro, sino que fueron muchos mas, los fusilados de Soca entre otros de los tantos mas ejecutados a sangre fría y sin proceso.
Justo en el momento que muchas voces desde la vida politica se cuestionan la existencia de  las Fuerzas Uruguayas. Resuenan las voces, para qué estan? cuestionando  que se llevan la tajada mas grande del presupuesto uruguayo.
Justo en este momento sale el libro de Sergio Israel (que aqui lo ponemos de muestra) "El enigma Trabal: La conexión francesa". Por ello me veo en la tentación de mostrar la hábil maniobra desde los sectores mas zaparrastrosos de la politica uruguaya.

Que al coronel Trabal lo boletearon unos maoistas franceses.

Un grupejo francés, que eludió los servicios de inteligencia franceses, ya que desde aquí nunca se pudo decifrar nada. y que fue un grupo maoista que tomó cartas solidariamente librando de culpas, justo en este momento, a las fuerzas armadas uruguayas. Y los dueños de la pelota mediática de paso y cañazo dejan nuevamente en "orsay" a la izquierda. Faltaría llegar a la conclusión de que los fusilados de Soca, que los ejecutaron igual que a Julio Castro y los tiraron en la cuneta, fue producto de un atentado maoísta.

Luego nos cuentan que hubieron reuniones en París del MLN con el grupejo maoista. Pero el mundo es chico, en Paris NUNCA HUBO UNA REUNIÓN del MLN con ningún grupo maoista sobre este tema. Esto es joda!!!

"Esto es joda! nos deja en claro que las FFAA uruguayas no tuvieron nada que ver con el atentado a Trabal, ni con las amenazas a Erro en Francia, ni con las amenazas telefónicas en esa época a los exiliados uruguayos que estaban desparramados por Europa. Ello sin tocar los puteríos que dentro de las fuerzas armadas había en ese momento. Porque de esto no se habla.
Tampoco se habla del porqué sacan a Trabal de la troya y lo mandan a jeder a Francia, bien lejos, a una embajada donde no molestara. Trabal era el hombre clave  de "inteligencia" en la represión contra el MLN. Trabal luego que su fracción fracasó en las "negociaciones" del Florida, no se quedó quieto con el puestito allá lejos en Francia. Trabal continuó intrigando y conspirando desde París al Uruguay.
Entonces vino un grupejo maoísta y lo mata? Eludiendo hasta el día de hoy todos los servicios de inteligencia franceses?
Descubrimos entonces que todo este tiempo las Fuerzas Armadas uruguayas fueron victimas de una injusta acusación. Esto según Búsqueda y el nuevo libro de Sergio Israel.

Sergio Israel hace lo  mismo que Leonardo Haberkorn que sacó un libro "Milicos y tupas" narrando como torturaban los tupamaros cuando el Ñato salió del Florida a "cazar ilícitos económicos". Justo también cuando se estaba tratando la Ley de Caducidad. Justo! los dos demonios!

Ahora saca la versión 2, de la historia de la boleta de Trabal, y tal vez algún energúmeno vaya a creer. Pero no le parece que a papá mono no le vengan con bananas de plástico? En la vieja militancia de izquierda somos y nos conocemos, muchos de compartir celdas y martirios, exilios y asambleas. (De la misma forma los milicos que saben bien quien es quien y cual es el torturador)

Esto reafirma que pese a las maniobras mediáticas, que el ejército uruguayo tal cual es debe de desaparecer, que no tiene arreglo, no tiene honor, que es corrupto y peligroso y que altera la democracia uruguaya en una "operación limpieza" comenzada por el nuevo comandante Aguerre en su último discurso (aún ninguno de la lista de acusados de delitos de lesa humanidad no ha sido tocado).
El Muerto




El jueves 1º de diciembre el semanario Búsqueda publicó una de las principales conclusiones a las que arriba el autor: el asesinato del coronel Trabal —sucedido el 19 de diciembre de 1974— fue obra de un grupo maoísta exclusivamente conformado por franceses.

Durante casi 40 años se especuló que el crimen correspondía a una lucha interna de facciones militares dado que Trabal era identificado con la corriente “peruanista”.

Casi inmediatamente se descartó que el MLN-Tupamaros tuviera responsabilidad en el hecho, pese a lo cual los militares uruguayos asesinaron en supuesta represalia a cinco tupamaros traídos a esos efectos de Argentina.

Entrevista a Sergio Israel, sobre su último libro: El enigma Trabal. La conexión francesa.




"EL ENIGMA TRABAL
LA CONEXIÓN FRANCESA"

Un grupo de ultraizquierda maoísta integrado sólo por franceses fue el responsable del crimen del coronel Trabal en 1974, en París


No Fueron Los Tupamaros y Tampoco El Ejército Uruguayo


El Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) planeó secuestrarlo en el exterior y los generales lo relegaron, pero el coronel Ramón Trabal, asesinado en diciembre de 1974 en París, fue víctima de un grupo de ultraizquierda maoísta integrado en su totalidad por franceses.

La acción —llevada a cabo por dos hombres jóvenes que mataron de seis disparos al entonces agregado militar uruguayo en Francia y Gran Bretaña en el garaje de su residencia— fue reivindicada el mismo 19 de diciembre de 1974 por las Brigadas Internacionales (BI), una organización hasta entonces desconocida y acerca de la cual cundió de inmediato la sospecha.

Esto es lo que emerge de una investigación del periodista de Búsqueda Sergio Israel, que forma parte del libro “El enigma Trabal. La conexión francesa”, que se pondrá a la venta la semana próxima en el marco de la colección Búsqueda-Fin de Siglo.

La investigación concluyó que está probado que las BI fue una organización que actuó con independencia y que realizó al menos cinco atentados con objetivos políticos bien fundamentados y definidos, siguiendo una línea nacida en mayo de 1968 y que se considera heredera de la resistencia francesa durante la II Guerra Mundial.

Entre sus víctimas estuvo el coronel Trabal, jefe de los servicios de Inteligencia del Ejército durante los años más duros del combate entre los tupamaros y las Fuerzas Armadas a fines de los 60 y comienzos de los 70.

El libro descarta, de todos modos, que terceros hayan intervenido por acción u omisión en ese asesinato.

Las Brigadas Internacionales, un grupo armado que funcionó entre finales de 1973 y 1977, se hicieron también responsables de la muerte de otro militar latinoamericano, el general boliviano Joaquín Zenteno Anaya, asesinado el 11 de mayo de 1976 con una pistola calibre 7.65, el mismo tipo de arma que mató a Trabal.

Como ambos militares se habían transformado en disidentes de los gobiernos de sus respectivos países, las muertes de Trabal y Zenteno fueron adjudicadas a las dictaduras que gobernaban entonces en Montevideo y La Paz.

Para abonar esa teoría sirvieron las muertes del general chileno Carlos Prats y del boliviano Juan José Torres, ambas en Buenos Aires, las equívocas versiones policiales y el sospechoso silencio de los sucesivos gobiernos franceses que se negaron a echar luz acerca del asunto.

En Bolivia, el presidente era entonces el general Hugo Banzer y en Uruguay, aunque nominalmente estaba Juan María Bordaberry, el poder residía en las Fuerzas Armadas, especialmente en el Ejército, a cuyo mando estaba el teniente general Julio César Vadora, que hasta ese mismo año 1974 había sido representante de Uruguay en Washington (Estados Unidos) y a su vez jefe de la logia Tenientes de Artigas, enfrentada a Trabal

“UNA JUNGLA DE CEMENTO”

En relación a la muerte de Trabal, el libro de Israel cita cuatro fuentes francesas de alta credibilidad: un extenso artículo del periodista Pierre Benoît, que en 1976 publicó una entrevista con uno de los miembros de las Brigadas Internacionales en la clandestinidad y un análisis de la organización en el diario de izquierda “Libération”; una entrevista a Fréderic Oriach en el desaparecido diario socialista “Le Matin”, donde este ex dirigente de las BI, diez años después, el 14 de abril de 1986, reivindica y fundamenta los atentados; un libro de memorias del comandante de la Policía retirado Serge Savoie, aparecido en 2011; y, finalmente, una entrevista realizada hace dos semanas por el autor en Marsella, Francia, donde reside en régimen de semilibertad con dos cadenas perpetuas y luego de 20 años de prisión, con el ex dirigente de la organización armada Action Directe, Jann Marc Rouillan.

“Hemos querido crear una práctica política nueva y pensamos que la ‘propaganda armada’ es en sí misma una manera de intervenir políticamente. (…) No es que sólo existan los torturadores y los embajadores; también hay que pensar en las empresas multinacionales instaladas en Francia y en las estrechas relaciones que París mantiene con ciertos países fascistas”,dijo entonces a Benoît —hoy jefe de informativos del canal paraestatal TV5 Monde— un vocero anónimo de las BI

“Es posible hacer una y mil pequeñas cosas y ofensivas sin tomar un fusil. Estamos impresionados de ver cómo los izquierdistas no están interesados en vigilar a los representantes de los regímenes que ellos quieren combatir. Para nosotros la ciudad es una jungla de cemento donde podemos observar al enemigo con mucha facilidad”,advirtió el entrevistado por Benoît

El brigadista Frédéric Oriach fue entrevistado a su vez por “Le Matin” a la salida de una estadía en la cárcel de La Santé y no solamente apareció con su nombre sino también con una foto a tres columnas

Este ex dirigente de las BI había sido detenido en París junto a otros dos militantes portando dos armas involucradas en los atentados: la 7.65 y una 11.36, que equivale a un calibre 45

“La creación de las Brigadas Internacionales —dijo Oriach— se remonta a 1974 y es la continuación lógica de los militantes franceses muy afectados por la muerte del Che Guevara y luego por la de Salvador Allende en 1973. (…)
Para las BI esto fue muy doloroso y quisieron pasar a un estadio superior y adecuarse a los niveles de violencia real. Era inscribirse en un contexto de guerra. Diciembre de 1974 es la fecha de ejecución de Ramón Trabal, agregado militar de Uruguay en París.

Fue él quien creó los comandos caza-tupamaros.

La segunda acción fue el asesinato del general Joaquín Zenteno Anaya en 1976.

Era coronel de los Boinas Verdes en Bolivia.
Fue él quien organizó la captura y el asesinato del Che Guevara. Había sido nombrado embajador en París. Cuando fue asesinado, frente al puente Bir-Hakeim, llevaba en la muñeca el reloj de Guevara. No lo pudimos recuperar, lo tomamos después.
Y él tenía en su departamento la carabina US M2 del Che”

En esa entrevista, titulada “Frédéric Oriach a cara descubierta”, el militante de la ultraizquierda francesa nacido en Valencia (España) aportó también algunos datos autobiográficos.

“Me involucré a los 16 años. Al principio milité en los comités Vietnam y luego en las juventudes marxista-leninistas de Francia. No estaba en la clandestinidad; tenía un trabajo como agente hospitalario.
Siempre milité en un ambiente obrero, especialmente en la fábrica Renault de Boulogne-Billancourt, donde tenía un amigo: Pierre Overney”, luego asesinado por un guardia de la empresa.

Oriach continuó: “El comienzo de los años 70 es la gran época de la Izquierda proletaria en el sentido de su inserción en las masas. Yo era joven y creía en eso.

Los que en aquella época entraban a la fábrica como obreros todavía están ahí. Los otros son hoy especialistas en antiterrorismo o se arrastran en las antecámaras de los ministerios” y puso como ejemplo “las posturas reaganianas del (ex director de ‘Libération’) Serge July”.

En sus memorias, publicadas en 2011, el comandante de Policía retirado Savoie —un especialista en la represión de la ultraizquierda francesa al punto que sus colegas le habían puesto el apodo de “Monsieur Action Directe”— aportó una breve pero precisa narración acerca de las BI.

Savoie, un policía duro pero respetado como leal adversario, admitió que “oficialmente nadie respondió por los crímenes” y explicó que obtuvo la información más detallada acerca del grupo de forma confidencial pero “demasiado tarde”, en 1980, gracias a “una fuente humana confiable” acerca de la cual no entró en detalles.

Además de los tres detenidos, el experto policial en terrorismo mencionó a otros dos miembros por sus nombres de pila e iniciales del apellido: Denis L. e Yves D., quienes, según “Monsieur Action Directe”, habrían sido quienes concibieron y ejecutaron los crímenes y luego se suicidaron.

REUNIÓN CON EL MLN

En el otoño de 1979, cuando ya Action Directe era un proyecto en marcha al que se habían integrado varios de los que antes integraron las Brigadas Internacionales, los NAPAP y los GARI —es decir, las corrientes maoísta y la anarquista -(su principal dirigente, Jann Marc Rouillan, propició un encuentro entre los que mataron a Trabal y representantes del MLN-Tupamaros que residían en Francia.

La reunión, a la que asistió el propio Rouillan, se realizó en un apartamento de París durante al menos tres horas.
Al cabo de la discusión —explicó al periodista uruguayo el ex dirigente de Action Directe— ninguna de las partes salió conforme porque no obtuvo una respuesta satisfactoria de la otra.

En su entrevista de hace dos semanas en Marsella con el periodista de Búsqueda, Rouillan declaró lo siguiente:

“En 1977 empezamos la coordinación político-militar que culminó en la creación de un movimiento que se llamó Action Directe (AD), donde confluyeron militantes de los Núcleos Armados Para la Autonomía Popular (NAPAP), las Brigadas Internacionales (BI) y los Grupos Armados Revolucionarios Internacionalistas (GARI), que yo integraba. Aún antes de eso, dentro de la Izquierda Proletaria (GP, por su sigla en francés) había un grupo que se llamaban ‘del Distrito 16’ que fue la base de donde salieron las BI. Por un lado estaban los de NAPAP, que actuaban en medios obreros, y por otro las BI a nivel internacional, aunque ambas organizaciones tenían la misma sensibilidad y un origen maoísta.
Lo de Trabal es algo muy conocido por los militantes de esa época.

Yo personalmente organicé y participé en una reunión con tupamaros en París. Los refugiados temían siempre quedar implicados en cuestiones locales y a su vez reclamaban el porqué de la muerte de Trabal.
Decían que estaban muy enojados por las repercusiones que tuvo en Uruguay”.

Por alguna razón que nadie ha explicado hasta ahora, los dirigentes tupamaros, entre ellos el ministro de Defensa del gobierno de José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro, descartaron la versión de los militantes franceses e insistieron en que se trató de un ajuste de cuentas dentro del Ejército, tal como hizo creer indirectamente tanto la Policía francesa como el Palacio del Eliseo buscando de esa forma quitar presión en París sobre los crímenes.

Casi una década después de esa reunión, Fernández Huidobro se presentó en el programa “En vivo y en directo” que dirigía el periodista Néber Araújo y dijo que a Trabal lo había matado el propio Ejército.

Fernández Huidobro no era el único que, sin pruebas, acusó al Ejército por la muerte de Trabal. También opinaron de forma similar el ex ministro de Economía de la dictadura Alejandro Végh Villegas, y la ex integrante del MLN-Tupamaros Yessie Macchi, que conoció a Trabal cuando fue herida y atendida en el Hospital Militar

EL SECUESTRO

Además de la muerte de los cinco militantes que aparecieron en una banquina cerca de la ciudad de Soca (Canelones), uno de los motivos de irritación para los dirigentes del MLN-Tupamaros que se reunieron con los miembros de las BI en 1979 era que la muerte de Trabal había frustrado un plan de secuestro

Según el libro, luego de que el gobierno militar uruguayo sacó a 11 mujeres y a nueve hombres de los penales y los recluyó en severísimas condiciones en diferentes unidades del Ejército, los tupamaros comenzaron en La Habana (Cuba) a trabajar en un llamado “grupo Trabal” que planificó en forma compartimentada el secuestro del ex director del Servicio de Información de Defensa (SID) de las Fuerzas Armadas uruguayas con dos objetivos: obtener información acerca de quiénes eran los infiltrados y hacer un contrapeso para al menos exigir que se garantizara la vida de los “rehenes”.

La captura de Trabal se iba a producir en París o en Lille, donde entonces vivía la hermana del militar, y según algunas versiones iba a ser mantenido en Francia, mientras otros contaban con trasladar al coronel a Cuba por vía marítima a través de Argelia.

EL MILITAR REFUNDADOR DEL SID

Nacido en 1929, el coronel de Caballería Ramón Trabal Usera era hijo de un general y nieto de otro

Su abuelo materno había escrito el himno “Mi Bandera”

Como director del Servicio de Información de Defensa (SID) entre 1971 y 1974, potenció la inteligencia militar, participó en la lucha contra los tupamaros y estuvo en la mayoría de los eventos importantes de esa época, entre ellos las negociaciones por el secuestro del embajador británico Geoffrey Jackson, las conversaciones secretas en el batallón Florida, el combate contra los ilícitos económicos y la redacción de los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas, que llevaron al Partido Comunista y a otros sectores de la izquierda uruguaya a pensar que el golpe de Estado que estaba preparándose podía orientarse hacia la instalación de un régimen afín a sus ideas, similar al que dirigía en Perú el general Juan Francisco Velasco Alvarado, que había derrocado en 1968 al gobierno democrático del presidente Fernando Belaúnde Terry y representaba a una corriente conocida entonces como “socialismo militar latinoamericano”.

“Usted está desertando, dejando colgada a su gente”,le dijo sin rodeos su novel consuegro (el coronel Pedro) Aguerre. La tajante opinión fue dicha en presencia del suegro de Trabal, el coronel retirado de Caballería Oscar Antúnez de Oliveira.

—Yo creo que sí, que usted está desertando—se sumó Antúnez de Oliveira, que era historiador militar.

—No puedo negarme al destino. Hay gente que me ha ofrecido apoyo para que me quede, pero eso sería dar vuelta la tortilla y aún es muy temprano—contestó a ambos parientes políticos y camaradas de armas en la puerta del juzgado donde su hija mayor se casó con el hijo de Aguerre.

Antes de irse a París, Trabal almorzó —como a menudo lo hacía en el club de ex alumnos del British Schools— con sus tres amigos de la infancia: Evans, Puig y Cat. Aunque era un hombre extremadamente reservado, se sinceró con ellos:

—Creo que no me van a ver más —les dijo en la sobremesa.

— ¿Entonces por qué aceptás ir a París?

—Soy un soldado y voy donde me mandan.

El ex ministro de Economía de la dictadura, Alejandro Végh Villegas, quien debido a su cargo mantuvo un trato fluido con los generales, opinó que haber enviado a Trabal a París con la idea de que fuera un blanco fácil “es casi peor que matarlo uno mismo”

LA MATRIZ: GAUCHE PROLÉTARIENNE

Para entender el complejo mapa de los grupos de la ultraizquierda francesa posteriores a 1968 es muy útil una cronología elaborada por el investigador francés Sebastien Schifres.

El grupo original, muy fuerte en el Barrio Latino, se llamó Gauche Proletarienne (Izquierda Proletaria o GP, por su sigla en francés) y fue fundado en el otoño de 1968. Ya en 1970 tuvo problemas con la justicia y 400 de sus militantes fueron detenidos.

El 25 de febrero de 1972, Jean-Pierre Tramoni, un vigilante de la empresa Renault, mató al militante de la GP Pierre Overney. Al entierro de Overney concurrieron unas 20.000 personas.

El 18 de abril de 1973 salió a la calle el primer número de “Libération” y en noviembre de ese año, en un congreso en Versalles, la GP se autodisolvió.

En setiembre de ese año se crearon los Grupos de Acción Revolucionaria Internacionales (GARI) y el 19 de diciembre, con el asesinato de Trabal, aparecieron por primera vez las Brigadas Internacionales (BI), que tenían una sensibilidad similar a la de los Núcleos Armados para la Autonomía Popular (NAPAP).

Las BI actuaban contra extranjeros en Francia mientras que los NAPAP lo hacían a nivel obrero y mantenían una fuerte influencia del pensamiento del líder comunista chino Mao Zedong.
Los GARI, en cambio, abrevaron en el anarquismo y en el marxismo.

Aunque algunos, como Frédéric Oriach, tomaron otro camino, la mayoría de los integrantes de estos tres grupos formaron Action Directe (AD), una organización autora de unos 80 atentados, entre ellos los asesinatos del presidente de Renault y de un general, a los que acusaron de estar vinculados en negocios con armas durante la guerra Irán-Irak.



Búsqueda , 01 de diciembre de 2011
elmuerto.blogspot.com

lunes, 12 de diciembre de 2011

Romper silen-cio

lunes 12 de diciembre de 2011

¡Romper silen-cio!

El comandante Aguerre pidió ayuda para no encubrir a homicidas ni delincuentes
“Se trata de lesiones extensas que alcanzan todo el cráneo, con un gran conjunto de fracturas y faltantes de huesos que se corresponden a lo que se denomina estallido de cráneo […] a nivel frontal un cuarto de circunferencia correspondiente a orificio de entrada de proyectil de arma de fuego […] no puede descartarse que haya existido más de un disparo […] ligaduras de ambas manos […] nudo fuertemente ajustado […] alambre asociado a la región de los tobillos […] fragmento de costilla con fractura de características perimortem […] apremios físicos asociados […]”.

ROGER RODRÍGUEZ

La descripción de los médicos Rosana Manikowski, Rafael Roo y María Imbert en el informe a la justicia del Instituto Técnico Forense (ITF) sobre las causas de la muerte del cuerpo hallado en el Batallón 14 de Toledo resultaban impactantes en sí mismos; pero cuando el Equipo de Antropología Forense de Argentina confirmó que los restos eran los de Julio Castro, la etiología médico-legal tuvo un rostro, cada imagen de dolor un protagonista y sólo pensar en la escena de la ejecución del maestro provocó indignación en todos los ámbitos.
El flamante titular del Ejército, general Pedro Aguerre, anunció entonces una declaración oficial del arma que, según trascendió, habría implicado dos días de debate interno entre los doce generales que acompañaron al comandante en el simbólico acto. La respuesta pública habría sido reclamada por el propio presidente José Mujica y el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, quienes comprendieron el impacto que la noticia tendría en un área política en la que ambos intentan imponer su modelo de ‘punto final’.
El discurso de Aguerre -de menos de 500 palabras- sentó, con el apoyo de todo el generalato, la posición del Ejército: hay un “punto de inflexión” (“por el peso de la realidad”, explicó) ante el cual reivindicó los principios artiguistas y subrayó que el Ejército “no es una horda, malón o algo similar” y “no aceptará, tolerará, ni encubrirá a homicidas o delincuentes en sus filas”. Dijo desconocer la existencia de un “pacto de silencio”, pero advirtió que si lo hubiere “desde este momento doy la orden de su revocación inmediata”.
El general Aguerre, quien alegó que el Ejército hoy actúa “acorde a los Convenios de Ginebra y La Haya, los protocolos adiciones y demás acuerdos relativos”, pidió apoyo, dentro y fuera de la fuerza, para obtener información sobre la responsabilidad material en el caso de Julio Castro (“y en cualquier otro que se entienda a futuro”), subrayó que con valentía no se negarían los “hechos desgraciados” y reiteró su solicitud de colaboración a todos para “restablecer una reconciliación, de acuerdo al interés común”.

¿DOMICILIO O LIBERTAD?
La aparición de los restos de Julio Castro, un maestro y periodista que sólo estuvo armado con una tiza o un lápiz, demuele la teoría de la reconciliación entre combatientes, en la que se sostienen el propio presidente Mujica y su esposa Lucía Topolansky para anunciar el proyecto de ley que otorgaría la prisión domiciliaria a media docena de los militares septuagenarios que están presos por homicidios y violaciones a los derechos humanos. La defensa de José Gavazzo ya formalizó una solicitud al respecto; la fiscalía la está estudiando.
La iniciativa del matrimonio presidencial ya había quedado lesionada semanas antes con la causa que abrieron treinta ex presas políticas que denunciaron ser víctimas de violencia sexual en la tortura sufrida durante su detención en unidades militares y presidios de la dictadura. La mayoría de los 'viejitos' a los que se les pretende dar el beneficio de la prisión domiciliaria están incluidos en la lista de sus agresores sexuales. El delito sexual es uno de los excluyentes para adjudicar la prisión domiciliaria.
Por el contrario, en distintos ámbitos comienza a debatirse si los criminales de lesa humanidad deben tener el actual beneficio de una prisión especial, en la que poseen celulares o teléfonos para hacer declaraciones a la prensa, tienen acceso a internet para escribir en blogs, entre otros beneficios que no recibe ningún preso común en los presidios uruguayos, donde se incauta cualquier elemento extra en las requisas. “Deberían quedar en Libertad, pero en el penal”, han escrito lectores en los blogs.
Otro cuestionamiento que se ha levantado: por qué las Fuerzas Armadas no han sometido a tribunales de honor a los militares que ya dejaron de ser procesados y tienen condena firme por parte de la justicia. Un Ejército que no acepta, tolera, ni encubre a homicidas o delincuentes en sus filas (si el general Aguerre no se refería a una serie de inminentes procesamientos en otra fuerza militar) debería dejar de otorgar altas jubilaciones y distintos beneficios que a costo del Estado siguen usufructuando los presos de la cárcel de Domingo Arena.

MUERTOS Y EJECUTADOS
La ejecución de Julio Castro también llevó a varios medios de comunicación a recordar el episodio conocido como ‘los fusilados de Soca’, cuando en diciembre de 1974 cinco militantes tupamaros (Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Brum, María Corbo y Graciela Stefanell) que habían sido secuestrados ese 8 de noviembre en Buenos Aires y trasladados ilegalmente a Montevideo, fueron acribillados a balazos y sus cuerpos arrojados cerca de la localidad canaria como supuesta represalia por el homicidio del coronel Ramón Trabal en París.
No sería el único episodio de ejecutados en Uruguay. También se presume que así fue muerta la maestra Elena Quinteros (el otro cuerpo que, como el de Julio Castro, “jamás sería encontrado”, según dijo a las familias un vocero de la Comisión para la Paz). Pero también el homicidio de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, aunque en Buenos Aires, constituye una ejecución. Y otro tanto puede considerarse en los casos de Roberto Gomensoro y Horacio Gelós Bonilla, ejecutados durante la tortura.
Mientras se impulsa un acto recordatorio del caso de los fusilados de Soca para el 17 de diciembre, en distintas cadenas y grupos de emails se ha generado una discusión sobre cuántos uruguayos fueron ejecutados en la dictadura. Si los muertos por tortura en realidad fueron ‘excesos’ o alguien dio una orden, y si otro tanto ocurrió a quienes fallecieron en las cárceles o en el Hospital Militar; cuántas desapariciones forzadas ocultan una muerte accidental o, en realidad, encubren un premeditado asesinato.
Aun sin contar todos los casos de muertes por tortura, ‘suicidados’ y ‘fugados’, hay más de 60 uruguayos que, secuestrados en Argentina y trasladados ilegalmente en forma grupal a Montevideo, fueron ejecutados y desaparecidos durante la dictadura, según se deduce del libro Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985), elaborado por un equipo universitario encabezado por el profesor Álvaro Rico, sobre la base de los datos y archivos obtenidos por la Comisión para la Paz.

EL SEGUNDO VUELO
El general Aguerre puede encontrar en los anexos del Tomo I (‘Las violaciones al derecho a la vida’, ‘Asesinados políticos’, ‘Detenidos desaparecidos’) que la investigación anota que aun antes del caso de María Claudia García de Gelman (cuyo cuerpo ejecutado es lo que se busca en las excavaciones) pueden haber sido trasladados a Uruguay los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP)  Julio César Rodríguez y León Duarte, a quien un testigo habría escuchado identificarse en el centro clandestino de torturas conocido como ‘300 Carlos’.
Los historiadores también registran el traslado masivo del llamado ‘segundo vuelo’, reconocido en 2005 en el informe sobre desaparecidos elaborado por la Fuerza Aérea Uruguaya, en el que 22 militantes del PVP que habían sido detenidos en el centro de torturas 'Automotores Orletti' fueron traídos a Montevideo el 5 de octubre de 1976 en el vuelo 511 de TAMU, que piloteaba el ex comandante José Pedro Malaquín.
El grupo, integrado por Mario Cruz, Josefina Kleim, Juan Morales, Juan Errandonea, Victoria Grisonas, Raúl Tejera, Alberto Mechoso, Adalberto Soba, María Islas, Jorge Zaffaroni, Washington Cram, Cecilia Trías, Ruben Prieto, Armando Arnone, Casimira Carretero, Rafael Lezama, Miguel Moreno, Carlos Rodríguez, Juan Recagno, Segundo Chegenián, Graciela da Silveira y Washington Queiro, fue entregado al Ejército.
Las investigaciones periodísticas señalan que estuvieron en el ‘300 Carlos’, donde el personal subalterno los conocía como ‘los del ómnibus’, ya que habían llegado en el vehículo del propio Servicio de Material y Armamento. Los informantes aseguran que en grupos de cuatro o cinco fueron llevados dentro de un auto Pingo blanco al Batallón 14 de Toledo donde los ejecutaron y enterraron. No parece probable que todos ellos hayan muerto por ‘excesos’ en la tortura.

TERCEROS TRASLADOS
El Ejército uruguayo no ha reconocido aún que recibió a los pasajeros del vuelo 511 y tampoco ha admitido su participación o conocimiento sobre los secuestros de diciembre de 1977 cuando otro grupo de uruguayos exiliados en Buenos Aires fue capturado y, tras permanecer en los pozos de Banfield y Quilmes, fue trasladado en varios viajes a Montevideo. Algunos de ellos fueron vistos en el centro de torturas de La Tablada.
En esos viajes a Uruguay habrían sido traídos Atalivas Castillo, Eduardo Gallo, Miguel Río, Carlos Cabezudo, Carolina Barrientos, Juvelino Fontoura, Edmundo Dossetti, Alberto Corchs, Alfredo Bosco, Raúl Borelli, Yolanda Casco, Elena Lerena, Julio D’Elía, Guillermo Sobrino, Graciela Basualdo, Elsa Fernández, Gustavo Goycochea, María Castro, José Martínez, Aída Sanz, Gustavo Arce, Raúl Gámbaro, Alfredo Moyano y Célica Gómez. Todos ellos también habrían sido ejecutados.
Otro tanto habría ocurrido en mayo de 1978 con los integrantes de la familia Severo, que habrían sido trasladados en un vuelo, según dijeron fuentes militares a El Observador en agosto de 2005. Ary Severo, Beatriz Anglet, Marta Severo, Jorge Martínez y Carlos Severo (menor de edad) fueron detenidos en Argentina, llevados al Pozo de Quilmes y devueltos a Uruguay, donde también habrían sido asesinados.
El mismo destino habrían tenido Ileana García, Héctor Giordano, Edison Cantero, Fernando Díaz, Raúl Olivera Cancela, Esther Gersberg y María Artigas (embarazada), quienes fueron devueltos a Uruguay en 1978. Asimismo, se presume que fueron traídos y ejecutados los militantes del PVP Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, quienes habían sido secuestrados en Paraguay y llevados al pozo El Atlético, en Buenos Aires. Ninguna de esas muertes fue un error o un exceso. Romper el silencio también implica abrir los oídos.

sábado, 10 de diciembre de 2011

Gral Aguerre

El 7 de diciembre de 2011
Lewis Rostan          
112728.jpg El propio Gral Aguerre admite que las circunstancias que rodearon el asesinato y desaparición del Maestro Castro los llevo a  marcar una opinión sobre esos temas.
Por  primera vez se abandona la tesis sustentada por Rosales y todos los jefes anteriores.
 El ex Cte Rosales consideraba las denuncias por desaparición "eventuales excesos de algunos integrantes aislados de las FFAA".

Es positivo el anuncio de no tolerar  asesinos y delincuentes dentro del Ejercito y el de ordenar el levantamiento del pacto del silencio En el ejercito hay abundante información sobre el destino de los compañeros desaparecidos y esta iniciativa puede lograr resultados.

No esta tan claro el alcance de: "el Ejercito no es una "horda, malón o algo similar".
Probablemente se refiere a hechos como la ejecución del maestro Castro, de Zelmar, de Gutierrez Ruiz y del Cnel Trabal, del envenenamiento de la madre de Heber y del trafico de bebes de padres desaparecidos.
En estos casos nadie puede fundamentar que fueron actos de servicio. Todos  apuntan a  un  mismo sector de las FFAA  que actuaba con relativa autonomía

No sabemos si incluye cuando el ejercito actúa institucionalmente dando el golpe de estado, o cuando tortura sistemáticamente  con resultados previsibles de muerte.

El Cte Aguerre señala que no niega los hechos desgraciados del pasado.
Esta actitud  seguramente encuentre oposición en algunos sectores civiles y militares que prefieren mantener tapados sus errores aunque condenen los hechos. Este secretismo es aun a costa de encubrir graves delitos y entorpecer la búsqueda de los desaparecidos. Finalmente el Gral Aguerre solicita ayuda para esclarecer los hechos y mejorar la imagen institucional

En primer lugar ya hay algunos homicidas y delincuentes procesados por la justicia que siguen perteneciendo al ejercito y este los sigue considerando dignos de ello. Esta en las atribuciones del Gral Aguerre el nombrar Tribunales de Honor para analizar las conductas de los delincuentes del ejercito recluidos en la carcel VIP de Domingo Arena
El que sigan en el ejercito o se le de la baja deshonrosa u otra sanción similar nos mostrara mas claramente si los hechos se corresponden a las palabras

Otra cosa que esta dentro de sus potestades y sus obligaciones es responder los pedidos de la justicia sin ocultar los datos
El ejercito tiene varias fuentes documentales sobre las actividades de su personal activo y pasivo. Se sabe bien quien estaba destinado en cada unidad militar y por que periodo y quienes viajaban a delinquir al exterior.
En el peor de los casos de algún extravío de documentación se puede recurrir a los  ex alférez destinados a los lugares donde asesinaron y desaparecieron personas Hoy muchos de ellos son coroneles o generales

                          Lewis  Rostan             http://ateaysublevada.over-blog.es
                                                                            uruguaymipais.blogspot.com

martes, 6 de diciembre de 2011

Rechazo a la propuesta del PEPE

El Observador.com.uy   6 de diciembre 2011

Sectores del FA rechazan gestiones de Mujica sobre militares presos

El mandatario evalúa presentar ante la SCJ un informe con el estado de salud, pero vuelve a enfrentar opiniones adversas en la coalición de izquierda



La intención del presidente José Mujica de presentar ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un informe con el estado de salud de algunos militares procesados por violaciones a los derechos humanos generó rechazo en varios sectores del Frente Amplio. El hallazgo de los restos del maestro Julio Castro llegó en momentos en que el mandatario evaluaba seriamente dar pasos en ese sentido en busca de que sea la Corporación la que defina si los militares debían seguir en la cárcel o podrían ser recluidos en sus casas, según informó este martes el diario El Observador en base a fuentes militares. 

Pero esa idea no es acompañada por varios dirigentes oficialistas. El secretario general del Partido Socialista, Eduardo Fernández, dijo que el Poder Judicial ya tiene esas potestades, sin necesidad de gestiones de ningún tipo. “Yo no escuché al presidente de la República. Pero lo que digo es que para todos esos casos está la Justicia y la Justicia tiene los instrumentos para hacerlo. De hecho, el dictador (Juan María) Bordaberry tuvo prisión en su casa sin que nadie lo fuera a pedir”, dijo a El Observador. “El Poder Judicial tiene los instrumentos legales para manejarse”, insistió.

Otros sectores fueron más enfáticos en expresar su rechzo. Uno de ellos fue el Nuevo Espacio. El diputado Jorge Pozzi dio la versión de su sector. “La opinión nuestra es la misma de siempre: que cumplan la pena donde tengan que cumplirla. Hoy están presos ahí y no hay que hacer ningún planteo en ningún lado. Con los últimos acontecimientos, no creo que haya que tener ninguna consideración. Ese es el planteo histórico nuestro”, dijo. “Nosotros no estamos de acuerdo en recorrer ese camino. La Justicia determinó que estén presos. Demasiado tienen que no están recluidos en los lugares donde deberían estar. Están en una cárcel especial para ellos. No hubo la misma consideración con los presos políticos”, agregó.

En tanto, la senadora suplente del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Alicia Pintos, enfrentó la intención de Mujica. “Julio Castro tenía 78 años y no solo lo torturaron terriblemente sino que encima lo liquidaron con un balazo en el medio de la cabeza. No sé de dónde saca esas ideas (el presidente). Todo el mundo puede pensar lo que quiera, pero creo que no está oyendo bien a la población de su país porque aún ciudadanos que no son de izquierda están realmente afectados por esas cosas”, dijo.

Además de argumentos políticos, otros dirigentes hablaron de trabas técnicas para llevar adelante la idea que el presidente evalúa. El diputado del Espacio 609, Óscar Groba, recordó que durante el gobierno pasado hubo una ley que flexibilizó los criterios para liberar a los presos mayores de 70 años enfermos pero excluyó expresamente a quienes cometieron delitos de lesa humanidad. El legislador sostuvo que la SCJ no puede mediante una acordada ir en contra de lo que establece la ley. Al margen de ese argumento, Groba rechazó el fin buscado. “No se puede liberar a presos de más de 70 años por más enfermos que estén habiendo cometido delitos de lesa humanidad. Cuando digo que no se puede liberar me refiero a que vayan a la prisión domiciliaria. Deben cumplir la pena. A su vez, en este momento no es el mejor escenario para promover algo de eso”, dijo.

Mientras tanto, desde el Movimiento de Participación Popular (MPP) fueron más cautos. La diputada Susana Pereira dijo que el "presidente tiene las potestades para hacerlo".

"Que la SCJ lo evalúe, no me opongo. Que pase por la Justicia, la misma que los condenó. Lamentablemente tienen derechos y nosotros no vamos a ser peores que ellos. Es difícil”, sostuvo.

En el primer año de gobierno, Mujica impulsó una ley para liberar a los mayores de 70 años pero esa iniciativa fue frenada por el Frente Amplio. El mandatario ha dicho que no le simpatiza nada la idea de tener "viejos presos". Esa intención fue respaldada públicamente por la senadora del MPP, Lucía Topolansky.

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