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viernes, 30 de marzo de 2012

Noticias de Uruguay

Datos del INE muestran reducción del número de pobres e indigentespobreza.jpg El Instituto Nacional de Estadística publicó el informe 'Estimaciones de pobreza por el método del ingreso 2011', donde se muestra una baja de 4,9% en la pobreza, comparado con 2010. Según informa el INE la incidencia de la indigencia en hogares muestra un continuo descenso en el periodo 2006-2011. Al comparar el año 2010 con el año cerrado 2011 la proporción de hogares en situación de indigencia, para el total del país, pasa de 0,6% al 0,3% por ciento. La población indigente en el total del país desciende 0,6 puntos porcentuales, pasando de 1,1% registrados en el 2010 a 0,5% en el 2011. Es decir que, cada 1000 personas, 5 no superan el ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades alimentarias básicas de sus miembros. Si se observa la indigencia a la luz de la edad y el sexo del jefe del hogar, el INE constata que son los niños los más afectados por la pobreza extrema en todas las áreas geográficas. Los hogares con jefatura femenina presentan mayor nivel de indigencia que los hogares encabezados por varones en todas las áreas. El INE deja claro en su informe que la incidencia de la pobreza, tanto a nivel de hogares como de personas, ha marcado un continuo descenso en el país desde el año 2006. Durante el 2011 y para el total país, los hogares por debajo de la línea de pobreza se estiman en 9,5%, lo que representa una reducción de 3,1% a 2010. Es decir que si se consideran 1000 hogares, en al año 2011 se encuentran 95 hogares pobres, mientras que para el año 2010 esa cifra fue de 126. La estimación de personas por debajo de la línea de pobreza para el año 2011 se ubica en 13,7 por ciento, representando una reducción de 4,9 puntos porcentuales en relación a 2010. Es decir que, cada 1000 personas, 137 no superan el ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias básicas. Según las áreas geográficas el INE constata una proporción mayor de personas bajo la línea de pobreza en Montevideo (16,7%) y en las localidades urbanas del Interior del país con menos de 5000 habitantes (16,2%). En cambio el Interior rural del país presenta una incidencia menor al 10 por ciento (6,0%). Biblioteca Nacional rindió homenaje a Julio Castrojuliocastro.jpg Un espacio de la institución llevará el nombre de Julio Castro, en reconocimiento al maestro, periodista, luchador social y hombre de libros, desaparecido y asesinado durante la dictadura en 1977, habiendo sido encontrado su cuerpo en 2011 en un enterramiento clandestino. Nombrar "Maestro Julio Castro" a una sala de la Biblioteca Nacional constituye un legado para los estudiantes que la utilizarán, y para las próximas generaciones y es un mensaje de optimismo al futuro, manifestó el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich. El subsecretario Óscar Gómez, por su parte, sostuvo que la iniciativa permite reconstruir la memoria colectiva y recuperar la capacidad de profundizar la democracia. Ambos participaron en la ceremonia de inauguración de la Sala de Conferencias y Actividades Culturales "Maestro Julio Castro" de la Biblioteca Nacional. En el acto también emitieron mensajes de reconocimiento el director de la institución anfitriona, Carlos Liscano; el representante de la Federación Uruguaya de Magisterio, Juan Pedro Mirza; la integrante del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Mirta Frondoy, y la hija del homenajeado, Hebe Castro. El acto culminó con el descubrimiento de una placa en la que se lee "Sala Maestro Julio Castro (1908-1977) Educador y periodista ejecutado por la dictadura". Logros del programa Uruguay Estudiauyestudia.jpg El Ministerio de Educación y Cultura informó que 3 mil ciudadanos que habían abandonado el sistema educativo pudieron terminar algún nivel de estudio con apoyo del programa Uruguay Estudia. El programa comenzó en 2008. A través de él se entregaron 6.532 becas por un monto total de $29.772.009. Estas becas son destinadas a ciudadanos que dejaron de estudiar hace dos años o más y para ello cuentan con un apoyo económico. Uruguay Estudia busca la formación y capacitación, otorga becas y pasantías laborales así como créditos para los emprendimientos que surjan son los componentes de trabajo del Programa. La culminación de los ciclos educativos se implementa a través de tutorías individuales y grupales. Para finalizar Educación Primaria se pueden inscribir personas mayores de 15 años. La dinámica del curso es semipresencial con clases de apoyo personalizada en el centro educativo. De la misma forma se puede finalizar también la Educación Media Básica. Asimismo la finalización de la Educación Media Superior está dirigida a personas que tengan pendientes hasta cuatro materias de 5° y 6° años y dos años de no cursar. Los participantes son apoyados en el estudio de las asignaturas y en la preparación de exámenes por docentes-tutores en los propios centros educativos. En esta modalidad, cada participante recibe una beca equivalente al valor de un BPC por materia cursada, que se pagan en dos veces: un 25% al iniciar la tutoría y el 75% restante con la aprobación del examen. Parlamento avanza en conformar el Instituto Nacional de DDHHinddhh.jpg En una experiencia novedosa, una Comisión Especial del Parlamento realizó diecisiete entrevistas a personalidades de compromiso profesional o militante en materia de DDHH y de derechos ciudadanos, de cara a definir en abril en la Asamblea General cinco cargos que conformarán la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. El MIDES busca la formalización laboral de los más vulnerablesmonotributo.jpg Está abierto el período de pre-inscripciones al Monotributo Social, destinado a trabajadores informales en situación de vulnerabilidad. Los interesados podrán ingresar al portal de Internet del ministerio: www.mides.gub.uy, donde encontrarán el formulario de pre-inscripción, el instructivo para completarlo, y más información sobre el monotributo. El Monotributo Social es un tributo único que pagan las personas que integran hogares que están en situación de vulnerabilidad social, que producen y comercializan bienes o prestan servicios. Sustituye las contribuciones a BPS y DGI y cualquier otro impuesto nacional vigente. Para aportar al Monotributo Social MIDES no es impedimento tener un empleo, cobrar una pensión o una jubilación. En caso de tener actividad empresarial ésta deberá clausurarse, previamente a la inscripción, para cambiar a este régimen tributario. Al aportar, el trabajador tendrá derecho al trabajo formal y con ello todos los beneficios como acceso a la seguridad social, jubilación o el seguro por enfermedad. También respetará la zafralidad, pagando cuando tenga trabajo, y realizará la entrega de la factura por las ventas. Fuente: La República, Uy Press, Últimas Noticias, MIDES

jueves, 29 de marzo de 2012

Edil PCU responde infame mentira dicha en Sala el 29-2-2012 (Media hora previa 14marzo)
de Democracia Avanzada Fa TyTres, el miércoles, 28 de marzo de 2012 a la(s) 11:46 ·

SEÑOR EDIL MARIÑO.- Gracias, Presidente.

        Queremos en esta noche hacer referencia a un valor que es muy caro para todos, independientemente de nuestras ideologías, nuestras convicciones, nuestras pertenencias partidarias; para todos quienes actuamos en nuestra vida política y para todos quienes actúan en la vida social. Más allá de que a veces aparecen tristes decepciones.



        Señor Presidente: queremos hacer referencia en esta noche, en esta Media Hora Previa, al valor de la tolerancia. Y decir con orgullo que en estos casi dos años de participación en este ámbito de representación política, hemos podido ver -insisto, más allá de decepciones, de deslices- hemos podido practicar y recibir además, las bondades del valor de la tolerancia, para escuchar atentamente y con respeto cuando se expresan ideas u opiniones con las que no estamos de acuerdo. Y nos ha pasado desde nuestras propias intervenciones, percibir el desacuerdo de muchos de los miembros o hasta de la mayoría de los miembros de la Junta Departamental sobre nuestras opiniones. Pero, más allá de gestos y cuestiones menores anecdóticas que no hacen a la cosa, poder percibir efectivamente el valor  de la tolerancia.



        Dicho esto, queremos reivindicar el “derecho a la intolerancia”. Nosotros sentimos que tenemos derecho a la “intolerancia”. Dicho esto, queremos decir que respaldamos absolutamente la acción tomada por la Bancada de Ediles del Frente Amplio en la pasada sesión, de retirarse de Sala, porque tenemos derecho a no tolerar cuestiones que no son opiniones políticas ni expresiones políticas y que sí tienen que ver con la cobarde actitud por la negativa de la reivindicación de la tortura, de la reivindicación de la violación de los derechos humanos por la vía de la negación, por la actitud cobarde de la negación.



        Nosotros trajimos, Presidente, a esta sesión, un par de documentos. Hay muchísimos, pero trajimos un par. Uno es subjetivo pero no es un recorte de El Popular ni del viejo diario La Hora, ni de Brecha ni de ningún medio sospechado de “izquierdoso”. Es un facsímil del Diario El Día del miércoles 30 de abril de 1975; donde bajo este título: Movimiento clandestino reclutaba jóvenes y niños… Repito y leo textual: Movimiento clandestino reclutaba jóvenes y niños… Se refería por “movimiento clandestino” a la Unión de Juventudes Comunistas. Y se refiere, el artículo de marras –que está plagado de falacias- conteniendo –textual- un comunicado de las Fuerzas Conjuntas, donde da cuenta de la detención de alrededor de 60 ciudadanos aquí en la ciudad de Treinta y Tres y donde dice que más de 20 eran menores de edad pertenecientes a esa “organización “clandestina”, delictiva”, la Unión de Juventudes Comunistas que, pese a todos los intentos, vive y lucha. Vive y lucha más gloriosa que nunca.



        Más de 20 de esos ciudadanos, dice acá el Diario El Día del 75: …cuyas edades oscilaban entre los 13 y los 17 años. Diario El Día. Pero es subjetivo, porque es un diario, más allá de que cita textual un comunicado de las Fuerzas Conjuntas.



 Lo que no es subjetivo es esta Acta del Ministerio del Interior, certificada por escribano público, donde cita al Expediente             Nº 11.189/2007 de fecha 23 de octubre de 2007, perteneciente al Ministerio del Interior… Que tengo a la vista -dice la Escribana- según la información brindada por el Departamento 3 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia… La señora “X” –no la voy a nombrar a la compañera- se registra que fue detenida el 13 de abril de 1975 en el curso de distintos procedimientos llevados a cabo por las Fuerzas Armadas en el Departamento de Treinta y Tres contra la Unión de Juventudes Comunistas –UJC- en el liceo de dicho departamento. Permaneció detenida en el Batallón de Ingenieros      Nº 10 recuperando la libertad el 9 de mayo del 75 por orden del Juez militar del tercer turno. Cuando esta compañera contaba con  17 años… (Interrupción)



SEÑOR PRESIDENTE.-  Debemos pedir prórroga, señor Edil…



SEÑOR EDIL MARIÑO.- Le agradezco, Presidente…



SEÑOR PRESIDENTE.-  Votamos la prórroga. ¿Por la afirmativa…?



- se vota. Afirmativa.



SEÑOR PRESIDENTE.- Continuamos…



SEÑOR EDIL MARIÑO.-  Gracias Presidente, gracias colegas.

        Estos documentos, uno subjetivo, el otro no; confirman los dichos en la pasada sesión con los que nos solidarizamos además, de nuestros compañeros Ana Mariño Antúnez y Washington Batista. Y  confirman además la actitud respetuosa de la inmensa mayoría de esta Junta Departamental; incluyo por supuesto a las Bancadas del Partido Colorado y del Partido Nacional que escucharon atentamente los testimonios de estos dos compañeros.



Pero traemos, Presidente, estos documentos, y le vamos a entregar a usted para a través suyo al Cuerpo, copias de estos documentos, que demuestran que reivindicamos acá en esta circunstancia, cuando se escucharon las cosas que se debieron escuchar y en los días sucesivos también cuando algunos micrófonos se abrieron para que se reivindicara la tortura y se reivindicara la violación de los derechos humanos en aquella época. Se abrieron algunos micrófonos escudados en la “apertura” y en la “amplitud de miras”. Está bien, cada cual tiene derecho en esta sociedad democrática construida y defendida a sangre y fuego; a que se expresen a través de sus medios hasta esas cosas.



Sin embargo, nosotros reivindicamos la actitud de nuestra Bancada de haberse retirado para no escuchar “tamaña cosa” en un ámbito democrático.             

Hago entrega, Presidente, de estos documentos, por si algún energúmeno que tenga la conciencia y las manos manchadas de sangre sigue dudando de la veracidad de los hechos que se plantearon acá.

Gracias, Presidente.



lunes, 26 de marzo de 2012

El hijo del ex dictador Bordaberry y su campaña para criminalizar la adolescencia


    Menores infractores: falsa prioridad
    Rafael BAYCE

    Rafael Bayce, profesor Grado 5 de la Universidad de la República, doctor en sociología y ciencia política

    La focalización de los menores infractores como problema central de la delincuencia y de la seguridad son un pésimo diagnóstico. Y de un mal diagnóstico no pueden salir buenas soluciones. Veamos los gruesos errores que se cometen desde el gobierno cuando se los prioriza como problema delictivo y de seguridad.

    Estamos de acuerdo en que hay menores infractores y en que debería haber menos, mejor contenidos y rehabilitados, con menores necesidades básicas insatisfechas, con menor desigualdad frente a los adultos que los mandaron al mundo, con menor odio, resentimiento y envidias debidas a sus carencias y a las humillaciones sufridas acumuladas.

    Entre los temas urgentes está el de pensar mejor qué función deben jugar las penas para ellos en la sociedad, y que deberían ser mejor contenidos los penados con medidas de seguridad. También la rehabilitación debe ser focalizada para que no salgan peor que antes, con posgrados delictivos, estigma, odios y los mismos problemas –o más– para enfrentar la vida. Estaríamos dispuestos a debatir la edad de imputabilidad, que debería fijarse sobre la base de criterios –que existen– de maduración física, psíquica, cognitiva, moral y social que son variables según los individuos. En tal supuesto, la imputabilidad más precoz debería ser acompañada de derechos al voto, a concurrir a hoteles, a viajar solos, a manejar vehículos, a casarse sin venia paterna, a tener sexo con quien sea, etcétera. Pero éstos –lamentablemente– no son los temas de debate y el estigma hacia los menores infractores se genera a partir de gruesos errores de interpretación y análisis de la realidad que conducen a falsas prioridades.



    NO SON RESPONSABLES DE LA INSEGURIDAD

    En efecto, y contrariamente a lo que alrededor de 84% de la población cree, erróneamente impresionada por políticos, policía, prensa y rumores, los menores son un problema delictivo y de seguridad muy mínimo. Alrededor de 5% de las sentencias penales condenan a menores, 95% responsabiliza a adultos, que son responsables de 95 de cada 100 delitos cometidos y juzgados con sentencia condenatoria. De los uruguayos recluidos por delitos, 3 son menores y 97 son adultos.

    ¡Cómo puede alguien argumentar que los menores son la causa principal del delito y de la inseguridad por él! Es un error gravísimo de diagnóstico que no puede llevar a ninguna buena solución. Si deportáramos o matáramos a todos los menores sólo reduciríamos en 5% la delictividad, y encerrándolos sin rehabilitación volverán a hacerlo y nos costará mucho dinero tirado a la basura.

    Ocupémonos de la criminalidad adulta, que es casi toda, y de cómo los adultos desarrollan una sociedad que condena a cada vez más menores a la indigencia, pobreza, necesidades, consumismo, abandono familiar, desempleo, mala formación y malos ejemplos. Aquí está la raíz de problemas futuros y potencialmente crecientes. El foco no es la infraccionalidad de menores ni sus vicios generacionales. Son problemas, claro, y merecen tratarse;;;; pero nunca como causa fundamental de delito e inseguridad.



    REDUCIR LA EDAD DE IMPUTABILIDAD ES UN ERROR

    En ningún país del mundo la reducción de la edad de imputabilidad penal se tradujo en una baja de la delictividad. Lo que sí ha funcionado en el mundo es todo lo contrario de lo que se intenta aquí: desjudicialización de conflictos sociales;;;; despenalización de conductas y código penal mínimo;;;; desinstitucionalización de las penas, o sea, regímenes alternativos a la privación de libertad con medidas rehabilitadoras;;;; despolicialización de problemas sociales, con devolución de poder decisorio a las comunidades empoderadas. ¿Para qué vamos a importar del exterior las medidas que no han funcionado? ¿Por qué no importamos las que sí lo han hecho?

    Además, aquí ya se han endurecido las penas y se ha bajado –de hecho y de derecho– la imputabilidad penal. Los políticos que sugieren hacerlo y probar con penas duras e imputabilidad precoz sufren de amnesia o de mala fe. Y parece que, nada sorprendentemente, tampoco aquí han funcionado. La Ley de Seguridad Ciudadana ya permite a los jueces penarlos;;;; el Código de la Niñez y la Adolescencia castiga hasta con cinco años a menores desde los 13 años.

    La Constitución vigente prohíbe imputabilidad por debajo de los 18 años, pequeño detalle, pero ya hemos burlado varias veces la Constitución y las leyes internacionales homologadas, sin obtener buenos resultados. Ya hay imputabilidad desde los 13, ya hay penas endurecidas para menores. No es nuevo. Pero no funcionaron ni aquí ni en ningún lado. ¿Para qué seguir violando Constitución y leyes, e incluso las reglas de Beijing y de la ONU, que son ley entre nosotros al haber sido aprobadas legislativamente?



    ES INJUSTO Y COBARDE ESTIGMATIZAR A LOS MENORES

    Porque, como vimos, son responsables de una ínfima minoría de los delitos, aunque puedan tener mucha participación en delitos que impresionan por traumáticos, como las rapiñas. O actuando bajo los efectos de sustancias rechazadas por las generaciones adultas, que también consumen otras tan conducentes a delitos como las que consumen los menores.

    Es injusto cargar a los menores y a su consumo de pasta base con la responsabilidad del delito y de la inseguridad. Es un error fácilmente demostrable con múltiples cifras oficiales. Si es un error, es injusto partir de él y perjudicarlos como generación, como ciudadanos que serán el futuro, cuando sus injustos acusadores ya no estén. Además, la sociedad regida por los adultos es la responsable de que vivan cada vez peor, peor los jóvenes que los adultos, los adolescentes que los jóvenes, los niños que los adolescentes. Si esto sigue así, si el consumismo y la desigualdad siguen presentes, estamos sembrando lo que cosecharemos. No habrá leyes ni cárceles que lo impidan. Más bien lo empeorarán.

    No dejemos que las instituciones que viven de la inseguridad y el crimen nos hagan la cabeza. Usemos algo de viveza criolla. Si los turistas consumieran nuestra prensa, estaríamos fritos. Por suerte no lo hacen, vienen y salen contentos con la seguridad que disfrutan entre nosotros. Y estaban satisfechos ya antes de las medidas nazi-fascistas nacientes, como la que expulsa a los visitantes con antecedentes y sin gasto turístico o vínculo laboral del departamento de Maldonado. ¿Por qué se les permite a banqueros ladrones que vuelvan a abrir bancos entonces? Esa injusticia es cobarde, porque los menores no tienen la organización y el poder que les permitan combatir esos errores, injusticias y cobardías. Ojalá las tuvieran.

    ¿Por qué las familias no defienden a sus hijos de esas acusaciones falsas, injuriosas, difamatorias, estigmatizantes, calumniosas? ¿Será porque tienen envidia generacional de los más jóvenes por ser referentes eróticos y sexuales, por tener mayor capacidad de disfrute, mayor libertad de prueba y ensayo, menores ataduras a una moral hipócrita? ¿Se vengan de la inferioridad de estatus cultural y erótico con esas acusaciones?



    EL FOCO ES PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

    Si lo que se quiere es solucionar los problemas, no sacarse el miedo o soltar el veneno, está muy claro que las prioridades son:

    a) disminuir el impulso delictivo, que está en la necesidad, la desigualdad, la indignidad, la humillación, la venganza y el odio resentidos, el consumismo insaciable que la voracidad adulta instila en los más jóvenes.

    b) lograr que los menores o mayores recluidos por delito o infracción vuelvan en libertad con capital social, cultural y laboral que no los obligue a reincidir –o peor– porque tiene las mismas carencias, las mismas 'juntas', los mismos circuitos socioculturales y económicos de frecuentación. Capítulo aparte merece el deseo de revancha, de venganza, hasta de justicia de las víctimas de delitos, que es comprensible, pero desde ahí no se soluciona nada, se empeora, como la posibilidad de armarse como medida de defensa y seguridad. No hay nada peor que las vecinas resentidas, miedosas y agresivas que pueblan los medios de comunicación. No quieren saber, no quieren pensar, no quieren resolver;;;; son bestias sedientas de sangre, frustradas, hipócritas, envidiosas de los jóvenes, fingidoras de moralidad por incapacidad de disfrute, ruina

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jueves, 22 de marzo de 2012

21/03/2012 16:32
"El Estado uruguayo reconoce haber violado su derecho a la vida"
El presidente de la República fue quien encabezó el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado por el caso Gelman.



El acto duró apenas unos minutos, como había anunciado Presidencia de la República. Fue encabezado por el presidente José Mujica y participaron además ministros de Estado, de la Suprema Corte Justicia, legisladores e integrantes del Poder Ejecutivo.

En su discurso, el presidente dijo que "María Claudia García y su familia tienen el derecho que obliga éticamente al Estado al reconocimiento y responsabilidad" y afirmó que "el Estado uruguayo reconoce que en el pasado se cometieron en el país acciones violatorias de los Derechos Humanos".

El mandatario hizo referencia a la desaparición de María Claudia García de Gelman y a la historia de Macarena Gelman y aseveró que, de acuerdo a la sentencia de la CIDDHH, se quitaron los obstáculos jurídicos que impedían la investigación y se adoptaron las medidas necesarias para impulsarla. “La investigación no cesará hasta la ubicación de María Claudia y la individualización de los responsables de los hechos”, dijo.

“Centenares de personas fueron víctimas de tortura, desapariciones forzadas como una práctica sistemática del terrorismo de Estado", mencionó Mujica, abarcando a otros casos también. Dijo además que "la interpretación y aplicación de la Ley de Caducidad han obstaculizado la investigación y el esclarecimiento del caso Gelman", fragmento que la oposición había criticado cuando fue informada sobre el escrito.

Sobre el final del acto, el mandatario hizo referencia específica a la responsabilidad. "El Estado uruguayo reconoce su responsabilidad institucional en la desaparición de María Claudia García de Gelman, con lo cual violó sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica a la vida, la integridad personal y la libertad. Uruguay, como Estado, asume su responsabilidad jurídica internacional por los hechos y su responsabilidad ética", mencionó.

Asimismo, señaló que “el Estado es responsable de la supresión y sustitución de la identidad de María Macarena Gelman García Iruretagoyena, desde su nacimiento hasta que se determinó su verdadera identidad, y expresada como una forma de desaparición forzada por lo cual violó sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica a la vida, la integridad personal, la libertad, la familia, al nombre, a los derechos de los niños y niñas, a la nacionalidad y por haber puesto en riesgo su supervivencia y desarrollo afectando su proyecto de vida”.

Mujica enfatizó que el Estado reconoce su responsabilidad por los hechos del presente caso y reconoce que en el pasado se cometieron en el país acciones violatorias de los DDHH al amparo de la doctrina de la seguridad nacional se implementó una política sistemática de represión a las organizaciones sociales, sindicales y políticas, así como la persecución de sus integrantes y control de la sociedad civil.

El presidente reconoció que bajo esa doctrina, el Estado integró el Plan Cóndor, en coordinación con Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay para desplegar la persecución por razones ideológicas a los habitantes de esos países, procediendo a la detención y traslado clandestino, o decidir el asesinato y desaparición de los detenidos.

La intervención concluyó con una condena a los hechos: "El Estado uruguayo condena los hechos y reafirma su compromiso con la Justicia y con qué hechos similares no vuelvan a repetirse", dijo Mujica que fue aplaudido de pie por los integrantes de los tres poderes del Estado que estaban en el Parlamento y también por Macarena Gelman, quien estaba visiblemente emocionada, junto a su abuelo, el poeta Juan Gelman.

El acto fue realizado para dar cumplimiento al punto número 12 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 24 de febrero de 2011 en el caso "Gelman vs. Uruguay", que dispuso la realización del acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado uruguayo.

COMANDANTES ASISTIERON AL ACTO. Los comandantes de las Fuerzas Armadas asistieron al acto del parlamento pero declinaron hacer comentarios.

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miércoles, 21 de marzo de 2012

POLÍTICA

21/03/2012 13:23
Muerte del matrimonio Gelman, prueba de la Operación Cóndor
Marcelo y María Claudia, que apenas rozaban los 20 años, fueron obligados protagonistas de una historia de horror en las dos orillas del Río de la Plata



El caso Gelman no es un caso típicamente uruguayo, aunque luego tuvo un largo y decisivo capítulo en el país.

Tuvo su origen en Argentina y fue una de las primeras pruebas fehacientes de la existencia del Plan Cóndor, el programa de coordinación de las fuerzas represivas del Cono Sur.

 El 24 de agosto de 1976,  Marcelo Gelman y María Claudia García, embarazada, fueron secuestrados en Buenos Aires y recluidos en el “pozo” Automotores Orletti.

Gelman fue asesinado primero a fines de setiembre y  María Claudia fue trasladada a Uruguay.El cuerpo de Marcelo fue encontrado fondeado dentro de un tonel en el Delta del Tigre en 1989.

Sobre el 1° de noviembre, nació Macarena. La última vez que María Claudia fue vista con vida fue el 22 de diciembre en el centro de detención clandestino donde luego funcionó el Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN). Hoy se colocó allí la placa recordatoria en recuerdo a ella, a manera de inauguración de un museo de los Derechos Humanos.

El asesinato de Marcía Claudia de Gelman ocurrió en un día indeterminado de fines de 1976 y principios de 1977. El 6 de enero de 1977 cumplía 20 años.

El 14 de enero, Macarena llegó al hogar de quienes fueron sus padres adoptivos, un policía uruguayo y su esposa. En el año 2000, ella se entera que no era hija biológica de Ángel Touriño y su esposa.

El comisario Touriño había muerto unos meses antes.

Al mismo tiempo se enteró de su verdadera identidad. Tuvo que recurrir a internet para saber quién era su abuelo, el famoso poeta argentino Juan Gelman.

La propia resolución del caso puso a Macarena en las dos orillas. Dejó su trabajo en el Hospital Militar de Montevideo y pasó a residir gran parte de su tiempo en Buenos Aires, y colabora en la Secretaría de Derechos Humanos de esa ciudad.

El juicio que le inició al Estado uruguayo junto a su abuelo le reportó un resarcimiento de 513.000 dólares.

La dinámica de las desapariciones en el Río de la Plata durante los años 70 tuvo muchas idas y vuelta. De hecho, 126 de los detenidos desaparecidos uruguayos ocurrieron ene l vecino país.

Con las nuevas denuncias e investigaciones judiciales, arqueológicas e históricas, el universo es de 175 detenidos desaparecidos: 34 en Uruguay, 127 en Argentina, 9 en Chile, 3 en Paraguay, 1 en Bolivia y 1 en Colombia. 3 de ellos son casos de menores de edad.  Entre los mayores, 131 de ellos eran hombres y 41 mujeres.

No se incorpora a este grupo los casos de 26 cuerpos sin identificar aparecidos en las costas de Montevideo, Maldonado, Rocha y Colonia entre 1975 y 1979.

BÚSQUEDA Y HALLAZGOS. Con el retorno de la democracia comenzó el largo recorrido por parte de los familiares de desaparecidos en su búsqueda, jalonados por hechos como la aprobación de la ley de caducidad, la derrota del voto verde, el informe de la comisión para la paz y el comienzo de las investigaciones ordenadas por el gobierno de Tabaré Vázquez, que derivó en el hallazgo de restos de desaparecidos enterrados en unidades militares.

El informe del Grupo de Investigación histórica y Grupo de Investigación Arqueología Forense de Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación, resume que entre 1976 y 1978 se produce la mayor cantidad de desapariciones, 138, sobretodo en Argentina y Uruguay, en un contexto marcado por la coordinación represiva entre las dictaduras regionales: El plan Cóndor

Entre los casos se registra la desaparición de personas sin militancia política, así como acciones contra grupos organizados, en varios casos en el exilio. El informe indica que hubo 23 pertenecientes al Partido Comunista, 35 al Partido por la Victoria del Pueblo, 18 del Grupo de Acción Unificadora y 43 del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, entre otros.

El 29 de noviembre de 2005 fueron hallados los restos de Ubagesner Chávez Sosa en una chacra de camino de las piedritas, próximo a Pando. La Fuerza Aérea informó en agosto de ese año al presidente Vázquez que en ese predio fueron sepultados Chávez Sosa y José Arpino Vega. Sin embargo los restos de este último no fueron encontrados tras las excavaciones. Tras ser identificado, fue sepultado en marzo de 2006.

El 2 de diciembre de 2005 fueron hallados los restos de Fernando Miranda Pérez a los fondos del Batallón 13 en Montevideo. Según la Comisión para la Paz sus restos fueron inhumados en el Batallón 14, exhumados, incinerados y arrojados al Río de la Plata, en 1984. Según el informe del Ejército, sus cenizas fueron esparcidas en el batallón de Toledo. Este fue uno de los casos en donde se desacreditó la información brindada por los militares. Miranda fue sepultado en marzo de 2006.

El Batallón Nº 13 además de aparecer como un centro de enterramientos clandestino, fue un centro de detención en la dictadura, “300 Carlos” y “S2”.

Otro punto de búsqueda desde aquel entonces fue el Batallón 14 de Toledo. Según el informe militar de agosto de 2005 allí estaban sepultados los restos de María Claudia García. La zona fue visitada por Macarena Gelman y el ex secretario de presidencia Gonzalo Fernández. La investigación posterior comprobó que se dio información falsa al gobierno. Se direccionó la investigación sobre nuevos datos apuntando a otras zonas y se consideraron testimonios de personas que aseguraron que allí se realizó la “operación zanahoria”.

El 21 de octubre del año pasado, en el marco de la investigación de la desaparición de María Claudia García, las excavaciones en la zona de los campos de Vidiella, en el batallón 14 dieron con el lugar en donde fue sepultado el maestro Julio Castro. Según la Comisión para la Paz sus restos habían sido arrojados al Río de la Plata, mientras que el informe de las Fuerzas Armadas indica que fue cremado y sus cenizas esparcidas en el predio de Toledo.

Otro caso registrado años atrás fue el de Roberto Gomensoro, detenido en 1973 en Montevideo y cuyo cuerpo apareció flotando en la laguna de Rincón del Bonete 6 días después, sujeto con alambres y con signos de tortura. Sin embargo fue enterrado en Tacuarembó como NN y sus restos y el registro de su tumba desaparecieron. En 2002 su cráneo, en poder de un forense desde entonces, fue entregado al juzgado de Paso de los Toros, confirmándose por prueba de ADN que correspondía a Gomensoro.

 Desde 2005, se buscaron los cuerpos de los desaparecidos en 21 lugares diferentes: 9 unidades del Ministerio de Defensa, 1 de Interior, 7 predios particulares y 4 cementerios, entre Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Tacuarembó.

Este jueves 15 fueron hallados nuevos restos en el 14. Un paso más en la búsqueda incansable de los familiares.
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21/03/2012 9:52
Estado homenajeó a María Claudia García de Gelman
Colocaron una placa en su homenaje y también en recuerdo a las personas que estuvieron privadas de libertad. A las 16 el Estado asumirá responsabilidad por hechos.



Este miércoles, el Estado uruguayo asumirá la responsabilidad por la desaparición en 1976 de María Claudia García de Gelman y por la usurpación de identidad de su hija, Macarena Gelman, en cumplimiento con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A las 11 de la mañana se descubrió una placa en el edificio que fue sede del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID), ubicado en Bulevar Artigas esquina Palmar, en homenaje a María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, a Macarena Gelman y a todas las víctimas que por allí pasaron y estuvieron detenidas clandestinamente, por largo tiempo y en muchos casos fueron desaparecidas.

La lámina dice textualmente:

En memoria de María Claudia García de Gelman y de todas las personas victimas del terrorismo de Estado que estuvieron privadas de su libertad en este edificio, sede del Servicio de Inteligencia de la Defensa y centro clandestino de detención, y en cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de febrero de 2011 en el caso Gelman versus Uruguay.


En este lugar, estuvieron detenidas María Claudia García Irureta Goyena, nacida el 6 de enero de 1957, y Macarena Gelman. María Claudia, ciudadana argentina que se encontraba embarazada, había sido secuestrada junto a su esposo Marcelo Gelman, en Buenos Aires, el 24 de agosto de 1976.

Trasladada a Uruguay en el marco del Plan Cóndor, permaneció detenida desaparecida y dio a luz a Macarena en Montevideo, presuntamente el 1º de noviembre de 1976.

Separada de su madre, Macarena fue sustraída y privada de su identidad permaneciendo desaparecida hasta conocer su historia, 24 años después, como consecuencia de la búsqueda incansable realizada por su familia con la colaboración de organizaciones y personas de la sociedad civil. Montevideo, 21 de marzo de 2012.

Tras la lectura de la placa, el abuelo de Macarena, el poeta Juan Gelman, leyó un poema escrito por su hijo.


martes, 20 de marzo de 2012

ACTO DEL 26 DE MARZO DE 2012




Difundirlo es sembrar Memoria. marzo 2012


Y allí siguen aguardando para seguir saliendo; de la tierra misma.
Nuestras compañeras, nuestros hijos, nuestros hermanos de lucha.

Cal y piedra… la misma acción cobarde de los impunes militares, que
Pretenden ser absueltos por artilugios jurídicos.
Este nuevo desentierro es el nacimiento a la verdad, al juicio…
A la condena de buena parte de la sociedad.
Son nuestros desaparecidos que dejaron sus huellas, con su último instante
de recuerdo a sus seres queridos, a su causa.
La muerte repugnante y cobarde que los viles les dieron; tienen cuentas pendientes
Que tendrán que pagar hasta el último aliento de sus vidas.
POR VERDAD Y JUSTICIA

Ausentes - Malena Muyala.

viernes, 16 de marzo de 2012


viernes 16 de marzo de 2012

Cretinadas imposibles de digerir



El Foro Libertad y Concordia puso en duda la “oportunidad” del descubrimiento
Retirados: “Sacan un cuerpo de la galera”

“Cada vez que hay una ley o un evento y el gobierno se encuentra con siete mil problemas, (José) López Mazz saca un cuerpo de la galera", dijo a Ultimas Noticias el coronel (r) José Araújo. "Nos alegramos, como siempre, cada vez que hay un hallazgo. Pero una vez es coincidencia. Esto da para sospechar", afirmó.
El coronel retirado consideró que es extraño que el cuerpo aparezca "unos días antes de ese acto de realismo mágico donde nos van a hacer responsables del caso Gelman por una imposición de un organismo extranjero". Y agregó que "la última vez pasó lo mismo. Cuando el Parlamento iba a votar la ley de Caducidad ocurrió lo mismo, son demasiadas casualidades".

El militar exigió a las Fuerzas Armadas un estricto control del trabajo de los antqropólogos en el Batallón 14 de Paracaidistas en Toledo, por entender que "nadie sabe exactamente cuándo aparecen los cuerpos". El Foro Libertad y Concordia aseguró que desde marzo del año pasado no se están filmando las excavaciones.

"El camión de comunicación llegó dos horas y media después que encontraron el cuerpo. Nosotros y la opinión pública exigimos que se cumpla el protocolo", dijo a Ultimas Noticias el coronel (r) Elmar Castiglioni. "Esa filmación debe ser permanente. Nosotros lo planteamos cuando lo de Julio Castro y lo volvemos a plantear ahora. La filmación les da garantías a todas las partes", aseveró.

Castiglioni también puso en duda la oportunidad del descubrimiento. "Esto no fue una casualidad", aseveró. Por su parte, Araújo explicó que "no hay certezas que allí se encuentren más cuerpos, pero como siempre, nos alegramos cada vez que aparece uno". 


 

El mandatario ratificó, ante la cadena de noticias CNN,
su posición respecto a los militares presos

Mujica: “Enviaría a casa a
condenados por violar DD.HH.”

El presidente José Mujica dijo ayer que "si la sociedad lo permitiera, enviaría a morir en casa a los condenados por violar los derechos humanos".


El mandatario reafirmó así su postura a una semana de que, a través de la lectura de un breve texto, asuma la responsabilidad del Estado por los hechos cometidos por la última dictadura militar.

Mujica hizo estas afirmaciones en el marco de una entrevista con la periodista colombiana Claudia Palacios, de la cadena CNN, en su chacra de Rincón del Cerro. Los conceptos del presidente fueron transmitidos por Palacios ayer a través de su cuenta de Twitter. En setiembre de 2009, en Melo, el entonces candidato Mujica dijo por primera vez que no quería "tener viejos presos. Viejos de 75, 80 años. Pero no solo militares, ningún preso de esa edad".

En el marco de la entrevista con CNN, Mujica se refirió además a otros temas. Consultado sobre el ex presidente Tabaré Vázquez y su eventual nueva candidatura, respondió: "Le voy a hacer una infidencia: cuando Tabaré me dio la banda presidencial, yo le dije: 'Quizá te la entregue de vuelta'". Acerca de la relación con Argentina y los pedidos de mayor firmeza por parte de la oposición y los empresarios, reiteró que "no podemos soltar una liana sin agarrar otra". 


  Infobae América Batlle: "La guerrilla debe pedir perdón por lo sucedido en la dictadura"
15-03-12 | Política
El ex presidente uruguayo dijo que el movimiento tupamaro, al que perteneció José Mujica, es responsable por lo ocurrido durante el gobierno militar. El actual mandatario reconocerá, en los próximos días, la responsabilidad del Estado en el emblemático caso Gelman

Jorge Batlle, que gobernó Uruguay entre 2000 y 2005, aseguró en un programa de televisión por cable de la señal TCC que quien tiene que pedir "perdón" por lo sucedido en la dictadura (1973-1985) es la guerrilla.

"Acá los que tienen que pedir perdón son los que armaron el lío, qué duda cabe", señaló el integrante del opositor Partido Colorado. "Si no hubiera existido guerrilla, no hubiese existido dictadura militar", agregó en una entrevista dada al programa Poder Pensar, emitido el miércoles por la noche y cuyo contenido fue difundido este jueves de forma parcial por Canal 10.

El próximo 21 de marzo, el Gobierno de José Mujica, del izquierdista Frente Amplio, realizará un acto oficial de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el caso Gelman, uno de los más emblemáticos de la dictadura.

Hace un año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Uruguay por la desaparición en 1976 de María Claudia, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y por la supresión de identidad de la hija de ésta, Macarena Gelman, que le fue arrebatada al nacer.

La participación de los militares uruguayos en la ceremonia de la próxima semana, interpretada por muchos como un acto de pedido de perdón por los crímenes cometidos, es objeto de debate. Incluso se llegó a especular que los uniformados no se presentarían al acto.

El comandante en jefe del Ejército, el general Pedro Aguerre, se había comprometido a acudir si eran invitados pero aclaró que no pedirían perdón. "Los que piden disculpas son los jefes y mis jefes son el presidente de la República y el ministro de Defensa", indicó.

El miércoles, el ministro uruguayo de esa cartera, Eleuterio Fernández Huidobro, afirmó que las Fuerzas Armadas acudirán con "beneplácito" al evento.

En otro apartado de la entrevista concedida a TCC, Batlle afirmó que Macarena Gelman recuperó su identidad cuando él era presidente y gracias a sus gestiones. "Lo descubrimos nosotros. (...) Tengo el libro que me regaló Gelman con su dedicatoria y agradeciéndome lo que yo había hecho", señaló.

El ex mandatario uruguayo también recordó un incidente que protagonizó, hace una década, cuando declaró a Bloomberg que "los argentinos son una manga de ladrones, del primero al último".

"En Buenos Aires, los otros días, me paró un muchacho y me preguntó si había sido el presidente del Uruguay y me dijo: 'Mire, ¿sabe una cosa? Usted tenía razón'", contó. "En un shopping uruguayo, se me acercó un señor argentino que también me felicitó", agregó.

16/03/2012 9:13

¿De quién serán los restos humanos? La lista de 19 desaparecidos

En el ex predio Vidiella, campo de maniobras del Batallón de paracaidismo 14, se presume que hay varios desaparecidos enterrados. Esta es la lista.
En unas semanas, se sabrá quién es la persona detrás de los restos hallados ayer en el Batallón 14. En las próximas horas, el ADN extraido de allí se cotejará con el Banco Nacional de Datos Genéticos creado en Argentina en 2009. Alli están las muestras de familiares de varios desaparecidos uruguayos en la época de la guerra sucia.
Se trata del cuarto cadáver desenterrado después de Ubagessner Cháves Sosa, el escribano Fernando Miranda y el maestro Julio Castro.
El predio fue adquirido por el Ejército en 1972. En su origen perteneció al empresario Federico Vidiella, quien adquirió la propiedad a fines del siglo XIX.
Las Fuerzas Armadas usaron el lugar como puesto de entrenamiento y maniobras, Posteriormente se construyó un polígono de tiro.
La Comisión para la Paz señaló que allí había enterramientos clandestinos. Familiares de Detenidos Desaparecidos tiene una lista de 19 personas que se suman al ex maestro Julio Castro. También se especula que allí podrían estar enterrados algunas víctimas del segundo vuelo.
Las Fuerzas Conjuntas llamaban el lugar "Arlington", en obvia alusión al cementerio militar cercano a Washington DC.
De acuerdo a datos publicados hoy por la revista Caras & Caretas, esta es la lista de personas desaparecidas entre 1974 y 1982:

Eduardo Pérez Silveira (Movimiento de Liberación Nacional, MLN). Desaparecido en mayo de 1974.
Luis González González (Partido Comunista Revolucionario, PCR, de línea trotskista). Desaparecido en diciembre de 1974.
Eduardo Bleier Horovitz (Partido Comunista, PCU). Desaparecido en julio de 1976.
Juan Manuel Brieba.(PCU) Desaparecido en noviembre de 1975.
Carlos Ärevalo Arispe (PCU). Desaparecido en mayo de 1976.
Julio Correa Rodríguez (PCU). Desaparecido en diciembre de 1975.
Otermín Montes de Oca (PCU). Desaparecido en diciembre de 1975.
Elena Quinteros Almeida (PVP). Desaparecida en noviembre de 1976.
Julio Escudero Mattos (PCU). Desaparecido en noviembre de 1976.
Luis Arigón Castel (PCU). Desaparecido en junio de 1977.
Oscar Baliñas Arias (Frente Izquierda de Liberación, Fidel). Desaparecido en junio de 1977.
Oscar Tassino Asteaz (PCU). Desaparecido en julio de 1977.
Amelia Sanjurjo Casal (PCU). Desaparecida en noviembre de 1977.
Félix Sebastián Ortiz (PCU). Desaparecido en noviembre de 1982.
Antonio Omar Paitta (PCU). Desaparecido en octubre de 1981.
Miguel Mato Fagián (Unión de Juventudes Comunistas, UJC) Desaparecido en 1982.
Ricardo Blanco Valiente (PCR). Desaparecido en febrero de 1978.
Urano Miranda (PCU). desaparecido en agosto de 1978.
María Claudia García de Gelman, desaparecida en agosto de 1976.

lunes, 12 de marzo de 2012

Monday 12 march 2012
 
mud4La conformación del comando de campaña recreó tensiones entre AD y Primero Justicia / Leopoldo López se siente “frustrado”, debido a que no se han materializado las promesas hechas por Capriles / EEUU exige a la oposición, de ganar las elecciones, desmantelamiento del ALBA y embargo petrolero a Cuba
El periodista José Vicente Rangel, en el segmento Confidenciales de su programa dominical, José Vicente Hoy, informó que la conformación del comando de campaña de la Mesa Unidad Democrática (MUD), del candidato Henrique Capriles, recreó las tensiones entre Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ).
“Acción Democrática insiste en una estructura cerrada del organismo que va a dirigir la campaña, privilegiando la participación partidista en la que (Henry) Ramos Allup (AD) reclama posiciones claves, mientras que Primero Justicia auspicia una apertura y sugiere, por ejemplo, que Eduardo Fernández (Copei) integre el organismo”, describió.
Rangel sostuvo que, luego de las elecciones primarias de la oposición, realizadas el 12 de febrero pasado, la MUD perdió protagonismo y la atención se centró en el comando de campaña, lo que ha generado “arduas discusiones” entre los miembros de la alianza opositora.
“Me han informado que desde el cese (de las primarias) la MUD no se ha vuelto a reunir”, destacó.
La frustración de Leopoldo
El periodista, también hizo referencia al ex candidato Leopoldo López y afirmó que éste se siente “frustrado” por el papel que realizó en las primarias opositoras y por las consecuencias del pacto que realizó con Capriles para apoyarlo en el mencionado evento.
“No se han materializado las promesas de Capriles (a López), de las ofertas que le hicieron sobre alcaldías y gobernaciones, nada se ha concretado hasta ahora”, dijo Rangel.
EEUU marca políticas a la MUD
Al cierre, en la sección Confidenciales, Rangel destacó la reunión que sostuvieron miembros de la MUD, como Pedro Mario Burelli y Rocío Sanmiguel, con el Sub Secretario Asistente para Asuntos Hemisféricos de los Estados Unidos, Kevin Whitaker, el cual les indicó que los Estados Unidos exigen (de ganar la oposición las elecciones del 7 de octubre) el embargo petrolero total a Cuba.
Asimismo, a través de su funcionario, el gobierno estadounidense también reclama el fin de la cooperación con la isla y el desmantelamiento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba).
“El funcionario norteamericano dice que su intención es poner esos temas sobre la mesa para pulsar las reacciones”, citó Rangel.
(AVN) 

Guianze pidió el procesamiento de Gavazzo por la muerte de Castro

domingo, 11 de marzo de 2012

domingo 11 de marzo de 2012

Los fallos del juez Fernández Lecchini

 

PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 9 DE MARZO DE 2012

COMO TE ALEGO UNA COSA TE SENTENCIO LA OTRA

Los fallos del juez Fernández Lecchini

El juez de instrucción en lo penal de 1er turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, está logrando coincidencias en el sistema jurídico: todos lo critican. Su última sentencia sobre el caso Julio Castro obtuvo aplausos y silbidos de víctimas y victimarios, a la vez que críticas cerradas de colegas, jueces y fiscales, juristas a favor de los derechos humanos y defensores de los represores presos.

TEXTO: ROGER RODRÍGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy

Fernández Lecchini resolvió el procesamiento del policía Juan Ricardo Zabala, quien admitió su participación en el secuestro del maestro y periodista Julio Castro el 1º de agosto de 1977 y aceptó que lo trasladó al centro de torturas conocido como “la casona” de la calle Millán donde lo mataron. Sin embargo, el juez lo tipificó como “cómplice” de un delito de homicidio muy especialmente agravado y no como “coautor” del crimen, como pretendía la fiscalía.
El magistrado también hizo un amplio alegato para demostrar que el crimen de Julio Castro no prescribió y lo fundamentó en múltiples resoluciones y convenciones internacionales como pretendían los defensores de los derechos humanos… pero, en un último agregado, mencionó a la ley 18.831 (contra las prescripciones), que era la referencia esperada por los abogados defensores para habilitar una maniobra jurídica que detenga los juicios.
La ley aprobada el 28 de octubre de 2011 en el Parlamento (cuando se anunciaba el 1º de noviembre como fecha límite de la prescripción de todos los delitos de la dictadura) es el talón de Aquiles que identificaron los defensores de los militares presos para interponer recursos de inconstitucionalidad que inhabiliten la norma y les permitan fundamentar que todos los crímenes que se están juzgado han prescripto.
Defensores de los derechos humanos consideraron que la mención a la ley –que otros jueces y fiscales habían venido evitando– por parte de Fernández Lecchini resulta “gratuita” y sólo habilitó el previsible “operativo” del grupo de militares retirados que están siendo asesorados por el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre Ramírez. Los abogados de Zabala serían los primeros en presentar el recurso para la casación.
El tercer punto de crítica a la sentencia es que Fernández Lecchini no aceptó el pedido de la fiscal Mirtha Guianze para que también fuera procesado José Nino Gavazzo como autor intelectual de la muerte de Julio Castro. El juez, que en 2002 escribió un ensayo sobre la ‘Nueva estructura del principio de oportunidad en aras de la protección de la víctima’ (XVIII Jornadas Iberoamericanas-XI Jornadas Uruguayas de Derecho Procesal), consideró que no hay elementos de prueba para enjuiciar al conocido torturador.
“Es que, probablemente, Zabala está protegiendo a José Gavazzo y [a] los que operaban en la casona de Millán. Pero esto no pasa de ser una conjetura. A lo sumo un indicio. Pero la duda a favor de José Gavazzo no se ha esfumado y por ende corresponde no hacer lugar a lo solicitado por el Ministerio Público a su respecto”, admite el magistrado en su sentencia.

LA SOMBRA DE ELENA
En agosto de 2004, cuando lo designan juez penal de primer turno en sustitución de Eduardo Cavalli, el joven Juan Carlos Fernández Lecchini iniciaba un período judicial que estuvo precedido de polémicas y presiones. Doliente de una enfermedad, Cavalli había tenido que volver a su despacho en marzo de aquel año para “detener” las acciones de su subrogante, Alejandro Recarey, quien provocó un terremoto político cuando “pretendió” indagar a militares en la causa de desaparición de Elena Quinteros en 1976.
Fernández Lecchini inició su magistratura signado por el caso de la maestra secuestrada en la embajada de Venezuela, en un incidente que derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Cavalli había aceptado el pedido de la fiscal Mirtha Guianze y decretado el procesamiento del ex canciller Juan Carlos Blanco por un delito de homicidio especialmente agravado, pero a la vez concedió la libertad ambulatoria al ex ministro de Relaciones Exteriores. El nuevo juez sabía que debía moverse con limitados márgenes políticos.
Sin embargo, una de las primeras decisiones que tuvo que tomar fue la de levantar las medidas preventivas que la Justicia había impuesto sobre el Batallón de Infantería Nº 13 para autorizar los trabajos de excavación que le solicitó el equipo de técnicos encabezado por el antropólogo José López Mazz. Esa autorización fue la que permitió que el 2 de diciembre de 2005 fueran hallados los restos que luego se identificaría como los del escribano Fernando Miranda, desaparecido en 1975.
Cauteloso y medido en sus decisiones, Fernández Lecchini suplantó, a principios de 2005, al juez de 7º turno, Pedro Hackenbruch, en el momento en que en Santana do Livramento era localizado el coronel Manuel Cordero. Hackenbruch había librado una orden de captura internacional del militar, prófugo de una causa en la que se le acusaba de apología de la tortura, pero Fernández dejó sin efectos el pedido, porque primero debía estudiar si los tratados con Brasil admitían la extradición… Cordero volvió a escapar.
Otra de las polémicas decisiones de Fernández Lecchini también estuvo relacionada con el caso Quinteros. El juez admitió que el secretario presidencial Carlos Ramela Regules y los integrantes de la Comisión para la Paz estaban amparados en un “secreto de Estado” que les habilitaba a no identificar las fuentes militares o civiles que les habían suministrado los datos que llevaron a afirmar en el informe final que Elena Quinteros había sido asesinada en la tortura, cremada y sus cenizas arrojadas al mar.
En noviembre de 2005, dos meses después de ser confirmado en su cargo, Fernández Lecchini estaba de turno cuando se produjeron los incidentes en la Ciudad Vieja en el marco de la marcha anticapitalista contra la presencia del George W. Bush en Mar del Plata y contra un tratado bilateral con Estados Unidos. Decidió aplicar el artículo 143 del Código Penal y ordenó la prisión de cuatro jóvenes a quienes procesó por el delito de “sedición”. El juez terminó siendo ‘escrachado’ por el grupo Plenaria Memoria y Justicia.

ENTRE BLANCO Y EL GOYO
En mayo de 2006, Fernández Lecchini asumió competencia en un pedido de extradición que sobre la patota de Orletti había reactivado el juez federal argentino Guillermo Montenegro, a cargo de la causa Plan Cóndor. El caso había recaído inicialmente en el juzgado de 20º turno a cargo de la jueza Aída Vera, quien había ordenado la detención preventiva de los requeridos José Gavazzo, Ernesto Rama, Ricardo Arab, Jorge Silveira, Ricardo Medina, Gilberto Vázquez y Julio César Vadora (muerto).
El grupo de represores terminó procesado en setiembre de ese año por otra causa de otro juzgado y Fernández Lecchini se tomó otros dos años para pronunciarse. Sin embargo, su fallo de noviembre de 2008, otorgando las extradiciones, fue el primero en relacionar normas de derecho internacional y nacional, para concluir que la ley de caducidad (15.848) era contraria a los tratados internacionales y que los tiempos de prescripción de los delitos de la dictadura debían computarse desde el 1º de marzo de 2005, cuando asumió Tabaré Vázquez y hubo voluntad de habilitar la acción judicial.
Al magistrado también le tocó actuar en julio de 2006 en el episodio de la fuga del coronel Gilberto Vázquez, quien se mantuvo prófugo durante una noche tras escapar del Hospital Militar donde se le hacía un estudio médico. El juez no procesó a ningún cómplice de la fuga. Fernández Lecchini tampoco aceptó por entonces un pedido de exhumación del cuerpo de Tota Quinteros, madre de Elena, para que se sacara una muestra de ADN para cotejarla con un resto óseo hallado en el Batallón 13. El examen lo autorizaron jueces subrogantes.
En abril de 2010, Fernández Lecchini finalmente dictaminó la condena a 20 años de prisión contra Juan Carlos Blanco por el caso Elena Quinteros. Le tipificó coautoría de una “homicidio muy especialmente agravado” y desechó el pedido de la fiscal Guianze quien había pedido que el ministro fuera culpable de un delito de “desaparición forzada”. En su sentencia, el juez puso otra perla a su collar de fallos, al argumentar en su dictamen que los desaparecidos están muertos y por tanto sus casos debían considerarse homicidios.
Polémico por sus sentencias, Fernández Lecchini también ratificó la condena de Ricardo Moll en la causa “cangrejo rojo” pero no encontró elementos de prueba contra Julio Luis Sanguinetti y Ricardo Scaglia. También tuvo a cargo el caso del atentado contra el fiscal Enrique Viana, víctima de dos balazos. Y volvió a ocupar crónicas de prensa cuando pidió reabrir el caso de la valija del empresario venezolano Guido Antonini, cuando procesó a un funcionario del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay por suministro de droga a los menores o cuando encarceló por estafa a once miembros de una banda de ‘mosqueta’ que estafaba incautos.
Otro de los casos estelares en los que Fernández Lecchini sorprendió con su intervención fue el vinculado a la muerte del tupamaro Roberto Luzardo, en junio de 1973. El juez terminó por responsabilizar al dictador Gregorio Álvarez, entonces jefe del Estado Mayor Conjunto (Esmaco), por la falta de atención médica del Hospital Militar donde falleció. La sentencia se produjo nueve años después de que los familiares presentaran la denuncia. “Álvarez conocía las condiciones de la sanidad militar para con los sediciosos”, estampó el juez.

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Chamarrita de los milicos

jueves, 8 de marzo de 2012

miércoles, 7 de marzo de 2012


8 DE MARZO- DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
COMUNICADO URGENTE
   
UNA MUJER MUERTA POR ABORTO  
   
Hoy tomamos conocimiento que en el Hospital de Clínicas hace unos días, murió una mujer a causa de un aborto clandestino. No fue posible salvar su vida a pesar de los esfuerzos que realizó el cuerpo médico que la asistió cuando llegó con una infección severa. La muerte de una mujer joven por haberse practicado un aborto con misoprostol en la clandestinidad es una nueva y triste evidencia de la problemática que el país aún no ha resuelto.   
   
Si alguien considera que el ingreso del misoprostol en el mercado clandestino para la realización de abortos con medicamentos ha resuelto la situación, está lejos de conocer la realidad cotidiana de quienes toman la decisión de interrumpir un embarazo que no desean o no pueden continuar.   
Esta cruda realidad se agrega a la de tantas otras mujeres que llegan a los centros asistenciales con situaciones delicadas de salud producto del desamparo que implica transitar por un aborto en la ilegalidad. La muerte de esta mujer y el impacto irremediable que ello genera podría y debería haberse evitado si se contara con una ley que garantice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y los servicios seguros y legales adecuados para ello.
En este año 2012 Uruguay se encuentra ante una oportunidad histórica de avanzar en el reconocimiento del derecho de todas las mujeres a decidir sobre su cuerpo y capacidad reproductiva. Para garantizar y respetar este derecho es necesario y urgente que la Cámara de Diputados del Parlamento Nacional apruebe de manera definitiva el Proyecto de Interrupción voluntaria del embarazo, que cuenta con la sanción de la cámara de senadores desde el pasado 27 de diciembre de 2011.
MYSU -Mujer y Salud en Uruguay- en el marco de su Campaña “Aborto Legal“ convoca a toda la ciudadanía a redoblar esfuerzos para reclamar con firmeza y convicción la pronta aprobación del proyecto de ley y su inmediata puesta en marcha. Con ello, se estará protegiendo la salud y generando las garantías para que todas cuenten con las condiciones para ejercer sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos con libertad, seguridad y autodeterminación.
¡El tiempo es ahora!
Por todas las mujeres, por todos sus derechos!


Contactos de prensa: Alejandra López 099 293 930 | Lilián Abracinskas 099 116 665




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 Aborto legal Uruguay
MYSU - Mujer y Salud en Uruguay
Comunicaciones
Salto 1267 | 2410 39 81 | 099 210 666
comunicaciones@mysu.org.uy
www.mysu.org.uy
www.hacelosvaler.org
www.facebook.com/abortolegal
Montevideo - Uruguay
Posted: 07 Mar 2012 09:12 AM PST
Los que estaban en el interrogatorio {tortura} eran Pedro Barneix , Jose Puiguert , Jose Baudean y el jefe era Washington Perdomo.
Martes, 06 de Marzo de 2012

 Médicos de la dictadura esquivaron citación de la justicia en caso Aldo Perrini

Los médicos que controlaban el estado físico de las víctimas para poder continuar aplicándoles tortura en el Batallón de Colonia durante la dictadura militar, no concurrieron hoy a la citación de la justicia y podrían ser conducidos por la policía.

Así pudo saber EL ECO en la mañana de hoy. Se trata de los médicos Eduardo Solano y Eugenio Visca, que actuaron a las órdenes del batallón de Infantería de Colonia cuya regional estaba a cargo de Boscan Hountou y la conducción específica del batallón del sub jefe Washington Perdomo.

Según se supo, los médicos apelaron al truco de dar un numero de domicilio falso para argumentar ante la justicia que no recibieron la citación del juzgado. La medida podría derivar en la conducción por la fuerza pública de los médicos que fueron responsables de controlar el estado de salud de los detenidos para que los militares pudieran seguir aplicándoles sus métodos de tortura

Específicamente el Dr. Eduardo Solano se encontraba de guardia y fue el que certificó la muerte de Perrini el 4 de marzo de 1974. La versión del médico indica que Perrini murió en viaje al Hospital Militar luego de desvanecerse en el interrogatorio al que fue sometido por el hoy General Pedro Barneix, el capitán José Baudean y el Tte. José Puigvert.

La versión de los compañeros de infortunio de Perrini, y el testimonio exclusivo dado a conocer por EL ECO por un soldado que cumplió tareas en ese batallón, señalan que Perrini falleció como consecuencia del ensañamiento aplicado en su tortura, por su reacción en defensa de una compañera detenida.

Solano y Visca, el primero vive actualmente en Montevideo y el otro en Maldonado, podrían ser ubicados por la policía y conducidos al juzgado en los próximos días, ante la jueza Mariana Mota.


Médicos militares eluden la justicia por el Caso Aldo Perrini


¿El truco? Dar direcciones falsas para esquivar las citaciones. La jueza Mariana Motta analiza llevarlos a declarar por la fuerza.

Otorgando direcciones falsas, los médicos militares Eduardo Solano y Eugenio Visca lograron burlar la citación de la jueza penal Mariana Motta para indagarlos sobre la muerte del militante coloniense Aldo Perrini, torturado en el Batallón 4 de Colonia en 1974.
Ambos no se hicieron presentes en el juzgado alegando no haber sido citados, informa hoy el diario El Eco de Carmelo.
Solani y Visca actuaban bajo las órdenes de Boscan Hountou y del sub jefe Washington Perdomo.
El hecho podría derivar en la conducción por la fuerza pública de los médicos que fueron responsables de controlar el estado de salud de los detenidos en ese establecimiento.
Solano reside en Montevideo y Visca en Maldonado, de acuerdo a versiones judiciales.
El Dr. Eduardo Solano se encontraba de guardia y fue el que certificó la muerte de Perrini el 4 de marzo de 1974.
La versión del médico indica que Perrini murió en viaje al Hospital Militar luego de desvanecerse en el interrogatorio al que fue sometido por el hoy General Pedro Barneix, el capitán José Baudean y el Tte. José Puigvert.
Según testigos de la causa, otros detenidos por las Fuerzas Conjuntas y un soldado que cumplió tareas en el Batallón 4,  Perrini falleció como consecuencia del ensañamiento aplicado en la tortura.
Perrini habría salido en defensa de una compañera detenida, según se informó.
El Caso Perrini es uno de las investigaciones que se encuentra abierta en la justicia penal en materia de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Perrini, que tenía una heladería en Carmelo, fue apresado junto a militantes  del Frente Amplio. Si bien simpatizaba con la coalición de izquierda, no tenia militancia activa.
Mañana, en Carmelo, se presentará un documental sobre su vida.
Uno de los puntos relevantes de la causa es la indagatoria al General Pedro Barneix, quien en 1974 era un joven oficial en el Batallón 4.
En 2005 Barneix -uno de los interrogadores de Perrini- fue designado por Tabaré Vázquez para buscar datos de detenidos desaparecidos durante la dictadura. Su eventual procesamiento lo convertiría en el  segundo oficial de alto rango con responsabilidades en el gobierno del Frente Amplio que resultara procesado por violaciones a los derechos humanos.
El primero fue el ex jefe de la División IV del Ejército, Miguel Dalmao, procesado por el asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray en 1974. En su momento, las Fuerzas Conjuntas quisieron hacer pasar el caso como un suicidio.
Posted: 06 Mar 2012 12:08 PM PST
Por la muerte del maestro Julio Castro
El juez en lo penal de 1º turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, procesó con prisión al policía retirado Juan Ricardo Zabala, quien secuestró al maestro Julio Castro el 1º de agosto de 1977, como "cómplice de homicidio especialmente agravado". El magistrado no dio lugar al procesamiento de José Nino Gavazzo, pedido por la fiscal Mirtha Guianze.
La investigación judicial continuará ahora para conocer los hechos ocurridos en el Batallón 14 donde fueron encontrados los restos de Julio Castro el pasado 21 de octubre.
El juez de 1º turno Juan Carlos Fernández Lecchini procesó con prisión al policía Juan Ricardo Zabala, quien admitió ante la sede judicial haber secuestrado al maestro Julio Castro en la mañana del 1º de agosto de 1977. Zabala fue procesado con prisión como "cómplice de homicidio especialmente agravado".
El magistrado decidió no hacer lugar al pedido de procesamiento con prisión para el coronel retirado José Nino Gavazzo, quien en ese momento se encontraba en el Servicio de Información y Defensa, responsable del operativo.
Según las declaraciones realizadas ante la Justicia, Gavazzo el responsable del SID en ese momento era Juan Antonio Rodríguez Buratti, quien se suicidó en setiembre de 2006 cuando la policía fue a detenerlo.
El policía Juan Ricardo Zabala nació el 18 de diciembre de 1949, fue ayudante de la Brigada de Investigaciones de Narcóticos y en 1977 se integró al Servicio de Información y Defensa. En sus declaraciones, Zabala admitió haber secuestrado a Julio Castro el 1º de agosto en la esquina de Llambí y Rivera y haberlo trasladado hasta el centro de torturas conocido como la Casona de Millán, señalando que lo hizo bajo las órdenes de Rodríguez Buratti.
El periodista brasileño Flavio Tavares-que estuvo detenido en la Casona de Millán, vino a declarar a nuestro país en junio de 2011, y señaló que escuchó los quejidos de un hombre mayor a quienes los militares llamaban “el veterano”.
Según declaró los militares le preguntaban a Castro si era familiar de Fidel Castro y se burlaban del estado en el que se encontraba. El maestro Julio Castro tenía 68 años cuando fue detenido, presuntamente por su vinculación con un grupo de personas con las que sacaba información fuera del país y ayudaba a la salida de los uruguayos perseguidos por la dictadura a través de la Embajada de México.
El caso Julio Castro en la Justicia
La primera denuncia penal del caso fue presentada el 28 de junio de 1985, ante el entonces juez de 1º turno, Jorge Ruibal Pino quien pidió al Poder Ejecutivo un pronunciamiento sobre si el caso estaba o no bajo el amparo de la Ley de Caducidad, tal como indica el artículo 3º de esa ley. El 5 de setiembre de 1989 el presidente Julio María Sanguinetti consideró que la causa estaba comprendida en la Ley y la investigación judicial no pudo continuar.
Si bien la causa quedó congelada, en el correr de los años siguieron llegando elementos de investigación que aportaban al caso, incluyendo testimonios de personas que participaron directamente en el secuestro del maestro Julio Castro, o de quienes fueron detenidos en el mismo centro de torturas, como es el caso del periodista brasileño Flavio Taváres, que dio su testimonio para el semanario Brecha en octubre de 1985.
Además, las investigaciones sobre detenidos desaparecidos realizadas en los últimos años, fueron considerados nuevos elementos, por lo que la familia Castro y el movimiento de Educadores por la paz, pidieron la reapertura de la causa al Poder Ejecutivo el 29 de julio de 2010.
El presidente José Mujica quitó el caso del amparo de la ley de Caducidad en agosto de ese mismo año dando lugar a una serie de testimonios que permitieron el avance de la causa.
El 21 de octubre de 2011 fueron encontrados en la trinchera Nº 208, los restos óseos de Julio Castro. Junto a su identificación, que se concretó el pasado 2 de diciembre, se constató que había muerto como consecuencia de un disparo en la cabeza y no durante la tortura, tal como se había manifestado hasta el momento, en las anteriores investigaciones realizadas por el Estado.
Si bien el hallazgo de los restos dio un giro a la investigación judicial, -que ahora buscará responsabilidades en las autoridades del Batallón 14, donde fueron encontrados los restos- el posible procesamiento responde a las investigaciones y los testimonios obtenidos antes del hallazgo.
En la causa declararon los militares José Nino Gavazzo, José Baudean, Omar Lacasa y Alberto Gómez, mientras que Gregorio Álvarez lo hizo en calidad de testigo. En sus declaraciones Álvarez dijo desconocer la actividad del SID en 1977, dado que se encontraba en la División IV del Ejército.
La esposa de Julio Castro, Zaira Gamundi, le escribió una carta a Gregorio Álvarez pidiéndole datos sobre la desaparición de su esposo, el 27 de setiembre de 1977: "Es mi desesperación de esposa, que desde el 1º de agosto nada sé de mi marido, lo que me lleva a pedirle, con todo respeto, me conceda una entrevista. Hace hoy 57 días de la desaparición de mi esposo, sin que se me comunique nada y sin que se responda a mis reiteradas gestiones ante las autoridades correspondientes”.
Ante la carta, la dictadura respondió con una “investigación” en la que se concluyó que el maestro Julio Castro había viajado en el vuelo 159 de Pluna el 28 de setiembre de 1977, con destino a Buenos Aires.

Montevideo Portal

06.03.2012
Juan Ricardo Zabala a la cárcel por el asesinato de Julio Castro

http://youtu.be/R-IgqIpC6gc

El ex policía fue procesado con prisión como cómplice de un delito de homicidio especialmente agravado, en el caso que investiga la muerte del maestro Julio Castro asesinado en 1977.Guianze había pedido el procesamiento de Zabala, el juez Lechini coincidió y lo procesó.

La fiscal también pidió el procesamiento de Nino Gavazzo por estar al frente del servicio de inteligencia pero el juez no hizo caso a esto.Teledoce



 Lea la sentencia completa aquí

Posted: 06 Mar 2012 06:46 AM PST
 ANTE EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE CANDIDATURAS AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO


Las organizaciones y redes sociales vinculadas a la promoción, educación, defensa y protección de los derechos humanos queremos manifestar:


1) Exigimos que el proceso de análisis de postulaciones y selección de candidatos y candidatas a integrar  la nómina a ser considerada por la Asamblea General, esté pautado por la transparencia, la publicidad y la más amplia participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en general.


2) En ese sentido, enfatizamos  se de cumplimiento a los principios del derecho a la información y a la participación de los ciudadanos y ciudadanas lo cual implica:


  1. publicar oportunamente la lista de todos y todas los/as postulantes así como las organizaciones sociales que presentan las candidaturas;  

  1. dar la máxima publicidad y con la debida antelación a los criterios que utilice la Comisión Especial para analizar y calificar los méritos de los/as postulantes  a los efectos de seleccionar la lista de candidatos/as que reúnen las condiciones para pasar a la etapa de entrevista; 

  1. publicar oportunamente los currículums de las personas preseleccionadas y abrir un espacio de consulta pública para que la ciudadanía pueda opinar e informar sobre cada uno/a de los/as candidatos/as preseleccionados/as.

3) Enfatizamos que durante el proceso de análisis de candidaturas es un elemento central considerar los siguientes aspectos  de los/as candidatos/as:


  1. identificación con la filosofía, los valores y las normas del Derecho Internacional de los derechos humanos; 

  1. trayectoria probada en el campo de los derechos humanos;

  1. probado conocimiento en las distintas áreas de los derechos humanos;

  1. independencia de actuación frente a los partidos políticos, autoridades  gubernamentales y el Estado.

  1. apertura, antecedentes de trabajo y articulación con las organizaciones sociales.

4) Luego de tantos años de lucha para que el Estado reconociera las violaciones y omisiones hacia los derechos humanos y las dilaciones para dar cumplimiento a sus obligaciones de repararlas, así como la carencia de políticas públicas en la materia, la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene un alto valor simbólico y debe estar al margen de cualquier criterio de cuotificación política. Sería lamentable que la Institución que debe vigilar el cumplimiento de los derechos, naciera viciada de ilegitimidad.


5) Consideramos que la elección de la Consejo Directivo debe estar acompañada de una implementación adecuada en los niveles técnicos y presupuestales para que la Institución Nacional de Derechos Humanos pueda cumplir sus fines de manera eficaz.


Por todo lo expuesto, las organizaciones firmantes además de presentar los y las candidatos/as que reúnan el perfil adecuado, desarrollaremos un seguimiento y monitoreo  tanto del proceso de selección de la Comisión Directiva como de la implementación de la Institución Nacional y su actuación.



  • Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

    Hijos Uruguay

    Asociación de Ex Pres@s Politíc@s de Uruguay - CRYSOL

    Servicio Paz y Justicia Uruguay - SERPAJ Uruguay

    PIT CNT

    Movimiento de Educadores por la Paz

    Fundación Mario Benedetti

    Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay – IELSUR

    Asociación de Amigas/os del MUME

    Comité de los Derechos de Niño

    Observatorio de Políticas Públicas del Mercosur

    Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana – SEDHU

    Comité de A. Latina y Caribe para la defensa de los derechos de la Mujer - Cladem

    Cotidiano Mujer

    Colectivo Ovejas Negras

    Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública- CAinfo

    Asociación de la Prensa Uruguaya - APU

    Coalición Comunicación Democrática

    Mesa Permanente contra la Impunidad

    Casa Bertolt Brecht

Ver además:

 Mirtha Guianze: La candidata del pueblo

Contribuyentes