Investigación en Paraguay
EL PAPEL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA CAIDA DE LUGO
En vísperas del juicio político que lo destituyó de la Presidencia del
Paraguay el 22 de junio de 2012, Fernando Lugo se reunió con el
embajador norteamericano James Thessin en la capital, Asunción. La
reunión estaba programada desde mucho antes, bien antes de la matanza de
Curuguaty – una operación policial de desalojo en
la región de Curuguaty que dejó 17 muertos el 15 de junio de 2012 y fue
utilizada como argumento por el Congreso para deponer a Lugo una semana
después.
Según el protocolo, Thessin invitó a Lugo a la
recepción del 4 de julio, fecha de la independencia norteamericana, que
se realizaría en la embajada, una manzana entera en el centro de la
capital. “¿Pero usted me está invitando para ir como presidente o como
ciudadano?”, preguntó Lugo. “Como presidente, claro”, lo tranquilizó
Thessin.
Lugo ya no era presidente de Paraguay el 4 de julio y
no asistió a la ceremonia, en la que se ejecutaron los dos himnos
nacionales, hubo refrescos y canapés. La fecha marcaba el fin de una
semana de duro trabajo después de la deposición del ex obispo y la
ascensión de su vice, el liberal Federico Franco, al poder. Un trabajo
que involucró no sólo a los diplomáticos norteamericanos y que fue
realizado en silencio –los Estados Unidos se pronunciaron sobre Paraguay
veinte días después del juicio político.
El día anterior a la
fiesta, el 3 de julio, una misión de la Organización de Estados
Americanos (OEA) liderada por su secretario general, José Miguel
Insulza, había dejado el país. Durante tres días, el grupo se había
reunido con representantes de todos los partidos políticos, de la
Iglesia, de la Corte Suprema, con empresarios, periodistas, dueños de
medios de comunicación, líderes indígenas y con el actual presidente,
Federico Franco, y su canciller; y hasta con el propio Lugo.
Insulza llevó a representantes “de varios grupos geográficos” para
integrar la misión, según lo describió en su relatoría. Ninguno, sin
embargo, de América del Sur. El grupo que viajó a Paraguay para indagar
sobre la crisis estaba compuesto por la embajadora de los Estados Unidos
en la OEA, Carmen Lomellin; por el embajador de Canadá, Allan Culham;
de Haiti, Duly Brutus; de Honduras, Leónidas Rosa Bautista; y de México,
Joel Hernández.
La misión de la OEA tomó la posición contraria
a la del Mercosur y de Unasur, que suspendieron a Paraguay por
considerar que el juicio político representaba una ruptura en el joven
proceso democrático paraguayo por el tiempo exiguo concedido a la
defensa del presidente –menos de 17 horas. Insulza defendió la
legitimidad del proceso relámpago, que estaría avalado por la
Constitución paraguaya, y minimizó las críticas de las organizaciones
regionales: “Es natural que la situación que ocurrió en Paraguay haya
generado reacciones negativas”, escribió en su relatoría, “pero eso no
es exactamente una novedad en el hemisferio”. También sugirió que la OEA
debería aumentar su presencia en el país hasta las elecciones
presidenciales, programadas para abril de 2013. “En 10 meses Paraguay va
haber elegido autoridades con total legitimidad democrática”, concluyó.
Al día siguiente de la publicación del informe de la OEA, el gobierno
de Barack Obama declaró su apoyo a Federico Franco. “No existen razones
para que Paraguay sea suspendido en la OEA”, afirmó la secretaria
adjunta de Estado para las Américas, Roberta Jacobson, en una
conferencia de prensa. “Lo que realmente queremos es enfocarnos en el
futuro”, dijo. “Veo Paraguay como una forma de unirnos en la región para
apoyar la democracia paraguaya y no como un tema que exacerbe las
divisiones”.
“¿Entonces no fue un golpe de Estado?”, preguntó
un periodista. “No voy a responder a esa pregunta”, retrucó, irritada,
la secretaria.
Las sanciones del Mercosur y de Unasur también
fueron rechazadas por la Cámara de Comercio Paraguayo-Americano Pamcham,
entidad que reúne a empresarios norteamericanos y paraguayos alineados
con la política exterior de los EUA. Antes incluso de la posición
oficial norteamericana, la Pamcham calificó como “inaceptable” la
suspensión de la membresía del país en esos organismos. El presidente
honorario de la PamCham es el propio embajador James Thessin.
Lugo no estaba equivocado al preguntar al embajador norteamericano sobre
su futuro cuando lo invitó para la fiesta del 4 de julio. Al fin de
cuentas, el apoyo de los EUA es fundamental para el futuro de cualquier
gobierno en ese país. Las reticencias de los norteamericanos respecto de
su presidencia fueron bien descriptas por la antecesora de Thessin en
la embajada, Liliana Ayalde, quien escribió en un telegrama que envió el
7 de diciembre de 2009 y fue filtrado por Wikileaks: “Hemos sido
cuidadosos en expresar nuestro apoyo público a las instituciones
democráticas de Paraguay –y no a Lugo personalmente”.
Ayalde,
hoy al frente de la sección Caribe, América Central y Cuba del
Departamento de Estado, fue aún más clara al afirmar que había advertido
al ex obispo sobre los “beneficios” de mantener una relación cercana
con los EUA, “sin permitir que utilice el apoyo de la embajada como
salvavidas”.
La influencia norteamericana en Paraguay no es
sólo un asunto diplomático. A través de donaciones administradas por
USAID de más de 100 millones de dólares (en cinco años) a empresas, ONGs
y órganos gubernamentales dificilísimos de monitorear, los
norteamericanos se garantizaron su proximidad a diversas esferas de
poder en Paraguay: “Actores políticos de todos los espectros nos buscan
para oír consejos”, resumió la ex embajadora Ayala en la misma relatoría
confidencial. “Y nuestra influencia aquí es mucho mayor que nuestro
rastro”, indicó.
El entrenamiento de las fuerzas de seguridad
paraguayas figura entre los principales programas financiados por USAID.
Entre 2005 y 2010, casi mil militares y policías –en su mayoría en
2009, año siguiente a la asunción de Lugo—fueron entrenados así y de
este programa salieron algunos comandantes de las Fuerzas Armadas
nombrados por Franco cuando asumió el poder.
La Policía
Nacional fue la responsable por la operación que resultó en la matanza
de Curuguaty. El Ministerio Público, que se basó exclusivamente en
testimonios de los policías para atribuir a los campesinos la culpa por
la masacre, y la Corte Suprema, que negó dos recursos promovidos por la
defensa de Lugo, también fueron beneficiados por programas de USAID.
Uno de los más influyentes defensores de los intereses norteamericanos
en Paraguay es Michael Eschleman, un cincuentón norteamericano con una
larga historia en el país y que dirige el Programa de Democracia de
USAID. En 1985, todavía bajo la dictadura del general Alfredo
Stroessner, Eschleman era voluntario del Cuerpo de Paz (Peace Corps),
una agencia gubernamental que lleva jóvenes voluntarios del primer mundo
a los países pobres y que ya fue acusada de infiltrar espías. Eschleman
llegó a gerente de entrenamiento y director de Peace Corps antes de
asumir la dirección de las iniciativas en pro de la democracia en
Paraguay. El programa más importante de su gestión es Threshold –Umbral,
en español–, que recibió más de 60 millones de dólares en los últimos
cinco años.
Documentos obtenidos por Agencia Pública a través
de la Ley de Acceso a la Información de los Estados Unidos revelan que,
antes incluso de la votación del juicio político, el encargado de USAID
de velar por la democracia paraguaya ya planeaba sus pasos con el nuevo
gobierno: “Comencé a tener reuniones internas para evaluar, y trazar una
estrategia sobre la mejor manera de mantener la marcha de los programas
con el nuevo gobierno”, explicó Eschleman en un email a las 17.20 del
fatídico 22 de junio dirigido a la conducción de Millenium Challenge
Corporation (MCC), agencia de financiamiento ligada al Congreso
norteamericano. Tras observar que “a las seis horas, Franco ya debe ser
presidente”, Eschleman escribió: “Probablemente va a llevar algunos días
saber quiénes serán los nuevos ministros y cómo podemos abordar a los
nuevos líderes para garantizar no sólo la estabilidad de los programas,
sino la capacidad para avanzar”. Con todo, resaltó, el cambio de
gobierno significaba “buenas noticias” para USAID: “Franco y su equipo
conocen muy bien el programa Umbral porque trabajaron cerca de nosotros
en los últimos años”.
Dos horas después, el director de USAID
envió otro email en que contaba que, tras el discurso de asunción, el
nuevo presidente nombró a los nuevos ministros. Más “buenas noticias”:
“Tanto el ministro del Interior (Carmelo Caballero) como el nuevo Jefe
de Policía (Aldo Pastore) trabajaron con nosotros en el programa Umbral,
y son personas que llamaríamos aliados”. Luego, respecto del ministro
de Finanzas Manuel Ferreira Brusquetti, y el jefe de Gabinete de Franco,
Martín Burt, celebró: “Conocen y respetan a USAID, y trabajaron con
nosotros en el pasado”.
En otro email enviado el 9 de julio,
Eschleman explicó el silencio de la misión norteamericana durante las
primeras semanas posteriores a la destitución: por causa del “proceso de
juicio político, del cambio de administración y de la atención
internacional prestada a los eventos locales, USAID ha mantenido un low
profile (bajo perfil)”, escribió. Y agregó: “La embajada está esperando
la relatoría de la delegación de la OEA al Consejo Permanente. Hasta
entonces, los funcionarios de USAID no participan en reuniones o eventos
públicos con miembros del gobierno”.
Pero, por parte de MCC,
el recelo de que hubiese algún giro político ya se había disipado. Fue
así que la directora de MCC escribió a Eschleman el 5 de julho: “¿Ya se
asentó un poco la polvareda? Hablamos sobre Paraguay aquí y concluimos
que hay acciones a ser tomadas en relación con preocupaciones de
elegibilidad”.
El día 22 de marzo de 2012, en una ceremonia en
el Palacio Nacional, otro director del programa Umbral, el
norteamericano Matthew Langhenry, recibió una medalla al mérito de la
Policía Nacional paraguaya de manos de su comandante, Paulino Rojas, que
durante un año y medio trabajó cerca de USAID en el programa Umbral.
Rojas, entrenado por el FBI en un curso en Virginia en 1998, colocó con
cuidado la medalla en el pecho de su colega norteamericano. “Donamos más
de US$ 2 millones en equipamiento a la Policía, pero lo más importante
es que juntos reformamos la currícula de la academia policial, juntos
reformamos la escuela de suboficiales”, proclamó Langhenry, sudando de
calor.
“Juntos escribimos el primer manual de uso de fuerza por la Policía Nacional en Paraguay”, concluyó con cargado acento.
Tres meses después, Paulino Rojas daría la orden de desalojo que llevó a
la matanza de Curuguaty –y a la deposición de Lugo. Fue una
desocupación polémica, por decir lo menos, pues el terreno ocupado por
los sin tierra no tenía título válido de propiedad, lo que motivó que el
Instituto de Tierras de Paraguay pidiera incluso la suspensión del
desalojo.
Hasta dentro de la Policía nacional, muchos querían
aplazar la acción por temor a un conflicto –incluyendo al jefe policial
de la región, Ariovaldo Sanauria, subalterno directo de Rojas, que
insistió en que se postergara. “El jefe de Operaciones Especiales,
comisario Erven Lovera, abatido, pedía a gritos a sus superiores que esa
operación no se realizara”, contó a la prensa otro oficial, el
comisario principal Carlos Núñez Agüero. Lovera fue el primer policía
muerto en el conflicto. Era hermano del jefe de seguridad personal del
entonces presidente Fernando Lugo. Ninguno de esos temores fueron
informados al ministro del Interior de Lugo, Carlos Filizolla, por el
comandante Paulino Rojas, según el propio ex-ministro.
El hecho
es que en las primeras horas del 15 de junio 324 oficiales rodearon a
70 campesinos –el tamaño desproporcional de la fuerza tampoco fue
informado al ministro del Interior. La operación policial estuvo marcada
por la violencia y los abusos,según la investigación de la organización
Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC).
Seis policías y once campesinos murieron. Decenas de trabajadores
rurales fueron detenidos apenas por estar en el lugar y existen relatos
de torturas, falsas ejecuciones y señales de alteración de la escena del
crimen (el relato completo, aquí).
Entre los policías del
Grupo de Operaciones Especiales (GEO) que encabezaron la desocupación
del terreno, por lo menos dos fueron entrenados por los Estados Unidos:
en marzo de 2009, César Horacio Medina y Nelson Darío Zaracho Ocampos
participaron en un entrenamiento del programa de Asistencia al
Antiterrorismo del Departamento de Estado norteamericano en Asunción,
según documentos filtrados por Wikileaks.
Umbral es el corazón
de la estrategia norteamericana para Paraguay. Un estudio realizado por
el instituto paraguayo Base-IS demostró que el volumen de recursos
destinados a Umbral sólo es comparable con la primera década de la
dictadura de Alfredo Stroessner –que duró 35 años y recibió el apoyo
decisivo del gobierno de los Estados Unidos, así como las otras
dictaduras de la región.
Financiado por la Corporación del
Desafío del Milenio (MCC, en inglés) y lanzado en 2006, el programa es
una suerte de “ayuda preliminar” a países pobres para mejorar sus
índices de “transparencia”, “justicia” y “libertad económica” antes de
acceder a la gran torta de la MCC: los programas Compactos, con sumas
que van de los 100 millones a los 700 millones de dólares. Proyectos
desarrollados con el Ministerio Público, la Controladuría General, la
Corte Suprema, el Congreso, la Reserva Federal y el Ministerio de
Finanzas, Industria y Comercio recibieron 34,6 millones de dólares hasta
2009.
Los resultados, sin embargo, fueron un fiasco, de
acuerdo con una auditoría de la propia USAID, que elaboró un documento
en el que mostraba que muchos objetivos no fueron alcanzados y que el
gobierno de Nicanor Duarte Frutos no estaba muy interesado en
perseguirlos. Un laboratorio forense financiado por los Estados Unidos
permaneció sin uso durante dos años; un programa para aumentar la
transparencia y el monitoreo de las actividades del Congreso fue
abandonado “por falta de voluntad política”; la inversión en actividades
aduaneras se restringió a la capital, Asunción, mientras el contrabando
continuaba a todo vapor en la frontera; diez de los doce barcos donados
para patrullaje fronterizo quedaron fuera de operaciones; un nuevo
sistema de documentos de identidad y pasaportes, implementado y
financiado por USAID, terminó generando polémica con la acusación de
haber favorecido a una empresa norteamericana en el proceso de
licitación.
Aún así, el gobierno de los Estados Unidos firmó un
nuevo contrato de asistencia con Paraguay por valor de 34 millones de
dólares en 2009, ya bajo el gobierno de Fernando Lugo. En la ceremonia
de lanzamiento de Umbral 2, la entonces embajadora Liliana Ayalde no
dudó en declarar a la prensa que todas las metas y objetivos de la
primera fase se habían cumplido y que la segunda fase buscaba “afianzar
la democracia y consolidar las instituciones del Estado paraguayo”.
En la división de recursos de Umbral 2, la Policía Nacional recibió la
mayor cantidad US$ 9,4 millones, seguida por el Ministerio Público: 5,5
millones de dólares, amén de los 6,2 millones de dólares que había
recibido en la primera fase del programa. La Corte Suprema recibió 5
millones de dólares en ambas fases.
Fue ese mismo Ministerio
Público que, en la persona del fiscal Jalil Rachid, sin escuchar a
ningún campesino, concluyó que estos eran responsables de la masacre y
encarceló a catorce personas sin tierra y emitió orden de arresto contra
otras 54 –algunas de las cuales ni siquiera estaban presentes durante
la evacuación. La conclusión de Rachid fue respaldada por el Fiscal
General del Estado, Javier Díaz Verón. En septiembre (de 2012), Verón
también se pronunció con una recomendación a la Corte Suprema para que
negase el segundo pedido de inconstitucionalidad planteado por los
abogados de Lugo a raíz del exiguo tiempo concedido a su defensa durante
el juicio político. La Corte Suprema rechazó el recurso.
Al
hacerlo, el 20 de septiembre, el presidente de la Corte y relator del
proceso, Víctor Núñez, hizo una evaluación casi surrealista: “Como se
trata de un procedimiento que técnicamente no es jurisdiccional, las
garantías propias del proceso judicial, aun cuando puedan ser
aplicables, no lo son de manera absoluta, sino parcial, con el objetivo
de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del acusado”.
Los abogados de Lugo tuvieron 17 horas, incluida la madrugada, para
preparar su defensa y apenas dos horas para defenderlo en el Congreso.
Seis meses antes, Núñez y los demás miembros de la Corte Suprema se
habían reunido con el director de USAID para América Latina y el Caribe,
Mark Feierstein, para hablar sobre el programa Umbral. Feierstein
afirmó al final del encuentro: “Estamos trabajando con la Corte Suprema
contra la corrupción y para que el sistema judicial sea más efectivo y
más eficiente para el pueblo paraguayo”.
“Reconocemos el éxito alcanzado, es un ejemplo para otros países”.
No era eso, para nada, lo que decía la embajadora Liliana Ayalde en los
despachos enviados en 2009 al Departamento de Estado. En la misma época
en que destinaba 2,5 millones de dólares a la Corte en el programa
Umbral, en un despacho diplomático Ayalde afirmaba que la Corte, “amplia
y acertadamente”, era considerada corrupta, más enfocada “en intereses
políticos y personales que en cuestiones legales”. Y escribió: “La
interferencia política es la norma; la administración de justicia se
volvió tan distorsionada que los ciudadanos perdieron la confianza en la
institución”.
“El control político de la Corte Suprema es
crucial para garantizar la impunidad de los crímenes cometidos por
políticos hábiles. Tener amigos en la Corte Suprema es oro puro”,
escribió en su despacho del 25 de agosto de 2009. “La presidencia y
vicepresidencia de la Corte son fundamentales para garantizar el control
político, y los Colorados (oposición a Lugo) controlan esos cargos
desde 2004. En los últimos cinco años también pasaron a controlar la
Cámara Constitucional de la Corte”.
Tres años antes del juicio
político a Lugo, escribió: “Esta cámara es famosa por tomar decisiones
controversiales y arbitrarias. (….) Para los aliados de Lugo, obtener
control de la cámara es fundamental para prevenir un posible
impeachment”.
Pero no era Lugo quien detentaba el control de la
Corte, como demostraron los hechos. Un mes después de emitir su voto
respaldando la destitución, el presidente de la Corte, Víctor Núñez,
participó en la primera comitiva internacional del nuevo presidente
Federico Franco –que se dirigió a la Asamblea General de la ONU, en
Nueva York.
Fue la estrella de Franco en la escena
internacional, donde participó, junto con todos los jefes de Estado, de
una comida oficial organizada por el anfitrión, Barack Obama, en el
pomposo hotel Waldorf Astoria. Franco tuvo la oportunidad de sacarse una
foto con el mandatario norteamericano, junto con su esposa y la primera
dama Michelle Obama, elegantemente vestidos para la gala nocturna.
Desde entonces –pasaron ya cuatro meses–, esa foto ilustra
orgullosamente la apertura del sitio oficial de la Presidencia de
Paraguay.
Presente hace cincuenta años en Paraguay, USAID fue
siempre un brazo fuerte de la política norteamericana en el país. Un
estudio detallado sobre su actuación, realizado por el Instituto Base
Investigaciones Sociales (Base-IS), revela que la presencia de USAID
creció progresivamente en el país a partir de 2008, cuando Lugo fue
elegido. “En términos de fondos, hubo un aumento importante en la
asistencia norteamericana a Paraguay: de US$ 17,25 millones en 2007 a
US$ 36,2 millones en 2010”, indica el estudio (c liquee aquí para
leerlo).
El foco de la asistencia de los Estados Unidos son los
programas de “democracia”, que inciden directamente sobre la
administración pública; USAID es responsable por el financiamiento del
32,3 por ciento de este tipo de proyectos, pero queda bien atrás de
otros países en términos de asistencia a la salud, por ejemplo.
Además, los fondos de asistencia distribuidos a una infinidad de ONGs y
de organismos gubernamentales son difíciles de monitorear, como
descubrirían los investigadores de Base-IS.“És difícil cerrar los
n{umeros porque los fondos vienen de diferentes fuentes y para actores
diversos, algunos de ellos directamente al gobierno o canalizados por
ONGs internacionales”, explicó Marielle Palau, que coordinó el estudio.
El cuadro se complica con la tendencia a la privatización de la
asistencia internacional. Desde 2000, los recursos de USAID traspasados
directamente a empresas privadas norteamericanas a título de
consultorías viene creciendo y son ellas las que, en la práctica,
comandan la distribución del dinero en cada país. Solamente en 2010,
cuarenta empresas facturaron más de 6.700 millones de dólares en
contratos con USAID –una enorme tajada de los recursos de la agencia
para ese año.
La semejanza con la privatización de la seguridad
militar norteamericana no es mera coincidencia. Así como las empresas
privadas de seguridad presentes en Irak y Afganistán, las contratadas
por USAID “tercerizan” la asistencia internacional, gerenciando de
manera discreta la transferencia de los recursos norteamericanos. Poco
conocidas, sin vínculos fuertes en los países en que actúan, contribuyen
a tornar aún menos transparentes los programas de USAID.
La
mitad del dinero del Programa Umbral en Paraguay –30 millones de
dólares– fue traspasada a la empresa Casals & Associates. Pero los
ministros de Lugo cuyas carteras trabajaban con Umbral –Interior, Salud,
Relaciones Internacionales—dijeron a Pública que no tenían mucho
conocimiento sobre la actuación de Casals. Tampoco el propio Lugo.
Fundada en 1986 por Beatriz Casals, una cubana con lazos en la
comunidad disidente de Miami, Florida, la empresa Casals tiene más de
300 empleados y sus contratos con el gobierno norteamericanos alcanzaron
los 3.000 millones de dólares. Beatriz fue presidente de la Asociación
para el Estudio de la Economía Cubana de la Universidad de Texas y es
actualmente directora del Centro para una Cuba Libre, una organización
de lobby anti-Fidel en Washington. Entre los clientes de Casals figuran
el Departamento de Defesa, principalmente el ejército y la marina, el
Departamento Homeland Security (Seguridad Interna), la agencia
antidrogas (DEA), el Bureau for International Narcotics and Law
Enforcement Affairs (INL) del Departamento de Estado, y la TV y Radio
Martí, que transmiten propaganda anticomunista para la población cubana
desde Miami.
En 2010, la compañía fue adquirida por la
gigantesca contratista militar Dyncorp –presente en todas las guerras
entabladas por los Estados Unidos, incluyendo el combate contra las FARC
en Colombia– y pasó definitivamente a la esfera de influencia de los
militares. Más del 65 por ciento de los funcionarios de Dyncorp son
militares veteranos. El CEO de la empresa, William L. Ballhaus, declaró
respecto de la compra de Casals: “La adquisición nos ayudará a lograr la
meta de crear valor a través del crecimiento continuo y la
diversificación en los negocios, y se alinea con el énfasis de la
administración Obama en la aplicación del ‘poder inteligente’ (smart
power) ante los desafíos globales”.
Según el sitio web de la
empresa, Casals mantiene oficinas en lugares tan distintos como Armenia,
El Salvador, México y Uganda, siempre unidas a contratos de USAID.
Desde 2008 tiene un contrato por valor de 1.500 millones de dólares con
la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI) de la agencia, para
“apoyar los objetivos de la política externa norteamericana ayudando a
socios locales a avanzar en la paz y la democracia en países
prioritarios, en crisis”. El sitio web destaca: “Los dispositivos del
contrato permiten que OTI establezca rápidamente oficinas, contrate
funcionarios y desembolse pequeñas donaciones a grupos locales para
resolver necesidades de transición y estabilización”.
OTI está
involucrada en diversas iniciativas polémicas en América del Sur. En
Bolivia, a través de Casals, distribuyó 13.300 millones de dólares a
ONGs que trabajaban en proyectos de “descentralización” y “autonomías
regionales”, fortaleciendo a los gobiernos estaduales que se oponían al
gobierno de Evo Morales. En Venezuela, a través de Development
Alternatives Inc., otra contratista, OTI transfirió 95,7 millones de
dólares entre 2002 y 2010, distribuidos a la oposición a Chávez a través
de pequeñas donaciones. La misma empresa envió a Cuba a su funcionario
Alan Gross, que fue detenido por distribuir celulares y equipamientos
con comunicaciones por satélite a la disidencia cubana. Por estos
episodios, los países que forman la Alianza Bolivariana para las
Américas (ALBA) – Bolivia, Cuba, Ecuador, Dominicana, Nicaragua y
Venezuela - emitieron un comunicado el 22 de junio de 2012, día de la
deposición de Lugo, invitando a Usaid a retirarse de sus países por la
“injerencia abierta” al financiar grupos y proyectos “dirigidos a
desestabilizar a los legítimos gobiernos que no son afines a los
intereses de los Estados Unidos”.
Generalmente discreta, la
actuación de la Casals llegó a titulares de la prensa paraguaya en abril
de 2009, cuando el diario ABC Color obtuvo copias de documentos que
mostraban divergencias respecto de la licitación para implantar un
sistema nacional de emisión de cédulas de identidad y pasaportes.
Responsable por la licitación de la empresa que desarrollaría el sistema
–y que pasaría a tener todos los datos de la población paraguaya–, la
Casal descartó a todas las competidoras paraguayas y escogió a la
norteamericana, L-1 Identity Solutions, la única con los diez años de
experiencia constantes exigidos en la licitación.
A pedido del
gobierno paraguayo, USAID efectuó entonces una auditoría para verificar
si hubo favorecimiento respecto de la empresa norteamericana. La
auditoría llegó a una inusitada conclusión: no sólo USAID no había
violado ningúna ley –pues la licitación era regida por leyes
norteamericanas y no paraguayas–, sino que seis funcionarios del
gobierno paraguayo fueron acusados de “comportamiento inapropiado” y
retirados del programa posteriormente.
Después de años actuando
lejos del escrutinio público, la Casals simplemente desapareció de
Paraguay en julio de 2012, después del fin del proyecto Umbral –y un mes
después de la destitución de Lugo. Contratada directamente por el
gobierno norteamericano, dejó pocos registros de su paso: apenas una
mención aquí o allá en alguna relatoría de la USAID o en genéricos
comunicados de prensa.
Agencia Pública estuvo en agosto en el
bello caserón alquilado por la Casals en la calle Bernardino Caballero,
número 168, en Asunción. No encontró a nadie. En la parada de taxis, al
otro lado de la calle, un chofer confirmó que allí funcionaba una ONG
“que trabajaba para la embajada”, pero que se había “acabado”. Por
indicaciones del taxista, Pública consiguió conversar con una ex
funcionaria delante del portón de su casa, la profesora Raquel González,
que fuera contratada temporariamente como consultora. “Cambió el
gobierno, entonces no teníamos mucho con quién trabajar”, explicó. ¿Y
los directores de la Casals? “Se fueron. Ahora cada uno se fue para su
país”.
por Natalia Viana
Agencia Pública
* Colaboró Jeremy Bigwood