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miércoles, 27 de febrero de 2013

Paro de docente

Mujica : “Vení a patear el gobierno y rompenos todo lo que quieras, pero no dejes a los gurises en pelotas. ¿Cuál es el valor social? ¿Eso es conducta gremial? No me jodas”

El presidente José Mujica cuestionó duramente a los gremios de maestros y profesores ante la inminente decisión de parar sus actividades el mismo día del inicio de las clases. “Vení a patear el gobierno y rompenos todo lo que quieras, pero no dejes a los gurises en pelotas. ¡Cuál es el valor social? ¿Eso es conducta gremial? No me jodas”.


Martes 26 de febrero de 2013 | 19:21
Mujica en escuela rural
La Asociación de Maestros del Uruguay (ADEMU) se reunirá este miércoles para decidir si comienzan o no las clases en las escuelas públicas de Montevideo a raíz del “mal estado” de los locales de enseñanza.
Por su parte el sábado 2 de marzo se reunirán los profesores de Secundaria,  también para analizar el comienzo de clases previsto para el próximo 4 de marzo. Podrían resolver realizar un paro de actividades porque “un 20% de los educadores no han podido elegir las horas docentes”.
Ante este complejo panorama en la Enseñanza pública, el Presidente Mujica cuestionó a los gremios de la educación por su actitud.
En una entrevista que publicó El Correo Socialista, Mujica expresó que antes de comenzar el año los gremios ya le informaron que iban a parar.
“Antes de empezar este año ya nos estaban anunciando que iban a parar, porque esto y lo otro no servía… pará un poquito ¿por qué castigás a los gurises?”, cuestionó Mujica.
“Vení a patear el gobierno y rompenos todo lo que quieras, pero no dejes a los gurises en pelotas. ¡Cuál es el valor social? ¿Eso es conducta gremial? No me jodas”, criticó el mandatario según la publicación socialista.

“Mejores espacios físicos”

Por su parte, el consejero del CODICEN, Javier Landoni, realizó una recorrida por los centros educativos para “conocer las condiciones en las que se encuentra cada institución”.
En ese marco, dijo que “los sitios en obras estarán habilitados para el inicio de las clases, mientras que en algunos casos las obras se extenderán por varios meses, sin afectar su normal funcionamiento. El objetivo es brindar a la Educación Pública los mejores espacios físicos”.
“En algunos institutos se culmina con las obras de refacción y pintura en esta semana, así como también comienzan nuevas obras en otras instituciones, de acuerdo al cronograma previamente establecido”, dijo Landoni según informó Presidencia de la República.
En relación con los edificios que actualmente se encuentran en obras, Landoni aseguró que “todos estarán habilitados para el día en que comienzan las clases, en algunos casos puede existir un mínimo atraso debido a que una vez que se retiran los obreros es necesario realizar una limpieza profunda”.
Expresó que tal como se anunció el año pasado, “las instituciones convivirán por mucho tiempo con las obras en los edificios, esto se debe a que desde hace muchos años se dio preponderancia a la construcción de nuevos institutos y no a la refacción de los ya existentes”.
Por su parte, el director general de Secundaria, Juan Pedro Tinetto, dijo que si bien las elecciones de horas docentes y de los cargos de dirección aún continúan, “el 96 % de los profesores ya eligieron”.
Tinetto señaló que “los inspectores de cada materia siguen de cerca la situación para que se nombren todos los cargos”.
De todas formas reconoció que “la tendencia es decreciente en cuanto al interés de los jóvenes por elegir la docencia como profesión”. Lo que a su juicio se debe “fundamentalmente a aspectos salariales, donde si bien se trabajó y mejoró sensiblemente en ese aspecto, aún no se muestra lo suficientemente atractiva la carrera”.
En tanto que se estima que aproximadamente 20 escuelas primarias, ocho liceos y cinco escuelas técnicas continuarán con obras una vez comenzado el año lectivo.

La Republica

martes, 26 de febrero de 2013

Jueza Mota Recurso presentado ante SCJ

Recurso presentado por la jueza Mariana Mota ante la SCJ (Extraído Diaria digital de hoy)
SUMA: se presenta recurso de revocación contra la resolución Nº 70/2013 de la Suprema Corte de Justicia

Sres. Miembros de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

MARIANA ISABEL MOTA CUTINELLA, C.I. 2.999.703-6, con domicilio constituido en Pasaje de los Derechos Humanos 1309 tercer piso, ante esta Corporación me presento y digo:
Que vengo en tiempo y forma a presentar recurso de revocación contra la resolución de la SCJ Nº 70/2013, de fecha 15 de febrero de 2013, por causarme agravio al disponer mi traslado del Juzgado Letrado de 1era. Instancia en lo Penal de 7º Turno al Juzgado Letrado de 1era Instancia en lo Civil de 1er. Turno. .
FUNDAMENTOS
LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. EL DERECHO VIOLADO.
1- La recurrida lo es en tanto dispone el traslado sin respetar lo dispuesto por el artículo 246 de la Constitución de la República, vulnerando al mismo tiempo normas y principios de transparencia y buena administración al no fundar su resolución, lo que podría suponer un apartamiento de la facultad discrecional para incurrir en arbitrariedad y desviación de poder, conspirando contra la independencia técnica de los magistrados, obteniendo por resultado enlentecer o paralizar la administración de justicia en determinadas causas.
2- La resolución recurrida expresa que: “VISTOS: la necesidad de disponer traslados y de proveer vacantes de magistrados. ATENTO: A lo expuesto, a razones de servicio y de conformidad con establecido por art. 239 ordinal 6º de la Constitución de la República y numeral 3) del art 55 de ley 15.750, la Suprema Corte de Justicia, en acuerdo con la Dirección General de Servicios Administrativos RESUELVE: designar para desempeñar los cargos que a continuación se expresan a los siguientes Magistrados que seguidamente se nominan : ….” Y sigue la lista que me incluye señalando mi nuevo destino.
3- El artículo 246 refiere que los jueces letrados podrán ser trasladados en cualquier tiempo de cargo o de lugar, o de ambas cosas, por razones de buen servicio, debiendo previamente oírse al Fiscal de Corte. De la resolución no emerge que se haya oído al Fiscal de Corte, de dictamen previo y preceptivo como señala la Carta.
4- Tampoco surge de la resolución cuales son las “razones de servicio” invocadas que justifiquen el traslado ni las “razones de buen servicio” que reclama el propio art 246 de la Constitución.
Al respecto, corresponde tener presente que todos los traslados dispuestos por esta resolución, menos el nuestro, responden a un normal funcionamiento de la carrera judicial. Es así que se trata en algunos casos de ascensos, en otros de cambio de lugar geográfico acercando al juez trasladado a la zona próxima a Montevideo, lo que, en el desarrollo de la carrera judicial se toma como una promoción. Finalmente, dentro de la misma jurisdicción de Montevideo, el pasaje de juez suplente a un Juzgado también es considerado un paso adelante en la carrera judicial.
El único traslado que carece de motivación objetiva es el que me afecta dado que, a diferencia de los que involucran a los demás colegas, no se trata de un ascenso ni está fundamentado en avance alguno en la carrera judicial.
5- Si bien existen los llamados traslados horizontales, cambiando de materia pero no de lugar ni de escala presupuestal, estos obedecen a efectivas razones de buen servicio por ejemplo cuando el desempeño de un magistrado en determinada materia no se adecua al perfil o no rinde lo esperado, o a solicitud expresa de quien desempeña el cargo y siempre que esa petición sea compartida por esta Corporación.
En mi caso no solicité en ningún momento el cambio de materia o ser trasladada a otro juzgado. Por lo que debe buscarse en otro lado la motivación del acto. Es más, considero que el traslado decidido contraría el buen servicio que reclama la Constitución.

DE LA DISCRECIONALIDAD A LA ARBITRARIEDAD
6- No discutimos la facultad discrecional del jerarca para decidir donde habrán de ejercer sus funciones jurisdiccionales los jueces de la República, pero esa discrecionalidad en ningún caso exime al órgano decisor del deber de explicitar los motivos de tales resoluciones. Y el deber de motivar es más trascendente en el caso del acto discrecional que en la hipótesis del acto “reglado” porque es lo que puede marcar la diferencia entre discrecionalidad y arbitrariedad.
7- Así, la fundamentación de la resolución administrativa que se adopta constituye la legalidad misma del acto puesto que es por ese mecanismo que se explicitan los elementos normativos, las valoraciones de mérito y razonabilidad. También se exigen esos motivos para el control y fiscalización de la resolución.
Como sostiene el TCA en sentencia Nº 71 del 19/4/2012 “la motivación de todo acto es la razón de ser del mismo, el cual debe contener las claras razones de su emisión, o sea, aquellas que traducen o exteriorizan la voluntad de la Administración haciendo públicas las razones de hecho y de derecho que lo hacen necesario”.
8- Fundar la resolución de un traslado de las características del que me afecta en la vaga e imprecisa fórmula de razones de servicio sin argumentar ni explicitar el concepto, compromete toda posibilidad útil de defensa. Si bien es ajustado a derecho la facultad que tiene la SCJ de organizar o reorganizar sus recursos humanos, estas decisiones solo pueden responder a una licita motivación fundada en razones atinentes al mejor interés del servicio lo que a todas luces no se revela en este caso.
9- Señala Sayagues Laso que el poder discrecional, conforme lo afirma la doctrina mayoritaria, debe reputarse una facultad de libre apreciación sobre la oportunidad y conveniencia de la acción administrativa, que no puede ser ejercida arbitrariamente sino teniendo en cuenta los fines de interés público del servicio pues de lo contrario la administración incurriría en exceso o desviación de poder. (Tratado de Derecho Administrativo T I pág 405)
10- Por su parte, Cajarville observa que “ la actividad administrativa, en cuanto medio para la obtención de un fin, debe ser apta e idónea para obtenerlo y ésta es una cuestión de legitimidad y no de mérito, porque la vinculación de la administración al fin debido también es cuestión de legitimidad y no de mera administración (Constitución art. 309)”, de tal modo que” si la actuación en pos del fin legitimo es un deber jurídico y no solo un principio de buena administración o de moralidad administrativa, la utilización de medios probadamente inaptos o inidóneos implica necesariamente incumplimiento de ese deber jurídico y por tanto la ilegitimidad del comportamiento administrativo, no simple demérito” ( Dos estudios de derecho administrativo pag 107)
11- La carencia entonces de motivación en la resolución impide a la recurrente analizar las razones que llevaron a disponer mi traslado, lo que provoca una situación de indefensión que nos obliga a especular sobre las verdaderas causas del traslado y a pronunciarnos sobre las mismas en esta oportunidad procesal ya que es aquí y ahora que tal defensa puede plantearse, y esto vuelve al acto administrativo carente de toda legitimidad.

LA MOTIVACION INVOCADA I
12- A la omisión de fundamentar la resolución que venimos a impugnar se suman declaraciones recogidas por innumerables medios de comunicación nacionales e internacionales que atribuyen a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia los doctores Ruibal Pino y Chediak, y al vocero de la Corporación el Sr. Oxandabarat, declaraciones que relacionan el traslado con conceptos tales como, “sumarios” , investigaciones administrativas” y “acumulación de tarjetas amarillas”, lo que revelaría motivaciones totalmente ajenas a la buena administración sugiriendo que se trata de una sanción fundada en antecedentes disciplinarios que solo pueden existir en la imaginación de quien haya realizado tales declaraciones injuriantes y difamatorias
13- Debo reconocer que no domino las reglas de juego del más popular de los deportes en nuestro país, pero creo entender que la acumulación de tarjetas amarillas refiere a que la acumulación de tarjetas te deja afuera del próximo partido. Pues bien, la dicente, devenida sorpresivamente en jugadora de futbol, no cuenta con tarjetas amarillas y eso lo conoce fehacientemente la SCJ que es quien, por competencia otorgada por el art. 239 numeral 2 de la Constitución ejerce la superintendencia correctiva y disciplinaria de sus funcionarios, jueces incluidos (art. 114 de ley 15.750), por lo que si tales afirmaciones tuvieron ese origen estaríamos frente a un eventual delito de difamación e injuria, y seguro ante un acto de mala fe.
14- Las investigaciones administrativas que se desplegaran por hechos de público conocimiento y que demandaran de esa Corporación los respectivos pedidos de informe a mi persona, fueron todas archivadas sin consecuencias, no hubo nunca sumarios ni sanciones como prevé el art. 114 de la ley 15.750. Muy por el contrario a lo afirmado, la dicente en función a las calificaciones que se practican conforme los procedimientos pautados en Acordada 7407 y modificativa 7542, ha sido incluida en cuatro veces en la lista de ascensos. En tres de esas oportunidades la integración de la lista fue en oportunidad de desempeñar la competencia penal.

LA MOTIVACION INVOCADA II
15- Pero también, y en sentido contrario a lo que sugieren tarjetas amarillas, investigaciones, sumarios, se argumentó que en realidad el traslado a una sede con competencia civil significaba un reconocimiento o promoción dado el alto concepto que se sostiene del derecho civil.
16- O sea si no te convence una cosa capaz te convence la otra.
17- En realidad, este argumento tampoco tiene respaldo en norma alguna, no redunda en ningún tipo de beneficio económico, académico, ni moral, no conlleva una anotación en la ficha funcional como mérito, en fin, no emerge en qué se sostiene una afirmación de ese tenor. Pero además si el promovido no lo “vive” como una promoción, menos se explica.
18- En consecuencia, el reconocimiento si fuera tal deviene en un contrasentido para las razones de buen servicio que deben dirigir los cambios de destino de los jueces.

LA MOTIVACION INVOCADA III
19- En cuanto a “cumplir un ciclo”, que es otro de los argumentos esgrimidos a través de la prensa, puedo decir que desde hace siete años me desempeño como juez penal. Este “ciclo” que se menciona, que como tal pretende señalar un término o vencimiento, no surge de norma alguna para ninguna materia ni tampoco es práctica constante en el poder judicial. Mi tiempo al frente de una Sede es largamente superado por muchos colegas, tanto en materia penal como en otras materias, desempeñando funciones por diez, catorce, veinte años, sin que hubiera existido en la administración la necesidad de señalarles el cumplimiento de un “ciclo”. La propia colega que me sustituye tiene más años que yo en materia penal.

LA MOTIVACION INVOCADA IV
20- Se afirmó también mediáticamente -uno ya no sabe si discute con los entrevistadores o con los entrevistados que serían según se informa integrantes de la Corporación -, que resulta necesario que los jueces vayan rotando de una materia a otra para adquirir conocimiento de todas las áreas del derecho y que “los jueces no pueden estar mucho tiempo en su cargo” y que para el traslado “se tuvo en cuenta el perfil de la magistrada”.
Este concepto enciclopedista, largamente perimido entre los estudiosos del conocimiento, además de resultar cada vez más difícil de poner en práctica dado la vastedad y especificidad de las áreas a abordar, nuevamente es considerado solo respecto a mi persona puesto que los demás colegas con tantos o más años que yo en una misma materia no han tenido la “oportunidad” de rotar de materia, sin su consentimiento, para adquirir ese conocimiento tan completo y diverso que reclama para la recurrente la SCJ.
21- El Juzgado Penal de 7mo turno en que desempeñaba mis funciones jurisdiccionales hasta el 15 de febrero próximo pasado, tenía un cúmulo de expedientes, algunos de relevante connotación publica, muchos de los cuales requerían de una especialización en la materia que la dicente había abordado y puesto en aplicación en el desarrollo de dichas causas.
22- A vía de ejemplo, la investigación y tramitación de las numerosas causas por denuncias de hechos ocurridos en la dictadura requerían de un especial formación atendiendo a la compleja realidad histórica en que esos hechos ocurrieron, a la particularidad de los testimonios de las víctimas, búsqueda y análisis de pruebas que requieren de protocolos de actuación elaborados y avalados desde tiempo atrás por organismos internacionales dedicados a tales asuntos, pero también exigieron a la dicente creatividad suficiente.
23- Otros expedientes exigieron también interiorizarnos en temas ajenos a lo jurídico para poder comprender a cabalidad lo que se investigaba. Tal el caso de la investigación en torno al accidente aéreo protagonizado por un avión de la empresa Air Class.
24- En su momento el expediente donde se investigaba la responsabilidad de los hermanos Peirano Basso demandó muchas horas de estudio para poder comprender las maniobras que se imputaron en el enjuiciamiento y para poder responder a las diversas instancias que se presentaron y que requerían las defensas.
Otros expedientes en trámite en la Sede requirieron también, por su volumen y especialidad, horas de estudio y profundización en materias ajenas a lo jurídico.
25- Desde hace diez años que los asuntos penales fueron parte de mi competencia y siete de esos años fue el derecho penal mi única competencia jurisdiccional.
La formación en derecho penal, para mi perfeccionamiento profesional como magistrada fue por esos años una constante en mi trabajo.
Un posgrado de especialización en derecho penal, concurrencia a seminarios en el país y fuera de él relativos a abordaje del crimen organizado, eventos internacionales de conocimiento de la legislación y aplicación de normativa internacional en el abordaje específico de determinados delitos y un posgrado en derechos humanos fueron algunas de las bases teóricas que procuré por cuenta y costo personal.

LAS CONSECUENCIAS DEL ACTO
26- El traslado de un juez con preparación para el desarrollo de la función que se encuentra desempeñando, y para la cual se continúa formando y perfeccionando, para llevarlo a ejercer sus funciones a otra área del derecho totalmente diversa no resulta compatible con razones de buen servicio que reclama el citado art. 246.
27- Y como contrapartida, sin duda colide con la buena gestión de la administración de justicia que un juez penal sea trasladado, sin que éste lo solicitara, a una materia a la que hace siete años no estudia por haberse abocado con plena dedicación al ejercicio - y formación - de su competencia.
28- Es de toda evidencia que el servicio habrá de resentirse porque se afecta la continuidad del mismo al tener que abordar las investigaciones un nuevo juez que deberá adquirir los conocimientos de cada caso con el tiempo que ello le demandará, para poder continuar las investigaciones ya iniciadas.
Es claro que si el cargo queda vacante por la circunstancia que sea, por ejemplo por una sanción o por una promoción en la carrera judicial, deberá proveerse de un juez que continúe la tarea iniciada y las demoras que demande el conocimiento que deba adquirir el nuevo juez para desarrollar su tareas es ineludible e discutible. Pero en el caso que nos ocupa y nos agravia no había ninguna vacante generada.
29- En consecuencia, se instala la demora en las investigaciones no por una circunstancia excepcional e imprevisible sino por decisión de la misma administración, lo que colide frontalmente con la obligación de desarrollar la administración de justicia de forma eficiente y rápida para los justiciables.
La decisión del traslado se transforma entonces en una dilación o retraso injustificado y en apariencia deliberado en el servicio de justicia.

LOS MOTIVOS NO INVOCADOS
30- No hallándose en la propia resolución que se recurre los motivos en que la Corporación funda mi traslado, desestimados los supuestos motivos que se deslizaron a través de los medios de prensa, debemos seguir buscando las razones no explicitadas por la Corporación con el riesgo de interpretar una voluntad no expresada.
31- Sabido es que muchas de las causas que llevaba adelante la dicente en el Juzgado Letrado de 1era Instancia en lo Penal de 7mo turno referían a temas muy sensibles y que concitaban la atención de los medios de prensa por las repercusiones que de tales procesos derivaron y las que podían derivar.
32- No pueden ignorarse las reiteradas opiniones que, con o sin conocimiento de causa, vertían diversos actores de la vida pública respecto de las acciones judiciales que adoptaba la Sede deslizando una y otra vez la inconveniencia de mi permanencia en el cargo.
33- Determinados órganos de prensa sostuvieron conceptos de descrédito de mi persona, atribuyéndome acciones, pensamientos y preferencias incompatibles con la imagen de un juez letrado. Aunque nunca probaron nada.
34- Próximo a este traslado se evidenciaron las diferencias que sostenía el titular del Ministerio de Defensa en relación a las actuaciones judiciales que realizamos en procura de llevar adelante la investigación del accidente aéreo referido.
35- El avance de las investigaciones en las causas que se iniciaron por denuncias de hechos ilícitos cometidos durante la dictadura se reveló como otra situación que generaba en ciertos sectores resistencias y críticas. A modo de ejemplo mi traslado fue saludado con beneplácito y regocijo por el presidente del Centro Militar, Guillermo Cedréz, quien sostuvo “termina siendo justificadamente trasladada”, “demuestra que aún se puede confiar en la justicia”. La institución que preside no se quedo atrás anunciando que “vigilará atentamente el desempeño de la nueva jueza y de Mota en la justicia civil”.
36- Corresponde, por si acaso, tener presente que, todas las resoluciones dictadas en el curso de esos expedientes que fueron sometidas a consideración de los tribunales de alzada, fueron confirmadas, lo que demuestra que la aplicación del derecho y la valoración de la prueba no mereció en las sedes naturales de apelación las críticas y objeciones que desde determinados sectores se hacían a mi trabajo y a mi persona.-
37- Agrego además que las demandas de recusación planteadas para apartarme de las causas tampoco prosperaron conforme decidieron los Tribunales que debieron entender en estos procesos incidentales.-
38- La decisión del traslado inmotivado afectará consecuentemente las causas en que se investigan graves violaciones a los derechos humanos se verán demoradas por el necesario lapso que demande su conocimiento por parte de la nueva titular. Esta paralización aún temporal es contraria a lo que dictaminó al Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia que condenó al Uruguay en el caso Gelman vs Uruguay que sostuvo en su fallo “que las investigaciones en el Estado relativas a este caso han sobrepasado cualquier parámetro de razonabilidad en la duración de los procedimientos aunado a que, pese a tratarse de un caso de graves violaciones de derechos humanos, no ha primado el principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables”.
39- En ese sentido, en el capítulo de Reparaciones, la sentencia indica que las autoridades estatales deben abstenerse de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo. Cabe señalar además, que la sentencia de Gelman vs. Uruguay no refiere solo al caso Gelman sino que impone obligaciones generales para todos los juicios como lo ha señalado reiteradamente el fallo internacional ( nums 232, 237,253, etc)
40- En consecuencia, el traslado del que fui objeto, contraría las claras y contundentes disposiciones de la CIDH en tanto significa un enlentecimiento de las investigaciones al requerir tiempo para su conocimiento, así como para la formación y especialización de quien pasa a estar en la titularidad de la sede para el abordaje de estos procesos.
41- También puede asociarse mi traslado con la reciente declaración de inconstitucional de los artículos 2 y 3 de la ley 18.831 en tanto en las causas que intervine nunca invoque dicha norma, fundando mis decisiones fundamentalmente en el derecho internacional. Sin norma nacional para aplicar por parte de los magistrados que tienen causas de derechos humanos y presumiendo la Corte que nadie más invoque el derecho internacional, las causas podrían archivarse.
42- En suma, los motivos expuestos, hipotéticos, dado que nada se ha explicitado en la resolución recurrida, se constituyen como las razones posibles de un traslado que no fue solicitado por la recurrente, que no se considera ascenso en la carrera judicial y que no cumple con la premisa de responder a razones de mejor servicio. Tales motivos son o serían, cada uno de ellos, ilegítimos para motivar el traslado y configurarían desvío sino abuso de poder.
43- Por todo lo dicho corresponde que la Suprema Corte de Justicia revoque la resolución recurrida.
PRUEBA
a) Documental
Se adjunta registro funcional de la recurrente, obtenido del sistema informático, curriculum vitae, en forma parcial, en tanto solo se mencionan los cursos efectuados que tengan relación con derecho penal, copia de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia referente al archivo de las últimas investigaciones administrativas iniciadas con pedidos de informe donde consta que se dispuso el archivo en fecha 8 de octubre del pasado año 2012.
b) INFORMES
Solicítese a Dirección General que remita para agregar a la presente el resultado y conclusiones de las inspecciones practicadas a la Sede a mi cargo, desde el año 2009 a la fecha.
DERECHO
Fundo mi derecho en los artículos 246, 317 y siguientes de la Constitución de la República, ley 15.750, en las normas que regulan el proceso administrativo en el poder judicial (Acordada 7400), y demás normas concordantes y complementarias, así como en la doctrina y jurisprudencia citada.
PETITORIO
Por lo expuesto a la Suprema Corte de Justicia pido:
I) Me tenga por presentada en tiempo y forma y por constituido el domicilio .
II) Se revoque la resolución Nº 70/2013 de fecha 15 de febrero del corriente año en cuanto dispone mi traslado de la sede letrada de 1era Instancia en lo Penal de 7° turno, a la sede letrada de 1era Instancia en lo Civil de 1° turno, reponiéndose la situación jurídica al tiempo anterior a la resolución.
III) Se tenga presente que me reservo el derecho de ampliar en cualquier momento los fundamentos de esta recurrida, agregando mayor prueba si correspondiere.
Otrosí digo: que la dicente, en su calidad de abogada, ejerce conjunto al letrado firmante su autopatrocinio razón por la cual no corresponde a su respecto reponer timbres en estas actuaciones.

domingo, 24 de febrero de 2013

Preocupacion en la ONU por la SCJ

Decisión tomada por la SCJ "preocupa" a la ONU

24.02.2013 | 11.05

La alta comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, envió un comunicado en el cual expresa su "preocupación" por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la cual declaró inconstitucional algunos artículos de la ley 18.831 de 2011, que dejó sin efecto la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (ley 15.848).
Decisión tomada por la SCJ "preocupa" a la ONU

“Estoy sorprendida y preocupada por este fallo de la Suprema Corte, que declara inconstitucionales algunos artículos de la ley que permitió llevar ante la justicia  violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar de 1973 a 1985, anulando así la amnistía de facto en el país”, expresó a través de un comunicado la alta jerarca.

La sentencia, adoptada por los magistrados este viernes por cuatro votos contra uno, abre el camino para el cierre de las investigaciones en curso sobre violaciones de derechos humanos, violando el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

Esta noticia se produce solo días después de que la jueza Mariana Mota, quien ha estado a cargo de investigar cerca de 50 casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo, fuera trasladada por la SCJ de su jurisdicción penal a la civil.

“Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional”, sentenció Pillay.

Foto: ONU              Radio El Espectador

Sanguinetti por Sanguinetti

dos visiones

Sanguinetti versus Sanguinetti

Eduardo Sanguinetti PUBLICADO el Miércoles 4 de julio, 2012
Julio María Sanguinetti manifiesta en su habitual estilo, ramplón, soberbio y de academia tercermundista colonizada, propio de un político de la época de los caudillos y del voto ‘out let’, que los países del Mercosur cometieron un “acto de intervencionismo contrario a las tradiciones y normas de Latinoamérica en la vida interna de un país que actuó bajo sus códigos”. ¿A qué tradiciones se remite Julio María? ¿A aquellas que nos hacen volver a historias de golpes de estado, de desapariciones y torturas?
Sin dudas a la tradición de historias triunfalistas e incuestionables, cargadas de mentiras, traiciones y utopías inversas, escritas en los medios, como “El País” de Uruguay, “La Nación” de Buenos Aires, que pretenden y lo lograron hasta hoy, dibujar la historia a su antojo, en favor de pequeños grupos de poder, que marcan tendencias y llegan a la noticia cuando esta ya es historia y ficción novelada.
Dejo de manifiesto, en mi calidad de ‘Indignado y Harto’, que estos medios monopólicos elevan a categoría de símbolos a personajes anodinos, acomodaticios, esclavos de tendencias de temporada, siempre en el camino de la ‘fama y el éxito’ a cualquier costo y al margen de todo lo que tiene de trascendente la aventura de vivir, con la anuencia de una comunidad anestesiada. Aventura de vivir, en el disenso y la resistencia, a un sistema esclerótico y estúpido, silenciando las voces y las vidas de quienes se atreven a existir en los límites.
Remarcó en tal sentido Julio María que los errores que se atribuyen a la decisión parlamentaria paraguaya podrán ser juzgados por las propias instituciones paraguayas, o por la Corte Internacional de Justicia, “pero no por el gobierno argentino, brasileño o uruguayo”. ¿Cuál es la razón por la cual Julio María Sanguinetti lanza su palabra, siempre a destiempo para los pueblos y a tiempo para los pactos empresariales corporativistas y con los patrones del hemisferio norte, manifestando que la ficción se ha apropiado del espacio de verdad ocupado por la Historia? Deviene de tal modo, la permanente presencia de este ex-bi-presidente en cuanto medio de comunicación existe, proclamando su fatuo discurso de un pasado abolido y la ausencia de credibilidad, que le imprime a las corporaciones económico mediáticas, cobardes y con temor en ‘poner en juego algunos valores’ perimidos.
Renglón aparte, ¿a quién se le niega el tan mentado derecho a réplica? Es un legítimo derecho, pues tengo mucho por decir, y mucho más por hacer, a favor de la comunidad en la que intento vivir. Resisto al estar siempre sometido al deprimente discurso de un grupo de personajes que pertenecen definitivamente a un atroz pasado, que parece repetirse y replicarse en los hechos que se van suscitando en estos días en Eco-Rio y su farsa de cuidado del medio ambiente; Paraguay y su golpe de estado democrático, Bolivia y sus fuerzas armadas acuarteladas, Moyano y CGT en Plaza de Mayo en Buenos Aires, simulando poner en jaque el gobierno de Cristina Fernández, las reuniones con todos del motonauta Scioli, siempre en campaña electoral, el hijo de inmigrantes italianos Mauricio en Singapoore…y no olvido la cumbre del Mercosur, organismo que el mismo Julio María consideró ineficaz y a la que hoy asigna importancia, al poner de manifiesto cierta ilegalidad al hacer de lado la participación de Paraguay en dicha reunión; el Mercosur, organismo al que en el 2005, en plena crisis por las ‘pasteras’, manifesté desde este medio la inutilidad del mismo. Un Mercosur siempre accionando en desfavor de las comunidades y sus necesidades y a favor del flujo de capitales, a que fue remitida la gestión de dicho organismo.
A su vez, Julio María calificó la decisión de “intervencionismo” como “un peligrosísimo precedente”. En verdad, lectores de La República, con respeto invito a Julio María Sanguinetti, bi-ex-presidente del Uruguay, dejar de lado su narcisismo e intentar encontrar las palabras, fuera de tiempo y espacio, para comenzar a escribir sus memorias acerca de lo que ‘pudo haber sido’, dejando de lado fábulas acerca de Reconquistas, o seguir seduciendo en sus giras por el río Paraná, invitado por los empresarios, siempre alertas en detrimento de sus pueblos; o en la “Cumbre de los millonarios”, en conferencias en concierto, en ensamble con el chileno Frei, siempre en plan de Reconquista y estar presente en cuanto acto corporacionista de macro-empresarios ‘non sanctos’, a los que es tan afecto, como es costumbre hablando, siempre hablando a destiempo, para justificar lo injustificable: La realidad como la verdad, no son un cuento, Julio María Sanguinetti, jamás fueron un cuento.
El silencio Julio María Sanguinetti es sano y saludable, sobre todo cuando viene acompañado de la persistencia de la memoria, por haber transitado una existencia, en dominios inexplorados, computando siempre a favor de las degradantes burguesías capitalistas y sus líderes de ocasión, ‘muñecos de escaparate’ de Imperios en putrefacción o de repúblicas estúpidas.
Los Sanguinetti llegaron a esta región, como bien sabe Julio María, con Garibaldi en 1834, y los tránsitos que tomaron los descendientes de José Sanguinetti en sus vidas fueron disímiles. Mi bisabuelo Apolinario Escolástico Sanguinetti, un hombre íntegro, fue fundador del primer periódico de la Mesopotamia: “El Entre Ríos” en la ciudad de Colón; su hijo, es decir mi abuelo, el ingeniero A. Eduardo Sanguinetti, fue un pionero en el sur argentino de hidrocarburos, para ser exacto en Paza Huincul, Neuquén, en 1918, directivo de YPF y amigo de Mosconi, socialista de la primera hora, amigo y compañero de Alfredo Palacios, Lisandro De la Torre y otros grandes; enemigo de Perón y exiliado de Argentina en aquellos oscuros años, que parece hoy se replican y repiten en maneras y formas… Un hombre que hizo de lado honores y paparruchadas por el estilo que tardíamente quisieron endilgarle, fue fundador con otros de instituciones que aún hoy perduran y tienen que ver con la educación, el saber y el conocimiento, que a no dudarlo implica responsabilidad que yo asumo en este difícil momento.
Pertenezco a la línea de la familia Sanguinetti que no quiso ser coleccionista y asumir posturas de tipo burguesas, sino más bien de seres cuyas vidas pueden ser coleccionables en lo que hace a su proceder y accionar: ser fieles a sí mismos y reconocerse como tales, en favor de existencias austeras, a favor como manifiesto permanentemente de nuestra existencia ‘personal y cultural’. Asimilo estas vidas a las del presidente del Uruguay, José Mujica, un hombre sabio e íntegro, que en mi anterior columna, impulsé su nominación para ser dignísimo candidato al Premio Nobel de la Paz, instancia que de inmediato trajo aparejadas adhesiones y rechazos; curioso, pues no hay un solo motivo que se pueda esgrimir en desfavor de tal nominación al Nobel, pues Mujica reúne en sus acciones, modos, maneras y “ser”, todo lo que se precisa para acceder a ese polémico Nobel de la Paz, tan manipulado y manoseado en estos años, al ser entregado a seres que por acción de vida, siempre a favor de impulsar guerras e invasiones a naciones libres, asesinando pueblos y haciendo desaparecer milenarias civilizaciones, destruyendo y aniquilando lo que tiene de fantástico el duro oficio de vivir; culturas degradadas y la ‘diferencia’, que ya no tiene espacio, en un mundo donde el capitalismo reina discriminando…

  Diario La Republica

viernes, 22 de febrero de 2013

Suprema Corte de Justicia declara “inconstitucional” investigar torturadores - LR21.com.uy

Viernes 22 de Febrero, 2013

Suprema Corte de Justicia declara “inconstitucional” investigar torturadores

A contramano de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció lo imperioso de remover cualquier obstáculo que permita la impunidad dejando sin efecto normas que protejan a golpistas y torturadores, la Suprema Corte de Justicia uruguaya, declaró este viernes inconstitucional la ley interpretativa de la Caducidad.


Viernes 22 de febrero de 2013 | 15:20
Suprema Corte de Justicia
Por cuatro votos de los cinco ministros, la norma caerá con lo que las causas judiciales que están abiertas, donde no hayan sido ya procesados los militares deberán archivarse, en el entendido que los delitos prescribieron.
Los magistrados entienden como argumento principal, que las leyes penales no pueden ser aplicadas retroactivamente.

Cuando el Estado recobró (y pierde) su pretensión punitiva

El artículo primero de la Ley 18.831 estableció que los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado, hasta el 1º de marzo de 1985, volvían al régimen del pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado, lo que había sido dado de baja por la llamada “ley de caducidad”.
Los delitos en cuestión eran los comprendidos en el artículo 1º de la Ley 15,848, cometidos “por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”.
También vuelven a estar vigentes los plazos procesales, de prescripción y de caducidad, entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de la norma ahora inconstitucional.
En cuanto a los crímenes considerados de lesa humanidad, se actuará de conformidad a los tratados internacionales de los que la República es parte, aunque no existe detalle sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuyo amparo debería recurrirse ahora para investigar a los militares.
Suprema Corte de Justicia declara “inconstitucional” investigar torturadores - LR21.com.uy

jueves, 21 de febrero de 2013

Icir



Desde la presentación de los recursos de inconstitucionalidad que fueran azuzados por actores políticos, gremiales, empresariales y rurales,  esperábamos con expectativa conocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la eventual inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). Una vez conocido este, a primera hora de la tarde del lunes 18, hicimos una rápida lectura de la que se desprende que la mayoría de los Ministros entienden que la ley es inconstitucional por el diseño de creación de un nuevo tributo de carácter "departamental" (artículos  1° y 2°), sin embargo, los artículos 10° y 11° sobre la recaudación, administración y uso de los recursos, distorsionan la condición de ser tributo de origen departamental, necesaria para poder gravar los inmuebles (según artículo 297 de la Constitución).
También se plantea en el fallo la superposición que, según ellos, existe con otro tributo departamental (Contribución inmobiliaria rural), superposición que está limitada por el artículo 298 de la Constitución.
Por consiguiente queda claro que nada tiene que ver la declaración de inconstitucionalidad de la SCJ. con los dos objetivos básicos promovidos por el gobierno en la ley en cuestión:
1. Evitar o detener la concentración de la tierra cuando ésta sea perjudicial para el interés social o general.
2. Conseguir fondos para la infraestructura rural básica gravando a los más grandes patrimonios del sector agropecuario que se han beneficiado extraordinariamente por el aumento del valor de sus campos en los últimos años.
Afectada la aplicabilidad de la ley por el fallo actual y seguramente la continuidad de otros fallos siguientes por decisión anticipada, nos deberíamos ocupar políticamente de mantener y obtener los mismos objetivos con un diseño legal que no pueda ser atacado de inconstitucionalidad.
En su momento (en octubre de 2011) ante la presentación por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto diseñado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en la discusión interna de la Bancada del FA de Diputados, presentamos nuestras objeciones y planteamos una alternativa basada en propuestas del MEF, del  MGAP y de otros asesoramientos. Esa propuesta, entendíamos, cumplía los mismos objetivos que compartimos íntegramente,  pero tenía otro diseño que también se ajustaba perfectamente a la profundización de objetivos que tiene el Nuevo Sistema Tributario (vigente desde 2007) y que no implicaba recurrir a un nuevo impuesto departamental (por los riesgos constitucionales que advertimos que esto podría tener) y basarse en modificar o extender los impuestos nacionales ya existentes como el Impuesto al Patrimonio (IP), el Impuesto de Enseñanza Primaria (IEP), el Impuesto de Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA) y a la Contribución Inmobiliaria Rural (CIR), mediante Adicionales. En una fraterna y democrática discusión interna no supimos o no pudimos convencer a la mayoría y como es característica de nuestro sector (cuando ganamos y cuando perdemos) fuimos celosos custodios de la unidad de acción dando nuestro apoyo activo a la solución elegida. 
• En el Impuesto al Patrimonio (IP) Eliminar la exoneración genérica y gravar  la propiedad y explotaciones  agropecuarias a través de inclusiones  o adicionales  (a la concentración de patrimonio rural) limitándolas a determinados extensiones o montos de patrimonio rural que permitan mayor progresionalidad y diferenciación y con tratamiento especifico de valuación e inclusión para mejoras, bienes muebles, montes naturales de protección y semovientes de la explotación agropecuaria, etc. (el impuesto al Patrimonio tiene – para el caso de personas físicas  - una progresionalidad de tasas que permite gravar mejor y más justamente la concentración de grandes patrimonios rurales - excluyendo a las superficies menores a las 2000 has).
• Eventual utilización de indicadores de precio de mercado de la tierra a los efectos de cuantificar el monto gravado patrimonial dando sustento legal a los ya utilizados por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIGEA) o por el Instituto de Colonización en sustitución del Valor Catastral e Índice CONEAT.
• Crear adicional del IMEBA para infraestructura rural, con tasas diferenciales, discriminando peculiaridades de la  actividad permitiendo según los casos su deducción o imputación a otros  impuestos para evitar doble imposición.
• Bajar los topes para ejercer la opción IMEBA-IRAE promoviendo la tributación por renta real de explotaciones con rentabilidades superiores al promedio del sector e implementando medidas anti elusivas complementarias.
• Reimplantar el IEP sobre los padrones rurales (recordando que es considerado un adicional nacional del 25% a la contribución inmobiliaria  y con destino específico a ANEP - en 1996 se exoneró a los inmuebles rurales pero transfiriendo a Primaria igual importe a cargo de Rentas Generales (RRGG) - por lo que luego de restablecido y percibido por ANEP debería imputarse dentro de la transferencias presupuestales al Organismo)
• Crear un nuevo adicional a la Contribución Inmobiliaria Rural (hasta el 75%),  que en conjunto no supere el 100% de la contribución rural del año anterior para los propietarios de predios rurales que concentran una mayor extensión (por ejemplo superior a las 10.000 has., o con adicionales diferenciales según rubros de explotación, tipos de suelos y  diferentes tramos superiores a las 2.000 has.)
• Creación de un fondo o fideicomiso para administrar los ingresos obtenidos de la imposición adicional para realizar obras de infraestructura básica rural.
Como podemos apreciar, son un conjunto de modificaciones tributarias que no crean nuevos tributos sino que adecuan o crean adicionales a los existentes y por consiguiente han sido ya testeados con la realidad jurídica, no teniendo las limitaciones constitucionales de los tributos departamentales. Por otra parte, también se adecuan mejor a la realidad de la dinámica y variedad de la función de producción  agropecuaria en sus diversos ciclos y subsectores e  incluyendo no sólo la propiedad sino la explotación de más de 2.000 Has.
Obviamente le corresponde hoy al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y  atendiendo las condiciones políticas y económicas actuales, hacer una nueva formulación que pueda retomar la propuesta original del MEF conjuntamente con los aportes posteriores de otros integrantes del Poder Ejecutivo y el Parlamento. Confiamos plenamente en la capacidad del equipo económico para continuar desarrollando la política tributaria, como parte de las políticas macroeconómicas, con la consistencia, coherencia, credibilidad y previsibilidad que desde el país y el exterior siempre se le ha reconocido. Todo esto es lo que ha permitido junto a las demás políticas públicas, obtener un excepcional ciclo de crecimiento económico con equidad, pese a haber atravesado dos crisis internacionales (2008-2009 y la actual) con profundas repercusiones negativas en el mundo y la región.
Esta nota fue escrita antes de ser convocado el Concejo de Ministros, hoy, conociendo el resultado de la reunión, hacemos nuestras las palabras del Presidente Mujica expresadas en la conferencia de prensa luego de finalizada la reunión de ayer del consejo de Ministros:
“No hay ningún cambio de rumbo (…) tenemos que lograr que los compañeros vuelvan a funcionar como un equipo y a quererse más”.
Página oficial:
http://alfredoasti.org.uy

Lorenzo Ministro

21/02/2013 17:05

Lorenzo sigue trabajando y aseguran que no renuncia

El ministro de Economía suspendió su visita a Diputados por un viaje, pero prepara interpelación de Bordaberry. En el astorismo igual esperan definiciones.

El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, trabaja con “tranquilidad” este jueves en su oficina, dijeron a Subrayado fuentes de su entorno.
De allí aseguran que Lorenzo no concurrirá a la Comisión de Hacienda de Diputados, el próximo 27 de febrero, porque estará de viaje. El presidente de la Comisión, el diputado blanco Jorge Gandini, recibió una comunicación de la secretaría del ministro anunciando que no asistiría a la convocatoria, lo que avivó la posibilidad de un alejamiento de Lorenzo, que sus allegados niegan.
Las fuentes agregaron que Lorenzo incluso ya prepara la interpelación que el senador colorado Pedro Bordaberry le hará por la situación económica que atraviesa el país respecto a la inflación y el déficit fiscal.
De esta manera allegados a Lorenzo dijeron a Subrayado que el ministro no renunciará y que su comentario en el Consejo de Ministros de este miércoles (dijo que podía ser su última vez allí) fue mal interpretado.
En el astorismo creen que efectivamente fue positiva la convocatoria que hizo el presidente José Mujica este miércoles al Consejo de Ministros para discutir abiertamente las diferencias que hay entre el equipo económico liderado por el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el llamado “equipo paralelo”, encabezado por el director de la OPP, Gabriel Frugoni. Sin embargo, algunos dirigentes sostienen que no es suficiente y esperan más.
Tras la fuerte discusión que hubo en la reunión de gabinete, en el Frente Líber Seregni (sector que lidera el vicepresidente Danilo Astori) sostienen que la movida de Mujica ayudó, pero que aún faltan ciertas definiciones que el mandatario no todavía no adoptó.
El senador Rafael Michelini (líder del Nuevo Espacio) insistió este jueves en que si Mujica reconoció las diferencias y la existencia de dos equipos en materia económica, entonces ahora tiene que elegir por uno. Michelini dijo que “esto no es un tema de renuncias, el presidente tiene que elegir”.
Este jueves desde la hora 19 se reúne la máxima dirigencia del Frente Líber Seregni (Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio y Alianza Progresista) para fijar posición.
VÁZQUEZ. En tanto, el ex presidente Tabaré Vázquez sigue con preocupación la crisis en el gobierno y busca darle “una mano” a Mujica.
El objetivo de Vázquez es ayudar a zurcir las diferencias que hay entre los dos bloques ideológicos que coexisten en el gobierno, uno que trabaja desde la Presidencia y rodea a Mujica, y el otro que tiene como epicentro el Ministerio de Economía y responde al liderazgo del vicepresidente Danilo Astori. En esa línea se enmarcan los encuentros que tuvo con Mujica y con Astori en los últimos días.

Mejora el Clima Economico

Mejora el clima económico de Uruguay, 4o en la región PDF Imprimir E-mail
Escrito por elpais.com.uy   
Clave.Según estudio, el país se encuentra en fase de "boom" Uruguay acompañó en enero la mejora del clima económico en los 11 países de la región y volvió a estar en fase de "boom", por la mejora en su situación actual y sus perspectivas. El índice de la Fundación Getúlio Vargas ubicó al país en el cuarto puesto.

De acuerdo a la encuesta económica de América Latina elaborada por la Fundación (FGV) y el instituto alemán IFO (realizada a 138 especialistas), Uruguay fue uno de los países de la región que más mejoró en enero con respecto a los anteriores datos de octubre.

Mientras que el Índice de Clima Económico (ICE) de la región creció de 5,2 a 5,3 puntos (que llevó a superar en enero el promedio de los últimos 10 años en 0,2 puntos), en Uruguay la mejora fue más fuerte: de 5,3 a 6,3 en el cuatrimestre. Los únicos países que tuvieron una mejora más significativa fueron Paraguay (de 5,5 a 7) y Perú (de 5,8 a 7). Esos países y Chile son los únicos que superaban en enero a Uruguay.

También tuvieron una fuerte mejora en el índice fueron México (subió 0,8 puntos a 5,7) y Chile (avanzó 0,7 a 6,6 puntos).

"En todos estos países, el ICE se encuentra en zona de evaluación favorable", dice el informe divulgado ayer. "Las exportaciones de commodities tienen una contribución importante al crecimiento del Producto (por encima del 20%), por lo que la posibilidad de un aumento en el comercio mundial en 2013, seguida de un aumento del Producto chino han contribuido a mejorar el clima de negocios", añade.

El ICE se compone de un índice de "situación actual" y otro de "expectativas".

En el caso de Uruguay, la mejora fue en ambos planos. Esto se diferencia de lo ocurrido en América Latina, donde si bien el índice de expectativas aumentó de 5,3 a 6,0 puntos, el de situación bajó levemente de 5,1 a 4,9.

En Uruguay, el de situación actual mejoró a 7,2 puntos en enero, con lo que recuperó el terreno perdido en octubre (cuando fue de 6,0) y se aproximó a los 7,4 puntos de julio de 2012. Así, este índice volvió a estar por encima de la media de la última década, que es de 6,6 puntos.

En cuanto a las expectativas, mejoraron de 4,5 puntos en octubre a 5,4 en enero, si bien siguen por debajo del promedio de los últimos 10 años (6,8 puntos). Un nivel más alto que ese registro de tendencia no se observa desde julio de 2010 (7 puntos).

Al lograr en enero tener los dos índices por encima de 5 puntos, se considera que el clima económico en Uruguay está en fase de "boom" (expansión). Antes estaba en "declive" porque el índice de expectativas no superaba ese umbral.

No obstante, el ICE de Uruguay sigue por debajo del nivel medio de los últimos 10 años (6,3 frente a 6,7). Esa media no se supera desde el registro de julio de 2011, que fue de 7,5 puntos y luego cayó a 5,9.

Otros países que también están en fase de "boom" son Perú y Paraguay. En tanto, Chile y Colombia están en fase de "declive", pese a que sus ICE son altos (6,6 y 5,3, respectivamente). En fase de recesión están Venezuela y Ecuador.

Entre los países que están en situación de "recuperación" (cuando el índice de situación actual no supera los 5 puntos pero sí el de expectativas), figuran Argentina y Brasil.

El ICE de la región alcanzó su mejor nivel desde julio de 2011, pero pasó de una fase de "boom" en octubre a una de "recuperación" en enero por el deterioro en su índice de situación actual.

En cuanto al mundo en general, el informe da cuenta de un aumento en el ICE de 4,6 a 5,2 puntos, luego de dos trimestres seguidos de deterioro, y se aproximó a su media histórica. Esto se explicó por una mejora en la situación actual como en las expectativas, lo que se atribuyó a la mejora del clima en Asia, en especial, en China.

Ciudadanos y ciudadanas en defensa de la justicia - Peticiones24.com

Ciudadanos y ciudadanas en defensa de la justicia

Montevideo, 18 de febrero 2013

Sr. Presidente de la Asamblea General

Cdor. Danilo Astori

Los y las abajo firmantes somos ciudadanos y ciudadanas de la República Oriental del Uruguay que expresamos nuestra profunda preocupación por los sucesos de los últimos días. En especial por las versiones de prensa sobre un posible pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia declarando la inconstitucionalidad de la ley 18.831. Esto sería una nueva y trágica burla a los acuerdos internacionales y a los justos reclamos que durante años hemos sostenido miles de compatriotas.

Dicha ley fue la que restituyó a nuestra sociedad el derecho al accionar de la justicia y la real independencia del Poder Judicial, luego de 25 años de sometimiento de su accionar en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado al Poder Ejecutivo de turno.

El intempestivo traslado de la Jueza Mariana Mota, reconocida profesional de larga trayectoria, que venía desarrollando la investigación judicial de unas 50 causas de delitos del terrorismo de Estado, ha provocado malestar y desconfianza en la ciudadanía. Ese traslado no fue solicitado por la magistrada y es público que no estaba de acuerdo con el mismo.
La decisión de la SCJ redunda en un nuevo e injustificable rezago de procesos judiciales que han sido paralizados por décadas.

El respeto y la garantía de no sanción, remoción injustificada o arbitraria de jueces es la garantía de una actuación independiente de la justicia. Es allí donde reside la real independencia del Poder Judicial y no en las eventuales cinco personas, que por acuerdos políticos, se constituyen en ministros de la SCJ.

Consideramos que la sombra de la declaración de inconstitucionalidad de la ley 18.831, representa un episodio significativo y representativo de las tantas amenazas y trabas sostenidas desde la restauración democrática. Se siguen acumulando los obstáculos burocráticos, las carencias de procesos claros y de oficinas especializadas para el acompañamiento las víctimas denunciantes de crímenes terribles, se perpetúa la vulnerabilidad del Estado democrático en la escasa trasparencia de los procesos judiciales.
Nos preguntamos:

¿Podremos como sociedad romper el largo destino de impunidad, silencio y complicidad que nos legó la dictadura?

¿Seremos capaces de construir y fortalecer los mecanismos que desarrollen un Poder Judicial eficaz y transparente?

¿Será necesaria la remoción de los actuales ministros de la SCJ el único camino para que estos avances sean posibles?

Por una real independencia de jueces y fiscales. Por una democracia construida sobre la Verdad y la Justicia.
Ciudadanos y ciudadanas en defensa de la justicia - Peticiones24.com

miércoles, 20 de febrero de 2013

Cadena Nacional MONTEVIDEO CAPITAL CULTURAL 2013

Ana Prada Y Fernando Cabrera. Dulzura Distante

Vulneracion a la Independencia

COMUNICADO DE PRENSA - EL OBSERVATORIO PARA LA PROTECCION DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

URUGUAY: VULNERACIÓN A LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LA JUSTICIA

París-Ginebra, 19 de febrero de 2013. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), expresa su preocupación por el traslado de la Jueza Mariana Mota de su juzgado de lo penal a uno de lo civil y la grave vulneración de la independencia e imparcialidad de la justicia que representa este traslado.

El pasado 13 de febrero de 2013, la Jueza uruguaya Mariana Mota fue trasladada de su juzgado, la Sede Penal de 7º Turno en Montevideo, a un juzgado civil de primer turno. Según la Suprema Corte de Justicia, este traslado está justificado en una reestructuración de los juzgados. Al mismo tiempo, señala que la Jueza no ha sido degradada, sino que se trata de un «cambio horizontal».

La Jueza Mariana Mota estaba investigando causas contra militares y civiles responsables de crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985). Entre los casos que ya han sido juzgados se encuentra el del dictador Juan María Bordaberry, condenado en 2010 a treinta años de cárcel por los delitos de atentado a la Constitución, desaparición forzada y homicidio agravado.

Se recuerda que Uruguay ha sido condenado en 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Gelman vs Uruguay, y tiene la obligación de facilitar un proceso de justicia ágil y eficiente, con el objeto de esclarecer los hechos ocurridos durante la dictadura y de investigar, juzgar y sancionar a los responsables. Retirar a una jueza que conoce muy bien este tema no parece satisfacer esta obligación.

El Observatorio expresa su temor ante este cambio de juzgado, en la medida en que parece constituir una sanción por haber aplicado el derecho internacional de los derechos humanos en sus decisiones judiciales, en particular en la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura.

Asimismo, el Observatorio insta a las autoridades uruguayas a que velen por la imparcialidad e independencia de la justicia y la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura.

El Observatorio solicita, además, a las autoridades que se garantice la independencia de los jueces, fiscales y magistrados, la seguridad y la integridad física y psicológica de la Jueza así como de todos los operadores judiciales en Uruguay. Asimismo, el Observatorio urge a las autoridades a tomar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio pleno e irrestricto de los derechos de los defensores de derechos humanos en Uruguay como los establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.

Contactos prensa:
· FIDH: Arthur Manet, Audrey Couprie: + 33 1 43 55 25 18
· OMCT: Delphine Reculeau: + 41 22 809 49 39

martes, 19 de febrero de 2013

SCJ

Frente Amplio, Partido Colorado y Partido Nacional emiten declaración por traslado de Jueza Mariana Mota

El Secretariado del Frente emitió un comunicado en el cual reclama la máxima transparencia y conocer los motivos del traslado de la jueza Mariana Mota de la Justicia Penal a la Civil, expresa confianza en la Justicia y critica a la oposición y los sectores que “pretendan presentarse como defensores de la independencia judicial cuando aún hoy justifican la inmoral Ley de Caducidad”.


Lunes 18 de febrero de 2013 | 21:39
Mariana Motta
Este lunes se reunió el Secretariado del Frente Amplio  para analizar el traslado de la jueza Mariana Mota de la Justicia Penal a la Civil.
En una declaración, el Secretariado de la coalición de izquierda  reclama, entre otras cosas, la “máxima transparencia”, solicita se expliquen los motivos del traslado de la jueza Mota, manifiesta confianza en la Justicia.
“Reclamamos la máxima transparencia. En un estado de derecho, todas las autoridades públicas deben actuar con la máxima transparencia, permitiendo a la ciudadanía conocer los fundamentos de los actos administrativos que dicten para cumplir con su función y asegurar la mejor prestación del servicio a su cargo. Por ello, nunca puede entenderse que los reclamos de transparencia puedan afectar la independencia o la posición institucional de un órgano del Estado”, expresa el Secretariado del FA en el primer punto de su declaración.
Asimismo, solicitan se expliquen los motivos del traslado. “Teniendo en cuenta las dudas que hoy existen en la opinión pública, explicitar las razones de servicio en que debería haberse fundado la decisión administrativa de trasladar a la doctora Mota, contribuiría a descartar toda interpretación que atribuya su traslado a presiones políticas o a razones de otro orden, lesivas para la independencia de los magistrados”.
El Secretariado expresa su “confianza en los magistrados uruguayos, que dentro de la Constitución y la ley y con absoluta independencia, han venido investigando y juzgando los gravísimos delitos cometidos durante la dictadura en aplicación del terrorismo de Estado”.
“Rechazamos enérgicamente las declaraciones provenientes de los sectores políticos de oposición que pretenden poner en duda la adhesión de nuestra fuerza política a las instituciones democráticas y a la Constitución de la República. Nuestro pueblo conoce bien quiénes pagaron el más alto precio, con sacrificio de su vida y su libertad, para defender y recuperar la democracia en este país”, cuestiona el Secretariado.
Asimismo, expresan que “resulta de una hipocresía lamentable que pretendan presentarse como defensores de la independencia judicial aquellos sectores que aún hoy justifican y defienden la inmoral Ley de Caducidad, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y considerada nula por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ley que esos sectores votaron sometiéndose a la más desembozada presión militar”, puntualiza el FA en su declaración.

Declaración colorada y blanca

Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado también emitió  una declaración a través de la que rechazan “una presión a la Suprema Corte de Justicia, a raíz de la intención del oficialismo de convocar al Parlamento a los jueces para que expliquen los motivos del traslado de la jueza Mariana Mota”.
Aseguran que la intención del FA “carece de sustento constitucional, lesiona el principio republicano de separación de poderes y constituye una forma de presión política sobre el Poder Judicial”.
“Disponer el traslado de los jueces por razones de servicio es competencia constitucional de la SCJ. Nunca antes el ejercicio de esa competencia había sido públicamente cuestionado por sectores políticos, ni mucho menos resistido por las vías de hecho como lo fue el traslado mencionado”, consideran los colorados.
Al tiempo que rechazan la “asonada que el viernes pasado impidió durante horas el funcionamiento normal de la Suprema Corte de Justicia”, porque aseguran que ello “configuró un hecho con apariencia delictiva que como tal debe ser investigado y aclarado a la brevedad por la Justicia competente”.
Rechazan “cualquier tipo de presión sobre la SCJ”, y exigen al Frente Amplio que “respete la independencia del Poder Judicial, pilar fundamental del Estado de derecho”.
Asimismo, el Directorio del Partido Nacional se pronunció sobre el caso y respeto a la Independencia de los Poderes del Estado.
“En aplicación de los principios básicos de nuestro sistema democrático Republicano de gobierno, como lo son la separación de poderes y el respeto a la independencia de éstos, el Partido Nacional respalda toda decisión que, en el ejercicio de su competencia, adopte el Poder Judicial. Las relaciones entre los Poderes, y el alcance de éstas, están debidamente explicitadas en la Constitución de la República, en especial a través de sus artículos 118 y 240”, expresan los nacionalistas.

http://www.lr21.com.uy/politica/1089222-frente-amplio-partido-colorado-y-partido-nacional-emiten-declaracion-por-traslado-de-jueza-mariana-mota#utm_source=ultimas-noticias&utm_medium=email&utm_campaign=frente-amplio-partido-colorado-y-partido-nacional-emiten-declaracion-por-traslado-de-jueza-mariana-mota

lunes, 11 de febrero de 2013


 

Cómo burlar la cuota de las mujeres

Por Esteban Valenti (*)
Está en el aire, nadie lo discute porque repta, todavía no vuela, pero se está preparando una buena maniobra para evitar que las mujeres lleguen en la proporción aprobada por ley a las próximas cámaras legislativas nacionales, departamentales y locales. Hablemos con tiempo.

Quien siga los movimientos políticos por la prensa y le ponga atención desde diversas longitudes de onda, este tema asume lentamente las características de una sórdida ola que va a impedir que se cumpla con un avance sancionado por el Parlamento y que ya integra la lista de los nuevos derechos ciudadanos: el número de mujeres elegidas debe en todos los órganos legislativos debe aumentar sensiblemente. Debería, pero...
Pero, en realidad lo que establece la ley son mecanismos de integración de las listas, pero sobre todo en el caso del senado y de los departamentos que eligen dos diputados, la posibilidad de hacer una refinada ingeniería electoral para que figuren las candidatas de acuerdo a lo exigido por la ley, pero que contados los votos no sean electas las mujeres que corresponden al espíritu de la ley, son muy altas. Y los políticos uruguayos son magos en el manejo de las listas, lo aprenden desde el  club y el comité y lo perfeccionan toda la vida. Es seguro que tendremos un alto número de suplentes femeninas y de candidatas de compromiso que con suerte tendrán un fugaz pasaje por algún órgano legislativo nacional, departamental o local.
El debate político y cultural que se da en la sociedad uruguaya desde hace tiempo le dedica gran espacio a las minorías, de todo tipo, pero...a veces no le dedicamos todo el espacio necesario a las mayorías. Y las mujeres son la mayoría de la sociedad uruguaya.
Aunque no se trata solo, ni principalmente de números, se trata de la calidad de nuestra sociedad en su conjunto y de nuestra democracia.
Necesitamos dar un rápido salto de calidad en la representación de esa mayoría en el poder. Ya son mayoría en las universidades, entre los egresados, que habría que llamar genéricamente egresadas a todos, para hacer justicia con la realidad y en muchas otras profesiones fundamentales ocupan espacios cada día más importantes. Pueden ser médicas, profesoras, maestras, abogadas, policías, militares, enfermeras, trabajadoras domésticas, productoras rurales y empresarias, periodistas, escritoras, obreras y gerentas, artistas y actrices,  pero...les cuesta una barbaridad acceder a una pequeña cuota de poder. Comenzando por el parlamento. Si no lo creen cuenten...son 18 en 130. Un 14%.
No es un tema de proporciones matemáticas o estadísticas, es un paso fundamental para que en el parlamento esté representada otra sensibilidad diferente que es capaz y lo ha demostrado, de crear formas de cooperación y de relación transversal que los hombres no lograron en 180 años de vida política. ¿Lo hacen porque asumen su discriminación y sus derechos postergados en forma conjunta? Es muy probable, pero no solo por eso.
No se trata de una graciosa concesión que los hombres, los políticos, los legisladores, le hacen a las mujeres, es un gran paso adelante para que toda la sociedad sea más justa, mejor representada, con una mirada y una actitud más completa y variada y para que se enriquezca con nuevas capacidades el conjunto de la política y de la sociedad uruguaya. Es para combatir una discriminación que nos afecta a todos porque nos empobrece a todos.
Los argumentos son múltiples, pero ahora debemos concentrarnos en los peligros. La ley fue aprobada y en el horizonte se perfilan negros nubarrones.
En la construcción de las listas electorales si los partidos, sectores y grupos y donde los hombres seguimos teniendo una abrumadora mayoría que corta el bacalao se hace una  ingeniería fina, en los terceros puestos de muchas listas aparecerán mujeres, sobre todo en el caso de las listas al Senado, pero...cuando se cuenten los votos, resultará que casualmente no se elegirán esos cargos. Sacar tres senadores para una lista implica obtener cerca de 200.000 votos...
Por ahora no voy a especular porque nadie ni cercanamente da a conocer sus planes electorales, en particular sus listas y menos que menos sus listas al senado. Hablemos en general, alertemos.
En las danzas de alianzas, movimientos diversos en los partidos, sobre todo en uno de ellos - uno de cuyos integrantes se ofende muchísimo si lo mencionamos en sus migraciones perpetuas se arman las listas adecuadamente , resultará que por la casualidad o por el destino, o las matemáticas electorales las mujeres no alcanzarán una aumento importante en su presencia en el próximo parlamento. Esa es la cuestión.
Y el día del recuento entre euforias o llantos y lamentos este tema pasará a un segundo nivel, o al tercero, y muchos pondrán los ojos en blanco. Mejor alertar ahora.
¿De quien depende que eso no suceda en ningún lado? Depende de la opinión pública vigilante y atenta, de las organizaciones de mujeres, de las mujeres que hacen política, todas ellas y de la prensa. Esas ingenierías no pueden hacerse silenciosamente con la complicidad de todos nosotros. No debemos asumirla como una fatalidad.
La vieja y manida frase de hecha la ley hecha la trampa es deplorable, es una resignación imperdonable. Las leyes tiene dos elementos inseparables para asegurar su cumplimiento, primero su letra y su espíritu que deben hacer cumplir los órganos del Estado, pero en segundo lugar, los ciudadanos que deben hacer cumplir sus derechos.
Demás está decir que además la integración del futuro gobierno nacional, de los gobiernos municipales queda librado a una genérica voluntad de sus titulares. Si consideramos que actualmente hay una sola mujer ministra, podremos valorar el enorme esfuerzo que habrá que realizar para dar un paso importante.
Han transcurrido más de 85 años desde aquel plebiscito local en Cerro Chato, un 3 de julio de 1927 en que por primera vez en toda América Latina y en el Uruguay, las mujeres votaron. La Constitución de 1917, le otorgó a las mujeres la totalidad de los derechos civiles y la potestad del voto. La Ley de 1932 reglamentó esos derechos, y en 1938, la mujer votó por primera vez en el Uruguay en la elección nacional del 27 de marzo de ese año. Uruguay fue el primer país de América Latina y el sexto en todo el mundo en permitir el voto femenino.  Que lejos estamos hoy de ser aquellos pioneros.
Esta batalla no es una batalla de las mujeres, de las organizaciones feministas, es una batalla de todos los que nos batimos por una democracia de mayor calidad, con más derechos y obligaciones. Ambas, el derecho de las mujeres y de todos a dar un salto de calidad en el acceso al poder, derecho que se han ganado y nos hemos ganado con creces y la obligación de cumplir con eso objetivo civilizatorio.
Las minorías tienen derechos que deben ser protegidos, imaginemos las mayorías.

(*) Periodista, escritor, director de UYPRESS y BITÁCORA. Uruguay.





Ley Nº 18.476

ÓRGANOS ELECTIVOS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES Y DE DIRECCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
SE DECLARA DE INTERÉS GENERAL LA PARTICIPACIÓN EQUITATIVA DE AMBOS SEXOS EN LA INTEGRACIÓN DE LOS MISMOS
DECRETAN:
Artículo 1º.- Declárase de interés general la participación equitativa de personas de ambos sexos en la integración del Poder Legislativo, de las Intendencias Municipales, de las Juntas Departamentales, de las Juntas Locales Autónomas de carácter electivo, de las Juntas Electorales y en los órganos de dirección de los partidos políticos.
Artículo 2º.- A los efectos establecidos en el artículo anterior y para las elecciones que se convoquen conforme a lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias literales W) y Z) de la Constitución de la República, y en toda elección de primer grado que se celebre para la integración de las autoridades nacionales y departamentales de los partidos políticos, se deben incluir, en las listas o nóminas correspondientes, personas de ambos sexos, en cada terna de candidatos, titulares y suplentes, en el total de la lista o nómina presentada. La presente disposición también regirá para las elecciones de segundo grado a efectos de integrar los respectivos órganos de dirección partidaria.
A su vez, y para las elecciones nacionales y departamentales que se indican en el artículo 5º, cada lista de candidatos a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Representantes, a las Juntas Departamentales, a las Juntas Locales Autónomas de carácter electivo y a las Juntas Electorales deberá incluir en su integración personas de ambos sexos en cada terna de candidatos, titulares y suplentes, en el total de la lista presentada o en los primeros quince lugares de la misma. El mismo criterio se aplicará a cada lista de candidatos, el titular y sus suplentes a las Intendencias Municipales.
En el caso de los departamentos para los cuales la adjudicación de bancas previa a la elección, efectuada por la Corte Electoral, determine que el número de Representantes Nacionales a elegir por el respectivo departamento sea de dos, los candidatos titulares tendrán que ser de diferente sexo, manteniéndose para los candidatos suplentes de los mismos el régimen general de ternas de la presente ley.
A los solos efectos de esta ley y de la conformación de las listas integradas por ambos sexos, el régimen de suplentes mixto de suplentes preferenciales y respectivos (literal d) del artículo 12 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 6º de la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999), se considerará como de suplentes respectivos.
Artículo 3º.- Las Juntas Electorales controlarán el cumplimiento de la presente ley, en lo que refiere a las listas a órganos que se eligen en circunscripción departamental, y negarán el registro de las hojas de votación que no cumplan con las disposiciones contenidas en los artículos precedentes. La Corte Electoral efectuará el contralor de las listas que intervienen en circunscripción nacional y comunicará a las Juntas Electorales el resultado del mismo. Las Juntas Electorales publicarán las hojas de votación (artículo 16 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 10 de la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999), dando noticia -en las elecciones que corresponda- de la calificación efectuada por la Corte Electoral respecto a las listas que intervienen en circunscripción nacional.
En los casos en que la legislación admite listas incompletas se estará, para la conformación y el contralor, a lo que resulte de las listas presentadas, siguiendo los criterios establecidos en el artículo 2º de esta ley.
Artículo 4º.- La Corte Electoral reglamentará la presente ley y dictará las reglamentaciones e instrucciones internas necesarias para el cumplimiento de la misma.
Artículo 5º.- Lo dispuesto en el inciso primero del artículo 2º de esta ley regirá desde las elecciones internas a celebrarse en el año 2009 y lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 2º regirá para las elecciones nacionales y departamentales de los años 2014 y 2015, respectivamente.
En función de los resultados obtenidos en la aplicación de las normas precedentes, la legislatura que se elija conforme a las mismas evaluará su aplicación y posibles modificaciones para futuras instancias electorales.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 24 de marzo de 2009.
 http://www.bitacora.com.uy/noticia_5013_1.html

domingo, 10 de febrero de 2013

El papel de EEUU en la caida de Lugo


Investigación en Paraguay
EL PAPEL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA CAIDA DE LUGO

En vísperas del juicio político que lo destituyó de la Presidencia del Paraguay el 22 de junio de 2012, Fernando Lugo se reunió con el embajador norteamericano James Thessin en la capital, Asunción. La reunión estaba programada desde mucho antes, bien antes de la matanza de Curuguaty – una operación policial de desalojo en la región de Curuguaty que dejó 17 muertos el 15 de junio de 2012 y fue utilizada como argumento por el Congreso para deponer a Lugo una semana después.

Según el protocolo, Thessin invitó a Lugo a la recepción del 4 de julio, fecha de la independencia norteamericana, que se realizaría en la embajada, una manzana entera en el centro de la capital. “¿Pero usted me está invitando para ir como presidente o como ciudadano?”, preguntó Lugo. “Como presidente, claro”, lo tranquilizó Thessin.

Lugo ya no era presidente de Paraguay el 4 de julio y no asistió a la ceremonia, en la que se ejecutaron los dos himnos nacionales, hubo refrescos y canapés. La fecha marcaba el fin de una semana de duro trabajo después de la deposición del ex obispo y la ascensión de su vice, el liberal Federico Franco, al poder. Un trabajo que involucró no sólo a los diplomáticos norteamericanos y que fue realizado en silencio –los Estados Unidos se pronunciaron sobre Paraguay veinte días después del juicio político.

El día anterior a la fiesta, el 3 de julio, una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) liderada por su secretario general, José Miguel Insulza, había dejado el país. Durante tres días, el grupo se había reunido con representantes de todos los partidos políticos, de la Iglesia, de la Corte Suprema, con empresarios, periodistas, dueños de medios de comunicación, líderes indígenas y con el actual presidente, Federico Franco, y su canciller; y hasta con el propio Lugo.

Insulza llevó a representantes “de varios grupos geográficos” para integrar la misión, según lo describió en su relatoría. Ninguno, sin embargo, de América del Sur. El grupo que viajó a Paraguay para indagar sobre la crisis estaba compuesto por la embajadora de los Estados Unidos en la OEA, Carmen Lomellin; por el embajador de Canadá, Allan Culham; de Haiti, Duly Brutus; de Honduras, Leónidas Rosa Bautista; y de México, Joel Hernández.

La misión de la OEA tomó la posición contraria a la del Mercosur y de Unasur, que suspendieron a Paraguay por considerar que el juicio político representaba una ruptura en el joven proceso democrático paraguayo por el tiempo exiguo concedido a la defensa del presidente –menos de 17 horas. Insulza defendió la legitimidad del proceso relámpago, que estaría avalado por la Constitución paraguaya, y minimizó las críticas de las organizaciones regionales: “Es natural que la situación que ocurrió en Paraguay haya generado reacciones negativas”, escribió en su relatoría, “pero eso no es exactamente una novedad en el hemisferio”. También sugirió que la OEA debería aumentar su presencia en el país hasta las elecciones presidenciales, programadas para abril de 2013. “En 10 meses Paraguay va haber elegido autoridades con total legitimidad democrática”, concluyó.

Al día siguiente de la publicación del informe de la OEA, el gobierno de Barack Obama declaró su apoyo a Federico Franco. “No existen razones para que Paraguay sea suspendido en la OEA”, afirmó la secretaria adjunta de Estado para las Américas, Roberta Jacobson, en una conferencia de prensa. “Lo que realmente queremos es enfocarnos en el futuro”, dijo. “Veo Paraguay como una forma de unirnos en la región para apoyar la democracia paraguaya y no como un tema que exacerbe las divisiones”.

“¿Entonces no fue un golpe de Estado?”, preguntó un periodista. “No voy a responder a esa pregunta”, retrucó, irritada, la secretaria.

Las sanciones del Mercosur y de Unasur también fueron rechazadas por la Cámara de Comercio Paraguayo-Americano Pamcham, entidad que reúne a empresarios norteamericanos y paraguayos alineados con la política exterior de los EUA. Antes incluso de la posición oficial norteamericana, la Pamcham calificó como “inaceptable” la suspensión de la membresía del país en esos organismos. El presidente honorario de la PamCham es el propio embajador James Thessin.

Lugo no estaba equivocado al preguntar al embajador norteamericano sobre su futuro cuando lo invitó para la fiesta del 4 de julio. Al fin de cuentas, el apoyo de los EUA es fundamental para el futuro de cualquier gobierno en ese país. Las reticencias de los norteamericanos respecto de su presidencia fueron bien descriptas por la antecesora de Thessin en la embajada, Liliana Ayalde, quien escribió en un telegrama que envió el 7 de diciembre de 2009 y fue filtrado por Wikileaks: “Hemos sido cuidadosos en expresar nuestro apoyo público a las instituciones democráticas de Paraguay –y no a Lugo personalmente”.

Ayalde, hoy al frente de la sección Caribe, América Central y Cuba del Departamento de Estado, fue aún más clara al afirmar que había advertido al ex obispo sobre los “beneficios” de mantener una relación cercana con los EUA, “sin permitir que utilice el apoyo de la embajada como salvavidas”.

La influencia norteamericana en Paraguay no es sólo un asunto diplomático. A través de donaciones administradas por USAID de más de 100 millones de dólares (en cinco años) a empresas, ONGs y órganos gubernamentales dificilísimos de monitorear, los norteamericanos se garantizaron su proximidad a diversas esferas de poder en Paraguay: “Actores políticos de todos los espectros nos buscan para oír consejos”, resumió la ex embajadora Ayala en la misma relatoría confidencial. “Y nuestra influencia aquí es mucho mayor que nuestro rastro”, indicó.

El entrenamiento de las fuerzas de seguridad paraguayas figura entre los principales programas financiados por USAID. Entre 2005 y 2010, casi mil militares y policías –en su mayoría en 2009, año siguiente a la asunción de Lugo—fueron entrenados así y de este programa salieron algunos comandantes de las Fuerzas Armadas nombrados por Franco cuando asumió el poder.

La Policía Nacional fue la responsable por la operación que resultó en la matanza de Curuguaty. El Ministerio Público, que se basó exclusivamente en testimonios de los policías para atribuir a los campesinos la culpa por la masacre, y la Corte Suprema, que negó dos recursos promovidos por la defensa de Lugo, también fueron beneficiados por programas de USAID.

Uno de los más influyentes defensores de los intereses norteamericanos en Paraguay es Michael Eschleman, un cincuentón norteamericano con una larga historia en el país y que dirige el Programa de Democracia de USAID. En 1985, todavía bajo la dictadura del general Alfredo Stroessner, Eschleman era voluntario del Cuerpo de Paz (Peace Corps), una agencia gubernamental que lleva jóvenes voluntarios del primer mundo a los países pobres y que ya fue acusada de infiltrar espías. Eschleman llegó a gerente de entrenamiento y director de Peace Corps antes de asumir la dirección de las iniciativas en pro de la democracia en Paraguay. El programa más importante de su gestión es Threshold –Umbral, en español–, que recibió más de 60 millones de dólares en los últimos cinco años.

Documentos obtenidos por Agencia Pública a través de la Ley de Acceso a la Información de los Estados Unidos revelan que, antes incluso de la votación del juicio político, el encargado de USAID de velar por la democracia paraguaya ya planeaba sus pasos con el nuevo gobierno: “Comencé a tener reuniones internas para evaluar, y trazar una estrategia sobre la mejor manera de mantener la marcha de los programas con el nuevo gobierno”, explicó Eschleman en un email a las 17.20 del fatídico 22 de junio dirigido a la conducción de Millenium Challenge Corporation (MCC), agencia de financiamiento ligada al Congreso norteamericano. Tras observar que “a las seis horas, Franco ya debe ser presidente”, Eschleman escribió: “Probablemente va a llevar algunos días saber quiénes serán los nuevos ministros y cómo podemos abordar a los nuevos líderes para garantizar no sólo la estabilidad de los programas, sino la capacidad para avanzar”. Con todo, resaltó, el cambio de gobierno significaba “buenas noticias” para USAID: “Franco y su equipo conocen muy bien el programa Umbral porque trabajaron cerca de nosotros en los últimos años”.

Dos horas después, el director de USAID envió otro email en que contaba que, tras el discurso de asunción, el nuevo presidente nombró a los nuevos ministros. Más “buenas noticias”: “Tanto el ministro del Interior (Carmelo Caballero) como el nuevo Jefe de Policía (Aldo Pastore) trabajaron con nosotros en el programa Umbral, y son personas que llamaríamos aliados”. Luego, respecto del ministro de Finanzas Manuel Ferreira Brusquetti, y el jefe de Gabinete de Franco, Martín Burt, celebró: “Conocen y respetan a USAID, y trabajaron con nosotros en el pasado”.

En otro email enviado el 9 de julio, Eschleman explicó el silencio de la misión norteamericana durante las primeras semanas posteriores a la destitución: por causa del “proceso de juicio político, del cambio de administración y de la atención internacional prestada a los eventos locales, USAID ha mantenido un low profile (bajo perfil)”, escribió. Y agregó: “La embajada está esperando la relatoría de la delegación de la OEA al Consejo Permanente. Hasta entonces, los funcionarios de USAID no participan en reuniones o eventos públicos con miembros del gobierno”.

Pero, por parte de MCC, el recelo de que hubiese algún giro político ya se había disipado. Fue así que la directora de MCC escribió a Eschleman el 5 de julho: “¿Ya se asentó un poco la polvareda? Hablamos sobre Paraguay aquí y concluimos que hay acciones a ser tomadas en relación con preocupaciones de elegibilidad”.

El día 22 de marzo de 2012, en una ceremonia en el Palacio Nacional, otro director del programa Umbral, el norteamericano Matthew Langhenry, recibió una medalla al mérito de la Policía Nacional paraguaya de manos de su comandante, Paulino Rojas, que durante un año y medio trabajó cerca de USAID en el programa Umbral. Rojas, entrenado por el FBI en un curso en Virginia en 1998, colocó con cuidado la medalla en el pecho de su colega norteamericano. “Donamos más de US$ 2 millones en equipamiento a la Policía, pero lo más importante es que juntos reformamos la currícula de la academia policial, juntos reformamos la escuela de suboficiales”, proclamó Langhenry, sudando de calor.

“Juntos escribimos el primer manual de uso de fuerza por la Policía Nacional en Paraguay”, concluyó con cargado acento.

Tres meses después, Paulino Rojas daría la orden de desalojo que llevó a la matanza de Curuguaty –y a la deposición de Lugo. Fue una desocupación polémica, por decir lo menos, pues el terreno ocupado por los sin tierra no tenía título válido de propiedad, lo que motivó que el Instituto de Tierras de Paraguay pidiera incluso la suspensión del desalojo.

Hasta dentro de la Policía nacional, muchos querían aplazar la acción por temor a un conflicto –incluyendo al jefe policial de la región, Ariovaldo Sanauria, subalterno directo de Rojas, que insistió en que se postergara. “El jefe de Operaciones Especiales, comisario Erven Lovera, abatido, pedía a gritos a sus superiores que esa operación no se realizara”, contó a la prensa otro oficial, el comisario principal Carlos Núñez Agüero. Lovera fue el primer policía muerto en el conflicto. Era hermano del jefe de seguridad personal del entonces presidente Fernando Lugo. Ninguno de esos temores fueron informados al ministro del Interior de Lugo, Carlos Filizolla, por el comandante Paulino Rojas, según el propio ex-ministro.

El hecho es que en las primeras horas del 15 de junio 324 oficiales rodearon a 70 campesinos –el tamaño desproporcional de la fuerza tampoco fue informado al ministro del Interior. La operación policial estuvo marcada por la violencia y los abusos,según la investigación de la organización Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC). Seis policías y once campesinos murieron. Decenas de trabajadores rurales fueron detenidos apenas por estar en el lugar y existen relatos de torturas, falsas ejecuciones y señales de alteración de la escena del crimen (el relato completo, aquí).

Entre los policías del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) que encabezaron la desocupación del terreno, por lo menos dos fueron entrenados por los Estados Unidos: en marzo de 2009, César Horacio Medina y Nelson Darío Zaracho Ocampos participaron en un entrenamiento del programa de Asistencia al Antiterrorismo del Departamento de Estado norteamericano en Asunción, según documentos filtrados por Wikileaks.

Umbral es el corazón de la estrategia norteamericana para Paraguay. Un estudio realizado por el instituto paraguayo Base-IS demostró que el volumen de recursos destinados a Umbral sólo es comparable con la primera década de la dictadura de Alfredo Stroessner –que duró 35 años y recibió el apoyo decisivo del gobierno de los Estados Unidos, así como las otras dictaduras de la región.

Financiado por la Corporación del Desafío del Milenio (MCC, en inglés) y lanzado en 2006, el programa es una suerte de “ayuda preliminar” a países pobres para mejorar sus índices de “transparencia”, “justicia” y “libertad económica” antes de acceder a la gran torta de la MCC: los programas Compactos, con sumas que van de los 100 millones a los 700 millones de dólares. Proyectos desarrollados con el Ministerio Público, la Controladuría General, la Corte Suprema, el Congreso, la Reserva Federal y el Ministerio de Finanzas, Industria y Comercio recibieron 34,6 millones de dólares hasta 2009.

Los resultados, sin embargo, fueron un fiasco, de acuerdo con una auditoría de la propia USAID, que elaboró un documento en el que mostraba que muchos objetivos no fueron alcanzados y que el gobierno de Nicanor Duarte Frutos no estaba muy interesado en perseguirlos. Un laboratorio forense financiado por los Estados Unidos permaneció sin uso durante dos años; un programa para aumentar la transparencia y el monitoreo de las actividades del Congreso fue abandonado “por falta de voluntad política”; la inversión en actividades aduaneras se restringió a la capital, Asunción, mientras el contrabando continuaba a todo vapor en la frontera; diez de los doce barcos donados para patrullaje fronterizo quedaron fuera de operaciones; un nuevo sistema de documentos de identidad y pasaportes, implementado y financiado por USAID, terminó generando polémica con la acusación de haber favorecido a una empresa norteamericana en el proceso de licitación.

Aún así, el gobierno de los Estados Unidos firmó un nuevo contrato de asistencia con Paraguay por valor de 34 millones de dólares en 2009, ya bajo el gobierno de Fernando Lugo. En la ceremonia de lanzamiento de Umbral 2, la entonces embajadora Liliana Ayalde no dudó en declarar a la prensa que todas las metas y objetivos de la primera fase se habían cumplido y que la segunda fase buscaba “afianzar la democracia y consolidar las instituciones del Estado paraguayo”.

En la división de recursos de Umbral 2, la Policía Nacional recibió la mayor cantidad US$ 9,4 millones, seguida por el Ministerio Público: 5,5 millones de dólares, amén de los 6,2 millones de dólares que había recibido en la primera fase del programa. La Corte Suprema recibió 5 millones de dólares en ambas fases.

Fue ese mismo Ministerio Público que, en la persona del fiscal Jalil Rachid, sin escuchar a ningún campesino, concluyó que estos eran responsables de la masacre y encarceló a catorce personas sin tierra y emitió orden de arresto contra otras 54 –algunas de las cuales ni siquiera estaban presentes durante la evacuación. La conclusión de Rachid fue respaldada por el Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón. En septiembre (de 2012), Verón también se pronunció con una recomendación a la Corte Suprema para que negase el segundo pedido de inconstitucionalidad planteado por los abogados de Lugo a raíz del exiguo tiempo concedido a su defensa durante el juicio político. La Corte Suprema rechazó el recurso.

Al hacerlo, el 20 de septiembre, el presidente de la Corte y relator del proceso, Víctor Núñez, hizo una evaluación casi surrealista: “Como se trata de un procedimiento que técnicamente no es jurisdiccional, las garantías propias del proceso judicial, aun cuando puedan ser aplicables, no lo son de manera absoluta, sino parcial, con el objetivo de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del acusado”. Los abogados de Lugo tuvieron 17 horas, incluida la madrugada, para preparar su defensa y apenas dos horas para defenderlo en el Congreso.

Seis meses antes, Núñez y los demás miembros de la Corte Suprema se habían reunido con el director de USAID para América Latina y el Caribe, Mark Feierstein, para hablar sobre el programa Umbral. Feierstein afirmó al final del encuentro: “Estamos trabajando con la Corte Suprema contra la corrupción y para que el sistema judicial sea más efectivo y más eficiente para el pueblo paraguayo”.

“Reconocemos el éxito alcanzado, es un ejemplo para otros países”.

No era eso, para nada, lo que decía la embajadora Liliana Ayalde en los despachos enviados en 2009 al Departamento de Estado. En la misma época en que destinaba 2,5 millones de dólares a la Corte en el programa Umbral, en un despacho diplomático Ayalde afirmaba que la Corte, “amplia y acertadamente”, era considerada corrupta, más enfocada “en intereses políticos y personales que en cuestiones legales”. Y escribió: “La interferencia política es la norma; la administración de justicia se volvió tan distorsionada que los ciudadanos perdieron la confianza en la institución”.

“El control político de la Corte Suprema es crucial para garantizar la impunidad de los crímenes cometidos por políticos hábiles. Tener amigos en la Corte Suprema es oro puro”, escribió en su despacho del 25 de agosto de 2009. “La presidencia y vicepresidencia de la Corte son fundamentales para garantizar el control político, y los Colorados (oposición a Lugo) controlan esos cargos desde 2004. En los últimos cinco años también pasaron a controlar la Cámara Constitucional de la Corte”.

Tres años antes del juicio político a Lugo, escribió: “Esta cámara es famosa por tomar decisiones controversiales y arbitrarias. (….) Para los aliados de Lugo, obtener control de la cámara es fundamental para prevenir un posible impeachment”.

Pero no era Lugo quien detentaba el control de la Corte, como demostraron los hechos. Un mes después de emitir su voto respaldando la destitución, el presidente de la Corte, Víctor Núñez, participó en la primera comitiva internacional del nuevo presidente Federico Franco –que se dirigió a la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

Fue la estrella de Franco en la escena internacional, donde participó, junto con todos los jefes de Estado, de una comida oficial organizada por el anfitrión, Barack Obama, en el pomposo hotel Waldorf Astoria. Franco tuvo la oportunidad de sacarse una foto con el mandatario norteamericano, junto con su esposa y la primera dama Michelle Obama, elegantemente vestidos para la gala nocturna. Desde entonces –pasaron ya cuatro meses–, esa foto ilustra orgullosamente la apertura del sitio oficial de la Presidencia de Paraguay.

Presente hace cincuenta años en Paraguay, USAID fue siempre un brazo fuerte de la política norteamericana en el país. Un estudio detallado sobre su actuación, realizado por el Instituto Base Investigaciones Sociales (Base-IS), revela que la presencia de USAID creció progresivamente en el país a partir de 2008, cuando Lugo fue elegido. “En términos de fondos, hubo un aumento importante en la asistencia norteamericana a Paraguay: de US$ 17,25 millones en 2007 a US$ 36,2 millones en 2010”, indica el estudio (c liquee aquí para leerlo).

El foco de la asistencia de los Estados Unidos son los programas de “democracia”, que inciden directamente sobre la administración pública; USAID es responsable por el financiamiento del 32,3 por ciento de este tipo de proyectos, pero queda bien atrás de otros países en términos de asistencia a la salud, por ejemplo.

Además, los fondos de asistencia distribuidos a una infinidad de ONGs y de organismos gubernamentales son difíciles de monitorear, como descubrirían los investigadores de Base-IS.“És difícil cerrar los n{umeros porque los fondos vienen de diferentes fuentes y para actores diversos, algunos de ellos directamente al gobierno o canalizados por ONGs internacionales”, explicó Marielle Palau, que coordinó el estudio.

El cuadro se complica con la tendencia a la privatización de la asistencia internacional. Desde 2000, los recursos de USAID traspasados directamente a empresas privadas norteamericanas a título de consultorías viene creciendo y son ellas las que, en la práctica, comandan la distribución del dinero en cada país. Solamente en 2010, cuarenta empresas facturaron más de 6.700 millones de dólares en contratos con USAID –una enorme tajada de los recursos de la agencia para ese año.

La semejanza con la privatización de la seguridad militar norteamericana no es mera coincidencia. Así como las empresas privadas de seguridad presentes en Irak y Afganistán, las contratadas por USAID “tercerizan” la asistencia internacional, gerenciando de manera discreta la transferencia de los recursos norteamericanos. Poco conocidas, sin vínculos fuertes en los países en que actúan, contribuyen a tornar aún menos transparentes los programas de USAID.

La mitad del dinero del Programa Umbral en Paraguay –30 millones de dólares– fue traspasada a la empresa Casals & Associates. Pero los ministros de Lugo cuyas carteras trabajaban con Umbral –Interior, Salud, Relaciones Internacionales—dijeron a Pública que no tenían mucho conocimiento sobre la actuación de Casals. Tampoco el propio Lugo.

Fundada en 1986 por Beatriz Casals, una cubana con lazos en la comunidad disidente de Miami, Florida, la empresa Casals tiene más de 300 empleados y sus contratos con el gobierno norteamericanos alcanzaron los 3.000 millones de dólares. Beatriz fue presidente de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana de la Universidad de Texas y es actualmente directora del Centro para una Cuba Libre, una organización de lobby anti-Fidel en Washington. Entre los clientes de Casals figuran el Departamento de Defesa, principalmente el ejército y la marina, el Departamento Homeland Security (Seguridad Interna), la agencia antidrogas (DEA), el Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) del Departamento de Estado, y la TV y Radio Martí, que transmiten propaganda anticomunista para la población cubana desde Miami.

En 2010, la compañía fue adquirida por la gigantesca contratista militar Dyncorp –presente en todas las guerras entabladas por los Estados Unidos, incluyendo el combate contra las FARC en Colombia– y pasó definitivamente a la esfera de influencia de los militares. Más del 65 por ciento de los funcionarios de Dyncorp son militares veteranos. El CEO de la empresa, William L. Ballhaus, declaró respecto de la compra de Casals: “La adquisición nos ayudará a lograr la meta de crear valor a través del crecimiento continuo y la diversificación en los negocios, y se alinea con el énfasis de la administración Obama en la aplicación del ‘poder inteligente’ (smart power) ante los desafíos globales”.

Según el sitio web de la empresa, Casals mantiene oficinas en lugares tan distintos como Armenia, El Salvador, México y Uganda, siempre unidas a contratos de USAID. Desde 2008 tiene un contrato por valor de 1.500 millones de dólares con la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI) de la agencia, para “apoyar los objetivos de la política externa norteamericana ayudando a socios locales a avanzar en la paz y la democracia en países prioritarios, en crisis”. El sitio web destaca: “Los dispositivos del contrato permiten que OTI establezca rápidamente oficinas, contrate funcionarios y desembolse pequeñas donaciones a grupos locales para resolver necesidades de transición y estabilización”.

OTI está involucrada en diversas iniciativas polémicas en América del Sur. En Bolivia, a través de Casals, distribuyó 13.300 millones de dólares a ONGs que trabajaban en proyectos de “descentralización” y “autonomías regionales”, fortaleciendo a los gobiernos estaduales que se oponían al gobierno de Evo Morales. En Venezuela, a través de Development Alternatives Inc., otra contratista, OTI transfirió 95,7 millones de dólares entre 2002 y 2010, distribuidos a la oposición a Chávez a través de pequeñas donaciones. La misma empresa envió a Cuba a su funcionario Alan Gross, que fue detenido por distribuir celulares y equipamientos con comunicaciones por satélite a la disidencia cubana. Por estos episodios, los países que forman la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) – Bolivia, Cuba, Ecuador, Dominicana, Nicaragua y Venezuela - emitieron un comunicado el 22 de junio de 2012, día de la deposición de Lugo, invitando a Usaid a retirarse de sus países por la “injerencia abierta” al financiar grupos y proyectos “dirigidos a desestabilizar a los legítimos gobiernos que no son afines a los intereses de los Estados Unidos”.

Generalmente discreta, la actuación de la Casals llegó a titulares de la prensa paraguaya en abril de 2009, cuando el diario ABC Color obtuvo copias de documentos que mostraban divergencias respecto de la licitación para implantar un sistema nacional de emisión de cédulas de identidad y pasaportes. Responsable por la licitación de la empresa que desarrollaría el sistema –y que pasaría a tener todos los datos de la población paraguaya–, la Casal descartó a todas las competidoras paraguayas y escogió a la norteamericana, L-1 Identity Solutions, la única con los diez años de experiencia constantes exigidos en la licitación.

A pedido del gobierno paraguayo, USAID efectuó entonces una auditoría para verificar si hubo favorecimiento respecto de la empresa norteamericana. La auditoría llegó a una inusitada conclusión: no sólo USAID no había violado ningúna ley –pues la licitación era regida por leyes norteamericanas y no paraguayas–, sino que seis funcionarios del gobierno paraguayo fueron acusados de “comportamiento inapropiado” y retirados del programa posteriormente.

Después de años actuando lejos del escrutinio público, la Casals simplemente desapareció de Paraguay en julio de 2012, después del fin del proyecto Umbral –y un mes después de la destitución de Lugo. Contratada directamente por el gobierno norteamericano, dejó pocos registros de su paso: apenas una mención aquí o allá en alguna relatoría de la USAID o en genéricos comunicados de prensa.

Agencia Pública estuvo en agosto en el bello caserón alquilado por la Casals en la calle Bernardino Caballero, número 168, en Asunción. No encontró a nadie. En la parada de taxis, al otro lado de la calle, un chofer confirmó que allí funcionaba una ONG “que trabajaba para la embajada”, pero que se había “acabado”. Por indicaciones del taxista, Pública consiguió conversar con una ex funcionaria delante del portón de su casa, la profesora Raquel González, que fuera contratada temporariamente como consultora. “Cambió el gobierno, entonces no teníamos mucho con quién trabajar”, explicó. ¿Y los directores de la Casals? “Se fueron. Ahora cada uno se fue para su país”.


por Natalia Viana
Agencia Pública
* Colaboró Jeremy Bigwood

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