Radio Contacto sur

sábado, 17 de julio de 2021

Un aumento de sueldo para el presidente, por favor Uruguay

 «Me habían dejado afuera», dijo Lacalle Pou respecto a que el año pasado no tuvo incremento. Según la Jutep gana 403.242 pesos liquidos.


SI ÉL LO DICE… “Lo único que hicieron es ponerlo dentro del aumento de los funcionarios públicos”, afirmó Lacalle Pou. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.


Redacción de Caras y Caretas


Mientras en el Ministerio de Trabajo se discuten los futuros aumentos salariales, el presidente Luis Lacalle Pou ya se aseguró un incremento para el 2021.

Un artículo de la Rendición de Cuentas enviado al parlamento, restable los ajustes salariales a la remuneración del primer mandatario. La normativa referida indica que “durante el período 2021-2024 aquellos funcionarios que perciban una remuneración total nominal superior a la de un Ministro de Estado (…) recibirán incrementos salariales nulos, o los necesarios para igualarlos al sueldo de dicho Ministro en oportunidad de cada adecuación salarial”. Las únicas excepciones eran los funcionarios del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

La decisión de modificar ese artículo generó criticas en la oposición. Lacalle Pour respondió este jueves y afirmó que “es un tema que me afecta personalmente”.

“Hasta donde yo sé, los salarios públicos se aumentan por determinado parámetro y al presidente lo habían dejado afuera. Lo único que hicieron es ponerlo dentro del aumento de los funcionarios públicos”, indicó.

“El año pasado no tuvo aumento el presidente, no fue atado a los otros funcionarios públicos y ahora va a ser como siempre fue”, afirmó el mandatario.

Lacalle Pou explicó a la prensa que “el sueldo del presidente es fijado por el gobierno anterior” y que él no puede aumentarse el sueldo.

El presidente percibe un salario de 403.242 pesos según la declaración jurada presentada el 26 de mayo de 2020 ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

domingo, 30 de mayo de 2021

Libertad de prensa

 Via www.conaicop.org


Vía Cainfo

En el último año se registraron 49 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay, según el séptimo informe de monitoreo realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo). Se trata del número más alto de casos desde que existe el estudio, luego de los 26 registrados en el sexto informe. La mayoría de los episodios (30) tienen que ver con la restricción del acceso a la información.

La investigación y elaboración de este informe se desarrolló en un marco de creciente riesgo para la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación. Ese clima de hostilidad, muchas veces se traduce en agresiones a través de redes sociales, acusaciones de intencionalidad política, atribuciones de pertenencia a partidos o grupos de interés, entre otros ataques que involucran a funcionarios públicos y miembros del gobierno.

El reporte abarca entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021 y se enmarca en el proyecto “Periodismo y libertad de expresión en Uruguay. Monitoreo de amenazas” de CAinfo, que impulsa la promoción y defensa de la libertad de expresión en el país a partir del desarrollo de una metodología de relevamiento y sistematización de información sobre la materia.

El trabajo realizado este último año muestra la existencia de, al menos, 49 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay en seis de los 12 indicadores analizados: agresiones y ataques, discurso estigmatizante, restricción al acceso a la información, procesos civiles y/o penales, uso abusivo del poder estatal y marco jurídico contrario a estándares internacionales de libertad de expresión y prensa.

La restricción al acceso a la información fue la categoría que reunió más casos y entre ellos 29 correspondientes a pedidos de acceso rechazados, no contestados o respondidos de manera incompleta o parcial. Esto también confirma un deterioro en el cumplimiento de este derecho que ya se venía registrando en informes anteriores, pero que tiene una confirmación cuantitativa en el año 2020.

Además de los pedidos de acceso que no fueron respondidos también se registró un retroceso normativo, que se refleja en algunas disposiciones de la Ley de Urgente Consideración aprobada con los votos de la coalición de gobierno, según consignó CAinfo en su informe ante el parlamento en mayo de 2020.

La categoría Agresiones y ataques tuvo 8 episodios y le siguen el Marco jurídico contrario a estándares con 4, los procesos judiciales con 3, el uso abusivo del poder estatal con 2 y el Discurso estigmatizante con 2.

De las personas que sufrieron las amenazas, en 4 casos se afectó a periodistas mujeres (en dos casos los ataques tuvieron claros componentes de violencia de género), en 30 a varones y en 15 ocasiones el episodio tuvo impacto en equipos periodísticos o medios de comunicación. Los responsables de las amenazas fueron organismos o funcionarios del Estado en 39 ocasiones, en 6 fueron personas no estatales y en 5 no se identificó a los responsables.

CAinfo ve particularmente preocupante el aumento de casos de rechazo de solicitudes de acceso a la información pública amparándose en cláusulas de confidencialidad, como ocurrió en los casos de los contratos para la compra de vacunas contra la Covid-19, el proceso de litigio internacional contra el Estado uruguayo por parte de la minera Aratirí, y otros casos puntuales como el acuerdo con la empresa PepsiCo y el caso del sumario al exsecretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma.

También se constató una tendencia de los organismos públicos, tanto a nivel nacional como departamental, a restringir el acceso a la información vinculada a la pandemia de Covid-19, en una línea contraria a las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana (CIDH). En este sentido, a CAinfo le resulta alarmante el criterio aplicado por algunas direcciones departamentales de salud que se niegan a informar sobre los casos de Covid-19 por localidad, con el argumento de no “estigmatizar” a la población, mientras hay otras que lo hacen en tiempo y forma.

El problema motivó a CAinfo y un grupo de organizaciones preocupadas por la situación a emitir una declaración en defensa de la transparencia de la información sobre la pandemia, a fin de exhortar a las autoridades nacionales y departamentales a cumplir con su obligación de garantizar el cumplimiento de un derecho fundamental en tiempo de crisis sanitaria.

Mas informes

https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Informe-de-Deutsche-Welle-sobre-libertad-de-prensa-en-Uruguay-genero-criticas-de-blancos-uc787874

DW Español, el canal de televisión de la cadena internacional Deutsche Welle, de origen alemán, presentó este jueves un informe de seis minutos en el que plantea que la libertad de prensa está «amenazada» en Uruguay, «la democracia ejemplar de las Américas». El único entrevistado es Edison Lanza, ex Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e integrante del equipo de Yamandú Orsi, el intendente de Canelones. Algunos de los planteos de Lanza, como el que refiere al despido del coordinador de Subrayado, Eduardo Preve, y su posible vínculo con «una presión de parte del gobierno», generaron críticas de dirigentes nacionalistas.

«Hasta muy hace poco Uruguay constaba en los reportes internacionales de la libertad de prensa y opinión como una de las excepciones de las Américas, y sin embargo el trámite de una nueva ley de medios por parte del gobierno de Luis Lacalle Pou y su bancada conservadora ha encendido las alarmas de periodistas y defensores de la libertad de prensa y expresión dentro y fuera de Uruguay», dice la presentadora del informe. «Las críticas han sido ampliamente recogidas en la prensa nacional. Critican que recorta derechos ciudadanos, quita toda transparencia a la forma en que se asignan frecuencias de radio y televisión, y levanta a niveles inéditos las barreras a la concentración de medios. Según el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo), en el último año se registraron 49 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay», agrega la periodista.

Consultado sobre estas amenazas, Lanza respondió que «hay restricciones sobre todo al derecho de acceso a la información pública», y agregó: «Cainfo llevó ante la justicia los contratos confidenciales para la compra de vacunas. Lamentablemente la Justicia ratificó que tienen que ser confidenciales. Hay una tendencia creciente y una reforma legal que el presidente puede nombrar secreto los casos o temas de inteligencia nacional. Entonces, hay una creciente tendencia a mantener muchos temas y documentación importante en el ámbito de la opacidad».

«Luego hostigamiento a través de redes sociales; hay una polarización que se ha verificado en el país como en otros países de la región, y muchas veces los periodistas que informan sobre hechos de interés público son objeto de hostigamiento por parte a veces de algunos funcionarios públicos, otras veces de militantes de los distintos partidos, e inclusive del partido de gobierno, con lo cual el clima se ha enrarecido notoriamente».

El caso Preve

«¿Quiénes son los amenazados?», preguntó entonces la periodista de DW Español, y consultó concretamente por el caso de Preve, que «según el colegio de periodistas de Uruguay fue despedido por intervención directa del gobierno», agregó la presentadora.

«Hay dos temas ahí», respondió. «En redes sociales en general hay algunas legisladoras y legisladores, algunos del partido de gobierno, y en otros casos militantes también de la oposición, y los periodistas que informan o revelan asuntos que disgustan a estos funcionarios o personalidades muchas veces son objeto de descalificaciones y hostigamiento, y detrás viene una andanada de críticas o de insultos por parte de líderes de opinión en las redes», agregó.

La periodista repreguntó entonces «si en el caso de Preve hubo intervención directa del gobierno», ante lo que Lanza respondió que «el periodista fue despedido» y que «no hay una declaración oficial» porque «estas cosas no se declaran muchas veces».

«Sabemos que era el principal informativo del país, que Preve lo estaba liderando hace 12 ó 14 años, que tenía excelente raiting y muy buen relacionamiento con todo el equipo. Él era el líder del informativo y sin una razón aparentemente válida fue despedido. El canal luego declaró públicamente el desgaste de la relación. En el marco del despido debió firmar una cláusula de confidencialidad para obviamente acceder a su despido, a la negociación de salida. En un momento de crisis absoluta, se entiende que el periodista tenga que asegurar poder seguir viviendo», dijo Lanza.

«La Asociación de la Prensa, el sindicato de periodistas, ha hecho una serie de relevamientos, y ha manifestado que por la investigación que hizo y las fuentes que consultó habría habido algún tipo de presión de parte del gobierno, en un informativo, que hay que decirlo, era el más plural de algún modo, el que ofrecía mayor neutralidad al espectro político del país», aseguró.

«Falta a la verdad»

Ante estos planteos, el diputado nacionalista Juan Rodríguez aseguró que Lanza «falta a la verdad por partida triple». En primer lugar, menciona las «razones de la desvinculación de Preve de Subrayado»; en segundo lugar, «respecto a las ‘amenazas a la libertad de expresión’, cuando NO se recurrió al mecanismo judicial para solicitarla»; y en tercer lugar «sobre la Ley de Medios».

«SP!», publicó el legislador herrerista, en alusión a una reconocida sigla usada por el relator de fútbol Rodrigo Romano: «sin palabras».

El director de Antel, Guzmán Acosta y Lara, exdiputado blanco, respaldó a su correligionario y agregó: «Uruguay es un país en donde la libre expresión y la libertad de los comunicadores está garantizada».

La ley de medios

Esta semana el gobierno envió a los partidos de la coalición y al Frente Amplio el proyecto de la nueva ley de medios para que sea tratado en la Comisión de Industria de Diputados.

La periodista de DW Español le preguntó a Lanza cuánto puede empeorar la situación actual el proyecto de ley de medios enviado por el Poder Ejecutivo. «Reforma una ley del gobierno de Pepe Mujica que buscaba mayor pluralismo en las líneas editoriales, la cantidad de los medios de comunicación, limitar la concentración, dado que los tres grupos mayoritarios antes de la última elección claramente apoyaron el cambio hacia el sector conservador del espectro político que hoy gobierna», respondió quien se desempeña como director de comunicación, transparencia y relaciones internacionales de la Intendencia de Canelones.

«Es claro que ningún grupo de medios medianamente grande tiene una línea editorial que refleje al 40 o 45% del país. Creo que esta ley va a reforzar a los grupos actualmente existentes, su esquema de negocios y su posición dominante en el país, por lo tanto, va a seguir afectado el pluralismo de las líneas editoriales que requieren una democracia», concluyó Lanza.

La conductora cerró entonces el informe aclarando que el canal intentó contactar al presidente y al canciller, Francisco Bustillo, para hablar de este tema, pero que no ha podido hablar con ninguno de los dos.

Montevideo Portal

domingo, 9 de mayo de 2021

La realidad es mas cruda que lo que el gobierno y los grandes medios desinformativos quieren mostrar, el actual gobierno brilla por la ausencia en políticas reales de ayuda o de contención de esta pandemia . Es hablar con la gente ,con el personal de la salud, educación para saber la realidad oculta que quieren tapar con grandes y panfleticos titulares.

Al que quiere realizar una labor bien de difusión de noticias milagrosamente lo echan de su medio de trabajo ,claro esta después de una llamada del gobierno de perilla sin control ,de la coalición –

Se viene años duros en Uruguay por que la gente o parte de ella se dejo engañar por espejitos de colores o multicolores donde encontras blancos, colorados ,independiente ,violadores ddhh y torturadores y quien sabe que mas.

Ruben Suarez

¡¡EL GOBIERNO REALIZA IMPORTANTE APOYO A LAS OLLAS POPULARES!!!

Hace pocos días la prensa informaba de un nuevo convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Organización “Uruguay Adelante”.

Mediante este acuerdo, el gobierno nacional (a través de dicho ministerio) destinará su “apoyo” a las ollas populares y merenderos del país. Este apoyo, según informó el propio gobierno y replicó la prensa, será de 115 millones de pesos: 50 para el interior del país, y 65 para Montevideo y la zona metropolitana (y habría un remanente de otros 85 millones que se destinarían después de vencido el primer plazo). El ex ministro Bartol afirmó que se trata de un “apoyo contundente” a las ollas y merenderos populares por parte del gobierno.

Ahora bien, saquémosle el humo y el color de rosas al asunto:

El convenio rige desde el 21 de abril hasta el próximo 31 de julio, es decir, ese dinero hay que dividirlo en poco más de tres meses. Si dividimos los 65 millones de pesos en 100 días, nos da un total de $650.000 por día (seiscientos cincuenta mil pesos), que el gobierno destinará al apoyo de las ollas y merenderos de Montevideo y alrededores.

Según los datos que informó el propio gobierno, son unas 300 ollas y merenderos las que funcionan en la zona metropolitana. Entonces, si dividimos los $650.000 que el gobierno dona por día, entre las 300 ollas y merenderos, nos da un total de $ 2.167. Ese dinero, dos mil ciento sesenta y siete pesos por día, es lo que el gobierno (a través de Uruguay Adelante) le está donando a las ollas y merenderos populares.

Según los datos recabados en nuestro territorio, podemos estimar en 200 el número de usuarios promedio por cada una de estas ollas o merenderos populares. De esta forma, la cuenta es clara: Si dividimos los $2167 que el gobierno dona por día a cada olla o merendero, entre los 200 usuarios (promedio) que asisten a cada una de estas, el apoyo que el gobierno está haciendo es de $11 por persona. Si, leyó bien: Once pesos por persona, por día, es la “solución” del gobierno nacional al hambre de su pueblo.

Usted señor presidente “de todos los uruguayos”, ¿Come con 11 pesos por día? Nos gustaría poder preguntarle lo mismo a Bartol, quien calificó este apoyo de “contundente”, pero ya no es más ministro. ¿Será que el nuevo titular del MIDES Martín Lema sí para la olla con $11 diarios?

Es importante destacar, nuevamente, que el número de 200 usuarios por olla/merendero es un promedio. Existen ollas a las que asisten menos usuarios, pero también existen ollas a las que asisten más. También es real que los reportes de las redes solidarias informan el funcionamiento de más de 400 ollas y merenderos en la zona metropolitana, y no 300 como estimó el gobierno.

Pero los $11 diarios que el gobierno destinará por persona no son el problema mayor, puesto que las ollas y los merenderos se sostienen hace ya un año, independientemente del apoyo del gobierno y de Uruguay Adelante. El mayor sustento de las ollas y merenderos son las donaciones y el trabajo de los vecinos y las vecinos, las donaciones de los comerciantes barriales, de los pequeños productores rurales y de algunas pequeñas y medianas empresas.

El problema mayor acá es la naturalización que el gobierno está haciendo de las ollas populares. Existe una respuesta histórica de la sociedad organizada al hambre del pueblo…y el gobierno la institucionaliza y la privatiza. Si, la privatiza, porque Uruguay Adelante es un privado. ¿Quiénes están atrás de esta organización? Lamentablemente no podemos saberlo porque el convenio es secreto, no salió a la luz públicamente. Pero más allá de la poca transparencia, el negocio parece ser redondo: el gobierno destina los 115 millones de pesos a “Uruguay Adelante” (privados) y estos privados “proveen” con suministros a las ollas y merenderos. ¿Será que atrás de Uruguay Adelante están escondidos los grandes empresarios supermercadistas y productores amigos del gobierno y “el contundente apoyo” es en realidad el llenado de bolsillos de los ricos de siempre con el hambre del pueblo? ¿ “Uruguay adelante” realiza toda esta gestión gratis?

Es importante que como pueblo no nos dejemos engañar.

*El gobierno le mintió a su pueblo diciendo que no subiría las tarifas públicas.

*El gobierno le mintió a su pueblo diciendo que no subiría los impuestos.

*El gobierno le mintió a su pueblo diciendo que no iban a caer los salarios y las jubilaciones.

*El gobierno le mintió a su pueblo diciendo que era posible ahorrar sin recortar las políticas sociales y educativas. 

Ahora, no nos dejemos mentir con “el apoyo contundente” a las ollas populares, las cuales además, naturalizan e intentan privatizar.

Con un gobierno nacional de y para ricos, al pueblo sólo lo defiende, el propio pueblo organizado.

JÓVENES ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO «G»

4 de mayo de 2021.

…………………….

Nota de redacción: Recibimos y publicamos con gran satisfacción, este análisis de un grupo de jóvenes. https://documentosveredesuy.blogspot.com/

https://conaicop.org/2021/05/07/uruguay-cuando-el-gobierno-ayuda-o-en-realidad-se-rie-de-la-poblacion/