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miércoles, 27 de noviembre de 2013

El Obelisco

Este 27 de noviembre se cumplen 30 años del histórico acto del Obelisco, donde todos los partidos políticos y sectores sociales realizaron un contundente pronunciamiento democrático y marcaron el mayor nivel de aislamiento de la dictadura.

El acto del Obelisco fue trascedente por su masividad, cerca de 500 mil personas, según estimaron agencias internacionales de noticias, pero también por la amplitud de la convocatoria: estuvieron los principales dirigentes del Partido Colorado, del Partido Nacional y de la Unión Cívica, los tres partidos autorizados por la dictadura que habían realizado elecciones internas en 1982, también el proscripto Frente Amplio, con miles de presos, exiliados y clandestinos, también los movimientos sociales, en especial el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT), la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP) y FUCVAM y marcó presencia, tanto en el estrado como en la multitud, los familiares de Desaparecidos y de asesinados por la dictadura.

La dictadura había sido derrotada en el Plebiscito de 1980 en su intento de una reforma fascista de la Constitución. Luego había habilitado a solo tres partidos políticos, y parcialmente, manteniendo dirigentes y sectores proscriptos, y aún en esas circunstancias fracasó en su intención de consolidar las tendencias pro dictadura de esos partidos. En las internas de 1982 triunfaron tanto en el Partido Colorado como en el Partido Nacional los sectores democráticos y además el Frente Amplio marcó presencia con el voto en blanco, convocado por Líber Seregni desde la cárcel.

La dictadura intentó negociaciones solo con los partidos autorizados, en el Parque Hotel, volviendo a plantear los contenidos de la derrotada Constitución de 1980.  El intento fue derrotado con lucha, el 1º de mayo de 1983, la marcha estudiantil al Franzini de setiembre, los paros parciales con 10 minutos de detención de tareas en cientos de fábricas, obras y centros de trabajo, las caceroleadas masivas, abortaron este intento y dieron rumbo y contenido a la oposición.

La represión continúo, ese mismo año de 1983 y luego del 1º de mayo, es detenido un numeroso grupo de militantes estudiantiles universitarios, la mayoría militantes de la UJC, que son brutalmente torturados y presos hasta el fin de la dictadura.  El Frente Amplio, y todos sus sectores, seguían proscriptos y lo mismo la CNT y la FEUU.

Es en ese marco que se convoca el acto del Obelisco y de allí su importancia.

El acto

En el Obelisco, mirando hacia el Parque Batlle, se ubicó un gigantesco estrado, de 20 metros de dimensión con la consigna central: “Por un Uruguay Democrático y sin exclusiones”.

El acto de Montevideo, con casi medio millón de participantes, fue el principal, pero no el único; 10.000 personas se movilizaron en Salto, 3.000 en Artigas, 5.000 en Melo, entre 10.000 y 12.000 en Paysandú, 10.000 en Florida y se realizaron actos multitudinarios en Fray Bentos y Young.

Se alternaron en la conducción del acto 9 locutores y la multitud ovacionó las canciones que se emitieron, entre ellas de Alfredo Zitarroza y Los Olimareños, que estaban prohibidos. Hubo un calor especial para el tema de Piero “Que se vayan ellos” y el del grupo español Jarcha. La multitud coreó emocionada las estrofas que dicen “Libertad, libertad, sin ira libertad, guárdate, tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira libertad”.

Las pancartas fueron muchas. Se observaba una que decía: “Amnistía General Irrestricta para todos los presos políticos”, firmada por las Madres de Procesados por la Justicia Militar; otras decían: “Exiliados al Paisito”, “Amnistía”, “Libertad de Enseñanza”, “Libertad de Agremiación”, “Fuera yankees de América Latina”, “El Pueblo unido jamás será vencido”.

En el estrado estuvieron presentes dirigentes de todos los partidos, entre otros: Julio María Sanguinetti, Enrique Tarigo, Manuel Flores Silva y hasta Ulises Pereira Reverbell, del Partido Colorado; Alberto Zumarán, Oscar López Balestra, Gonzalo Aguirre, del Partido Nacional; Juan Vicente Chiarino y Juan Pedro Ciganda, de la Unión Cívica; José Pedro Cardozo, Hugo Batalla y Juan Pablo Terra, del Frente Amplio proscripto. Especial destaque tuvieron la presencia de Lili Lerena, esposa del general Líber Seregni, Elisa Dellepiane de Michelini, viuda de Zelmar Michelini, Matilde Rodríguez Larreta de Gutiérrez Ruiz, viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz y Marta Valentini, esposa del dirigente comunista preso José Luis Masera y ella misma ex presa política. También destacó, entre la presencia de los jóvenes dirigentes sindicales nucleados en el PIT, la figura de José D´Elia presidente de la ilegal CNT.
Luego del acto unas 20 mil personas marcharon por 18 de Julio al grito de “Se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar”, hasta la Plaza Libertad.

La proclama

La proclama, redactada en su versión final por Enrique Tarigo y Gonzalo Aguirre, fue leída por el primer actor de la Comedia Nacional, Alberto Candeau. Fue seguida con mucha emoción y ovacionada al final por los cientos de miles de asistente.
EL POPULAR la reproduce textualmente:

“Ciudadanos: Los partidos políticos uruguayos, todos los partidos políticos, sin exclusión alguna, han invocado hoy al pueblo a celebrar la fecha tradicional de la elección de sus gobernantes y a proclamar su decisión irrevocable de volver a ejercer su derecho al sufragio de aquí a un año, el último domingo de noviembre de 1984. Lo hacen al pie del Obelisco a los Constituyentes de 1830, autores del primer Código Fundamental de la República, en el que los orientales ratificamos nuestra voluntad de constituirnos en Nación libre y soberana y consagramos la norma sesquicentenaria que instauró la noble práctica de renovar a los representantes de la ciudadanía mediante su voto libérrimo, en un día como el de hoy, el postrer domingo del mes que ya fenece. Aquí hacen resonar vibrante su reclamo de libertad y democracia, tanto tiempo acallado y sin embargo vivo en la conciencia de la ciudadanía, que no admite salvedades ni discrepancias, porque el anhelo de libertad y la vocación democrática constituyen el común denominador de todos los hombres y mujeres nacidos en esta tierra. Y el pueblo ha dicho presente. Lo testimonia esta multitud inmensa, y pacífica, jubilosa y esperanzada. Ha dicho presente porque este es un pueblo que conoce sus derechos, sus deberes y sus responsabilidades. Porque es un pueblo con madurez y cultura cívica. Porque es capaz de dar al mundo ejemplos únicos y magníficos de altivez, coraje e independencia, como el de aquel ya histórico 30 de noviembre de 1980 cuando dijo NO a la imposición de los detentadores del poder. Prometeo fue grande porque supo decir que no a los dioses. Y el pueblo uruguayo es grande porque supo decir que no a los dioses con pie de barro. A quienes, asentados en la fuerza, pretendieron legitimar la usurpación de nuestros derechos sagrados en un proyecto de Constitución que desconocía toda la tradición democrática y republicana de la patria. Ese mismo pueblo que dijo NO tres años ha, dijo luego SI un año atrás, en otra jornada cívica inolvidable. Sí a los partidos silenciados durante una década y a los políticos injuriados, perseguidos, encarcelados y exiliados, que demostraron que, como al fundador de nuestra nacionalidad, un lance funesto podrá arrancarles la vida pero no envilecerlos. Ese glorioso 28 de noviembre de 1982, ustedes queridos compatriotas, les dijeron que sí porque los reconocen como intérpretes, fieles de su voluntad y porque no ignoran que ellos saben, al igual que Artigas, que su “autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana” y que su primer deber es poder deciros, un día ya no lejano, que “vosotros estáis en el pleno goce de vuestros derechos” y “ved ahí todo el fruto de mis ansias y desvelos, y ved ahí también todo el premio de mi afán”. El país se apresta, cuando se cumplan las condiciones mínimas que todos los partidos reclaman y que se precisaron en la declaración conjunta de los partidos tradicionales, del pasado 8 de octubre, a iniciar nuevas conversaciones con las Fuerzas Armadas, destinadas a regular el tránsito de la actual situación de facto al gobierno de Derecho a instalarse el 1º de marzo de 1985. Los partidos políticos ratifican así su fe en el diálogo como el mejor método para restaurar las instituciones democráticas en la República. Y reiteran, asimismo, que ese diálogo político estará enmarcado, de su parte y al igual que en oportunidad anterior, por la defensa irrenunciable de los principios liberales y democráticos que configuran la esencia de la Constitución uruguaya desde la de 1830 hasta la de 1967, la cual, además, ninguno de ellos considera necesario reformar en las actuales circunstancias. Ciudadanos: no hemos comparecido hoy aquí en nuestra condición de militantes de determinada colectividad política, autorizada o excluida, que no la negamos y que ostentamos con legítimo orgullo, cada uno según sus honradas convicciones. Hemos venido en nuestra común calidad de uruguayos y de patriotas, herederos de un legado de libertad, de paz, de justicia, de respeto y tolerancia por todas las ideas, de devoción por la legalidad y de repudio a todas las expresiones de la fuerza y la violencia. Dirigentes, afiliados y simpatizantes de todos los partidos políticos, de los ya rehabilitados y de los que aún no lo han sido pero que habrán de serlo, desde que no se concibe la democracia sin el pluralismo político irrestricto, hacemos pública nuestra convicción de que el límite de nuestras discrepancias estará dado, de aquí en adelante, por el mantenimiento de la libertad y la democracia. No existe discrepancia alguna, por profunda que pueda ser, que autorice a comprometer el destino libre y democrático de la República. El gobierno de facto al que la República fuera sometida hace más de diez años, se halla hoy agotado y agostado. No responde a ningún sector de la ciudadanía y constituye un elemento artificial, incrustado por la fuerza en la vida colectiva. Su aislamiento en el seno de la sociedad uruguaya es total, como lo es también su aislamiento internacional ante el conjunto de las naciones democráticas del mundo. Por ello hemos venido a afirmar todos juntos y solemnemente nuestro compromiso irrenunciable, tras una década de regresión y oscurantismo, de restituir a la nación su dignidad, al país su prestigio, a la Constitución su intangibilidad, a los partidos políticos su papel insustituible, a los gobernantes la respetabilidad que sólo emana de las urnas, a los gobernados su derecho a elegirlos, a cada ciudadano su condición de elector y elegible, a cada hogar su tranquilidad económica y a cada uruguayo su derecho a ganar el pan con el sudor de su frente. Restituiremos así a la Patria al sendero que nunca debió abandonar. Y volveremos a hacer de ella una tierra de libertad. De libertad y también de orden. Pero orden emanado del estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley, y no de la fuerza que archiva la primera y escarnece la segunda. Orden querido por todos y garantido por gobernantes electos por su pueblo, por los políticos, que hoy comparecen aquí, rodeados de todos sus compatriotas, con la frente muy alta y la conciencia tranquila. Con esta conciencia tranquila es que exigimos la eliminación inmediata y definitiva de todas las proscripciones que aún penden sobre los ciudadanos y partidos, sabedores de que la democracia es incompatible con estas arbitrarias exclusiones de la vida cívica y de que únicamente la soberanía popular, manifestada en las urnas, puede disponer la postergación de quienes se postulan ante ella para el desempeño de los cargos de gobierno. La victoria está próxima y es segura. Victoria que nos dará una vez más una Justicia única e independiente, cuyos magistrados no jurarán respeto sino a la Constitución de la República; una prensa libre, a la que ningún Torquemada podrá clausurar por decir su verdad; una enseñanza prestigiosa y una gran Universidad Autónoma; un funcionariado público inamovible y no más sometido al vejamen de su clasificación en categorías A, B y C; un movimiento sindical que actuará con entera libertad en defensa de sus legítimas aspiraciones de progreso y mejoramiento social; unas cárceles que sólo albergarán delincuentes y no dignos ciudadanos víctimas de su integridad moral y de su altivez cívica; unas Fuerzas Armadas, en fin, dignificadas por el fiel cumplimiento de su cometido histórico de defender la soberanía, la Constitución y la integridad del territorio nacional, reintegradas a sus cuarteles y olvidadas de misiones tutelares que nadie nunca les pidió y que el gran pueblo uruguayo jamás necesitó. Victoria que nos dará, en suma, una Patria en la que sólo estarán proscriptas la arbitrariedad y la injusticia, una Patria sin perseguidos y fundamentalmente sin perseguidores, y en la cual, por consiguiente, se liberará de inmediato a todos los que fueron privados de su libertad por causa de sus ideas y se repararán, en todo cuanto resulte posible, las arbitrariedades cometidas a lo largo de una década de ejercicio discrecional del Poder. Victoria que será de todos, de los que aquí tenemos la inmensa dicha del reencuentro fraterno y de los que no están presentes, de quienes aún padecen injustamente la amargura de la prisión o del exilio. De aquí a un año protagonizaremos otra jornada cívica que quedará inscripta, nos atrevemos a vaticinarlo, entre los grandes fastos patrios. El último domingo de noviembre de 1984 un partido y sus candidatos emergerán triunfantes de las urnas. Pero no habrá derrotados, porque venciendo la democracia y consagrándose el respeto a la voluntad popular, la victoria será de todos. Como será de todos la responsabilidad de sacar adelante al país de la gravísima crisis en que lo ha sumido esta década de intolerancia, de soberbia y de ceguera, y de contribuir a la estabilidad del gobierno que el primero de marzo de 1985 asumirá la ímproba tarea de conducir la nave del Estado en circunstancias tan adversas como quizás no las haya conocido el país en toda su historia. Ese compromiso también lo asumen pública y solemnemente todos los partidos Políticos, porque es imperativo irrenunciable del patriotismo que el próximo gobierno sea nacional, más allá de la filiación de los hombres que lo asuman, nacional en su espíritu, en sus miras y en el consenso que necesariamente ha de rodearlo, como es nacional toda esta inmensa conjunción de todos los sectores políticos y sociales, necesarios protagonistas del rescate del país. Ciudadanos: hoy nos hemos congregado al pie de este querido Obelisco a los Constituyentes de 1830 porque es símbolo de una obra fundadora, realizada con la más alta idealidad y por encima de todo partidismo. Y aquí hemos venido porque es con ese espíritu superior que todos transitaremos por el camino que nos conducirá a la gran victoria común que, una jornada espléndida como ésta, celebraremos dentro de un año. Por eso aquí no hemos venido a corear consignas sectoriales ni a levantar emblemas partidarios, ni divisas tradicionales o no. Hemos entonado el himno patrio, levantado la bandera nacional y hecho flamear sus colores inmortales. Compatriotas, proclamemos bien alto y todos juntos, para que nuestro grito rasgue el firmamento y resuene de un confín a otro del terruño, de modo que ningún sordo de esos que no quiere oír diga que no lo escuchó: ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la república! ¡Viva la democracia!”

La respuesta

La respuesta de la dictadura, aislada política y socialmente, fue más represión, más cárcel, más tortura y más muerte. Meses después moría en la tortura Vladimir Roslik.

Pero dos días después acusó el impacto del acto y un desaforado comunicado firmado por el dictador Gregorio Alvarez afirmó: “Si uno de los postulados del acto fue la defensa de la democracia, no se puede entender que en el estrado hayan estado presentes quienes por su ideología han sido y son sus más recalcitrantes enemigos. Es incomprensible que se trate de reivindicar desde el estrado y en la proclama a los dirigentes marxistas que accionaron como grupo subversivo, infiltraron los centros de enseñanza, subvirtieron todas las formas de la actividad nacional e intimidaron a la población por la violencia y el miedo. En cuanto a la proclama, es en su contenido mentirosa e insultante•.



martes, 26 de noviembre de 2013

De Callado

De callado. Columna de opinión.

En 1973 la Suprema Corte de Estados Unidos legalizó el aborto en ese país. En el fallo declaró que se trataba de un derecho constitucional de las mujeres, y que por lo tanto no se podía promulgar legislación que lo prohibiera.
Los autoproclamados “provida”, siempre ingeniosos, siguieron la estrategia de, sin buscar prohibirlos directamente, llevar a cabo iniciativas legislativas y acciones directas que impidieran de hecho la realización de abortos. Estas iniciativas fueron desde protestas (ocasionalmente violentas) en las clínicas, hasta legislaciones que impusieran regulaciones excesivas, que hicieran cerrar lentamente a las clínicas dedicadas a la salud sexual. Siempre con el objetivo de dificultar, intimidar y humillar a las mujeres que decidieran abortar.
En los últimos años, una de las batallas principales sobre el tema giró en torno a propuestas que obligaban a las mujeres que quisieran abortar a hacerse ecografías y mirar las imágenes del feto. A pesar de no tener ningún fin médico, este procedimiento podía quizá generar impresión, miedo o culpa, y de esta manera evitar abortos a costa del bienestar psicológico de las mujeres.
Esto mismo está ocurriendo en Uruguay, sólo que sin mediar iniciativas legislativas. Según informó la diaria el 6 de noviembre, Marta Aguñín, de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), denunció que existen médicos que llevan a cabo exactamente el mismo procedimiento.
De más está decir, que esta práctica no está prevista en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Y sin embargo es una señal de uno de los problemas principales de la ley. Esta ley prevé que antes de abortar, la mujer debe pasar por un “equipo interdisciplinario” que tiene como función (según sus artículos 3° y 4°) orientar, asesorar e informar a la mujer, así como brindarle apoyo psicológico.
Esta instancia fue incluida en la ley en una negociación del Frente Amplio con el diputado del Partido Independiente Iván Posada, que fue necesaria debido a la negativa del diputado frenteamplista de Salto Andrés Lima a votar la ley. Los defensores de la obligatoriedad de la consulta con el equipo interdisciplinario aseguraron en su momento que su función no era la de evitar los abortos, sino contener y apoyar a las mujeres que decidieran interrumpir su embarazo.
Sin embargo, el hecho de que se esté forzando a las mujeres a mirar las imágenes de ecografías indica que en los hechos, las instancias pensadas para dar apoyo y contención médica y psicológica están siendo usadas para persuadir a través de la impresión, el miedo y la humillación.
Quienes buscan prohibir el aborto buscan ganar por la vía de los hechos lo que perdieron en el Poder Legislativo, la opinión pública y el electorado, y hacerlo de callados. La objeción de conciencia, prevista en la ley, también está siendo usada con este propósito, como en el caso de Salto, donde 100% de los ginecólogos se niegan a practicar abortos.
Todos sabíamos cuando se aprobó que la ley era imperfecta, y que no resolvía completamente el problema de los abortos clandestinos. Que la obligatoriedad de la consulta con un equipo interdisciplinario era denigrante, pues partía de la base de que las mujeres no pueden tomar decisiones sobre su cuerpo sin consultar con expertos. Sin embargo, la magnitud de los problemas generados por los agujeros que deja la ley y su reglamentación parecen más grandes de lo previsto.
Por esto, es necesario mantener la atención mediática y política sobre el tema. La batalla por la salud sexual no se terminó con la Ley de IVE, así como las luchas por los derechos nunca se terminan con los (fundamentales) triunfos legislativos, sino que se juegan en la implementación y en las prácticas concretas de las personas involucradas. Los triunfos obtenidos a la luz del día pueden perderse en la oscuridad de las interacciones micro, en las que los médicos y los burócratas ocupan posiciones de poder, y por eso nadie se puede quedar callado.
Gabriel Delacoste | Ver noticia en web de La Diaria

lunes, 11 de noviembre de 2013

Las FARC como partido politico

Editorial

      Un gran avance para un pueblo que lucha por una vida mejor y que siempre ha sido oprimido y  reprimido por gobiernos antipueblo .Felicitaciones compañeros de las FARC 

   R.S

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Las FARC se transformarían en un partido político según acuerdo con el gobierno

Histórico acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano: la insurgencia entraría a la actividad política legal

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El Estado y la guerrilla se ponen de acuerdo en las condiciones básicas para poner fin al conflicto armado.
Por primera vez en medio siglo, el gobierno y las Farc encuentran un terreno común para que esta guerrilla tenga las garantías suficientes para dejar las armas y pasar a la política: esta es la crucial importancia del acuerdo que anunciaron ambos este miércoles.
El texto del acuerdo es general, tiene pocos detalles (que se prometieron para próximos días), deja interrogantes de fondo sobre qué fue exactamente lo que se pactó en algunos puntos y aplaza otros, claves. Pero contiene dos elementos decisivos para el éxito de la negociación: las Farc aceptan que dejarán las armas y se convertirán en movimiento político y el gobierno admite la necesidad de “una nueva apertura democrática”, para rodear a la actividad política de las garantías cuya falta ha convertido al ejercicio de la oposición en Colombia en uno de los menesteres más peligrosos del mundo.
Si el tema rural, el primero en acordarse, en mayo pasado, era importante por estar en el origen de las Farc y del conflicto, el de participación política lo es por razones estratégicas. Una insurgencia como esta no se desmoviliza sino para pasar a la política y de las condiciones en las que se pacte hacerlo depende el éxito de cualquier negociación. Que ambas partes hayan podido ponerse de acuerdo en torno a ellas es, en consecuencia, un paso crucial para el éxito del proceso, y acerca seriamente la posibilidad de que lleguen, como lo pretenden, a un acuerdo final para poner fin al conflicto armado.
Lo que se anunció este miércoles en La Habana le da al proceso un segundo aire que estaba pidiendo a gritos, luego de más de cuatro meses de conversaciones sobre este punto.
Le proporciona al presidente Santos, en trance de anunciar su reelección, combustible para sostener la credibilidad en el proceso entre una opinión pública escéptica y reacia a hacer concesiones a las Farc.
Y, al ser un abrebocas de las garantías con las que el Estado está dispuesto a rodear a la guerrilla para que deje las armas y abrace la política legal y sin violencia, pone a Márquez, Catatumbo y sus colegas ante el trance de hacer los gestos que el país está esperando como contraprestación, en materia de víctimas y otros temas, sin los cuales difícilmente una amplia mayoría de los colombianos aceptará que se les hagan concesiones.
El acuerdo, además, navega una fina línea entre las garantías a la guerrilla y los cuidados frente a las obvias reservas de la opinión pública.
Por una parte, lo pactado deja claro que las Farc tendrán garantías de seguridad; que se crearán condiciones “especiales” para que se elijan representantes a la Cámara en sus zonas de influencia (“las más afectadas por el conflicto”); que se reforzarán y rodearán de garantías la participación ciudadana y el papel de los movimientos y organizaciones sociales, o que habrá acceso a medios de comunicación institucionales o regionales. Estos y otros puntos son evidentes reconocimientos de las posiciones que las Farc han enarbolado en el punto de participación política, y así los destacó su vocero, Márquez, en la intervención que hizo luego del anuncio.
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Pero, por otra parte, lo anunciado es muy cuidadoso en los puntos más sensibles para la opinión pública urbana y el establecimiento político. No se habló de curules para el nuevo movimiento que crearán las Farc ni de cómo estas ingresarán a la política (todo ello se aplazó para un punto posterior). No se pactaron con ellas ni el Estatuto de la Oposición ni la reforma al sistema electoral sino que se acordó discutirlos con los partidos, los expertos y los movimientos sociales. Es decir, características claves de la “apertura democrática” acordada las definirán representantes de la sociedad, no la Mesa de La Habana. Se dejó pendiente el tema que cuenta quizá con la mayor oposición entre la opinión: cuáles miembros de las Farc podrán participar en política y cuáles no, por razones jurídicas. Y nítidamente claro que todas las medidas acordadas solo se implementarán después de que los guerrilleros dejen las armas y hagan el tránsito a la vida legal.
¿Evidencia de que no solo el gobierno sino los guerrilleros asumen que las complejidades y sutilezas del momento político que vive el país deben ser tenidos en cuenta en la negociación? Quizá. El caso es que lograron llegar a un acuerdo en un tema que era esencial para el éxito de la negociación.
Después de esto, el proceso gana un impulso al que no será fácil dar reversa. Por algo, el presidente Santos, que hace apenas un par de semanas preguntaba a sus partidarios sobre la posibilidad de una pausa o una ruptura, descartó ahora ambas como algo “irresponsable” y llamó a continuar a toda vela las negociaciones, que se retoman el próximo 18 de noviembre para discutir sobre narcotráfico y drogas ilícitas.


Comunicado conjunto del Gobierno colombiano y las FARC

La Habana, Noviembre 6 de 2013

Las Delegaciones del Gobierno y las FARC-EP informan que:
Hemos llegado a un acuerdo fundamental sobre el segundo punto de la Agenda contenida en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, denominado Participación Política.
En el próximo ciclo de conversaciones, presentaremos el segundo informe periódico conjunto de la Mesa.
De acuerdo con dicha Agenda, hemos logrado consensos sobre los siguientes temas:
1. Derechos y garantías para el ejercicio de la Oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.
2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas.
3. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.
Lo que hemos convenido, en su desarrollo, profundiza y robustece nuestra democracia, ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que espacios de participación política y ciudadana. Promueve el pluralismo y la inclusión política, la participación y la transparencia en los procesos electorales y el robustecimiento de una cultura política democrática.
Constituye una apertura democrática en el marco del fin conflicto. La construcción de la paz requiere de participación ciudadana en los asuntos de interés público, en especial en los territorios más afectados por la violencia y, también, en los mecanismos de implementación del presente Acuerdo.
El ejercicio de la oposición política es fundamental para la construcción de una democracia amplia. Ello cobra mayor relevancia luego de la firma de un Acuerdo Final, que abrirá espacios para que surjan nuevos movimientos políticos que requerirán garantías para el ejercicio de la política.
Se establece que, se convocará en un evento nacional a los voceros de partidos y movimientos políticos para integrar una Comisión que defina los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos que se declaren en oposición. La línea de tiempo se convendrá en el sexto punto de la Agenda.
Se acordó que esta Comisión, mediante la realización de un foro, facilitará la participación de voceros de organizaciones y movimientos sociales, expertos y académicos para que hagan sus propuestas sobre el Estatuto de la Oposición. Y sobre estos lineamientos, se elaborará la normatividad correspondiente.
Se impulsará igualmente una legislación de garantías y promoción de la participación ciudadana democrática y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones sociales, con base en los lineamientos establecidos en este acuerdo y escuchando las propuestas de los voceros de los movimientos sociales en otro evento de carácter nacional. Al respecto, en el texto se dice que las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo los que surjan de la firma del presente Acuerdo, están llamados a ejercer los derechos y cumplir con los deberes de participación ciudadana. Se busca empoderar a los ciudadanos a través de la participación.
En el escenario del fin del conflicto, el acuerdo recoge un conjunto de garantías para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica dentro de un contexto de democracia ampliada.
Se abrirán espacios adicionales para que las fuerzas políticas, las organizaciones y movimientos sociales y las comunidades en general, en especial aquellas que trabajan en la construcción de la paz, puedan dar a conocer sus propuestas y proyectos en medios institucionales y regionales. Y además se acordó darle un fortalecimiento especial a los medios comunitarios para impulsar la participación ciudadana.
Así mismo, se acordó establecer medidas para garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto por las ideas, tanto de los opositores políticos como de las organizaciones sociales y de derechos humanos.
Para tal efecto, se prevé el establecimiento de Consejos para la Reconciliación y la Convivencia tanto en el nivel nacional como en los territoriales con el fin de asesorar y acompañar a las autoridades en la implementación de lo convenido.
Se convino que se establecerá un plan de apoyo a la promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, con especial énfasis en la implementación del presente Acuerdo. Un mayor control por parte de los ciudadanos de la administración y la gestión pública contribuye a la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Se acordó una revisión integral del sistema de planeación participativa para asegurar la efectividad de la participación ciudadana en la construcción y el seguimiento a los planes de desarrollo, que será un instrumento fundamental en la etapa de la construcción de la paz. Por esa misma razón, se acordaron una serie de medidas para fortalecer los consejos territoriales de planeación y, nuevamente, garantizar la incidencia de la participación ciudadana.
En el sub punto de promoción del pluralismo político, se acordó que en el marco del fin del conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se harán cambios institucionales para facilitar la constitución de partidos políticos y el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política para su constitución como partidos o movimiento políticos.
En el caso de nuevos movimientos, se acordaron unas condiciones especiales, en una fase de transición, para dar apoyos especiales a los nuevos movimientos y partidos políticos y de esa manera asegurar el necesario pluralismo político en la construcción de la paz.
Se acordaron, dentro del marco de fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político, medidas para asegurar la transparencia en los procesos electorales en especial en las zonas de mayor riesgo de fraude y la promoción de la participación electoral de los ciudadanos, principalmente los que habitan en las regiones de más difícil acceso.
Adicionalmente, tras la firma del Acuerdo Final, se pondrá en marcha una Misión de Expertos para hacer una revisión integral de la organización y el régimen electoral y, sobre la base de las mejores prácticas nacionales e internacionales, presentar recomendaciones para hacer los ajustes normativos e institucionales correspondientes.
Se acordó la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, de manera que durante un periodo de transición estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes, sin perjuicio de su participación en las elecciones ordinarias. Estas circunscripciones transitorias serian adicionales a las circunscripciones ordinarias existentes. Contarían con las garantías de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto de los electores. Esta se pondrá en marcha en el marco del fin del conflicto, en democracia y luego de la firma del Acuerdo Final.
Se acordó un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Dicho sistema se concibe en un marco de garantías de derechos, deberes y libertades, y busca asegurar la protección de quienes ejercen la política sobre la base el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y de opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia y contribuir a crear un clima de convivencia y tolerancia, y de manera especial del nuevo movimiento que surja de las FARC – EP a la actividad política legal.
Las condiciones particulares para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la activad política legal, serán discutidas en el marco del punto 3 de la Agenda.
La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia, en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirán nuevos espacios para la participación.
Finalmente se acordó que todo lo referente al punto de participación política incluyendo su implementación se llevara a cabo tomando en cuenta un enfoque de género y asegurando la participación de la mujer.
Lo convenido hasta ahora forma parte de un acuerdo más amplio que esperamos lograr prontamente el cual contiene seis puntos. A partir del siguiente ciclo de conversaciones comenzaremos la discusión del cuarto punto de la Agenda (tercero en discusión) denominado “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.
Queremos recordar que uno de los principios que guían estas conversaciones es que “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Esto quiere decir que los acuerdos que hemos ido construyendo, están condicionados a que lleguemos a un pacto sobre la totalidad de la Agenda y, también, que en la medida en que se avance en la discusión, se puedan ajustar y complementar los acuerdos sobre cada uno de los sub puntos.
Por otra parte, las Delegaciones dispusieron de una oficina en la edificación donde sesiona La Mesa de Conversaciones, para poner los distintos objetos y materiales que enviaron las víctimas del conflicto a través de las Comisiones de Paz del Congreso de la República. Con esto, quieren mostrar su respeto a todas las víctimas del conflicto sin distingo, tema que debe ser abordado dentro del punto quinto de la Agenda de conversaciones.
Resaltamos el aporte de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento Para la paz de la Universidad Nacional en la organización de los foros que se han realizado sobre los temas de Participación Política y cultivos ilícitos. También incorporamos los aportes de las mesas regionales organizadas por las Comisiones de Paz del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia.
Agradecemos a los miles de colombianos y colombianas, y organizaciones sociales que nos han hecho llegar sus propuestas y opiniones sobre los puntos de la Agenda a través de los foros, la Página Web o los formularios que están disponibles en alcaldías y gobernaciones. Todas y cada una de estas propuestas han sido recibidas por las delegaciones en La Habana.
Queremos agradecer de manera especial a Cuba y Noruega, países garantes de este proceso, por su apoyo y por el ambiente de confianza que propician. Igualmente agradecemos a Chile y Venezuela, países acompañantes, a quienes las delegaciones informan periódicamente sobre la marcha de los diálogos.
Estos cuatro países conforman un grupo de naciones amigas del proceso que valoramos de manera especial, al igual que agradecemos las expresiones de apoyo de otras naciones, organismos y líderes internacionales que fortalecen la confianza en el camino que estamos transitando.
Estos acuerdos fundamentales son el resultado del intenso trabajo realizado a fondo por ambas Delegaciones, pensando siempre en el anhelo de paz de los colombianos.


Corresponsales del Pueblo

miércoles, 6 de noviembre de 2013

La Policía ¿tiene dos caminos?

santa catalina

La Policía ¿tiene dos caminos?

Publicado el 6/11/2013 - 7:00
Luego que el ministro Eduardo Bonomi reconoció brutalidad policial en un caso sonado en Santa Catalina, el lunes de noche llega la Policía puntualmente a minutos del asalto a un comercio de ese barrio y corre a un par de gurises conocidos del barrio que iban en motocicleta y, supongo que asustados con razón, no se detienen.
Uno cae de siete balazos. Ese es el resumen de la información de prensa ayer de mañana. Pueden aclararse cosas en estos días.
No sé por dónde empezar. Quizá convenga empezar por la otra punta de la zona metropolitana para que no sea locura local de Santa Catalina. El domingo se produce un secuestro en El Pinar. El lunes policías ven pasar el auto robado y lo persiguen a balazos. De repente, se sale del camino, apresan a dos ocupantes y el tercero, lamentablemente, estaba muerto de un balazo en el pecho. Podría haber empezado más cerca, por los muertos que “sorpresivamente” fueron encontrados en la azotea de la cárcel, porque no pueden considerarse bien muertos porque la guardia exterior solo tenga armas con plomo.
¿Por dónde empezar entonces? Secuestrar gente, robar autos y almacenes está mal. Pero no está penado con la muerte. En los casos, ni siquiera estaba probado que los fusilados fueran responsables de los delitos cometidos. Podrían haber encontrado el auto abandonado, abierto y con llaves puestas, y hacer la travesura de usarlo para dar una vuelta. Escapar tengo entendido que ni siquiera es delito (la autoevasión se configura si incluye “violencia en las cosas”), o quizá configure desacato. Pero huir tampoco se pena con la muerte. Y que alguien huya no configura legítima defensa por parte del policía, por supuesto.
Bonomi lucha contra la corrupción y la inoperancia. En una comisaría recibían las coimas por giros “legales”, todas tenían una estructura y métodos de trabajo para la ciudad y la tecnología de 1940. Ahora llegan a tiempo o casi. Bien, si va a haber policía, que esté bien organizada. Un día alguien me respondió con un breve y elocuente “¡Por favor!” cuando difundí en redes un video de Presidencia de dos minutos sobre mejoras en cárceles. Bien, pero de a poco se termina la alerta humanitaria declarada por José Díaz. En conjunto, el ministro está realizando una revolución en la fuerza, que merece apoyo.
No voy a discutir ahora si la Policía es siempre Policía, si el Estado es siempre de clase, etc. Y no porque no sea interesante tenerlo en cuenta. Hay Policía. El problema es si su transformación se hace con una mentalidad garantista, de protección civil, o meramente de eficacia represiva. Si predomina la lógica policial o civil. Todo el esfuerzo de policías comunitarios, ¿está sobrepasado por una policía que se siente “la autoridad” sobre los ciudadanos, como en tiempos peores? ¿Una de gatillo fácil? ¿De desprecio a “los pichis”? ¿De impunidad?
Hay parte de la izquierda e incluso de la barra de abogados que teme por el sentido final de la nueva eficacia policial. Relacionar linealmente el delito con la pobreza, más que una ingenuidad es una canallada y un prejuicio hacia los pobres. Pero el delito es una disfunción social. Para empezar, si no hubiera sociedad, no podría siquiera hablarse de delito. Siempre hubo conductas antisociales y siempre hubo fuerzas para controlarlas. El problema comienza cuando esas fuerzas dejan de servir a la sociedad para sentirse por encima de ella y sus leyes. Cuando su lógica y metas internas olvidan los objetivos de quienes les pagan. Porque ahí estamos en la lógica de la seguridad nacional. Y ya la probamos.

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