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miércoles, 29 de febrero de 2012

Ciberguerra contra Cuba: Mentiras en la red

22 Marzo 2011 19 Comentarios
Estación del Comando del Ciberespacio, de la Fuerza Aérea norteamericana, en Luisiana. Esta fuerza, un nuevo Ejército que se incorpora a los ámbitos tradicionales de la guerra –la tierra, el aire y el mar-, “se apoyará en estrategias militares que permitan interrumpir el sistema de comunicación enemigo, con mayor precisión que en Iraq en el 2003, donde logramos intervenir todas las comunicaciones terrestres del Ejército de Saddam Hussein”, aseguró el General Robert Elder, jefe del Comando Ciberespacial
Estación del Comando del Ciberespacio, de la Fuerza Aérea norteamericana, en Luisiana. Esta fuerza, un nuevo Ejército que se incorpora a los ámbitos tradicionales de la guerra –la tierra, el aire y el mar-, “se apoyará en estrategias militares que permitan interrumpir el sistema de comunicación enemigo, con mayor precisión que en Iraq en el 2003, donde logramos intervenir todas las comunicaciones terrestres del Ejército de Saddam Hussein”, aseguró el General Robert Elder.
Para los estrategas de la política de Estados Unidos es evidente que quien domine hoy por hoy el ciberespacio tendrá garantizada la hegemonía en lo que han calificado como el nuevo campo de batalla del siglo XXI.
No es casual que el antecedente directo de la Internet haya sido Arpanet, una red ideada por el Pentágono para lograr el trasiego de informaciones de sus instituciones militares y de otros centros de investigaciones científicas, lo que evidencia el estrecho vínculo que tuvo la Casa Blanca con un fenómeno asociado al desarrollo de las novedosas tecnologías en el ámbito de las comunicaciones.
No se trata ya de que un país, de acuerdo con los postulados actuales, tenga un ejército regular con las tres fuerzas tradicionales: mar, aire y tierra, sino de la conformación de un «cuarto ejército», cuyas armas discurren en el escenario virtual de la informática, la computación, las telecomunicaciones…
Para marcar la importancia que le conceden a este asunto, el Gobierno de EE.UU. nombró en una primera etapa al frente de ese «cuarto ejército» a Robert Elder jr., un general que siempre se dedicó a cuestiones de inteligencia dentro de la Fuerza Aérea.
Para Elder «el cambio cultural es que vamos a tratar a Internet como un campo de guerra y vamos a concentrarnos en él y darle prioridad para acciones en el ciberespacio y acompañarla, si es necesario, con acciones en el espacio aéreo y terrestre. Vamos a desarrollar, junto con las universidades, guerreros ciberespaciales que sean capaces de reaccionar ante cualquier amenaza las 24 horas del día durante los siete días de la semana».
Ese pensamiento resume toda una estrategia de gobierno, que quedó plasmada en un documento secreto hasta el 2006, pero que había sido firmado en el 2003 por el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld.
Barack Obama, el presidente de la Internet, porque hizo su campaña electoral «montado» sobre las redes sociales, le ha dado una atención especial a este tema. En el 2009 oficializa la doctrina de esa guerra irregular.




La Red Arcos.
La Red Arcos.Pese a estar rodeada de cables submarinos, Cuba no puede acceder a ellos debido al bloqueo de Estados Unidos contra la Isla.

El 29 de mayo de ese año, durante una comparecencia pública, anunció la creación de una nueva figura en la jerarquía del establishment: el «ciberzar», cargo reservado para Howard Schmidt, quien había ocupado, entre otros, el puesto de jefe de seguridad de Microsoft e igual nomenclatura en el portal de ventas por Internet EBAY.
Meses después, en octubre, entró en acción el denominado cibercomando del Pentágono. Se ubicó en Fort Meade, Maryland, y a partir del 2010 es al general Keith Alexander, jefe de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) a quien Obama nombra para comandar esta fuerza especial.
El cibercomando cuenta con una plantilla de casi 90 000 hombres y mujeres sobre las computadoras, y ha expresado de manera abierta que desarrolla herramientas tecnológicas para desatar ataques devastadores en «redes enemigas». Para esos fines el Pentágono otorgó el pasado año alrededor de 90 000 millones de dólares.
Sencillamente, el Departamento de Defensa, que se ha amparado en el pretexto de la ciberseguridad para emplearse a fondo en la ciberguerra, afirma que más de 100 organismos de inteligencia extranjeros están «activamente» atacando las 15 000 redes del Gobierno de Estados Unidos que integran a cerca de siete millones de computadoras.
La ciberguerra es un modelo de conflicto que ha aparecido en el escenario de la sociedad de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), ofreciendo un contexto bélico diferente donde la intangibilidad del ciberespacio da cabida, justamente, a ese tipo de ataques asimétricos, silenciosos, que pueden transitar ocultos en un virus durante días, hasta llegar al «cerebro» de un sistema informático y vulnerarlo.
Por ejemplo, a partir de esas tecnologías se pueden embestir los servidores que controlan la aviación de una base aérea, algo que fue probado en Iraq antes de lanzar el primer misil en marzo del 2003, cuando Estados Unidos y sus aliados iniciaron la invasión y ocupación del país árabe.
Incluso, lo mismo se ensayó mucho antes durante la primera Guerra del Golfo (1990-1991) con unas impresoras que se le vendieron al Gobierno iraquí, las cuales ya venían comprometidas con programas malignos, y el día señalado lanzaron un troyano que impidió a la aviación de Sadam Hussein despegar de la Base.
Aunque los teóricos insisten en que «la tecnología no tiene ideología», hay una realidad: los que la diseñan y controlan sí, y uno de los propósitos puede ser este, la ciberguerra.
«Estamos hablando del uso de Internet, no solo como una herramienta “de”, sino como un arma “para”», puntualiza Carlos del Porto, especialista de la Oficina de Informatización del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones de Cuba.
CIBERMERCENARIOS, UN PLATO FUERTE
Contra Cuba y otros países considerados enemigos de Estados Unidos se ensaya una variante de la ciberguerra: el fomento de una blogosfera que, aunque se pretende tildar de «independiente», es subordinada de manera total al mandato e intereses de Washington.





El contrarrevolucionario Ernesto Hernández Busto, radicado en España (el primero de izquierda a derecha), rindió cuenta a George W. Bush en la conferencia sobre ciberguerra efectuada en Texas.   Foto: Bush Instituto.
El contrarrevolucionario Ernesto Hernández Busto, radicado en España (el primero de izquierda a derecha), rindió cuenta a George W. Bush en la conferencia sobre ciberguerra efectuada en Texas. Foto: Bush Institute.

Justamente, ese fue el tema que motivó en abril del 2010 una conferencia del Instituto George W. Bush, celebrada en Texas. Allí se «cocinaron» ideas en cuanto al uso de las herramientas de la Internet y las NTIC para sustentar la labor de esos cibermercenarios.
A través de blogueros y redes sociales como Twitter y Facebook se han alentado en el mundo levantamientos y grandes manifestaciones. Fue Yugoslavia, en 1999, la primera nación que sufrió una guerra cibernética, «cuando se produce la intervención directa en las redes de correo electrónico de ese país, por parte del Ejército de EE.UU.», apunta Rosa Miriam Elizalde, periodista y editora del sitio digital Cubadebate.
Pero lo ocurrido ahora en Egipto; la manipulación de los sucesos en Libia para preparar y justificar un ataque contra el país africano, y el frustrado intento de promover desde el exterior un levantamiento popular en Cuba utilizando la red social Facebook, son apenas los más cercanos ejemplos.
Vale recordar que a escasos días de la toma de posesión de George W. Bush en el 2001, representantes del espionaje estadounidense, entre ellos George Tenet, director de la CIA en el período 1997-2004, declaró junto a altos oficiales de la Agencia de Inteligencia para la Defensa, que nuestro país constituía una «amenaza asimétrica» para la seguridad nacional de aquella nación, porque contaba con capacidad para desatar ataques cibernéticos.
Indudablemente, el ala ultraconservadora yanqui comenzaba a potenciar nuevos pretextos y escenarios de confrontación para calumniar a la Revolución Cubana y propiciar lo que no se ha descartado en la política de Washington hacia La Habana: una eventual agresión militar.
Sin embargo, lo que omitieron esos altos funcionarios es que, en junio de 1995, la Universidad Nacional de la Defensa de EE.UU. egresó a sus primeros 16 especialistas en «guerra informática», instruidos para emplear las bondades de las tecnologías de las comunicaciones como campo beligerante.
CUBA: SUBVERSIÓN, WIKILEAKS Y LA RED
El 14 de febrero del año 2006, la antecesora de Hillary Clinton, Condoleezza Rice, conformó un grupo de tarea para monitorear el uso que se hace de Internet en China, Irán y Cuba.
La actual administración norteamericana, sin apartarse en las esencias que animan esa estrategia histórica, ahora ha publicitado la doctrina del llamado «smart power» (poder inteligente).
La Clinton, seguidora de la misma, así lo ratificó en el momento de su toma de posesión como Secretaria de Estado.
«Es necesario –dijo– utilizar la fuerza de Internet con los países que combaten los medios de comunicación estadounidenses, sobre todo empleando Facebook, Youtube, Flicker y Twitter, para hacer llegar allí las voces de Estados Unidos».
De lo que se «trata entonces con esa doctrina, es de trabajar primero para subvertir el orden, la sociedad, los valores, y solo si eso no funciona van los marines», comentó Carlos del Porto.
No cabe dudas de que en la subversión contra Cuba con el uso de las nuevas tecnologías, se está apostando a todo: Ciberguerra-cibermercenarismo que pretenden sustentar, además, creando una infraestructura tecnológica sin la supervisión legal.
En ese esquema subversivo tratan de potenciar a los denominados «blogueros independientes» en función de demonizar al país ante la opinión pública internacional, y que ellos ofrezcan la imagen de que el ciberespacio es el mundo único y real, desde el que sí se puede decir y actuar.
En el caso cubano existe un diseño asociado a un contexto histórico particular: Estados Unidos le impidió desde un inicio a la Isla su acceso a la red internacional debido al bloqueo.
Para Cuba es negada la posibilidad de obtener servicios, softwares, herramientas tecnológicas y la utilización de los cables submarinos que nos rodean; sin embargo de esto no hablan los críticos de la Isla, que la presentan como un enemigo del uso de la Internet.
Sin mencionar las reales causas del problema, esas nuevas caras de la contrarrevolución se prestan al juego de la estrategia de subversión en Internet utilizando deliberadamente la omisión, la tergiversación y la mentira.
Tales blogueros han conformado espacios en los llamados blogs contestatarios dentro de las diferentes plataformas de Internet y con un sustento desde el exterior, se presentan como luchadores por la libertad de expresión en el ciberespacio. Además, mantienen una sólida relación con la Sección de Intereses estadounidense y con otras sedes diplomáticas acreditadas en La Habana, en especial algunas europeas desde donde se les ve en asiduas entradas y salidas, así como en contactos personales.
Los textos que publican la mayoría de esos blogueros contrarrevolucionarios son portadores de la imagen caótica que desean publicitar de Cuba y en algunos casos son traducidos simultáneamente a 20 idiomas, mucho más que la página web de la Casa Blanca.
No en vano la SINA ha mostrado una constante preocupación hacia ellos, lo que se evidenció tras las revelaciones de comunicaciones secretas entre la Oficina y el Departamento de Estado, que fueron filtradas por el sitio digital Wikileaks.
Según los cables, una evaluación realizada por Jonathan Farrar, actual jefe de la SINA, reconoce que la Casa Blanca está jugando sus cartas por los llamados «blogueros independientes».
Otras filtraciones, fechadas en septiembre del 2009, informan el carácter servil y dependiente de estos cibermercenarios, cuando Yoani Sánchez le pidió a la entonces subsecretaria adjunta de Estado, Bisa Williams, durante una visita a La Habana, el acceso a diferentes prestaciones que se ofrecen a través de Internet como tarjetas de crédito para compras, y la posibilidad de donaciones financieras por esta vía con el empleo de la herramienta electrónica PayPal.
«No saben cuánto más podríamos hacer si pudiéramos utilizar el PayPal o adquirir cosas online con una tarjeta de créditos», dijo a sus amos la contrarrevolucionaria.
Algunos especialistas consideran que más de 1 300 editores de medios internacionales tienen órdenes de estar pendientes de los mensajes en Twitter y las actualizaciones del blog de la mercenaria, fabricado desde el exterior con un diseño a tono con la política agresiva contra nuestro país y para cuyos fines se destinan miles de euros y dólares.
Pero también estos cibermercenarios aparecen vinculados a oscuros personajes cuyos nexos con la CIA son evidentes, entre ellos Marc Wachtenheim, director del Programa Cuba de la Fundación Panamericana del Desarrollo (FUPAD) hasta el 2010, quien, según se conoce, hizo varios viajes a la Isla, donde se interesó por contactar con elementos contrarrevolucionarios, particularmente los que integran esa «blogosfera independiente».
Wachtenheim publicó en abril un artículo titulado La verdadera revolución en América Latina, en el que aleccionaba sobre cómo Internet puede servir para «tumbar gobiernos», y en esos explícitos planes tuvo en cuenta a la cibermercenaria, al tildarla como integrante de esas «nuevas generaciones latinoamericanas» ubicadas en el colimador de Washington.
Robert Guerra, otro individuo vinculado con la CIA, mencionado ya en el trabajo Operación Surf, publicado en esta misma serie de denuncia por su implicación en el intento por introducir antenas satelitales en Cuba para crear redes ilegales de acceso a Internet, es identificado en junio del 2008 como «amigo» de la bloguera contrarrevolucionaria en el sitio de la periodista española Rosa Jiménez Cano.
En octubre del 2010, Guerra le pidió ayuda mediante un mensaje a @KatieS, identidad en Twitter de Katie Jacobs Stanton, integrante del equipo de Internet de Obama porque la cibermercenaria, al parecer, tuvo problemas con su cuenta en esa red social.
Stanton funge al frente de la estrategia internacional de EE.UU. en Twitter y además es asesora especial de la Oficina de Innovación del Departamento de Estado desde el año pasado. Curiosamente, también se desempeñó en el desarrollo de herramientas para la búsqueda y posicionamiento de los blogs por Google.
DE ALIADOS A LA CARTA
Estos blogueros son gente que en entrevistas han exhortado al levantamiento en Cuba, han alentado a la violencia, apoyan la Ley de Ajuste Cubano, justifican el bloqueo, niegan que el sector más reaccionario del exilio de Miami sea enemigo del pueblo cubano, dicen que el caso del terrorista Luis Posada Carriles es una cortina de humo y hasta llegan a expresar abiertamente el cambio de sistema político, lo que quedó demostrado en una entrevista concedida al investigador francés Salim Lamrani por la cibermercenaria.
Los que promueven a estos blogueros contrarrevolucionarios no escatiman en facilitar y propiciar la entrega de premios, no precisamente por los méritos literarios de las notas que se publiquen, sino por la postura servil que demandan de ellos, tal como ha ocurrido con el medio millón de dólares recibido por la mercenaria predilecta de Washington en los últimos tres años.
Esa es la modalidad que ha encontrado el Gobierno estadounidense para pagar los servicios de sus blogueros inflados, a quienes tratan de presentar como los nuevos rostros de la llamada oposición ante el descrédito y desgaste de una contrarrevolución tradicional, sin reconocimiento alguno dentro de la sociedad cubana.
El 8 de marzo pasado la propia secretaria de Estado Hillary Clinton aupó a la contrarrevolucionaria durante el anuncio del premio Women of Courage (Mujeres de Coraje), donde justificó el uso de la «tecnología para promover un cambio positivo».
El pueblo de Cuba, que tiene bien fresca su memoria histórica, sabe que el significado del término al que alude la Clinton se traduce en derrocar a la Revolución y tratar de anexarnos como una estrella más a la bandera de las barras.
El jueves 10 de marzo, dos días después de lo acontecido en Washington, continuaron los homenajes en la residencia del jefe de la Sección de Intereses.
Pero el apoyo no es solo de la SINA y de la Secretaria de Estado. El propio Obama respondió un cuestionario de preguntas de la cibermercenaria, que fue ampliamente divulgado en medios internacionales de prensa. El hecho pone de manifiesto la innegable conexión y la instrumentación que el imperio y sus aliados hacen de individuos como estos, alineados con los actuales planes de agresión contra la Isla.
A GOLPE DE CORAZÓN
Cuba está inmersa en el sistema de las nuevas tecnologías. Jamás negará de ellas. Es una diáfana política que tiene antecedentes desde los primeros años del triunfo revolucionario.
Apenas arrancó el proceso de transformaciones que acompañaron al proyecto social naciente, se anunció, en 1961, una Campaña de Alfabetización, cuyo principal impulsor fue el Comandante en Jefe Fidel Castro. Desde ese instante se cerró la puerta a la ignorancia y se abría la del desarrollo de la inteligencia de los cubanos.
Con su pensamiento visionario alertó Fidel que nuestro futuro debía ser el de hombres de ciencia, y esa ciencia no podrá estar nunca separada de la conquista de las nuevas tecnologías.
Hoy, pese a la condición de país bloqueado durante más de cinco décadas por la principal potencia imperialista, se han dado lecciones al mundo en términos que nunca podrán rebatir los detractores: indicadores de salud comparables solo con naciones industrializadas; más de un millón de graduados universitarios y los avances en la biotecnología, son apenas tres ejemplos que se suman a otras realizaciones concretas.
Actualmente Cuba cuenta con más de 600 Joven Club de Computación, hay más de 724 000 computadoras; 1.7 millones de usuarios del servicio de Internet, 454 000 de ellos con navegación plena; hay 136 páginas web de medios de comunicación cubanos y más de 200 blogs hechos desde la Isla, administrados por profesionales de diferentes ramas, quienes enfrentan las calumnias, tergiversaciones, manipulaciones y mentiras de los cibermercenarios.
Cuba forma, además, una importante fuerza en la Universidad de Ciencias Informáticas, donde actualmente estudian 8 900 alumnos; de esa cifra 900 lo hacen en las tres facultades regionales en las provincias de Granma, Artemisa y Ciego de Ávila.
Solo del alto centro docente, también un sueño de Fidel hecho realidad, han egresado 6 492 jóvenes. Todo un capital humano especializado, investigando y produciendo softwares y servicios informáticos para satisfacer las necesidades del país y de otros lugares del planeta, como aporte y contribución a ese mundo mejor al que aspiramos, al que no renunciamos y deberá erigirse sobre la base de una sociedad de la información inclusiva y solidaria.
(Tomado del diario Granma)

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Nido de halcones

Sindican base anticastrista financiada por la CIA en pleno centro de Montevideo

CADAL, sigla que representa al llamado Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, esconde, tras la fachada de una ONG paradójicamente fastuosa -con sedes en Argentina y Uruguay- una poderosa organización bajo el ala de la CIA destinada a atacar el estatus político cubano, según Página 12.

Miércoles 29 de febrero de 2012 | 5:55



Una dirección subsidiaria en Montevideo y el nombre de dos referentes uruguayos aparecen en la investigación del diario argentino Página12, que desnuda la trastienda de una “fundación”, cuya existencia y funcionamiento parece más bien un rescoldo ardiente de la perimida guerra fría.
El llamado Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), es presidido por “un importador de Uruguay”, Gabriel Constancio Salvia.
La otra persona es Martha Lidia Ferreira, una uruguaya que es licenciada en Geopolítica e integrante de Blogueros y Corresponsales de la Revolución. Ferreira asegura que “Cadal recibe su mayor porcentaje de dinero para sus acciones de manos de las sucursales de la CIA para la región: la fundación Atlas, la Fupad (Fundación Panamericana para el Desarrollo), la Usaid y la NED (Fundación Nacional para la Democracia)”, entre otras entidades.
En su moderna y frondosa página web, la “fundación” se proclama como “una voz clara y constante en la promoción de la democracia, el fortalecimiento de las instituciones y el progreso económico y social de América latina”.
Nido de halcones
Sumada al más cerril coro anticomunista, la voz de CADAL se dedida a atacar al gobierno de Cuba y criticar con dureza a los gobiernos que más representan el espíritu del ALBA, como Venezuela, Bolivia, Ecuador y la Argentina, afirma el matutino porteño.
Su estrecha relación con las agencia norteamericana USAID y con la NED, la cantidad de libros publicados contra Cuba y el cargo de secretaria ocupado por María Teresa Reviriego, que preside una Comisión Pro Derechos Humanos en Cuba desde una oficina en Buenos Aires, destacan en el aroma a exilio anticastrista en Miami que exhala CADAL.
La argentina Bodegas San Huberto, la empresa que preside Leonardo Spadone, hijo de Carlos, el conocido empresario teatral que se diversificó a otros rubros, es un auspiciante permanente de los eventos que desarrolla Cadal”, anota Página 12.
La subsede uruguaya, con oficina física en la calle Yaguarón 1407 piso 4º, Montevideo, cuenta entre sus sponsors al portal digital del diario El País y al Hotel Boutique Awa de Punta del Este, y entre sus analistas más publicados al politólogo uruguayo Adolfo Garcé.
CADAL publica anualmente un ranking global denominado “Democracia, Mercado y Transparencia”, que presenta en Punta del Este.
Réplica irónica
A menos de 24 horas de publicada la denuncia de Página12, el presidente de CADAL, Gabriel Salvia ocupó la cabeza de portada de su página web.
Bajo el título irónico de “Según Página/12 al CELS lo financia la CIA”, Salvia desgrana una respuesta que no desmiente ninguna de las afirmaciones del “matutino oficialista”, como califica al medio denunciante.
Sin contrastar ningún hecho concreto de los referidos en la denuncia, el contrataque del presidente de CADAL alude a los aportes monetarios  de la NED recibidos por varias instituciones argentinas, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que preside el periodista Horacio Verbitsky. Salvia entonces se pregunta si eso las convierte en “satélites de la CIA y sus miembros agentes de la inteligencia norteamericana”.
Salvia atribuye “esta campaña” contra CADAL a “los análisis e investigaciones políticas, económicas e institucionales sobre la Argentina, por lo cual puede tomarse como una advertencia en el caso que la democracia y el estado de derecho profundicen su deterioro en este país”.

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JULIO CASTRO, EL MAESTRO DEL PUEBLO.
de Marys Yic, el miércoles, 29 de febrero de 2012 a la(s) 10:53 ·

Difundirlo es sembrar Memoria.



Ricardo Zabala fue el agente policial que admitió haber participado de la detención del maestro Julio Castro en el año de 1977 y, fue el primero en confirmar el funcionamiento de la casona de Millán como centro de reclusión clandestino durante la dictadura.



Ayer El juez Juan Carlos Fernández Lecchini debía  notificar al ex policía Juan Ricardo Zabala  -a  pedido de la fiscal Mirtha Guianze-, de su procesamiento por el homicidio muy especialmente agravado del maestro Julio Castro, pero la audiencia fue suspendida a último momento en forma inesperada.



El abogado de Ricardo Zabala pidió hablar con el juez Fernández Leccini y le dijo “que no había sido notificado con la suficiente antelación”…



Esto fue informado a la fiscal a través de una funcionaria del poder judicial.



El juez Lecchini cedió una semana de tiempo ante el pedido del abogado de Ricardo Zabala para leerlo y revisarlo en detalle…



La situación no dejó de ser confusa o “curiosa” como lo indicaron las fuentes de prensa. -El juez había comunicado que la resolución estaba pronta y  un funcionario judicial de mientras le tomaba los datos al ex agente de Inteligencia-.



Según había informado Lecchini, “contaba con todos los elementos para dictar la sentencia”.



Sorpresivamente tras la charla entre el juez y el abogado del imputado… todo cambió…



Los restos encontrados el 1 de diciembre luego de 34 años, en el predio del Batallón 14 de Toledo fueron la prueba fehaciente de la mentira sostenida ante la Comisión para la Paz de que sus restos habían sido exhumados y tirados al río de la Plata.



Qué sucedió en ese momento? Entre el juez y el abogado?



Recordemos que en el mes estival este imputado había ido a veranear muy cercano a la frontera. Ante la posible fuga la fiscalía pidió cierre de fronteras.



Ahora tendrá una semana más de libertad o… de posible fuga ya que no se sabe si el cierre de fronteras sigue vigente.



Solo el ojo del ciudadano común podrá estar atento para que este asesino enfrente la justicia como corresponde y comparezca ante los estrados judiciales.



Por Verdad y Justicia.



MARTHA PASSEGGI.

       reportera-gráfica.

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La deshonra militar

de Roger Rodriguez, el Sábado, 25 de febrero de 2012 a la(s) 15:22 ·
PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2012
HOY COMIENZAN A DAR TESTIMONIO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

La deshonra militar

Los militares condenados por violaciones a los derechos humanos serán sometidos a tribunales de honor. El gobierno ordenará el enjuiciamiento moral si no quedan instancias judiciales de apelación. Se pide a la Suprema Corte de Justicia que confirme las “condenas firmes”. Serán dados de baja, sin derecho a uniformarse u ocupar cargos, y perderán prebendas y la mitad de sus ingresos. La mayoría de los procesados son acusados de violación por ex presas políticas.

ROGER RODRÍGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy

El Ministerio de Defensa Nacional solicitó a la Suprema Corte de Justicia una confirmación formal de las condenas definitivas que ya hayan recibido varios militares procesados por violaciones a los derechos humanos, para someterlos finalmente a tribunales de honor donde podrán ser degradados, dados de baja y perder las pasividades que hoy siguen cobrando en prisión.
La información, confirmada a Caras y Caretas por fuentes militares, trasciende en la misma semana que, por primera vez, un grupo de presas políticas comienza a dar testimonio ante un juzgado penal sobre las torturas y vejaciones a las que fueron sometidas por militares de todos los rangos mientras eran interrogadas en bases clandestinas o unidades militares.
En sus testimonios las víctimas de violencia sexual coinciden en acusar a varios militares retirados que actualmente están presos en la cárcel especial de la calle Domingo Arena o en las celdas acondicionadas en la Guardia de Granaderos, quienes han sido procesados por homicidio y privación de libertad (tipificaciones aplicadas por la justicia en las causas de desaparición forzada).
El sometimiento a tribunales de honor de los militares que vienen siendo procesados judicialmente desde 2006 fue eludido hasta ahora por los comandantes en jefe del Ejército, quienes alegaron la presunción de inocencia de sus camaradas hasta que se confirmaran sus condenas y pospusieron el juzgamiento moral al que los obligan las normas castrenses.
Los militares están sometidos a la Constitución, las leyes, el Código Penal Militar y la Ley Orgánica Militar. Su concepto de honor está establecido en el Reglamento de los Tribunales de las Fuerzas Armadas (RTFA) que por el Decreto 55/985 fue aprobado el 8 de febrero de 1985, curiosamente, por el entonces dictador general Gregorio Conrado Álvarez, hoy encarcelado.

“Perfectos caballeros”
“El honor es la cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto al prójimo y a nosotros mismos. Es la virtud militar por excelencia, es una religión, la religión del deber, que señala en forma imperativa el comportamiento que corresponde frente a cada circunstancia” (Art. 1º). Representa el “ideal del perfecto caballero”, agrega el artículo 2º.
Y el artículo 3º impone: “El criterio con que se juzgue, considerará la realidad, pero deberá tener en cuenta, especialmente, que las Fuerzas Armadas son una institución de excepción diferenciada de la sociedad civil, a la que está confiada la custodia de los bienes espirituales y materiales de la Nación y que, en consecuencia, cada Oficial está obligado a ser un ejemplo de conducta”.
Constituidos por los mandos militares, los tribunales de honor pueden aplicar cinco tipos de fallos: la “absolución”, la “amonestación por falta leve”, la “amonestación por falta grave”, la “descalificación gravísima” y la “descalificación por condena de Tribunales Ordinarios”.
La “falta grave” (“límite C”) hace perder el derecho al uso del uniforme y la “descalificación gravísima” (límite D”) se aplica a casos de “mala conducta pública o privada que arroje grave desprestigio sobre la institución militar” y determina el automático pase a “situación de reforma”, por la que no pueden ocupar cargos en el Ministerio de Defensa.
El “límite E”, lleva a “la pérdida del estado militar (baja)”, con la quita de beneficios (incluso sanidad militar) y la pérdida del salario o la reducción en un 50 por ciento de sus pasividades. Se aplica ante “delitos contra la Patria”, “delitos de carácter doloso” o por “delitos comunes, juzgados por los tribunales ordinarios, cuando la condena fuese de penitenciaría y aun de simple prisión”.

Cuestionado honor
De los 29 represores que hasta la fecha han sido implicados judicialmente en distintos tipos de delitos vinculados a la dictadura, sólo dos fueron sometidos y condenados por tribunales de honor: Ricardo Arab, quien perdió su condición de militar durante el propio régimen de facto, y Gilberto Vázquez, a quien se deshonró tras su fuga del Hospital Militar en 2006.
Los mandos militares, hasta la fecha, no han aplicado los códigos morales de la fuerza ni siquiera en el caso de José Nino Gavazzo, quien en 2002 fue procesado por estafa y falsificación de dólares. En 1978, sancionado por el Goyo Álvarez en el incidente de El Talero, Gavazzo pidió su inmediato pase a retiro para no perder su grado y prebendas ante un tribunal de honor.
Otro caso particular ha sido el de los oficiales Eduardo Radaelli, Tomás Casella y Wellington Sarli, quienes fueron requeridos por la justicia chilena, extraditados y condenados en Santiago por el homicidio del químico Eugenio Berríos, pero en su enjuiciamiento por tribunales de honor fueron absueltos por “falta absoluta de culpabilidad”, según una decisión de 1996.
Los tribunales de honor deberán aplicarse al dictador Gregorio Álvarez y a los procesados Ernesto Ramas, José Gavazzo, Jorge Silveira, Carlos Calcagno, Juan C. Gómez, Héctor Gómez Graña, Juan Larcebeau, Luis Maurente, Ernesto Soca, Tranquilino Machado, Miguel Dalmao, José Araújo Umpiérrez, José Chialanza, Enrique Rivero, Walter Gula, Arturo Aguerre y Hermes Tarigo.
También deberá enjuiciarse moralmente al ex marino Jorge Tróccoli, prófugo en Italia, y a Manuel Cordero, fugado a Brasil, extraditado a Argentina y con prisión domiciliaria hasta su enjuiciamiento, a quien el Banco República le llegó a otorgar un préstamo en 2010. Los policías José Sande, Nelson Bardesio, Ricardo Medina y Pedro Fleitas, aunque presos, no responden al honor militar.

lunes, 27 de febrero de 2012

Una base de operaciones anticastrista en Argentina recibe fondos vinculados a la CIA

27 Febrero 2012  

Gabriel Salvia, de Cadal
Gabriel Salvia, Presidente de Cadal
Por Gustavo Veiga
Página 12, Argentina

Cadal es la sigla con que se conoce al Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. Una fundación que hizo pie en nuestro país el 26 de febrero de 2003 y quedó legalizada un par de meses después. Por la cantidad de eventos que realiza, esta organización se muestra tan activa como su presidente, Gabriel Constancio Salvia, un periodista itinerante de 47 años que también figura registrado como importador en Uruguay, donde la ONG tiene su segunda sede.
Su currículum indica en la segunda línea que “desde 1992 se desempeña en la dirección de entidades sin fines de lucro”. También que se vinculó con “la actividad partidaria desde marzo de 1983″. Pero no menciona cuáles son las entidades ni aclara en qué fuerza política. De sus textos y ponencias se desprende un cerril anticomunismo que revelan sus análisis sobre el gobierno cubano.
La ONG sintoniza muy bien con el pensamiento de su jefe: critica con dureza a los gobiernos de países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y la Argentina. En un editorial previo a las últimas elecciones se quejaba “del absolutismo” de Cristina Kirchner y de que su modelo “es piantavotos y espanta inversores”.
Cadal se define en su nutrida página web como “una voz clara y constante en la promoción de la democracia, el fortalecimiento de las instituciones y el progreso económico y social de América latina”. Entre ese enunciado y otros datos que brinda deja evidencias de dónde viene y hacia dónde va.
Su estrecha relación con dos entes como la Usaid (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y la NED (Fundación Nacional para la Democracia) que la financian, la aproximan demasiado al exilio anticastrista de Miami. Nueve de los dieciséis libros que publicó en sociedad con distintas fundaciones y editoriales tratan sobre temas cubanos.
La secretaria de la fundación, María Teresa Reviriego, preside la Comisión Pro Derechos Humanos en Cuba con sede en la calle Tucumán 843, de la Capital Federal.La NED, sigla en inglés de la National Endowment For Democracy, fue creada por Ronald Reagan y tiene entre sus integrantes a Terence Todman, el ex embajador de Estados Unidos en la Argentina durante el primer gobierno de Carlos Menem, y Francis Fukuyama, el politólogo norteamericano de origen japonés que vaticinó el fin de la historia y que veinte años después sigue jugando al augur: acaba de presagiar el final de la Eurozona. En 2011, la NED publicó en su página oficial que le aportó a Cadal 60 mil dólares.
Sus fondos a discreción suelen promover todo tipo de iniciativas contra Cuba.Cuando demanda recursos para sostenerse, organiza programas como Good bye Lenin (La experiencia socialista en Europa Central y Oriental, transiciones a la democracia y lecciones para América Latina) o presentar publicaciones de los cubanos anticastristas Huber Matos o Carlos Alberto Montaner, que visitaron Buenos Aires en 2005, Cadal propone cuatro alternativas para sus aportantes: la suscripción al programa de análisis político y económico regional; donaciones al fondo de becas emprendedoras de las ideas; la suscripción como miembro adherente o ser sponsor de los foros que convoca. Acepta cuotas desde cien pesos mensuales a mil anuales y quienes pagan reciben las publicaciones impresas de la fundación y son invitados especiales a sus foros en Buenos Aires, Rosario, Montevideo y Punta del Este.
Bodegas San Huberto, la empresa que preside Leonardo Spadone, hijo de Carlos, el conocido empresario teatral que se diversificó a otros rubros, es un auspiciante permanente de los eventos que desarrolla Cadal. Pero sus críticos señalan que recibe estímulos económicos por vías más informales: mencionan sin reservas a la CIA.
Martha Lidia Ferreira, una uruguaya que es licenciada en Geopolítica e integrante de Blogueros y Corresponsales de la Revolución, asegura que “Cadal recibe su mayor porcentaje de dinero para sus acciones de manos de las sucursales de la CIA para la región: la fundación Atlas, la Fupad (Fundación Panamericana para el Desarrollo), la Usaid y la NED”, entre otras entidades.
Cadal sostiene que Latinoamérica “atraviesa por una etapa crítica en su desarrollo”. No obstante, elogia los avances de las instituciones en Brasil, Chile, México (un país que en seis años sufrió casi 50 mil homicidios en la lucha contra el narcotráfico), Colombia y Uruguay. En un segundo grupo que encuentra “grandes dificultades para lograr el desarrollo sostenido” incluye a Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y la Argentina porque, según la fundación, algunos de estos países registran “la ausencia de las libertades más básicas” y otros, “importantes atropellos a la propiedad privada que demoran el establecimiento de las condiciones para el progreso como lo es, por ejemplo, la confiscación de fondos de pensiones producida en Argentina”.
La fundación, cuyo número de inscripción en la Inspección General de Justicia (IGJ) es 1717869, presenta trámites con regularidad ante ese organismo como balances y declaraciones juradas. La última data del 29 de julio pasado. El ex inspector general designado por el gobierno de la Alianza, Guillermo Enrique Ragazzi, firmó la autorización para la funcionara durante la presidencia de Eduardo Duhalde, el 6 de mayo de 2003.
Veinte días después, Fidel Castro daba un recordado discurso en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA. A Salvia, como confesaría días más tarde, el viaje del líder cubano lo “tomó por sorpresa”. Una extraña coincidencia entre el nacimiento de Cadal y aquella histórica presencia en Buenos Aires.

domingo, 26 de febrero de 2012


viernes 20 de junio de 2008

EL HONOR MILITAR

La opereta que significó la fuga de Gilberto Vázquez, parece que tendrá una derivación a la interna del ejército que merece algunas consideraciones. Como se sabe, a nivel militar comenzó a trabajar el Tribunal de Honor que analizará la conducta del militar retirado. Realmente sorprendente. Si yo fuera militar, se me caería la cara de vergüenza de sólo plantearlo. Porque entendámonos bien. El Tribunal de Honor no analizará la conducta de Gilberto Vázquez durante la dictadura. No tratará de determinar si este sujeto deshonró el uniforme al secuestrar, asesinar y hacer desaparecer víctimas inocentes. No. Tan importante Tribunal analizará si el personaje citado deshonró al Ejército al fugarse, al violar un supuesto compromiso de no fugarse. Realmente patético. Si de faltar a la palabra empeñada se trata, señores militares, se les ha pasado por alto un candidato cantado para un Tribunal de Honor: el general Gregorio Alvarez (ex dictador) quien públicamente se hizo responsable por todo lo sucedido durante la dictadura, pero que a la primera de cambio, cuando un juez lo citó a declarar, se olvidó de todo.
Una institución que no ha sido capaz, a más de 20 años de recuperada la democracia, de reconocer que violó la Constitución y se apropió del gobierno para desde allí, y con las armas que le confió el pueblo, matar, asesinar, violar, hacer desaparecer a ciudadanos inocentes, ahora se considera con la integridad suficiente para formar un Tribunal de Honor. Para hacer tal cosa, debe primero ser honorable la propia institución. Para estar en condiciones de juzgar el honor de los integrantes de las Fuerzas Armadas, lo primero que deberían hacer es juzgarse a sí mismas, y reconocer las barbaridades perpetradas durante la dictadura. El honor comienza por ahí. Y también comienza por decir la verdad acerca del destino de los desaparecidos. El honor se manifiesta no permitiendo que más familiares de desaparecidos se vayan de este mundo sin saber que fue de sus seres queridos.
Según ha sido informado, el tribunal puede absolver a Vázquez por absoluta falta de culpabilidad, amonestarlo por falta leve, amonestarlo por falta grave o descalificarlo por falta gravísima. Cualquiera de las posibilidades resultaría patética. Tanto si se lo absuelve como si se lo descalifica por falta gravísima. Porque lo que quedaría claro es que la institución militar considera una falta gravísima el que uno de sus integrantes no cumpla con la palabra dada, pero que le importa un comino si ese mismo militar asesinó a una mujer para robarle su bebé.
José Nino Gavazzo, torturó en diversos Centros Clandestinos de detención. Entre ellos:
la casa de Punta Gorda conocida como “El infierno”. En la “Cárcel” de Bvar. Artigas y Palmar. En el batallón 13 de infantería (Instrucciones y Casavalle) conocido como "El Infierno Grande” sede del “300 Carlos”, donde su alias era “302”. En el Centro Clandestino de Detención correspondiente al Batallón de Infantería Nº 8 del Departamento de Paysandú, entre otros. Como integrante de la OCOA, Gavazzo fue responsable de robos, secuestros torturas y detenciones en Uruguay y Argentina.Como Jefe operaciones del SID, ofició de nexo en el marco del Plan Cóndor. Fue responsable en este país junto otros militares y policías uruguayos, de desapariciones y torturas. La sede de operaciones se situaba en el Centro clandestino de detención conocido como “Automotores Orletti”. Participó en el traslado en octubre de 1976, de 27 uruguayos y 5 argentinos detenidos en este centro clandestino de Bs As. a Uruguay. Pese a los cientos de denuncias que pesan sobre este sujeto (de alguna forma hay que llamar a esta cosa) por torturas, asesinatos y desapariciones, ninguna mereció la conformación de un Tribunal de Honor. Ni siquiera cuando fue procesado –en democracia- por el delito de extorsión y falsificación de reales., por el Juez Eduardo Borges.
Jorge Silveira, también integrante de la OCOA, participó activamente de la Coordinación represiva entre las Fuerzas Armadas del cono sur especialmente con Argentina. Es responsable de desapariciones, torturas y traslados de ciudadanos uruguayos desde Argentina a Uruguay. Involucrado entre otros en el secuestro y desaparición de Simón Riquelo, León Duarte, Gerardo Gatti, Washington Barrios Hugo Mendéz en Bs As. Torturó y dirigió torturas en varios centros clandestinos. En Argentina: En “Automotores Orletti” donde se encontraban detenidos numerosos uruguayos, muchos de ellos hoy desaparecidos. Actuaba junto a Gavazzo, Campos Hermida, Manuel Cordero, entre otros, en la casa de Punta Gorda, en Bvar. Artigas y Palmar, a donde fueron trasladados ciudadanos uruguayos detenidos en Argentina, y en donde estuvo también María Claudia, la nuera de Gelman. Actuó también en el centro clandestino “La Paloma”, en el Centro de Detención Nº4, en el Centro Clandestino de Detención del Batallón de Infantería Nº8 de Paysandú, en el “Infierno Grande”, (Batallón 13). Está involucrado en el secuestro de Elena Quinteros, en el asesinato de Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanick. Formó parte del Servicio de Inteligencia del Establecimiento Militar de Reclusión Nº 2 (Conocido como la Cárcel de Punta de Rieles) donde numerosas presas políticas fueron víctimas de diversas formas de violación de sus Derechos fundamentales. Lo señalan entre otros, como responsable de la muerte por omisión de asistencia de Ana María González Pieri. Responsable de violaciones a Detenidos y Detenidas en los diversos Centros Clandestinos de Detención. Nada de esto parece ser importante para nuestras Fuerzas Armadas. Nada de esto parece afectar el honor militar. Y efectivamente, no es importante ni afecta su honor, porque existe una ley de impunidad. Si el sistema político fue capaz de votar una ley tan nefasta y la mayoría del pueblo la refrendó, entonces es lógico que los militares no sientan que lo que hicieron sea deshonroso. Por eso es absolutamente necesario anular la ley de impunidad. Porque la sanción de dicha ley fue una solución equivocada en lo jurídico pero también en lo político y en lo ético. Y la consolidación definitiva del Estado de Derecho pasa porque la sociedad en su conjunto asuma que la Justicia es un elemento inherente a la Democracia y por tanto innegociable. Una vez que saldemos esta deuda –esta si de honor- con nosotros mismos, y la institución Fuerzas Armadas sea saneada de toda la lacra del pasado, podremos hablar de honor y de tribunales. Mientras tanto, hablar de tribunales de honor por parte de militares sonará a contradicción.
Miércoles, 12 de Julio de 2006

La deshonra militar. Roger Rodríguez

La deshonra militar

Los militares condenados por violaciones a los derechos humanos serán sometidos a tribunales de honor. El gobierno ordenará el enjuiciamiento moral si no quedan instancias judiciales de apelación. Se pide a la Suprema Corte de Justicia que confirme las “condenas firmes”. Serán dados de baja, sin derecho a uniformarse u ocupar cargos, y perderán prebendas y la mitad de sus ingresos. La mayoría de los procesados son acusados de violación por ex presas políticas.

ROGER RODRÍGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy

El Ministerio de Defensa Nacional solicitó a la Suprema Corte de Justicia una confirmación formal de las condenas definitivas que ya hayan recibido varios militares procesados por violaciones a los derechos humanos, para someterlos finalmente a tribunales de honor donde podrán ser degradados, dados de baja y perder las pasividades que hoy siguen cobrando en prisión.
La información, confirmada a Caras y Caretas por fuentes militares, trasciende en la misma semana que, por primera vez, un grupo de presas políticas comienza a dar testimonio ante un juzgado penal sobre las torturas y vejaciones a las que fueron sometidas por militares de todos los rangos mientras eran interrogadas en bases clandestinas o unidades militares.
En sus testimonios las víctimas de violencia sexual coinciden en acusar a varios militares retirados que actualmente están presos en la cárcel especial de la calle Domingo Arena o en las celdas acondicionadas en la Guardia de Granaderos, quienes han sido procesados por homicidio y privación de libertad (tipificaciones aplicadas por la justicia en las causas de desaparición forzada).
El sometimiento a tribunales de honor de los militares que vienen siendo procesados judicialmente desde 2006 fue eludido hasta ahora por los comandantes en jefe del Ejército, quienes alegaron la presunción de inocencia de sus camaradas hasta que se confirmaran sus condenas y pospusieron el juzgamiento moral al que los obligan las normas castrenses.
Los militares están sometidos a la Constitución, las leyes, el Código Penal Militar y la Ley Orgánica Militar. Su concepto de honor está establecido en el Reglamento de los Tribunales de las Fuerzas Armadas (RTFA) que por el Decreto 55/985 fue aprobado el 8 de febrero de 1985, curiosamente, por el entonces dictador general Gregorio Conrado Álvarez, hoy encarcelado.

“PERFECTOS CABALLEROS”
“El honor es la cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto al prójimo y a nosotros mismos. Es la virtud militar por excelencia, es una religión, la religión del deber, que señala en forma imperativa el comportamiento que corresponde frente a cada circunstancia” (Art. 1º). Representa el “ideal del perfecto caballero”, agrega el artículo 2º.
Y el artículo 3º impone: “El criterio con que se juzgue, considerará la realidad, pero deberá tener en cuenta, especialmente, que las Fuerzas Armadas son una institución de excepción diferenciada de la sociedad civil, a la que está confiada la custodia de los bienes espirituales y materiales de la Nación y que, en consecuencia, cada Oficial está obligado a ser un ejemplo de conducta”.
Constituidos por los mandos militares, los tribunales de honor pueden aplicar cinco tipos de fallos: la “absolución”, la “amonestación por falta leve”, la “amonestación por falta grave”, la “descalificación gravísima” y la “descalificación por condena de Tribunales Ordinarios”.
La “falta grave” (“límite C”) hace perder el derecho al uso del uniforme y la “descalificación gravísima” (límite D”) se aplica a casos de “mala conducta pública o privada que arroje grave desprestigio sobre la institución militar” y determina el automático pase a “situación de reforma”, por la que no pueden ocupar cargos en el Ministerio de Defensa.
El “límite E”, lleva a “la pérdida del estado militar (baja)”, con la quita de beneficios (incluso sanidad militar) y la pérdida del salario o la reducción en un 50 por ciento de sus pasividades. Se aplica ante “delitos contra la Patria”, “delitos de carácter doloso” o por “delitos comunes, juzgados por los tribunales ordinarios, cuando la condena fuese de penitenciaría y aun de simple prisión”.

CUESTIONADO HONOR
De los 29 represores que hasta la fecha han sido implicados judicialmente en distintos tipos de delitos vinculados a la dictadura, sólo dos fueron sometidos y condenados por tribunales de honor: Ricardo Arab, quien perdió su condición de militar durante el propio régimen de facto, y Gilberto Vázquez, a quien se deshonró tras su fuga del Hospital Militar en 2006.
Los mandos militares, hasta la fecha, no han aplicado los códigos morales de la fuerza ni siquiera en el caso de José Nino Gavazzo, quien en 2002 fue procesado por estafa y falsificación de dólares. En 1978, sancionado por el Goyo Álvarez en el incidente de El Talero, Gavazzo pidió su inmediato pase a retiro para no perder su grado y prebendas ante un tribunal de honor.
Otro caso particular ha sido el de los oficiales Eduardo Radaelli, Tomás Casella y Wellington Sarli, quienes fueron requeridos por la justicia chilena, extraditados y condenados en Santiago por el homicidio del químico Eugenio Berríos, pero en su enjuiciamiento por tribunales de honor fueron absueltos por “falta absoluta de culpabilidad”, según una decisión de 1996.
Los tribunales de honor deberán aplicarse al dictador Gregorio Álvarez y a los procesados Ernesto Ramas, José Gavazzo, Jorge Silveira, Carlos Calcagno, Juan C. Gómez, Héctor Gómez Graña, Juan Larcebeau, Luis Maurente, Ernesto Soca, Tranquilino Machado, Miguel Dalmao, José Araújo Umpiérrez, José Chialanza, Enrique Rivero, Walter Gula, Arturo Aguerre y Hermes Tarigo.
También deberá enjuiciarse moralmente al ex marino Jorge Tróccoli, prófugo en Italia, y a Manuel Cordero, fugado a Brasil, extraditado a Argentina y con prisión domiciliaria hasta su enjuiciamiento, a quien el Banco República le llegó a otorgar un préstamo en 2010. Los policías José Sande, Nelson Bardesio, Ricardo Medina y Pedro Fleitas, aunque presos, no responden al honor militar.
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Lewis Rostan: Comparto totalmente el art. de Roger

Le agrego el dato de que en el 2002 Gavazzo fue sometido a Tribunal de
Honor estando procesado por delitos comunes
Fue absuelto por el tribunal Militar
No conozco el texto ni la fundamentación del fallo
Seguramente peso mas los servicios prestados que la condena judicial
En realidad para quien secuestro, torturo, violó y robo bienes y vidas
humanas estos delitos eran de poca monta
El Ministerio de Defensa Nacional tiene el fallo completo. Es hora de
que lo comparta con toda la población
 

http://capturavidas.blogspot.com/2012/02/la-deshonra-militar-roger-rodriguez.html 
http://uruguaymipais.blogger.com 

IMM

Más juegos saludables en Montevideo

23.02.2012

MONTEVIDEO, 23 Feb (UYPRESS) - El sábado 18 de febrero la Intendenta de Montevideo inauguró dos nuevos equipamientos saludables: en la pista de patinaje de la rambla Wilson y en el Parque Batlle.

“Cuando decidimos poner estos juegos en la ciudad los pensamos para adultos mayores, pero inmediatamente comprobamos que son para gente de todas las edades. No tienen barreras de género ni de edad”, dijo la intendenta Ana Olivera, según publica el sitio web de la IMM.
En el Parque Batlle se instalaron 6 módulos. Uno de ellos es accesible para personas en silla de ruedas. En tanto, en el Parque Rodó se instalaron 8 módulos. Los nuevos espacios saludables se suman a los dos ya instalados, uno sobre Bv. Artigas y la rambla y otro en el parque Líber Seregni.
En el correr del mes de febrero la Intendencia instalará dos espacios más: uno en el Prado y otro en la Plaza Don Bosco, en el Km 16 y camino Maldonado. En tanto, en marzo se instalarán tres espacios que tendrán varios módulos con accesibilidad universal. Uno en el Parque de Andalucía (Municipio G) y otros dos que instalarán los municipios F y A, cuyo lugar está a confirmar.
Los juegos con accesibilidad también se instalarán en otros departamentos del país. A instancias del  Compromiso de Accesibilidad (iniciativa de las intendencias de Montevideo, Maldonado y Canelones) el lunes 27 de febrero se colocan los primeros juegos con accesibilidad universal en una plaza de Maldonado. Los mismos son financiados por el Banco de Seguros del Estado y se instalarán en 19 plazas del país.
El costo promedio de cada uno de los espacios saludables (esto incluye los distintos módulos) es de 6 mil dólares. Se accede a los mismos de manera gratuita.

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
Récord tras récord
“¿Qué se puede poner en Uruguay?”, preguntan los retornables; “Algo en turismo”, les responde el país
Por primera vez en la historia, desde el pasado profundo de la fundación nacional, la exportación de carne dejó este año de ser el principal rubro exportador del Uruguay superado por el sector del turismo. Y por lejos.
Domingo 26 de febrero de 2012 | 5:55



Mientras que los frigoríficos cosecharon divisas en el exterior por valor de 1.650 millones de dólares, en el mismo período la actividad turística, sus ventas de bienes y servicios, alcanzaron los 2.200 millones de dólares. Todo un récord en términos contables, pero sobre todo una verdadera revolución, sin marcha atrás.

Pasa en el Uruguay y pasa en el mundo.
De ahora en más, toda proyección hacia el horizonte del país y sus oportunidades estará referida a Uruguay como país turístico.

No se trata de un episodio puntual, derivado de un mal año ganadero o un inusual boom turístico, no. La cota alcanzada es un largo PPI, como diría Tabaré Vázquez, un profundo proceso ininterrumpido, que viene de lejos y no tiene retorno. Es más, tiende a profundizarse, como lo anuncia la masa de inversiones millonarias, récord histórico absoluto, que se agolpa en las ventanillas oficiales pidiendo cancha.

Buquebús, por ejemplo. López Mena se viene para arriba por mar y por aire: varios aviones más para su línea aérea BQB, y un barco cero milla que dará que hablar. Además, construirá una nueva terminal de pasajeros en Punta del Este y una terminal de buques en la bahía de Montevideo, más concretamente en Capurro, estimada en un costo de 500 millones de dólares.

Otro argentino, Eduardo Eurnekián, quiere convertir el puerto capitalino del Buceo en una especie de mini Miami. O mini puerto Madero, para bajar el perfil. Hoteles, restaurantes y torres de oficina le insumirían unos 60 millones de dólares. Ya Eurnekián tiene los dos aeropuertos más importantes del Uruguay; le faltaba un puerto y va a por él.
Por otro lado, se están construyendo 25 hoteles en todo el país, la mayoría nuevos, 12 de ellos en Montevideo.
Por detrás de estas grandes obras, van prendidos infinidad de pequeños talleres, comercios y oficinas, pequeños y medianos planetas que girar alrededor de sus demandas y necesidades. De lavandería, de gastronomía, de mantenimiento, de comunicaciones, de seguridad, etcétera.

De los 350 uruguayos por año que regresan al país, principalmente desde el hemisferio norte, la mayoría trae unos ahorros, pensando en “poner algo” acá, algo “que funcione”. De lo que trata es de generar una fuente propia de trabajo.

Si los jóvenes que integran esas familias retornadas no estudiaron informática o telecomunicaciones, es decir, si no tienen el futuro regalado, mirar hacia el área de servicios al turismo puede ser una buena idea. Ningún otro sector crece ni crecerá tanto, ni siquiera informática o telecomunicaciones, aunque parezca mentira.

Por primera vez en la historia, desde el

pasado profundo de la fundación nacional,

la exportación de carne dejó este año de

ser el principal rubro exportador del

Uruguay superado por el sector del

turismo. Y por lejos.
Mientras que los frigoríficos cosecharon

divisas en el exterior por valor de 1.650

millones de dólares, en el mismo período

la actividad turística, sus ventas de bienes

y servicios, alcanzaron los 2.200 millones

de dólares. Todo un récord en términos

contables, pero sobre todo una verdadera

revolución, sin marcha atrás. Pasa en el

Uruguay y pasa en el mundo.
De ahora en más, toda proyección hacia

el horizonte del país y sus oportunidades

estará referida a Uruguay como país



sábado, 25 de febrero de 2012

Ismael Serrano papa cuentame otra vez

El Estado uruguayo se hará cargo de inmuebles abandonados

Febrero 25, 2012 0
El Estado uruguayo se hará cargo de inmuebles abandonados
El Estado se hará cargo de los inmuebles abandonados a partir de una ley que el Parlamento prevé aprobar este año. El objetivo será contemplar el “interés general” ante perjuicios a la seguridad y salubridad del entorno.
El proyecto, elaborado por el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay), ingresará en los primeros días de marzo a consideración de la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja y cuenta con el visto bueno del Poder Ejecutivo y de la bancada oficialista.
El legislador viene trabajando desde hace un año en la iniciativa, en un trabajo conjunto con especialistas en Derecho y Ordenamiento Territorial. Según dijo Asti a Ultimas Noticias, el objetivo será darle armas al Estado para que tome el control de los inmuebles en situación de abandono y resuelva rápidamente los problemas que este tipo de predios provoca.
El proyecto define la condición de abandono en todos aquellos casos en que el propietario incumpla las obligaciones que le impone la Ley de Ordenamiento Territorial, entre ellas mantener la propiedad en buenas condiciones edilicias y de higiene. Asti explicó que “a partir de que cualquier dependencia del Estado se presente ante la Justicia a solicitar la declaración de abandono, el juez deberá visitar el inmueble y comprobar las condiciones”.
El proyecto estipula que si el predio en cuestión mantuvo esa situación por los últimos cinco años, la Justicia le otorgará al Estado su posesión. Asti señaló que se prevé que si transcurrido un breve lapso el propietario no se presenta a reivindicar sus derechos sobre el bien, este será declarado vacante, tal como marca el Código Civil. De esa manera, el Estado estará habilitado para destinarlo al fin que considere conveniente.
Esto se hará mediante el régimen de “juicio extraordinario” para posibilitar su rápida concreción.
El objetivo es dar a los lugares abandonados un destino social, con la construcción de viviendas como prioridad. El legislador indicó que “se intenta una solución rápida para resolver casos en donde ante determinadas situaciones el Estado no puede intervenir por hallarse un privado de por medio”.
El objetivo será “garantizar la seguridad y la salubridad edilicia, preservando el interés general en cuanto a la calidad de vida del entorno de la propiedad, incluso de las personas que puedan vivir ilegalmente en estos predios”.
Asti recordó el caso de la ex mutualista médica Coamec, en Bulevar Artigas y Maldonado, donde transcurrieron varios años de problemas con los “intrusos” que pernoctaban en su derruido edificio. Allí los vecinos debieron hacerse cargo de sus deudas y pedir el desalojo y la demolición de la propiedad.
Ante estos casos, el legislador señaló que el Estado deberá proveer de una solución a estas personas, cuya condición “no puede considerarse comprendida dentro del derecho a la vivienda, dado que al carecer de electricidad, saneamiento, y en condiciones de hacinamiento, viven peor que a la intemperie”. Si el dueño del bien se presenta luego de que el Estado se hizo cargo del mismo y demuestra su voluntad de acondicionarlo, deberá reparar los daños que su situación ruinosa ocasionó a los vecinos.
Las eventuales compensaciones que se deban pagar serán las previstas por ley y tomarán en cuenta el valor que tenía el inmueble en su condición de abandonado. Asti señaló que, según un relevamiento del Defensor del Vecino, en Montevideo existen unos 550 inmuebles pasibles de esta situación, mientras que en el interior no están cuantificados.
El legislador frenteamplista mencionó incluso que en varios casos es el propio Estado el responsable de abandono, ante lo cual se requerirá de acuerdos interinstitucionales para recuperarlos. Señaló una situación particular en Maldonado, donde hay muchos edificios a medio terminar que mantienen deudas con el Banco de Previsión Social (BPS) y otros organismos. En esos casos el Estado deberá acordar con los acreedores para hacerse cargo.
http://www.uruguaynipais.blogger.com 

jueves, 23 de febrero de 2012

Lacalle: "Un Jefe" - capítulo de su libro "Trasfoguero" / Su oda a Fco. Franco

de Danilo Astori, el Viernes, 17 de julio de 2009 a la(s) 3:56 ·

Del libro: “TRASFOGUERO” de Luis Alberto LACALLE


Editado por Talleres Gráficos Donostia (Montevideo) – 1963 – Página 26

Es posible encontrarlo en nuestra Biblioteca Nacional (ubicación L156576 - 0pq8519.L121. T8).


"UN JEFE"


Verle, para nosotros que tanto habíamos oído hablar de él a los nuestros, fue algo muy especial.

Con un poco de atrevimiento y mucha esperanza, habíamos solicitado la correspondiente audiencia. Concedida esta, parecía que nunca iba a llegar el día indicado, hasta que, por fin estábamos entrando al Pardo.

Llegábamos con retraso para ver a la famosa guardia mora que nos fascinara de chicos con mil y una historias. Correctos guardias con un uniforme bastante común hacían sus veces. Salones y más salones entrevistos al pasar. Una breve espera junto al Marqués de Casa de Loja, y no tardaron en abrirse las puertas del despacho donde de pie y con mirada impenetrable esperaba Francisco Franco Bahamonde, jefe del Estado Español, en pocas letras “el caudillo”, nombre con el cual se le designó siempre en casa. De mediana estatura, vestido con castrense sencillez y elegancia. Su uniforme con banda roja de Capitán General a la cintura y en el pecho una sola condecoración. Una sola, pero suficiente para eclipsar a todas las del mundo: la Laureada, la de los sobrevivientes, la de los casi inmortales !

Pocos hombres han sido traídos y llevados en el comentario del mundo. Pocos hombres han gravitado tanto en la escena del mundo. Pocos han tenido tan larga parte en los planes de la Providencia.

En la vida, en la historia como toda cosa humana, la cifra es el hombre. Ideas, teorías, y planes se reducen a la unidad hecha a imagen y semejanza de Dios. El Jefe, el Conductor, el Caudillo, eternos en el tiempo son la sublimación de hombre sin perder por ello su esencial carácter de ser vivo y real. El que no concibe o no comprende la figura de un jefe, carece de un elemento primordial para juzgar los hechos. La raza latina es generosa en figuras enormes. En figuras que sin perder la dimensión de mortales, dejan en el paso del tiempo estampada su huella de manera particularmente imperecedera. Antes de conocer a Franco conocíamos ya un Jefe. El nuestro de ayer, de hoy, y de siempre. El caudillo de España era el segundo. Bastó que sus ojos claros miraran con profundidad para que lo comprendiéramos.

Habló, más que habló, expuso. Cuarenta y cinco extraordinarios y maravillosos minutos. Ni una coma de lo dicho se ha borrado de la memoria. El tema: España. Occidente, la obra de veinte y tres años, el futuro. Una mañana única en la vida. Por ello he querido que su recuerdo quedara grabado en estas páginas. Y porque al conocer a este hombre, le renovábamos la lealtad y la admiración de tres generaciones de gente de nuestra sangre."

miércoles, 22 de febrero de 2012

Del grupo  Recuperar la memoria historica de los Comunistas 

Montevideo, 6 de agosto de 1975.

Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay
Don Juan María Bordaberry
Sr. Presidente:

Escribo a Ud. la carta más difícil de mi vida. Y como se trata de un imperativo de razón y de conciencia, me propongo lograr la mayor y más fría precisión para pedir justicia.

Me dirijo a Ud. en su condición de Presidente de la República y específicamente por su

poder de decisión como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Quiere decir esto que no procuro condolencias. Que no necesito palabras de consuelo. A diario me las prodiga el pueblo entero. No hay en esto la mínima exageración, debe Ud. creerlo. Pregúntele a sus hijos.

Por su condición de Jefe del Estado, Sr. Presidente, Ud. sólo puede contestarme con hechos y el hecho en este caso horrendo no único en el país, desgraciadamente es un castigo ejemplar y terminante, concreto y público, garantido y documentado, como se realiza en forma tan frecuente a través de todos los medios de Información.

Mi encarecimiento, Sr. Presidente, no obedece a un mezquino sentimiento de venganza. Sí, en forma absoluta, a dar garantías a la gente común de la República, de que no habrá impunidad para el atentado discrecional. Nada más pido, a nada más aspiro en este instante. Ud. puede decidirlo desde el cargo más encumbrado del país.

LOS HECHOS

El martes 29 de julio próximo pasado fue detenido por las Fuerzas Conjuntas que el Sr. Presidente comanda, mi hijo Alvaro Balbi, oriental, casado, de 31 años de edad, padre de cuatro pequeños niños, hombre de trabajo y hombre de bien.

Infructuosas resultaron las gestiones de su mujer, mi joven nuera, ante las reparticiones oficiales para ubicar su paradero.

Pasó el miércoles 30. El jueves 31 nos dispusimos a reiniciar la búsqueda. Puedo asegurar a Ud., Sr. Presidente, más allá de la angustia de padre en las presentes circunstancias del país (Ud. como padre de familia numerosa sin duda pueda comprender), que yo tenía la convicción plena de que por lo menos, en manos de funcionarios de su confianza, la vida de mi hijo estaba a salvo.

¡Qué doloroso error, Sr. Presidente. Pasado el mediodía del jueves 31, funcionarios suyos comunicaron a la mujer de mi hijo y a mi mujer, su madre, personalmente, que a la una de la mañana de ese día mi hijo había muerto a consecuencia de un ataque de asma provocado por enfriamiento, y que podíamos reclamar su cadáver en el Hospital de las Fuerzas Armadas. Doce horas después de su fallecimiento nosotros habíamos estado preguntando por las oficinas y nadie sabía decirnos nada sobra su reclusión!

Las fuerzas del gobierno habían detenido a un hombre pleno de vitalidad y sólo pudo vivir poco más de un día entre sus manos. Yo ignoro dónde, en qué momento, quiénes lo detuvieron. Pero hay responsables concretos que dependen de Ud., Sr. Presidente, y por lo tanto sólo Ud. puede decidir su identificación y precisar sus actos.

ALGUNOS INTERROGANTES QUE DEBEN RESPONDERSE

Sr. Presidente Bordaberry:

Era mi hijo, como Ud. ve, muy joven. Los médicos que lo trataron por males comunes y corrientes pueden decir a Ud., que de complexión delgada, era sano y fuerte. Desde luego no padecía asma ni enfermedad crónica alguna. Su característica -y de eso hay incontables testimonios- era la alegría, el ánimo contagioso y la actividad: trabajaba ocho horas y aún más en un cargo de gran responsabilidad; estudiaba en el Conservatorio Nacional de Música con el propósito de ingresar a la Sinfónica Oficial y era un alumno distinguido. Con estudios completos de piano, conocimientos de violín y guitarra y otros instrumentos, había comenzado hace alrededor de un año a estudiar fagot con la idea mencionada. Frecuentemente no almorzaba al mediodía para trabajar con su profesor de piano en experiencias sobre el encordado que le apasionaban.

Componía música. Las exigencias de nuestro sistema de vida le dificultaron avanzar más como creador singular, porque tenía familia numerosa y era pobre.

No era un muchacho, convenga Ud. conmigo, en situación de morir por enfriamiento y un ataque de asma que no sufría, como no padecía ningún otro mal.

Pero hay más, Sr. Presidente: cuando retiré sus ropas del hospital, incluido el anillo de esponsales, me entregaron su ropa interior, pullóver de lana, traje entero, sobretodo, zapatos de invierno. De dónde provino el enfriamiento. Un enfriamiento capaz de provocar la muerte a un hombre joven y bien nutrido, de buena salud. Hubo tortura, Sr. Presidente. Por qué estaban sus ropas como embarradas. Por qué su cabeza vendada.

UNA DECLARACIÓN IMPORTANTE

Sr. Presidente: Ante testigos, el Sr. Comisario Tellechea del Departamento 2 de Policía, no conozco bien si esos son los títulos exactos, me dijo que él era una persona derecha y que me aseguraba que no tenía ninguna responsabilidad en el hecho, del que estaban a cargo por simples razones administrativas.

Yo antes había hablado una sola vez con el Sr. Tellechea y no tengo por qué dar fe a su palabra. No tengo inconveniente en declararlo aún públicamente.

Por eso mismo creo que dijo verdad cuando agregó, esto sí textualmente, “este mochuelo me lo metieron a las 12 de hoy”.

Yo me pregunto, Sr. Presidente, qué quiso decir el señor Tellechea con su natural llaneza, con esa expresión usada a modo de “slang” policial.

Para mí, "mochuelo" suena como algún mal encargo, como algo que se arroja sobre otro para no verse comprometido.

Sr. Presidente:

No acuso. Digo lo que puedo yo pensar y sentir. Todas las circunstancias me muestran que mi hijo fue muerto en dependencias de las Fuerzas Conjuntas. A Ud. toca determinarlo. Pero quiero decir lo siguiente:

En el Uruguay la pena de muerte no existe. Ni la más alta dignidad judicial, hasta frente al mayor criminal y el más grave delito, puede condenar a muerte al peor de los reos. Nadie tuvo entonces derecho a matarme a mi hijo. Sólo la impunidad más absoluta pudo amparar el crimen, así fuera como a veces se sugiere, porque se le fue la mano.

QUÉ ES LO QUE HAN HECHO

Sr. Presidente:

Constituimos una familia vasta y considerada, sin exceptuar uno solo de sus miembros. Pregunte, Sr. Presidente; haga preguntar en nuestro sitio de origen, Agraciada, Dolores o Mercedes en el Departamento de Soriano. Por parte de padre, descendemos directamente del Cnel. Tomás Gómez, héroe de la Cruzada de los Treinta y Tres, y en esos campos la familia conserva indivisa la casa solariega que fuera de su hija, doña Palmira, mi bisabuela.

Mi abuelo paterno ejerció la justicia de paz en la zona, y dejó buena memoria hasta en tiempos de guerra civil. Por parte de madre venimos de inmigrantes garibaldinos, y un hermano de ella, Alberto Mazzeo, discípulo dilecto de Vaz Ferreira, poeta, escritor y sobre todo periodista al servicio de las libertades fue asesinado a puñaladas en 1918 por un mercenario impune. Dejó herencia: su hijo, Arbelio Ramírez, mi primo hermano, investigador de la historia patria, profesor querido, fue asesinado de un balazo en la carótida cuando se dirigía a dar clase en el instituto Alfredo Vázquez Acevedo, una noche de 1961.

Su matador está impune. Ahora es Alvaro, Sr. Presidente. No quiero más impunidad para el crimen. Sea quien sea el autor, sea quién sea la víctima.

UN ESTILO DE VIDA

Podrá Ud. imaginar, Sr. Presidente, que un hombre como yo -es forzoso que hable en primera persona- educado en tan rigurosa escuela familiar (porque me he referido tan sólo a nuestra más costosa contribución, la de la sangre, y no al pequeño y no menos heroico, a veces laborar cotidiano), no pudo formar una familia fuera de esta ley consecuente. Alvaro abrevó fervorosamente de esta cultura hasta por temperamento.

Por cierto que en una familia de tan antigua estirpe juega todo el espectro de las ideas y de las profesiones. Pero juega la armonía y el amor, y la tolerancia y preside la rectitud y la hombría. Podrán matarnos pero no doblarnos.

De ahí que si mi bendito hijo noble pudo, siguiendo la tradición familiar y la maravillosa tradición oriental, caer en falta ante la actual situación de la República, y hasta admito que pudiera haber cometido un hecho punible por el actual gobierno, categóricamente, rabiosamente, Sr. Presidente, sé y afirmo y me juego la vida, que el joven Alvaro Balbi no pudo cometer el mínimo atentado contra la fuerza moral del género humano.

Y esto agrava el delito contra su vida ante el alma entera de la Nación.

UN EPISODIO QUE ME TOCA PERSONALMENTE

Pocas horas antes de la muerte de mi hijo, una comisión policial allanó su casa. Le aclaro que no había allí nada punible, así como en el allanamiento de su lugar de trabajo ni de la casa del dueño del comercio donde él trabajaba. La comisión obró correctamente, pero al salir, uno de los policías preguntó a mi nuera: “¿El padre de su marido es dirigente gremial?” La pregunta me sigue golpeando.

¿Acaso mi condición de dirigente gremial tuvo algo que ver con el trágico destino de mi hijo? ¿Quién hizo la pregunta?

Sr. Presidente.

No quiero discutir sus ideas políticas ni Ias mías con Ud. Pero debo decir que mi formación humana, mis convicciones filosóficas y políticas, las mismas de mi hijo a quien no impuse jamás una sola idea, me han llevado siempre a considerar a todas las gentes no como ajenos sino como prójimos. A sentir sus problemas y a ayudarlos. Y si esto tiene en su base la convicción de la verdad científica de que la felicidad de cada uno dependerá eternamente de la felicidad colectiva, el real milagro de esta conciencia está en que provengo de gente que trabajó para vivir, que conviví siempre con la gente que trabajó para vivir, que desde allí, desde ese ángulo, aprendí a considerar mi compromiso con la vida.

Por ninguna circunstancia puedo yo, ni Alvaro pudo, cambiar su óptica de las cosas.

Muchas de mis actividades sociales y políticas están registradas por los servicios respectivos del Estado, seguramente y algunas deben ser verdad.

Pero tal vez no sean las principales. Quiero que Ud. sepa algo para ver a mi hijo. Tengo 62 años.

De ellos, casi cincuenta he hecho algo por el hombre, por lo que sinceramente he creído mejor para la humanidad; fuera de una modesta actuación política, mi actividad comienza a los 13 años de edad entre el estudiantado de Mercedes, pidiendo por la vida de Sacco, y Vanzetti, hasta llegar a la Directiva de la Asociación de Estudiantes. Recibido de maestro, creé la primera asociación de maestros de Dolores y luego de un paréntesis llegué a ser durante treinta años, dirigente gremial de los maestros uruguayos, representándolos cantidad de veces en el país y en el exterior con el respaldo del voto libre. Profesionalmente fui maestro de clase, director de escuela, profesor de la Universidad del Trabajo y mi labor fue apreciada. A raíz de mi trabajo de investigación pedagógica tuve relación con el Movimiento de Escuela Nueva y el Movimiento Langevin Walon, los que me becaron en 1963 para realizar estudios en Europa. El consejo de la Universidad del Trabajo me concedió por este motivo licencia especial y una ayuda en metálico, y el de Enseñanza Primaria me otorgó también licencia con expresivo apoyo de la Inspección Departamental.

Todo lo aprendido, que no fue poco, lo he volcado a la enseñanza del país. Ahora soy un jubilado docente; por razones de salud hube de cesar en mi actividad gremial desde hace diez años. Esto es lo esencial de una sencilla vida de maestro.

Pero, Sr. Presidente, a lo largo de medio siglo, y esto es Io que me importa señalar en esta ocasión, jamás he sido acusado ni penado por autoridad alguna de ningún gobierno, de ningún partido, de ningún régimen y trabajando apasionadamente por mis ideas que jamás oculté, no sé lo que es haber sido detenido ni una sola vez por la policía de ningún país. Tampoco me conozco enemigos, ni entre mis adversarios, en los que siempre procuré distinguir su mejor condición antes que sus fallas.

Sr. Presidente:

Si mi condición de luchador gremial contribuyó a la condena a muerte de mi hijo. ¿No cree Ud., no ya como Presidente sino como hombre y padre, que es demasiado castigo para un padre inocente y para un joven puro? ¿No sería más que monstruoso?

Todos los educadores que me han conocido y considerado saben que no puedo volver a la nada y que tanta desgracia injusta y tan insuperable dolor no impedirán que siga trabajando por la educación y la felicidad de mi pueblo. Si alguien pudo (“el padre es dirigente gremial”) castigar por ello, debe ser él mismo ejemplarmente castigado.

JUSTICIA VUELVO A PEDIR, SR. BORDABERRY

No quiero que se haga un uso malicioso ni incorrecto de esta carta, Sr. Presidente.

Mi hijo ha muerto en dependencias de las Fuerzas Conjuntas. No sé si cometió delito ni cuál pudo ser, lo reitero, y también repito que no pudo ser una falta contra la condición humana y menos, falta grave. Jamás colocamos nosotros la muerte más alta que la vida.

Mi hijo ha muerto. Pero quedan sus hijitos, quedan los hombres jóvenes aún y sus hijitos, muy cerca de diez mil niños, jóvenes y adultos han estado bajo mi amparo cuidadoso a lo largo da 40 años de docencia. Por ellos velo ahora.

Para ellos, la liquidación de la impunidad, de los criminales; para ellos, la más larga y segura vida. Y la alegría de vivir.

Justo es que la ley se aplique a quien delinque. Pero ninguna ley, humana ni jurídica, admite que manos anónimas o conocidas ejerzan justicia al margen de lo legal y de lo humano.

Sólo espero que la muerte de Alvaro sea la última muerte injusta en esta tierra y la primera que no quede impune, el primer trato inhumano juzgado y castigado, que quiebre el espinazo a la impunidad en esta tierra.

MIS AMIGOS

Debe Ud. saber, Sr. Presidente, que como mi hijo, cultivo el don de la amistad. Le aseguro que a esta altura de mi vida poseo una cosecha, la mayor y más hermosa a que hombre alguno pueda aspirar. En estos días, gentes de toda condición, de las ideologías más encontradas, a mi mujer y a mí nos han abrumado y han abrumado a la maravillosa mujer de mi hijo, con una solidaridad moral y material de tal hondura que Ud. no alcanzaría nunca a concebir. Al mismo tiempo que a Ud., llegará a estos amigos esta carta de buena fe; pero esta familia de mis amigos y los de mi hijo, y de los amigos, de los amigos, de los amigos se extiende por toda la faz de la tierra y a ellos llegará esta carta. Sólo pido justicia, como Ud. ve. No contiene más que hechos, interrogantes, palabras dichas.

Todo agravio, toda denigración, toda ofensa ha sido callada, mordida. Sólo quiero justicia.

Y para esto, a todo el mundo llamo, porque como un gran hombre me dice en carta de hoy: “establecer la justicia es quizás la más alta forma de venganza”. Si esto ganamos, Sr. Presidente, lo considero garantía para Ud. y para mí ante el tribunal de las naciones.

Sr. Presidente:

Creo en la condición humana. La muerte de mi hijo, como todos los actos de esta índole, no son hechura humana.

No abro juicio sobre su responsabilidad ni la de su gobierno. Pienso en su condición de hombre y de padre joven, con todo el poder en sus manos para castigar la injusticia: Arbitro hoy entre la humanización creciente y la deshumanización progresiva en la República Oriental del Uruguay, tierra de libres.

SELMAR BALBI

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martes, 21 de febrero de 2012

Daniel Olesker: quienes "han logrado integrarse socialmente" son prueba de la contrapartida que generan los programas del Mides
21.02.2012 | 19.47  http://espectador.com/1v4_contenido.php?m=&id=233230&ipag=1

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, respondió las críticas de la diputada nacionalista, Ana Lía Piñeyrúa, respecto a que los programas del Mides presentan una vaga definición de sus objetivos, no implican contraprestaciones para sus beneficiarios e incluso pueden colaborar para generar un "electorado cautivo" a favor del Frente Amplio. El ministro aseguró que "las contrapartidas son mayoritarias en los programas Mides". Al tiempo que minimizó el dato de que en 2011 el 80% de inscriptos a Objetivo Empleo se haya negado a aceptar un trabajo formal, por tratarse de un número muy bajo en relación a los otros programas que maneja la cartera para facilitar el ingreso al mercado laboral. Asimismo, desmintió que el uso de la tarjeta Uruguay Social, destinada para facilitar la compra de alimentos a los sectores de menores recursos, sea utilizada en gran medida para adquirir electrodomésticos o alcohol, ya que "el 95% fue gastado en rubros que efectivamente estaban habilitados".
Daniel Olesker: quienes "han logrado integrarse socialmente" son prueba de la contrapartida que generan los programas del Mides
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(Emitido a las 8.41 hs)


EMILIANO COTELO:
En las últimas semanas se ha debatido fuerte sobre varios de los programas que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

¿Son suficientes las contrapartidas que se exigen a los beneficiarios? ¿Se controla bien a los beneficiarios en cuanto al cumplimiento de las contrapartidas? ¿Hay que introducir nuevas exigencias, por ejemplo, en cuanto a qué productos pueden comprarse con la Tarjeta Uruguay Social? Y más en general, ¿las acciones del Mides dan los resultados esperados?

Esos fueron algunos de los aspectos más cuestionados desde la oposición a raíz de varios informes oficiales que se hicieron públicos recientemente. Ayer, hablábamos del tema con la diputada Ana Lía Piñeyrúa, del Partido Nacional, que va a convocar al ministro Daniel Olesker a comisión de la Cámara de Representantes.

Hoy les proponemos conocer la otra campana. El diálogo es con el propio ministro Daniel Olesker.

Vamos a uno de los temas: la ausencia de contrapartidas o problemas en el control del cumplimiento de las contrapartidas por parte de los beneficiarios. Ese es uno de los aspectos de los que más cuestiona la oposición a propósito de los programas del Mides. Un debate que reaparece cada vez que se conoce un documento como el del Mides o el del INDA, que luego hablaremos.

Concretamente, ¿en qué situación se está en materia de contrapartidas?

DANIEL OLESKER:
Si sobre el INDA hablaremos después, en el caso del INDA el control es absoluto, al punto que el 95% de las compras es de productos para los cuales se creó la tarjeta. Por lo tanto, con una tasa internacional de desvío en tarjetas alimentarias de entre el 8 y el 10%, estamos bien. Después, voy a hablar de las inspecciones que se hacen. O sea que en tarjetas, el único control es que compren lo que está permitido, no productos recomendados -que no existen-. En el caso de las asignaciones familiares, Plan de Equidad, el control viene avanzando bastante; en la parte de salud ASSE tiene la lista de los 200.000 hogares que tienen Plan de Equidad y controla su asistencia.

EC - ¿Se está controlando efectivamente en todas ellas?

DO – Sí, en ASSE sí. En educación vamos más lento, y para eso hemos creado el Sistema de Información Integrada al Área Social (SIIAS), que es un proyecto del Banco Mundial, que comenzó en el 2008 y que se firma ahora en marzo. La ANEP ingresa al SIIAS y a partir del SIIAS se va a comenzar a hacer el control escolar y liceal, que era lo más dificultoso.

EC - Esos controles son obligatorios, según la Ley de Asignaciones Familiares del año 80.

DO - Son obligatorios para la ley 15.084, que es la ley histórica de asignaciones familiares; para la asignación familiar Plan de Equidad lo vamos a incorporar ahora como obligatorio.

EC - Usted dice que va a estar instrumentado y funcionando efectivamente el control de asistencia a los centros educativos. ¿En qué fecha?

DO - Va a estar instrumentado este año, a partir del SIIAS, y de la información que Primaria y Secundaria ya están mandando, aunque no todavía en magnitud 100%. Y pensamos que el año que viene va a estar el 100%.

Después hay otros controles, por ejemplo, los que vienen a programas como Uruguay Trabaja, que son 3.000 personas por año, estamos hablando de 15.000. Allí se controla, que además de ir las seis horas de trabajo, hagan la capacitación correspondiente, hagan su arreglo bucal correspondiente, y eso se controla efectivamente. Después, por seguir con otros programas: está el Programa de Fortalecimiento a Emprendimientos, en que se tiene que devolver el dinero que se presta, y tenemos morosidad cero. Es verdad que la tasa de interés es semisimbólica, pero devuelven el dinero, y prácticamente no tenemos morosidad en los emprendimientos productivos que hemos desarrollado. Es decir, los controles tienen que ver con los hijos, a veces sobre ellos mismos, por ejemplo en esto de la devolución del dinero y demás. O en el caso de la tarjeta, que es comprar aquello para lo cual la tarjeta fue diseñada.

EC - Ayer cuando entrevistábamos a la diputada Ana Lía Piñeyrúa, ella señalaba por qué tiene una preocupación con respecto a este tema de las contrapartidas: “Hay estudios técnicos que también sostienen esto, que los programas sociales, sobre todo estos que no tienen contrapartida o en los cuales no se les exigen contrapartidas a los beneficiarios, pueden incidir en varios puntos porcentuales en un resultado electoral a favor de quienes los instrumentan”.

EC - ¿Qué dice usted sobre este tipo de visión?

DO - Yo no tengo información sobre qué votan los que tienen programas sociales, ni en el gobierno frenteamplista ni en gobiernos de otros países. No tengo información. Si votan porque reciben una prestación, bien, allá ellos. Lo que digo es que en general las contrapartidas son mayoritarias en los programas Mides, no son minoritarias. Básicamente, donde hay menos contrapartidas, es en los hogares más vulnerables, aunque, repito, en el caso de la tarjeta sí tiene contrapartida por lo que debe consumir.

EC - ¿Qué importancia les asigna usted como ministro a las contrapartidas en el éxito de un programa?

DO - En el éxito de un programa, baja; en el éxito de la trayectoria de la persona, alta. Damos una tarjeta para que la persona coma, en primer lugar, pero además para que se integre socialmente. Entonces, lo que importa es la trayectoria futura de la persona. Damos un Programa Uruguay Trabaja para que la persona se capacite, se califique y luego pueda ingresar, no al mercado formal de trabajo, porque estamos hablando de gente cuyas habilidades fueron deterioradas por años de exclusión. Pero que por lo menos puedan ir calificándose y haciendo cursos para mejorar su capacitación. Entonces, lo que importa no es la contrapartida al programa, sino la contrapartida al futuro del programa. Y ahí sí son muy importantes.EC - ¿Por qué si el Mides existe desde el año 2005, hace ya siete años, se ha avanzado lento en este tema de las contrapartidas?

DO - No, en la única contrapartida en que se ha avanzado lento es en la FAN-Plan de Equidad, tiene que ver con los sistemas de información en general del sistema educativo. Porque la diputada también hablaba de transferencias anteriores, y prácticamente no existían transferencias anteriores para sectores no formales. La asignación no formal la creó Atchugarry en el 2002 o 2003, pero antes de eso sólo había transferencias del Gobierno a sectores que estaban formalizados. Entonces también hubo que hacer un proceso de integración social de las personas, y la preocupación estuvo en esa integración. Recordemos que el Plan de Emergencia involucró 120.000 hogares, y la duplicación de la tarjeta, que es nuestro objetivo central 2011-2012, va a involucrar 30.000 hogares. Por algo esas otras familias no necesitan la tarjeta. No es porque las hayamos dado de baja arbitrariamente, sino porque hoy están en otros programas del Mides, o directamente en el mercado de trabajo o en centros educativos, y han logrado integrarse socialmente. Ahí está la contrapartida.

EC - Otro de los temas que preocupan a la diputada Ana Alía Peñeyrúa, según dijo ayer, es lo que se conoció hace pocas semanas cuando la directora del Observatorio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) denunció que el 80% de las personas inscritas en el Programa Objetivo Empleo -que es uno de lo programas que ejecuta el MTSS y que hace esa especie de intermediación entre los interesados en obtener un empleo y quienes ofrecen puestos de trabajo- no acepta oportunidades de trabajo que se le ofrecen en el mercado formal. ¿Qué dice usted a propósito de ese dato, que es público?

DO - Evidentemente, como no había Objetivo Empleo ni observatorio cuando la diputada fue ministra de Trabajo, un período bastante magro en términos de realizaciones laborales, tendría que tener las cifras de qué números estamos hablando. La economista María José González, casi al otro día de que salió esa información aclaró que estamos hablando de 2.200 personas en Objetivo Empleo, menos que las personas que integran Uruguay Trabaja todos los años, y bastante menos que las que ingresan a cooperativas sociales en el Mides, que son unas 1.700 por año. Y básicamente la causa es que como la mayoría provenía de Uruguay Trabaja, y eran mujeres, la dificultad no era el salario, del que se habló tanto, sino la  dificultad de generar una situación en el hogar para el cuidado de sus niños. Igual nos parece una cifra muy poco representativa para los números que tenemos con otros programas. Objetivo Empleo y Uruguay Trabaja tienen algo de parecido, en el sentido de que son personas vulnerables, bajo la línea de pobreza, a las que se les da una oportunidad laboral. En Uruguay Trabaja tenemos el problema inverso, tenemos 3.000 cupos y se anotan entre 17.000 y 19.000 personas por año.

EC - Estamos hablando de personas que al rechazar esa oferta de trabajo, por lo tanto, prefieren vivir dependiendo de la asistencia del Estado y/o de un empleo informal, lo que tiene sus inconvenientes también.

DO - Exactamente, de un empleo informal, puede ser. De cualquier manera, creo que la palabra “prefiere” no es la más correcta. Repito, ese 80% eran mujeres con hijos chicos, según el informe de la economista María José González. Parece que ahí hay un problema de cuidado de los niños y no tanto de relación laboral.

EC - Usted dio un número recién; ¿de cuántas personas estamos hablando?

DO - 2.250, de donde salió esa cifra del 80%, de esas cifras anuales.

EC - ¿2.200 son las que no aceptan?

DO - No, el 100% de ese año, del año en que se hizo el estudio.

EC - ¿Qué se está pensando hacer para evitar ese tipo de respuestas, para solucionar esas situaciones?

DO - Recordemos que uno de los seis proyectos que aprobó el Gabinete Social este año es comenzar a instrumentar la experiencia piloto en el sistema de cuidados. Y estamos pensando en empezar el sistema de cuidados con cuidados domiciliarios para primera infancia en el primer decil de ingresos, es decir, en los hogares más pobres, para que estos puedan dejar a sus hijos y trabajar. La idea es que este año empiece la experiencia piloto, que involucrará a un número no significativo de todo el primer decil de ingresos, pero la idea es que de aquí al 2013 esté instrumentado el sistema de cuidados domiciliarios para el primer decil de ingresos, que es al que pertenecen estas jefas de hogar con hijos chicos.

***

EC - Otro capítulo del planteo de la diputada Piñeyrúa es este informe del INDA que se conoció a fin de enero y que analiza el tipo de gastos que realizan los beneficiarios de la tarjeta alimentaria Uruguay Social. Usted ha sido crítico con ese trabajo, ha sostenido que el Ministerio y el INDA van a elaborar otro informe conjunto y lo van a presentar. ¿Qué aspectos diferentes van a contemplar en esa versión distinta?

DO - Vamos a contemplar una diferente conceptualización. Salvo la información de ejecución presupuestal, que se ve que el INDA no tenía, que fue de 98% y pone que hay una no ejecución. Pero en el resto, en el rubro a rubro, la información es correcta.

Yo digo que hay cuatro puntos, que he venido diciendo todos estos días, o sea que quizás voy a repetir algo, pero es bueno que los oyentes tengan esta visión.

El primero es que el objetivo de la tarjeta Uruguay Social, que se creó como continuidad del Ingreso Ciudadano, o sea del Plan de Emergencia, para permitir la integración social de las personas a través de la alimentación. Es decir, para que la gente coma. Para que la gente coma bien, no solo los pobres, sino todos, hay otras herramientas de las que voy a hablar en el punto cuatro. De cualquier manera, también hay que mirar los números, porque cuando uno analiza la tarjeta dice: 95% fue gastado en rubros que efectivamente estaban habilitados. De eso un 19% son productos de limpieza, el resto es alimentación. De eso, según el informe que hacen las nutricionistas del INDA, 40 y algo son recomendados. Y luego hay dos rubros no recomendados, que entre los dos forman aproximadamente 25%. ¿Qué son esos rubros? El primero, el 70% es azúcar y yerba. Está bien, yo entiendo la visión nutricional, es una visión que debe existir, pero no me parece lógico pensar que no compren azúcar y yerba. Y el otro, el más chico, el menos recomendable, el 70% son jugos en polvo y galletitas rellenas. En realidad la tarjeta está sirviendo, está siendo útil para la alimentación de la población.Lo segundo es algo que usted leía ayer a la diputada Piñeyrúa, es que estos hogares, según la Encuesta Continua de Hogares, consumen entre el 50 y el 60% de su ingreso con tarjetas (los hogares con tarjeta siempre están en el primer decil de ingresos, en el 10% de menores ingresos). De ese 60%, entre un 5 y un 20%, según el caso, lo consumen con tarjetas; todos ellos tienen asignación familiar Plan de Equidad, con alguna excepción porque puede haber un porcentaje pequeño de gente que tiene tarjeta y no tiene hijos menores de 18 años. Por lo tanto, tienen otro tanto, otros 1.000 y algo de pesos, equivalentes a la tarjeta, en asignación familiar. Y después tienen algunas changas con Uruguay Trabaja. Entonces, mirar el consumo alimenticio solamente por la tercera parte es un error conceptual.

Tercero, creo que hacen una decisión racional, porque la gente es racional para tomar decisiones. Entonces compran en los comercios solidarios aquellos productos que ve más baratos que en otros lados. Pongo siempre el ejemplo de las frutas y verduras. Es verdad lo que dice la diputada Ana Lía Piñeyrúa, que hay pocos comercios. Pero eso no es una responsabilidad del Ministerio, porque hay comercios que han entendido que desde el punto de vista de la rentabilidad este negocio no les sirve. Nosotros aspiramos a que esto cambie, porque recordemos que ahora se va a tarjetizar la asignación familiar, por lo cual se van a poder usar por las tarjetas de débito del Mides no solo 50 millones de dólares, que es el monto anual de las tarjetas, sino 300 millones, porque van todas las asignaciones. Más los anuncios que hizo el ministro Lorenzo, de que van a desgravar y facilitar el acceso a los “pos” (los aparatitos por donde se pasa la tarjeta), se va a masificar bastante más esto. Pero igual va a haber lugares en el interior del país donde va a haber pocos comercios.

Y finalmente, en cuarto lugar, nosotros tenemos una política –la tenía yo cuando estaba en el Ministerio de Salud Pública– de promover la alimentación saludable para toda la población. Sin embargo, sí vemos un problema que es específico de esta población en materia nutricional. Sí hay un problema, que a diferencia del resto de los problemas nutricionales -que son comunes a toda la población- es específico, que es la anemia provocada por la falta de hierro. Que en Uruguay anda en 31,5%, y en el primer decil es un poco más alta. Por eso, agregamos a la tarjeta, a partir del 1º de febrero –ya está– 400 pesos, que son exclusivamente para comprar leche fortificada con hierro.

Y finalizo volviendo sobre los controles. ¿Qué es lo que tenemos que controlar, además del listado de alimentos? Tenemos que controlar que el comercio cumpla las condiciones. Por ejemplo: que no retenga la tarjeta, que solo le venda al titular. Hemos controlado aproximadamente un 60%, básicamente los montevideanos; este año vamos a controlar en el interior, apoyados por la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía. Hemos cerrado 11 comercios, no conozco los detalles de la causa porque no estoy en esa práctica, pero imagino que tiene que ver con la retención de la tarjeta. Porque la gente se pasa, entonces le fían, pero le retienen la tarjeta para cuando le debiten de vuelta. Eso ha pasado y está bastante controlado.

EC - A partir de esa consideración general sobre el informe, en la que aborda cuatro puntos, de todos modos quiero formularle algunas preguntas. Usted ya mencionó esto, pero específicamente: ¿entiende correcto que, por ejemplo, con una tarjeta que se define como alimentaria se puedan adquirir electrodomésticos, juguetes para niños, recargas de celulares?

DO - No, no. Por eso yo hablo de 5,1%. Yo hablé del 95%, pero si uno mira el informe, hay un 5,1%, que es 4,9% de lo que acá llaman “productos negros”, que no son productos permitidos. O “marrones”, que son bebidas alcohólicas, cigarros. Entre esos dos suman 5,1%. En eso no solo no estamos de acuerdo, sino que estamos tratando de controlar para que baje.

EC - Pero hay rubros que acabo de mencionar que están permitidos, que están tolerados dentro de la tarjeta alimentaria. Por ejemplo, recargas de celulares.

DO - Electrodomésticos no es lo mismo que recargas de celulares.

EC - Pero son dos rubros que están permitidos. Después el alcohol, por ejemplo, está directamente prohibido y ese es otro tema.

DO - Este 4,9% son productos que en principio queremos desestimular y estamos discutiendo cómo hacerlo.

EC - ¿No se pueden directamente eliminar?

DO - Se pueden eliminar, sí.

EC - Uno de los comentarios es que si los beneficiarios pueden adquirir productos tan diversos fuera de la alimentación, la evaluación de la efectividad de estas partidas se complica.

DO - Hasta ahora ha sido así y no ha pasado el 5%. Por algo será que la gente con la tarjeta compra alimentos y productos de limpieza. Porque hablemos de que en un hogar que recibe la tarjeta más grande, la tarjeta de cuatro hijos duplicada, la máxima, son 2.800 pesos. Entonces un 4,9% son 140 pesos. Si uno mira la lista, ve que se compraron 70 electrodomésticos en 70.000 personas en 3 meses. Otra vez, hay una decisión racional de las personas, independientemente de que se pueda regular mejor eso. Está claro que la tarjeta ha sido exitosa porque ha sido utilizada para lo que uno quería que se utilizara.

EC - Usted dice que se puede eliminar ese tipo de productos.

DO - Eso es lo que está discutiendo la Comisión Interministerial de Canasta Alimentaria (CICA), que es quien debió discutir este informe, que está integrada por los tres organismos involucrados en este tema, Mides, ASSE e INDA. Seguramente la CICA nos dará a los ministros alguna sugerencias antes de publicar este informe, que va a estar publicado la primera semana de marzo.

EC - Yendo ahora específicamente a las compras de alimentos, al dinero que se destinó a compra de alimentos, hay otra discusión sobre qué tipo de alimentos tiene sentido autorizar. El informe del INDA dice que del total gastado 66% se destinó a alimentos, pero de esos 66 puntos, 29 se dirigieron a alimentos de escaso valor nutritivo o directamente no recomendados.
DO - No estamos de acuerdo con esa visión, por las cuatro razones que enuncié. Pero repito los números: de ese 29, un 70% lo concentran azúcar y yerba. Ese 26 se divide en dos, 19 y 7, según el informe de INDA 19 son no recomendables y 7 desestimulables. En los primeros, ese 19%, el 70% es azúcar y yerba, y en el otro el 70% es jugos en polvo y galletitas rellenas. Son parte de las necesidades de alimentación: la yerba, el azúcar, los jugos para los niños en la escuela. Parece que tenemos otros herramientas para trabajar en la alimentación saludable, con otras vertientes del ingreso de las personas. No creo que en las tarjetas haya que distinguir los alimentos. Y ninguno de ellos, por lo menos los que son altamente  representativos, los que en total son más del 1% del consumo, porque de los demás no me parece que debamos prohibir ninguno.

EC - Se lo pregunto porque quienes cuestionan este aspecto dicen que las políticas sociales tienen que tener un criterio orientador. Y una de las formas de orientar es discriminar a qué tipo de alimentación puede acceder el beneficiario. Por otro lado, el propio informe del INDA dice en sus conclusiones o desafíos para el 2012 “la herramienta Tarjeta Alimentaria debería considerar el impacto sobre los problemas de salud y nutrición de la población. Por tanto las acciones desarrolladas deberían ser más amplias y no solo remitirse a brindar una transferencia de dinero. En este sentido se debe considerar que el Estado tiene la responsabilidad de ayudar a la gente a mejorar su nutrición, desarrollando medidas activas y concretas”.

DO - En eso estamos de acuerdo, lo que me parece que no entienden las técnicas que hicieron este informe es que la tarjeta es una porción muy poco significativa del total del consumo, que algunos problemas, como la anemia sí los atacamos por la tarjeta, por la leche fortificada con hierro. Pero que esta población, que pasó hambre durante muchos años, porque esto es así, tiene que empezar a alimentarse. Es como que a alguien le dijéramos: “Mirá, yo voy a orientar el 15% del gasto de tu salario”. Yo oriento la política de consumo bajo diferentes modalidades, la leche fortificada es una -y hay otras- para el conjunto del ingreso, pero lo hago para toda la población, salvo que exista un problema particular como el de la anemia. Me parece una conclusión correcta desde el punto de vista de la política social en su conjunto, pero incorrecta, porque me parece que no hay conocimiento del rol que cumple la tarjeta. Recordemos que la situación del INDA previo a que pasara a la tarjeta era peor, porque al dar canastas solo se podían consumir víveres secos. Varios de los tarjetistas son excanasta INDA y tuvieron un salto cualitativo, porque al tener la tarjeta pasaron a la posibilidad de tener víveres perecederos, que no podían tener en la canasta original.

EC - A los efectos de cuidar estos efectos nutritivos hay dos posibilidades, una es eliminar de la lista de alimentos algunos que no sean recomendables. Por ejemplo, estos que ahora la escuela va a prohibir, los snacks, los alfajores con cobertura de productos artificiales, los embutidos. Una posibilidad es prohibir, que no se pueda comprar con la tarjeta ese tipo de alimentos. Otra la propone el propio informe del INDA: “estudiar nuevas alternativas que estimulen la compra de verduras, frutas, carnes, como fuera planteado anteriormente, mediante un sistema de puntos premiar la compra de alimentos recomendados”. ¿Qué dice usted?

DO - Igual, carnes es el más alto de todos. No veo que haya que estimularlo, porque es el tercer rubro, después de productos de limpieza, es el rubro de mayor gasto. Frutas y verduras, en la medida en que no logremos acceso, y el viceministro Meléndez está trabajando con Lorba, que además sabe mucho de la tarjeta, porque en el Mides fue el creador de la tarjeta y ahora trabaja en la Intendencia [de Montevideo]. No lo incorporamos no porque le hacemos perder poder de compra, porque le hacemos pagar con la tarjeta algo que va a comprar más barato en otro lado. Lo que hay que hacer es incorporar las ferias vecinales a la Tarjeta Uruguay Social.

EC - Pero no eliminar de la lista de alimentos aquellos que…

DO - Lo de los snacks, puede ser. Los embutidos no creo. Otra vez: si uno mira el 40% de gastos según el INDA recomendables, y suma dentro de los no recomendados los que compramos todos y son parte imprescindible de nuestra alimentación, como el azúcar, la yerba, el café, los jugos en polvo, estamos en más del 70%. Entonces creo que fue exitoso el uso de la tarjeta, incluso desde esa perspectiva.

EC - Hay oyentes que marcan que tendría que haber una coherencia entre los alimentos que se van a prohibir en las escuelas y lo que se puede comprar con la tarjeta.

DO – Sí, lo de los snacks, puede ser. Ahí esa es una política dirigida a la alimentación de niños de toda la sociedad, no solamente de este sector pobre de la población. Si no, tendríamos que prohibir los snacks a todos los hogares. Al prohibirlos en las escuelas, prohibámoselos a todos los hogares. Me parece que se confunde la tarjeta como instrumento de integración social y alimentaria, con políticas alimentarias. Este ejemplo es muy bueno, porque muestra que estamos haciendo políticas sociales alimentarias, como la leche fortificada con hierro o esto de las escuelas por otro lado, que no es necesario usar la tarjeta para esto.

EC - Uno de los puntos que más revuelo causaron del informe del INDA es que se comprobó que los beneficiarios llegan a comprar bebidas alcohólicas, cigarrillos y refrescos, que están lisa y llanamente prohibidos. Usted dio una explicación sobre esto.

DO - No, no yo, la dio el licenciado Sebastián Pereyra.

EC - Usted está seguro de que son compras que no fueron hechas con la tarjeta sino con efectivo, pero incluidas por el comerciante en el mismo ticket.

DO - Estamos casi seguros de que es así. De cualquier manera, bebidas alcohólicas fueron 733 unidades, es muy poquito. Puede ser que sea así en muchos comercios, y puede ser que en otros pase como con los tiques alimentación, ¿cuántos en su momento pedíamos que junto con los ticket alimentación nos pusieran otras cosas y los comerciantes las ponían? Eso pasa, es previsible que pase. Si pasa un 0,2%, porque lo prohibido es un 0,2%, en principio no merece una preocupación especial.
EC - Otro de los puntos de las inquietudes que ayer exponía la diputada Ana Lía Piñeyrúa es el informe elaborado por el propio Mides, por la Dirección de Evaluación y Monitoreo, titulado “Informes Mides: Evaluación y seguimiento de programas 2009-2010”, que publicó hace dos semanas el semanario Búsqueda. Un informe que señala, por ejemplo, que “se hace difícil comprender y medir cómo los programas del Ministerio contribuyen a un resultado dado”. ¿Qué tipo de evaluaciones hay en ese sentido?

DO - Eso daría para otra nota. Pero conversamos esto cuando yo llegué, yo tuve ese informe, porque es 2009-2010.

EC - Abarca un período anterior a su designación.

DO - Varios problemas, de los que yo destaco tres: el problema de la focalización de la tarjeta, el problema de la identificación de la trayectoria futura de los usuarios -hacia dónde iban después de pasar por un programa Mides- y el análisis de la vinculación entre diferentes programas. Qué pasa con un Uruguay Trabaja, ¿va después a la UTU? Para las tres cosas tomamos medidas al llegar yo en julio.

En el caso de la focalización de la tarjeta nos propusimos hacer esto, 60.000 visitas, de las cuales ya llevamos 20.000. Y el 31 de marzo vamos a hacer un corte y vamos a subir y bajar tarjetas, a focalizar bien la tarjeta, porque además pasamos a una unidad técnica de seguimiento.

Respecto a la coordinación de programas, generamos una unidad que coordina todos los programas, y hoy todos los educativos están en línea, todos los laborales están en línea, todos los de transferencia están en línea.

Y en tercer lugar modificamos nuestra llegada al territorio, que era otro problema que se detectaba allí –que a veces el Mides llegaba con cuatro o cinco–, teniendo una única representación en el territorio, creando un organismo que nuclea a todos los programas Mides en el territorio.

Eso ya está dando resultados, y aspiramos a que cuando se haga el balance 2011 segundo semestre algunos de estos problemas estén superados. Ese informe me fue muy útil, yo lo conocía porque el director de Balance y Monitoreo, Juan Pablo Labat, ya lo había conversado en el Gabinete Social, y me fue muy útil para plantear mis primeras medidas al llegar al Mides.

EC - El informe señala que gran parte de los programas han registrado falencias que limitan las potencialidades del instrumento en su implementación y en sus resultados. Por eso la diputada Piñeyrúa planteaba lo siguiente: “Me preocupan, por ejemplo, la identificación de las poblaciones objetivo. O la falta de fundamento técnico de algunas de las medidas que se adoptan en relación con el objetivo perseguido. Es decir, hay una duda en cuanto a si los medios sirven para obtener el resultado que se busca. Se señalan además la falta de registros, el solapamiento de acciones, con lo cual cada programa tiene su registro propio y no se sabe si hay superposición de un programa y otro, y si un beneficiario está percibiendo beneficios de programas que son excluyentes unos de otros. Me da la sensación de un gran caos, y además, de medidas que no se sabe a ciencia cierta si son adecuadas para el objetivo que se persigue”.


EC - ¿Qué responde usted, ministro?

DO - Exactamente, en estos seis meses construimos el registro único, rompimos el solapamiento de algunos programas –en educación fue muy claro, teníamos ocho programas en educación y ahora existe uno solo de trayectoria y algunas cosas que se hacían pasaron de una dirección a otra; tenemos una unidad coordinadora de programas al frente de la cual está alguien que vino conmigo al ministerio. Existe el registro, hoy existen los registros. Y obviamente, como dice la diputada, algunos resultados no estaban acordes con el objetivo, por lo tanto los reformulamos. Y básicamente, el principal problema, el que ella planteaba al inicio, que el informe destaca, que es la determinación de la famosa población objetivo, de los 30.000 hogares a los que les vamos a duplicar la tarjeta, no solo es importante por cómo venía la situación, sino porque ahora vamos a trabajar con ellos. Uruguay Crece Contigo, Jóvenes en Red y Duplicación de tarjetas son tres instrumentos que van focalizados hacia el segmento más duro de la pobreza extrema, de hecho son ya 20.000, y en agosto van a llegar a 60.000. De hecho, Jóvenes en Red ya está trabajando focalizadamente en lugares donde hay mayor cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan. Tomamos ese informe y estas cosas que decía la diputada, cuando nos convoquen al Parlamento hablaremos de esto. Tomamos medidas para superar la focalización, la duplicación de programas y la falta de registros unificados –porque registros había–. Todo eso ya está funcionando.

EC - ¿El informe se va a abrir al público?

DO - El informe se va a publicar, sí.

EC - Porque ahora ha circulado por el trascendido de Búsqueda.

DO - Está en la imprenta, creo que en marzo ya va a estar la publicación. De cualquier manera le he pedido a la Dirección de Evaluación y Monitoreo que haga un esfuerzo por tener el informe 2011 lo antes posible en el año, no tiene sentido publicar un informe de 2010, en marzo de 2012 (esto tuvo que ver con la dinámica interna que había) para tener en el mismo año el otro informe. Está en la imprenta para ser publicado.

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Transcripción: María Lila Ltaif


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Materiales relacionados:

Análisis de comportamiento de compra y venta de usuarios y comercios del sistema Tarjeta Alimentaria Uruguay Social - Informe del INDA (Enero 2012)

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