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domingo, 23 de marzo de 2014

España Hoy -si fuese Venezuela que dirian

Cuando toda la gran prensa burguesa del Mundo ataca al legitimo gobierno electo de Venezuela ,no dice nada de lo que esta aconteciendo en España con un gobernante PP del la derecha ,una vez mas vemos como estos medios lacayos del imperialismo ,defienden sus intereses de clase dominante .Pro ello mas que nunca Contrainformacion en radio y redes busando la liberacion final por una sociedad sin explotados ni explotadores .
    Ruben Cesar Suarez-uy
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 ESTADO ESPAÑOL

Madrid se llena de 'Dignidad' y anochece con cargas policiales

La organización cifra en más un millón los asistentes a la manifestación entre Atocha y Colón llegados de todas las partes del Estado. Ha habido al menos 23 detenidos y más de 50 heridos durante las cargas que comenzaron antes de terminar el acto

VIRGINA UZAL / LUIS GIMÉNEZ Madrid 22/03/2014

ver video de las cargas policiales contra los manifestantes


Centenares de miles de personas llenan Madrid.

Centenares de miles de personas han recorrido este sábado Madrid para pedir "pan, trabajo y techo para todos y todas". La capital ha sido el punto de encuentro de las Marchas de la Dignidad, cuatro mareas humanas que se han desplazado desde todo el Estado para confluir en una gran manifestación unitaria, que reunía a más de 200 organizaciones, partidos, sindicatos y colectivos, de la procedencia más diversa, con el objetivo común de decirle al ejecutivo del PP "No al pago de la deuda. Ni un recorte más. Fuera los gobiernos de la troika". Al final de la jornada, mientras aún se celebraban los mítines en la Plaza de Colón, decenas de antidisturbios han cargado contra la manifestación. A continuación, se han repetido los enfrentamientos entre manifestantes y agentes de de UIP por todo el Paseo Recoletos, el del Prado y hasta Atocha. Al menos 23 personas han sido detenidas y 50 agentes han resultado heridos, con varios hospitalizados hospitalizados, según ha confirmado a Público Delegación de Gobierno de Madrid. 
Ocho columnas han salido durante la mañana de distintos puntos de la ciudad rumbo a Atocha. Decenas de miles de personas han partido de Getafe con la columna andaluza después de recibir a 600 autobuses llegados del sur, de los que 40 estuvieron retenidos por la Guardia Civil. La columna gallega llegaba en dos trenes a Chamartín, más de 500 personas que más tarde se unieron a cerca de otro medio millar en Plaza Castilla que llegaban en autobuses desde Galicia. La columna de Extremadura y la Noroeste, también de Galiza, Bierzo, Asturies, Cantabria y Castilla y León, han sido de las primeras en llegar a Atocha entre una gran multitud que les esperaba. La del Pais Valecià y Murcia llegaba con más de 700 personas a Vallecas, donde cientos de vecinos han salido a recibirles entre aplausos y, también, lágrimas de emoción. Aragón, Catalunya, Navarra, Euskadi, La Rioja y Burgos, las columnas norte y nordeste, llegaban para unirse a la gran multitud que, a más de una hora del inicio de la manifestación, ya estaba por las calles de Madrid.
Diego Cañamero: "Esta mayoría silenciosa haya decidido hablar"
Cientos de personas llegadas de todo el Estado han denunciado las retenciones policiales a las entradas de Madrid. La organización ha cifrado en "aproximadamente 100 autobuses en 14 provincias" que han estado retenidos entre "una y tres horas", algo que han calificado como "abusivos controles policiales".

El portavoz del SAT Diego Cañamero ha calificado la movilización de "éxito total", recalcando que "ha merecido la pena todo el esfuerzo de más de seis meses para que esta mayoría silenciosa haya decidido hablar". Bajo la consigna de "¡pan, trabajo, techo y dignidad!" cientos de miles de personas han caminado desde Atocha hasta Colón, donde el actor Willy Toledo y la periodista Olga Rodríguez han leído el manifiesto. Portavoces de todas las columnas y organizaciones también se han dirigido a una plaza abarrotada, donde se escuchaban consignas como "sí se puede" o "que viva la lucha de la clase obrera".
Un nutrido bloque juvenil ha marchado al grito de "ni paro, ni exilio, ni precariedad". Uno de ellos, Antonio Canal, activista de la Oficina Precaria, explicaba que ha acudido "para combatir la creciente precariedad laboral de los jóvenes, que se suma a las altas de paro", a lo que añadía que "las marchas son una clara muestra de que una mayoría de este país se opone a los recortes y a este Gobierno que nos roba los derechos".
"Las marchas son una clara muestra de que una mayoría de este país se opone a los recortes" Eran muchos los asistentes que calificaban esta marcha como "una de las más importantes de la democracia". Jóvenes, niños y mayores caminaban entre gritos contra los recortes, los efectos de la crisis y el gobierno. Una de las consignas más coreadas ha sido "¿Qué queremos? ¡Trabajo!" en clara referencia a las miles de personas en paro presentes en las marchas y a los millones en todo el Estado.
Varios cordones de agentes antidisturbios de la UIP se mantenían en la calle Génova detrás de unas vallas situadas cerca de la sede del PP. Los mítines aún seguían en Colón y los portavoces de las distintas marchas leían sus intervenciones. Después de que un pequeño grupo de jóvenes lanzara unos petardos, varias unidades de la UIP han cargado en la plaza haciendo retroceder a los manifestantes por Recoletos. Un mando de los policías ha gritado a sus hombres: "Vamos a por ellos, coño".
Los antidisturbios han cargado contra cientos de personas que pretendían levantar una acampada
En ese momento, ha comenzado una batalla entre centenares de personas y la Policía, que ha tenido que retroceder en varias ocasiones, mientras los jóvenes han levantado barricadas. Varios agentes han caído heridos por las piedras y los cohetes, mientras ellos respondían con pelotas de goma, que también han dejado a varios jóvenes en el suelo.
Los antidisturbios también han cargado contra centenares de personas que habían comenzado una acampada en mitad del Paseo Recoletos, con el objetivo de pasar allí la noche, y que ya habían comenzado a celebrar asambleas. Los enfrentamientos se han ido extendiendo desde Recoletos al Paseo del Prado y hasta Atocha, donde agentes de paisano han detenido a al menos tres manifestantes. Poco a poco, los grupos de manifestantes que aún quedaban se han ido disolviendo por un centro de Madrid completamente tomado por furgones de la Policía Nacional. 

















BATALLA CAMPAL POR LA REPRESION POLICIAL










Policía: "Vamos a por ellos, coño"

 
- Jairo Vargas

DECENAS DE MILES DE PERSONAS

Las ‘Marchas de la Dignidad’ denuncian la situación de “emergencia social” y piden el fin de los recortes

  • El actor Willy Toledo y la periodista Olga Rodríguez han dado lectura al manifiesto elaborado para la ocasión desde un escenario situado en el centro de la plaza de Colón
  •   Las ‘Marchas de la Dignidad’ denuncian la situación de “emergencia social” y piden el fin de los recortes
    República/Agencias | MADRID Publicada el 22-03-2014

    Decenas de miles de personas han secundado en el centro de Madrid la manifestación conjunta convocada por las 'Marchas de la Dignidad' bajo el lema "pan, trabajo y techo para todos y todas" para pedir el fin de los recortes y la dimisión de Gobierno y para denunciar la situación límite de "emergencia social" en la que se encuentra gran parte de la población española. La cabecera de la marcha, portadora de una gran pancarta en la que se podía leer 'No al pago de la deuda. Fuera los Gobiernos de la Troika. No más recortes. Pan, Trabajo y Techo', ha emprendido su marcha desde Atocha hacia la plaza de Colón a las 17.00 horas, si bien muchos de los manifestantes y algunas de las columnas se han ido sumando a lo largo del recorrido.


    “La sociedad despierta, se os acabó la fiesta”, “Mi hija estaría aquí pero ha emigrado”, “Esto es una lucha cívica, del pueblo”, “Es una inyección de solidaridad”, “La dignidad, en marcha”, “Tu sobre, mi recorte” o “Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el Gobierno” son algunos de los mensajes que se podían leer en las pancartas de los asistentes.
    Entre las consignas coreadas por los manifestantes, se han vuelto a escuchar en la capital cánticos ya habituales como “De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste” o “No es una crisis, es una estafa”. “Yo quisiera ver a Rajoy y Rubalcaba en la cola del INEM”, “Con coraje y dignidad la victoria llegara” o “Gobierno dimisión” han sido otro de los mensajes lanzados por los asistentes.
    A su llegada a la plaza de Colón, situada a escasos metros de una calle Génova –donde se ubica la sede del PP– totalmente blindada por un fuerte despliegue policial, la cabecera y las distintas columnas han sido recibidas por miles de personas que se han ido concentrando allí a lo largo de la tarde.
    Dimisión del gobierno

    Una vez allí, el actor Willy Toledo y la periodista Olga Rodríguez han dado lectura al manifiesto elaborado para la ocasión desde un escenario situado en el centro de la plaza. “En 2014 nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, una situación límite, de emergencia social, que nos convoca a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, la ciudadanía y los pueblos”, comienza el manifiesto.

    “Millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran sin empleo. Tener unas manos para trabajar; tener una carrera terminada; disponer de tu capacidad tanto manual como intelectual y no encontrar un trabajo digno es humillante”, continúa el texto, con el que también han exigido la dimisión del Gobierno del PP y de “todos los gobiernos que recortan derechos sociales básicos” y que “colaboran con las políticas de la Troika”.
    Asimismo, han denunciado a través de este manifiesto que dichos Gobiernos “están aprovechando la crisis para recortar derechos”. “Estas políticas de recortes están causando sufrimiento, pobreza, hambre e incluso muertes y todo para que la banca y los poderes económicos sigan teniendo grandes beneficios a costa de nuestras vidas”, reza el manifiesto”, ha censurado.
    “Los derechos y libertades nos han sido robados para favorecer los intereses de una minoría y asegurar sus beneficios, los mismos que nos han llevado a este estado de excepción social, a base de desmantelar la educación y la sanidad públicas, de reducir drásticamente las pensiones de nuestros mayores, de apoderarse de nuestras viviendas y de cerrar empresas, y despedir a miles de trabajadoras y trabajadores”, han rechazado.
    Al finalizar la lectura del manifiesto, han tomado la palabra representantes de las columnas procedentes de toda España que este sábado han confluido en Madrid tras más de tres semanas de marcha a pie. “Hoy empezamos a ver que el miedo está cambiando de bando, pues que nos tenga miedo, que nos tengan mucho miedo. Viva la lucha de la clase obrera. Sí se puede”, ha defendido el representante de la columna asturiana.
    “Éxito sin precedentes”
    Para los convocantes, entre los que se encuentra el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), el Frente Cívico Somos Mayoría (FCSM) del ex dirigente de IU Julio Anguita o las mareas en defensa de los servicios públicos, la marcha es “un éxito sin precedentes”.
    Además de los organizadores, se han sumado a las marchas decenas de colectivos como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), la Cumbre social –que integra a los sindicatos CCOO, UGT, USO y a más de 100 organizaciones representativas de la sociedad civil– o la Coordinadora 25S y formaciones políticas como Izquierda Unida o Compromís.
    Los afectados por los preferentes o por el ERE de Coca-Cola, las quejas contra los CIE y el racismo o los bomberos de Madrid tampoco han faltado en esta jornada de protestas. De hecho, los bomberos han formado un cordón para garantizar la seguridad de los manifestantes. “Rescatamos personas, no bancos”, se podía leer en una de las pancarta portadas por este colectivo.

    Al menos 70 heridos y 24 detenidos tras las cargas policiales en la plaza de Colón

    Las Marchas de la Dignidad toman la capital de manera pacífica hasta pasadas las 20.30 horas, cuando arrancan los enfrentamientos entre policías y manifestantes

    AGENCIAS MADRID 22/03/2014

    Los detenidos en las cargas policiales producidas en las inmediaciones de la Plaza de Colón tras las 'Marchas de la Dignidad' se elevan a 24 personas, mientras que ya son 70 los heridos, según ha informado a Europa Press un portavoz de la policía.
    Entre los heridos se encuentran 50 policías, siete manifestantes y dos fotógrafos. Las detenciones -tres de ellas a menores de edad- se han producido por resistencia y atentado contra la autoridad. Los detenidos están acusados de agresión con lanzamiento de objetos, vallas y adoquines, de vandalismo y de destrozo inmobiliario.
    Durante los disturbios, un encapuchado ha agredido a un cámara de la Agencia EFE mientras éste grababa imágenes de las protestas en las inmediaciones de la calle Génova. El agresor le ha propiciado una patada que le ha derribado, le ha ocasionado heridas leves en un brazo y le ha roto la cámara.
    Las cargas se han producido cuando un grupo de personas ha intentado acceder a la calle Génova, sede del PP. Además, varios manifestantes han intentado acampar en las inmediaciones de Recoletos.
    Según fuentes del Ministerio del Interior y de la Policía, 50 policías han sido heridos, todos ellos policías nacionales, cuatro han tenido que ser hospitalizados. Dos de ello por conmoción cerebral y otros tantos por pérdida de dientes.



    Declaraciones de un energúmeno fascista:

    Portavoz del gobierno español: las Marchas son "columnas de extrema izquierda lideradas por un actor que vive en Cuba"

    Para el portavoz del Gobierno madrileño, las Marchas de la Dignidad están lideradas por el actor Willy Toledo "que vive en Cuba a cuerpo de rey y que de vez en cuando viene a dar lecciones"

     Madrid 22/03/2014
    El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno madrileño, Salvador Vitoria

    El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno madrileño, Salvador Vitoria-

    El portavoz de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha declarado este sábado en el 'Ágora' con el que ha arrancado la Convención del PP de Madrid de cara a las elecciones del próximo 25 de mayo que la ciudadanía se decantará por los populares en los comicios después de criticar las "columnas de extrema izquierda" que este sábado llegan a Madrid, las Marchas de la Dignidad.
    Para Victoria sólo hay dos opciones ante las próximas elecciones euroepas: "O votar por un partido como el Partido Popular, referente de las libertades individuales, u optar por esas columnas lideradas por Willy [Toledo], un actor que vive en Cuba a cuerpo de rey y viene aquí de vez en cuando a darnos lecciones".
    En el mismo saco ha metido al "sindicato andaluz con libertad para asaltar tiendas y que van a Venezuela en business", en relación a Juan Manuel Sánchez Gordillo.
    "Esa es la opción, por eso creo que los ciudadanos lo tienen muy claro, votarán al PP", ha manifestado después de arremeter contra la "intransigencia de la extrema izquierda" que ha vivido el PP de Perales de Tajuña. "Ayer se sufrió una quema de banderas y se demostró por qué hay que votar al PP", ha señalado.
    Victoria, que se ha definido como el "no es más europeísta" de los compañeros con los que ha compartido el Ágora, quiere una Europa "en la que no tengan cabida los desafíos soberanistas" y con un Tribunal Europeo que no permita la excarcelación de "alimañas, terroristas y violadores".
    "Quiero una Europa de seguridad jurídica", ha defendido Victoria, que quiere una Unión que sea "un referente en la defensa de las libertades individuales ante la amenaza socialdemócrata, comunista y nacionalista". También sueña con una Europa de las "oportunidades", sobre todo para frenar el desempleo juvenil.
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    jueves, 20 de marzo de 2014

    Evo: Obama es “el protector de la oposición violen...

    Evo: Obama es “el protector de la oposición violenta en Venezuela”




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    AVN - El presidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó la campaña de Estados Unidos (EEUU) contra el Gobierno legítimo y el pueblo de Venezuela.
    En rueda de prensa desde el Palacio de Gobierno en la Paz, Morales recordó que tras los comicios de abril de 2013, cuando resultó electo el presidente Nicolás Maduro, el Gobierno de Estados Unidos se negó a reconocer los resultados de esa contienda electoral.
    Morales señaló que tras desconocer a Maduro, Estados Unidos comenzó una campaña contra Venezuela al denunciar falsas informaciones sobre derechos humanos en el país suramericano.
    “¿Qué moral tiene el gobierno de Estados Unidos para hablar de derechos humanos? (…) ¿Cuántas personas, niños, abuelos han muerto por la intervención de Estados Unidos a Libia?”, se preguntó el Mandatario boliviano.
    Agregó que “Estados Unidos es el país número uno en violar derechos humanos individuales y colectivos”.
    También comentó sobre la posterior negativa de Washington al sobrevuelo del avión presidencial venezolano sobre espacio aéreo de Puerto Rico, hecho que ocurrió el 19 de septiembre del año pasado.
    Morales destacó la campaña mediática que siguió contra el Gobierno de Maduro, manejada desde Estados Unidos y quese ha intensificado durante el último mes.
    “El presidente de Estados Unidos es el protector de la oposición violenta en Venezuela”, dijo.
    Señaló que afortunadamente “Estados Unidos no ha podido convencer a la Unión Europea ni la Organización de Estados Americanos (OEA) para desconocer al Gobierno de Venezuela”.










    WEBGUERRILLERO

    viernes, 14 de marzo de 2014

    Ley de responsabilidad empresarial

    En lo relativo a esta ley me quedo con el planteamiento de los compañeros del SUNCA y del Constitucionalista Jose Korzeniak .
                                                           R.S
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    http://www.espectador.com/politica/286773/dura-critica-de-fls-a-ley-penal-sobre-accidentes-laborales

    Responsabilidad Penal Empresarial

    Dura crítica de FLS a ley penal sobre accidentes laborales


    Publicado el jueves 13 de marzo del 2014 a las 17:22 hsEl Frente Líber Seregni (FLS) formuló una dura crítica al proyecto de ley sobre Responsabilidad Penal Empresarial en accidentes laborales que la bancada del Frente Amplio quiere aprobar en el Senado, dijo que ese texto “afecta el necesario sentido de justicia y de equidad que deben tener las leyes”, que corre “riesgo de ser declarada inconstitucional”, y planteó la necesidad de introducir cambios, con el sentido de actuar en representación de “todo el cuerpo social del país” y de no una parte de la ciudadanía.
    El sector conducido por el vicepresidente de la República, Danilo Astori, estaba de acuerdo con las modificaciones acordadas por la mayoría del Senado, pero se molestó por la acción desarrollada por el Partido Comunista (PCU) y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que presionaron para que se mantuviera el texto sancionado en Diputados.

    En el FLS consideran que ese proyecto tiene tres tipos de problemas, según dijeron a El Espectador, fuentes de esta corriente política.

    En la reunión mantenida por la Mesa directiva del FLS, se entendió que el texto de la Cámara de Representantes, está exclusivamente para atender el interés de un sindicato y no contempla planteos de empresas e incluso de cooperativas, que advierten sobre riesgos innecesarios en las penas previstas.

    En segundo lugar, que no se ajusta al marco de la Constitución y que la Suprema Corte de Justicia lo derribará luego que las cámaras empresariales recurran una eventual ley, mediante acciones de inconstitucionalidad.

    Y en tercer razonamiento, que una minoría del Frente Amplio pretende pasar por arriba de una opinión mayoritaria que se expresó en el Senado (14 senadores en un total de 16), con la bandera de la defensa de interés de los trabajadores, dejando al grupo astorista como que es el que no acompaña esa acción.

    La declaración emitida dice lo siguiente:

     “El Frente Líber Seregni ha trabajado, junto a todos los legisladores del Frente Amplio por la aprobación de una ley de Responsabilidad Penal Empresarial que mejore sustancialmente la situación en materia de seguridad y prevención en todo el país y reduzca drásticamente las consecuencias graves y dolorosas de los accidentes laborales. Es parte de nuestra visión sobre el avance de derechos y responsabilidades de la sociedad uruguaya y en particular para la salud de los trabajadores.

    Por ello mismo queremos una ley justa, que dure en el tiempo, que no abra otro proceso de controversia legal y constitucional y que afronte la situación de acuerdo al asesoramiento recibido por diversos juristas especializados.

    Hemos respaldado, y lo seguimos haciendo, tanto los aportes del compañero senador Enrique Rubio realizados exclusivamente con este espíritu, como las opiniones de los juristas consultados y no comprendemos las razones por las cuales se bloquea la posibilidad de introducir un solo cambio, pero fundamental  en la redacción de la ley, que la pondrían al reparo de esos errores.

    Consideramos que con la actual redacción se corren serios riesgos de una corta duración de la ley, lo que afectará directamente la expectativa y la realidad de los trabajadores y del conjunto de la sociedad.

    Estas conclusiones fueron la base de la resolución por amplia mayoría de una sesión de la bancada de senadores (14 a 2 votos) en la que se dio apoyo a la ley pero con la modificación necesaria. Nos hemos mantenido coherentemente en esta posición.

    No podemos, no debemos correr nuevamente el riesgo de una nueva declaración de inconstitucionalidad y esa ha sido la causa de nuestra preocupación y trabajo para aprobar la ley de la mejor manera posible. Todos deberíamos recordar nuestras propias responsabilidades en la materia y aprender.

    La imprecisión en una materia legislativa tan compleja y de carácter penal, además del riesgo de ser declarada inconstitucional, afecta el necesario sentido de justicia y de equidad que deben tener las leyes en la república.

    Reafirmamos nuestra plena disposición a que sea aprobada en los plazos más breves y con la mejor redacción y la máxima precisión de la ley de responsabilidad penal empresarial y la obligación de los legisladores del Frente Amplio de representar en su labor a todo el cuerpo social del país.

    Seguiremos trabajando en esta dirección.

    Mesa del Frente Líber Seregni - Frente Amplio
    Montevideo, 12 de marzo 2014”
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    Y dice Oscar:
    "Hoy tuvimos la posibilidad de conversar como SUNCA con José Korzeniak, experto constitucionalista y catedrático, grado 5, en Derecho Constitucional, de la Universidad de la República, suma argumentos juridicos a la larga lista de especialistas que fundamentan acerca de la constitucionalidad del la ley de accidentes de trabajo a votarse el proximo 18 de marzo .....no es un aporte mas se trata de un compañero que ha sido referencia del campo popular en temas constitucionales durante decadas en un tema de tan alta sensibilidad vaya el agradecimiento para el compañero de parte de todos los trabajadores y trabajadoras de la construccion a lo largo y ancho de la patria ...salu.

    -¿Usted cree que el proyecto de ley que crea la responsabilidad penal empresarial es inconstitucional o tienen visos de inconstitucionalidad?

    -Puedo brindar una opinión contundente porque no solo escuché y leí los argumentos de este debate sino porque ante consultas de algunos compañeros, tengo el proyecto, lo conozco y lo estudie concienzudamente.
    No hay en ese texto inconstitucionalidad alguna. Me voy a referir al tema central que es el tema por el cual se declara la responsabilidad de tipo penal de los empresarios, en determinadas circunstancias, cuando omiten cumplir reglas sobre seguridad que están establecidas. Este es el punto central que se ha discutido básicamente.
    Hasta ahora cuando un trabajador sufría un accidente y tenía una muerte trágica, o tenía un daño, una mutilación, etc.; lo que estaba en juego siempre era la responsabilidad de tipo civil; llamada en términos técnicos, de Derecho Civil, la responsabilidad extra contractual. O sea cuando una persona sufrió un daño quien eventualmente lo causó tiene la obligación de repararlo. Si mal no recuerdo es el artículo 13 de la Ley del Código Civil. O a veces responsabilidad contractual, en el contrato de trabajo se puede establecer que cuando hay daños el empresario tiene que reparar etc.
    Pero acá, dada la frecuencia con que se producían estas tragedias, se entró a pensar, y eso fue un tema que abarcó a todas las ideologías, en un tipo de responsabilidad más fuerte como es la responsabilidad penal. Digo más fuerte para los que les duele más ir preso que poner de su bolsillo dinero.
    ¿Por qué? Esto ha pasado en muchos aspectos de la vida jurídica, porque si están establecidas con una claridad aceptable, verosímil, las reglas en materia de seguridad y si esas reglas no son cumplidas, salvo que sea el propio trabajador el que las incumple y es él el que se autoprovoca el daño, es bastante lógico que la sociedad haya entendido que tiene que haber una responsabilidad penal. Eso es lo que hace este proyecto de ley.
    En realidad el proyecto de ley tuvo algunas alternativas políticas en el Senado, cuando algunos senadores, incluso del Frente Amplio, que ha votado íntegramente en Diputados el proyecto, no porque pensaran, según me dijeron al consultarme, que el proyecto tenía inconstitucionalidades, sino porque pensaban que haciendo alguna modificación irrelevante, que no agregara, ni quitara nada, se iban a lograr votos de la oposición para lograr un proyecto con un consenso mayor de partidos políticos. Pero en realidad, que yo conozca, nadie afirma dentro del Frente Amplio que este proyecto tenga alguna inconstitucionalidad.
    Yo voy a explicar por qué. Porque erigir una conducta como conducta delictiva es algo que habitualmente hace la ley, eso hace por ejemplo el Código Penal, que es una ley en la escala jerárquica está la Constitución, por debajo la ley y por debajo el reglamento.
    Entonces la ley es la que dice esta conducta o esta actividad es un delito penal y no meramente un incumplimiento civil que origine responsabilidad pecuniaria.
    Y la ley escoge según las circunstancias históricas, en otros tiempos no era delito penal, por ejemplo, que hubiera personas que impidieran a otra votar, pero llegó la universalización del voto y las sociedades en general entendieron que impedir votar a alguien no es solo una infracción sino que es un delito de tipo penal.
    Así ha pasado con muchas cosas, expedir un cheque que no tenía fondos, se decía hace muchos años: Eso es una deuda y la Constitución dice que una deuda no puede originar prisión. Pero expedir un cheque es poner una firma y hacer una afirmación falsa de que en una cuenta corriente hay dinero y no es verdad, y eso ya es una conducta considerada delictiva.
    Ahora ¿qué discusión se generó cuando el proyecto llegó al Senado? ¿Qué discusión política? Según yo tengo entendido ya está superado eso y si no está debiera estar superado rápidamente. La discusión fue para incluir alguna cláusula que dijera que era “deliberadamente” que se esquivaba la regla de seguridad por parte del empresario, es decir por una omisión deliberada, para lograr me parece que a mi que hubiera gente de otros partidos que apoyaran también el proyecto para que saliera con un consenso mayor. Pero parece que todo eso es inútil porque los que no quieren que haya responsabilidad penal, lo que dicen, yo en otras oportunidades lo he dicho, hay como una especie de festival, de planteos de inconstitucionalidad en el Uruguay. Cuando a alguien no le gusta algo lo primero que dice es que es inconstitucional sin haber abierto la Constitución en el 90% de los casos.
    Acá no hay ninguna inconstitucionalidad. Repito, las normas penales son las que crean las conductas calificadas como delito. Ocurre que puede darse algún caso en que una ley, y eso si sería inconstitucional, califique como delito algo que la Constitución dijera que es un derecho. Pongo un ejemplo muy sencillo: el Código Penal es del año 1934 y tiene una inspiración muy fascista, aunque está muy bien redactado y le quitaron las aristas más fascistas, pero algunas quedaron, por ejemplo si los funcionarios públicos hacen una huelga, dice el Código Penal que es un delito. Dice: los funcionarios que en un número no menor de cinco interrumpieren la función serán castigados. Era, indudablemente, un resabio de tipo fascista, que los jueces hace años que no aplican porque la Constitución consagra la huelga como un derecho, sin distinguir si son funcionarios públicos o empleados privados. Por lo tanto, ahí si, declarar o no una conducta como penal tiene que ver con la Constitución, porque no se puede declarar que una conducta es penalizable cuando la Constitución dice que es el ejercicio de un derecho.
    Pero en este caso, en el proyecto de ley, lo que se califica como delito es la omisión de cumplir reglas de seguridad, omisión que además puede generar un daño muy grave, como ha ocurrido con alguna frecuencia bastante inusitada y desde luego dolorosa.
    Entonces, yo no le veo ningún problema de inconstitucionalidad.
    Anoche escuché declaraciones de algunos de los gremios empresariales diciendo que es inconstitucional, no dicen por qué, no dicen que norma estaría violada. Porque la inconstitucionalidad de una ley significa una contradicción objetiva entre el sentido de la ley y el sentido de la Constitución. Hay que decir este artículo o este párrafo es contrario a tal artículo o tal principio que está en la Constitución, inequívocamente.
    Si eso es así es inconstitucional y si no, lo que pueden decir los empresarios es que no les gusta la ley o que no la quieren, como podrían decir: no me gusta que me suban la tasa de impuesto a la contribución inmobiliaria, está bien que no les guste, pero eso no quiere decir que sea inconstitucional.
    Es un tema de decir si es buena o mala o saludable, en eso cada uno opina lo que quiere.
    Pero desde el punto de vista de la Constitucionalidad no hay ninguna regla constitucional contrariada por lo que dice el sentido y la letra de esta ley, tal como vino aprobada desde la Cámara de Diputados.

    -Si se aprobara esta ley, con respecto al Código Penal y a otros delitos de peligro que están allí incluidos: ¿Su aplicación tendría algún tipo de dificultad para los jueces?

    -Cualquier delito puede tener algún tipo de dificultad para un juez, por ejemplo, si hay o no hay legítima defensa cuando una persona entra a robar, y por eso a nadie se le ha ocurrido decir que el delito de hurto es inconstitucional, y tampoco a nadie se le ha ocurrido decir que la legítima defensa, que está prevista en el Código Penal, es inconstitucional. Lo que pasa que tanto para que se configure el hurto o la rapiña, que es el hurto con violencia, o la legítima defensa, la ley establece algunos requisitos.
    En el caso de este proyecto de ley, también están. Y bueno el juez tiene que hacer la interpretación de las leyes.
    El Código Penal además de lo que se llama el delito de peligro, tiene un artículo, que es el 18, en el cual establece los elementos psicológicos del delito, el dolo, que es la intención de provocar un resultado. No hay ningún empresario que diga: no voy a cumplir una norma de seguridad para que se mate fulano de tal; puede haber un caso excepcionalísimo, pero sería muy raro. Después está la culpa, que es cuando un hecho en sí mismo no era un delito pero sí pasa a serlo cuando se omite algo que pudiendo ser previsto no lo fue, como dice el Código Penal: un hecho indiferente en sí mismo pero que pudiendo ser previsto no lo fue, se deriva un resultado de ese tipo dañoso, pudiendo ser previsto, no fue previsto, algo previsible que no fue previsto en la realidad. Por ejemplo una regla de seguridad, ciertas cosas que se tienen que poner cuando se trabaja a determinada altura y que el empresario no las pone. Después está la ultraintención, creo que está un poco fuera de esto, dice el Código Penal: cuando el resultado excede a la intención. Pongo un ejemplo que siempre daban cuando yo era estudiante: alguien le pega un bofetón a otro, la persona cae se pega la nuca contra el cordón y se muere. La intención era pegarle un bofetón pero la muerte es más allá de la intención.
    Pero las tres situaciones están previstas en el Código Penal, están definidas, con bastante elegancia gramatical, fue Irureta Goyena el jurista que lo hizo, que le limó algunos aspectos porque está muy inspirado en el Código fascista de esa época.
    Algunas cosas quedaron como ese artículo que contaba que considera delito la huelga de los funcionarios públicos, que por supuesto en el Uruguay hace años que se considera derogado o inexistente.
    Bueno acá es al revés, las circunstancias reales de la vida han determinado que en tantas empresas se han producido muertes, o heridas, o mutilaciones de obreros o de trabajadores, por falta de la previsión de elementos de seguridad.
    Entonces se ha ido creando un consenso de que hay que tomar una medida que obligue al empresario a cuidar bien esas reglas y cumplirlas.
    Por lo tanto eso lejos de ser inconstitucional, parece más bien una aplicación de todas las reglas sobre el deseo de la Constitución de tener un país con salud, no solo el deber de cuidar su salud sino el de establecer mecanismos para que la gente pueda vivir.
    Entonces se ha llegado a la conclusión, por la cantidad de casos que se han dado, en los que se ha notado falta de cumplimiento de reglas de seguridad, que hay que castigarlo penalmente.
    Pasó con los cheques, como digo. Hoy a nadie se le ocurre discutirlo, incluso en los cheques podría haber algo porque hay un artículo de la Constitución que dice que no hay prisión por deuda, pero lo que se está castigando no es que la persona deba, sino que está haciendo una mentira en un documento, al decir que tiene plata en una cuenta corriente y no la tiene.
    En este caso, que es mucho más dramático porque está en juego la vida o la salud de las personas, a mí me parece un caso en que la ley lo que hace es recoger un deseo social de que haya un castigo que obligue a ser más previsor al empresario en el cumplimiento de las reglas de seguridad.
    No le encuentro absolutamente ninguna inconstitucionalidad a la declaración de que es un delito penal la omisión del cumplimiento de las reglas de seguridad.
    Agregarle que es una omisión deliberada, primero que es un tema obvio, políticamente podría tener el sentido de atraer votos del Partido Nacional o del Partido Colorado, darle un carácter digamos más ecuménico a la regla. Pero no le agrega nada ni le quita nada.
    Ningún juez va a procesar, voy a dar un ejemplo exagerado que desde el punto de vista didáctico puede ser ilustrativo; supongamos que el dueño de una empresa o el directorio, le ordena a un secretario administrativo que instale un instrumento que es establecido por ley como una cuestión de seguridad; y vamos a suponer que esta persona diga “no instalo nada”, porque se lleva la plata para él o porque no quiere hacer el gasto o por cualquier razón. Entonces, el juez no va a procesar al empresario en este caso. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta de que ese empresario no tenía conciencia y voluntad de que estaba omitiendo una regla de seguridad. La persona que actúa sin conciencia y voluntad de la actividad que se trate, en materia penal no es imputable. Después viene la escala psicológica, de ultraintención, culpa, dolo, que van agravando las cosas; pero lo primero es tener conciencia y voluntad de lo que se hace. Por eso, cuando hay una persona psiquiátricamente declarada incapaz, no es imputable, porque no tiene conciencia y voluntad de lo que hace.
    Ahora, el empresario si está en condiciones de ser dueño de la empresa, seguramente no sea el caso, desde el punto de vista psicológico. Pero si la omisión existe, y fuera sin conciencia y voluntad, el juez no lo iba a procesar.
    Así que poner o no poner esa cláusula lo único que haría –al margen de alguna intención política muy sana que alguno pudo haber tenido- era agregar una especie de confusión sobre la carga de la prueba.
    La carga de la prueba siempre corre por cuenta, no del acusado, sino del Estado; así que eso no hay por qué decirlo. La presunción de inocencia consiste en eso, cuando una persona se presume inocente pero si le demuestran que violó algo y no debía hacerlo, y que lo hizo con conciencia y voluntad, esa persona va a ir presa.

    - En ese sentido, ¿usted cree posible y necesaria una fiscalía especializada como tiene la justicia española, con vínculo con el derecho laboral?

    - En materia civil, ya existe una justicia especializada, los jueces de la materia laboral, pero en materia penal – yo no soy penalista- no sé si sería indispensable. Lo que sí quiero dejar bien en claro es que eso no tiene nada que ver con la Constitución. Es decir, la ley puede establecer, sí o no, una justicia y una fiscalía especializada. Pero eso es por ley y no viola la Constitución que lo haga o que no lo haga. Esa manía de los planteos de inconstitucionalidad no existe.
    Yo, sinceramente, no estoy seguro de que sea indispensable crearla. De todas formas, si se hiciera, en un Derecho ideal, la correspondencia que hay entre la especialización de la justicia laboral en lo civil, probablemente pudiera corresponderse con una especialización en lo penal. Pero eso en un Derecho muy ideal, en un país al que le estuvieran sobrando los jueces, cosa que no ocurre en el nuestro.
    Igualmente repito, lo que me consta es que establecerlo o no establecerlo no viola la Constitución.
    Es una opción que se puede conversar, se puede discutir. Pero lo que me parece es que la ley tal como está, es una ley perfectamente aplicable, que no va a generar ninguna injusticia y ningún juez va a procesar empresarios que, sin conciencia y voluntad de que omitían cumplir reglas, las estuvieran incumpliendo.
    Me causa un poquito no de enojo sino casi risueñamente dicho, primero, que los gremios empresariales, o alguno de sus miembros, dijeron “es inconstitucional”, y lo otro, lo de decir que las pequeñas y medianas empresas son las que van a sentir más el asunto. Una postura extraña, porque todos sabemos que una empresa pequeña presenta mucho menos riesgo que una grande. Por ejemplo, en el tema de la construcción, cualquiera sabe que hacer una casita para poner un almacén tiene mucho menos riesgo que hacer un edificio de treinta pisos. Eso es obvio.
    El tema es que hay una cuestión, yo no quiero entrar a lenguajes clásicos, pero hay una cuestión de postura derivada de la situación económica -si le quieren llamar postura de clase, llámenle-. Cuando se habla de un impuesto, por ejemplo, subir la tasa de un impuesto: ¿a quién se le puede ocurrir que eso puede ser inconstitucional cuando quien la sube tiene la facultad de hacerlo y no lo hace en un período prohibido por la Constitución? A nadie. Sin embargo, como no se quiere pagar impuesto, lo primero que dicen es que es inconstitucional.
    Entonces, yo soy muy contundente en la respuesta: me parece un proyecto justo, me parece un proyecto que recoge una especie de inquietud social, por la llamativa cantidad de tragedias que han ocurrido con trabajadores; y me parece que la ley lo ha hecho dentro de los márgenes que la Constitución autoriza.

    ¿Usted autoriza a que estas consideraciones el SUNCA las incorpore a su fundamentación favorable al proyecto de ley?

    Esta es una opinión circunstancial porque los trabajadores me estén consultando, la he dicho en varios medios de comunicación y autorizo especialmente, me parece que contribuyo, un jubilado que está viviendo tan lejos, pero en un lugar tan lindo cerca de La Paloma, contribuyo a esclarecer el tema de la constitucionalidad de una ley. Tema en el cual algún días los uruguayos vamos a tener que ser un poquito menos festivalistas porque yo me recuerdo hace unos cuantos años en un Congreso que hubo en Ginebra, cuando di la cifra de planteos de inconstitucionalidad para un país de 3 millones de habitantes, era un récord mundial, quedaron todos asombrados. Sobre todo porque acá quien declara la inconstitucionalidad no es un organismo fuera de los tres poderes, es uno de los poderes, que está declarando inaplicable, si bien para un caso concreto, el acto de otro poder, del Poder Legislativo, lo cual es un problema bastante serio. Esa fue una solución de equilibrio que buscó la Constitución uruguaya entre la separación de poderes, porque hay un poder anulando lo que hace otro u otros, porque el Poder Ejecutivo es quién promulga, pero por otro lado le quita efectos generales a esa declaración para respetar un poco la separación de poderes. Es un equilibrio entre la separación de poderes y la supremacía de la Constitución sobre la ley. Solución que no parece ser técnicamente la mejor de todas, pero es la que tenemos vigente en nuestra Constitución. Quizás la solución que viene de 1920, de la Constitución de Austria, que la hizo nada menos que Kelzen, el jurista más destacado del siglo pasado, es la de un órgano que esté fuera de los tres poderes, con una integración muy peculiar, que sea el que puede declarar, pero con carácter general, si una ley es o no es inconstitucional.
    Entonces doy la más amplia autorización para que se utilicen mi palabra, que encierran mi verdad sobre este punto.
    Además voy a hacer una cosa que los abogados dicen que nunca se debe hacer, voy a aventurar una opinión: si se presentara un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, incluso con la integración que tiene ahora, esa inconstitucionalidad sería rechazada. Esa es mi opinión."

    sábado, 8 de marzo de 2014

    Obispo Sturla dice NO A LA BAJA

    “Puede criminalizar” a los jóvenes

    Obispo Sturla en contra de bajar la edad de imputabilidad

    Publicado el 7/3/2014 - 7:00
    Obispo Sturla
    El
    entrante arzobispo, quien el domingo a las 18 horas será investido como
    arzobispo de Montevideo en sustitución de Nicolás Cotugno, subrayó que
    no cree “que el camino ni el mensaje positivo sea para estos jóvenes la
    rebaja de la edad” porque además sospecha que “puede criminalizar” a la
    juventud.
    “Soy
    salesiano y he trabajado mucho con chicos y algunos difíciles y
    entiendo que hay otros caminos”, sostuvo Sturla en entrevista en canal 4
    al fundamentar su rechazo a la iniciativa promovida desde el Partido
    Colorado y sectores del Partido Nacional. “Entiendo los argumentos de
    quienes proponen esta iniciativa y también comprendo a las víctimas de
    hechos de sangre provocados por menores; todo eso lo entiendo, pero me
    opongo a la rebaja de la edad de imputabilidad”, sentenció.


    “La
    delincuencia de los menores es uno de los temas más difíciles de
    nuestra sociedad. Es una cuestión de piel, por la que me opongo a la
    rebaja” de la edad de imputabilidad, remarcó.

    Conferencia Episcopal en contra

    No
    es la primera vez que desde el ámbito eclesiástico se pronuncian con
    respecto a este tema. La Iglesia Católica uruguaya manifestó hace ya
    bastante tiempo su oposición a la iniciativa para bajar la edad de
    imputabilidad. El secretario general de la Conferencia Episcopal,
    Heriberto Bodeant, al considerar la iniciativa dijo estar convencido que
    la rechaza porque “mete a todos los jóvenes en la misma bolsa”. Incluso
    la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec) también emitió un
    comunicado interno en repudio a las bases de la propuesta lanzada por el
    Herrerismo y el Partido Colorado.

    Esta posición de la Iglesia
    uruguaya fue dada a conocer un día después de que se concretara la
    entrega de firmas para impulsar el plebiscito en torno a la baja de la
    edad de imputabilidad, en abril del 2012; que por haberse alcanzado con
    el mínimo de voluntades requeridas, se procederá a consultar a la
    población el mismo día que se realicen las elecciones del próximo mes de
    octubre, si se está de acuerdo o no con la reforma de la Constitución.
    El obispo criticó la forma en que se pretende abordar a los menores de
    edad que toman el camino de la delincuencia, porque a su entender “se
    mete a todos en la misma bolsa, un prejuicio que genera una actitud
    negativa hacia la juventud y sobre todo hacia los jóvenes de los
    sectores más carenciados”.

    “Miremos para adelante”




    Obispo Sturla

    viernes, 7 de marzo de 2014

    Uribe, en el punto de mira de la Corte Penal Internacional por las masacres durante su mandato

    Uribe, en el punto de mira de la Corte Penal Internacional por las masacres durante su mandato

    El expresidente de Colombia está siendo investigado por los
    "falsos positivos", el asesinato de campesinos presentados como
    guerrilleros de las FARC

    ANTONIO ALBIÑANA
    Bogotá (Colombia)
    06/02/2013 11:19




















    Álvaro Uribe, en una imagen de archivo. EFE

    Álvaro Uribe, en una imagen de archivo. EFE

    El que fuera Presidente de Colombia entre 2002 y 2010
    está siendo investigado por la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, por
    crímenes contra los Derechos Humanos y masacres sucedidas durante su
    mandato, que no han sido tratados a fondo por la justicia colombiana.

    Uno de los informes en curso en la Corte se refiere a los llamados "falsos positivos",
    el asesinato de campesinos indefensos presentados como guerrilleros de
    las FARC muertos en combate. Según Uribe y su entorno se trató de "casos
    aislados", aunque para el tribunal internacional, al que han llegado
    los más de 3.000 casos reconocidos por la propia fiscalía colombiana:
    "hay bases razonables para creer que se trató de una política de Estado;
    estos asesinatos, cometidos para aumentar los índices de éxito militar,
    podrían considerarse crímenes de lesa humanidad...".

    La última
    de las denuncias contra Uribe ante la fiscal de la Corte Penal
    Internacional ha sido presentada personalmente por el Presidente de la
    Comisión de Paz del Congreso de Colombia y diputado por el Polo
    Democrático (izquierda), Yván Cepeda, y se refiere, según declara a Público: " a hechos protagonizados por servicios secretos que dependían directamente del expresidente Uribe y que constituyeron delitos de persecución
    contra opositores, magistrados, políticos y periodistas contra los que
    ordenó intervenciones telefónicas ilegales, seguimientos y campañas que,
    según el artículo 7 del Estatuto de Roma constituyen persecución por
    motivos políticos". Algunas de estas persecuciones, como las que tienen
    en la cárcel al antiguo jefe de de los servicios secretos de Uribe,
    Jorge Noguera, terminaron con el asesinato de los opositores a manos de
    sicarios paramilitares que actuaban con la información suministrada por
    éste.

    Contra todas estas sindicaciones, a las que se suma la indagación de la fiscalía
    por su protagonismo en la formación del ejércitos paramilitares en sus
    fincas ganaderas, Uribe está intentando blindarse con la creación de
    una nueva fuerza política, el "Puro Centro Democrático" por la que
    sería cabeza de lista al Senado en las elecciones del año próximo, o
    incluso intentar alguna maniobra para poder optar de nuevo a la
    Presidencia, aunque las actuales normas constitucionales se lo impiden.


    Mientras tanto, el expresidente intenta cada día sumar adhesiones
    con su oposición a las conversaciones de paz que llevan a cabo en La
    Habana emisarios del Presidente Juan Manuel Santos con los portavoces de
    las FARC, en aras de una política de exterminio y guerra sin cuartel,
    que no consiguió resultados decisivos durante su mandato.


    Uribe, en el punto de mira de la Corte Penal Internacional por las masacres durante su mandato

    Hugo Chavez

    Danny Glover: Chávez es uno de los líderes elegidos que pudo realzar la ...

    Danny Glover: Chávez es uno de los líderes que más impulsó la democracia (+Video+Fotos)

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    VTV/La Radio del Sur


     El actor estadounidense Danny Glover, aseguró que el Comandante Hugo Chávez es uno de los líderes que más impulsó la democracia.


    Durante el acto de entrega de viviendas para 192 familias en el
    urbanismo Omar Torrijos, ubicado en Parque Carabobo, Caracas, el actor,
    quien acompañó al presidente Maduro, resaltó que “Chávez pudo realizar
    tareas muy difíciles que ustedes continuarán enfrentando para lograr la
    democracia y la libre determinación de los pueblos”


    Manifestó que ve con gran satisfacción el crecimiento de la nación venezolana.


    Además hizo énfasis en que la patria debe probar su liderazgo, no solo en Venezuela, sino en otros países de la región.


    “Venezuela debe continuar la lucha por la justicia y la paz en la región”.








    Contribuyentes