Radio Contacto sur

Telesur en vivo

SI DESEAS VER TELESUR DALE PLAY Y APAGA LA RADIO EN BOTON CUADRADOCONTACTA CON CONAICOP +59896901566 --096901566

miércoles, 30 de noviembre de 2011

CEPAL


sábado, 26 de noviembre de 2011

Gelman

"Orden del canciller"
Nueva pista sobre traslado de María Claudia a Uruguay en 1976 en vuelo regular de Pluna
María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman y madre de Macarena Gelman, fue trasladada a Uruguay el 17 de octubre de 1976, en un vuelo de la empresa Pluna, según revela un documento del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), presentado por el periodista Roger Rodríguez ante la Justicia argentina.

Escrito por: Editorial

Sábado 26 de noviembre de 2011 | 5:31
Imprimir

Rodríguez compareció el pasado miércoles ante el Tribunal Oral Federal Nº 6 (TOF 6) de la República Argentina, en el marco del proceso penal por el robo sistemático de bebés de la dictadura argentina, que investiga la apropiación indebida de decenas de niños, entre ellos, Macarena Gelman.

En este sentido, el periodista presentó un documento, hasta ahora inédito, con las siglas del MDN, donde establece que María Claudia fue trasladada en un vuelo comercial de Pluna, desde el aeropuerto de Ezeiza al Aeropuerto de Carrasco, el 17 de octubre de 1976, junto a otras tres personas: los niños Anatole y Victoria Julien y una ex presa política argentina, también embarazada.

En el escrito, aparecen al pie los nombres de Nino Gavazzo y Jorge Silveira. Allí se revela que la nuera del poeta argentino fue trasladada al Uruguay “por orden” del ex canciller Juan Carlos Blanco, condenado por graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

“Por orden del señor canciller doctor Juan Carlos Blanco se nos encomienda (el traslado de) María del Carmen ….; Claudia García Gelman; Anatole Casares Grisonas; Victoria Casares Grisonas, estos últimos menores, a efectos de interrogación en Montevideo. Las dos primeras personas presentan síntomas de embarazo”, dice el documento, según reveló Página/12. “A la llegada hago entrega de documentos de los detenidos en Buenos Aires para evaluación del mayor Martínez”, concluye.

Tiempo atrás, en filas de militares retirados vinculados a delitos de violación a los derechos humanos, se manejaba la información respecto a que el traslado de María Claudia García y los hermanos Julien desde Argentina, se produjo el mismo día en un vuelo clandestino. Se aseguraba que la operación estuvo a cargo del SID que actuaba en Orletti.



Automotores Orletti
Roger Rodríguez contextualizó ante la Justicia argentina el proceso de represión contra ciudadanos uruguayos en Argentina, en especial, las detenciones masivas de junio y setiembre de 1976. En ambos casos, los detenidos fueron recluidos en “Automotores Orletti” y, posteriormente, trasladados en forma clandestina a Uruguay.

En tanto, Rodríguez, hoy periodista de la revista Caras y Caretas, explicó a LA REPÚBLICA cómo accedió al documento. “A este documento accedí en el marco de una investigación iniciada años atrás en LA REPÚBLICA. En esa oportunidad llegamos a saber de la existencia de esta mujer (María del Carmen), pero no estaban dabas las condiciones para hacerlo público”, porque “el documento no ha sido confirmado como un documento verdadero”, de ahí que nunca fue publicado.

“Puede ser un documento falso, pero con datos verdaderos, lo importante es que muchos hechos coinciden con el documento. Por un lado, que el traslado de María Claudia a Uruguay fue en el contexto del Segundo Vuelo, pero fue vista en Orletti por Bertazzi, después del 5 de octubre, fecha en que mi investigación para LA REPÚBLICA evidenció la existencia del Segundo Vuelo”.

“También coincide con dichos de sobrevivientes uruguayos de Orletti, que cuando estaban detenidos en el SID, luego de su traslado a Uruguay, dijeron haber visto no solo a una mujer embarazada (María Claudia), sino una segunda mujer embarazada”, agregó.

“Aunque los datos no son confirmados oficialmente, y por eso no los publiqué en su momento, al ser convocado por el TOF 6, era inevitable aportar a la Justicia los datos que se encontraban en mi poder, cuya importancia para la verdad de los hechos es mayor que una mera primicia periodística”.

“El objetivo único de la presentación es la verdad”, concluyó Rodríguez.



CONTACTO
Roger Rodríguez reveló que antes de presentar el documento tuvo un contacto con María del Carmen, la mujer presuntamente trasladada a Uruguay junto a María Claudia García.

http://www.lr21.com.uy/politica/481051-nueva-pista-sobre-traslado-de-maria-claudia-a-uruguay

jueves, 24 de noviembre de 2011

Militares Uruguayos y Argentinos

Pruebas oficiales
Militares uruguayos y argentinos se asociaban en secuestros extorsivos
Jueves 24 de noviembre de 2011 | 9:22

Imprimir

El periodista compatriota Roger Rodríguez presentó ayer antela Justiciaargentina, un documento inédito con sellos del Ministerio de Defensa de Uruguay, en el que consta el viaje de la nuera del poeta Juan Gelman, a bordo de un avión de Pluna desde Argentina a nuestro país.

Así lo informa esta mañana el diario Página 12, el que añade que María Claudia García, los hermanos Anatole y Victoria Julien, y María del Carmen, otra secuestrada con indicios de embarazo de la que se omitió el apellido, fueron trasladados a Montevideo el 17 de octubre de 1976.

El documento hallado, deja constancia que los “detenidos” eran enviados para ser “interrogados” por orden del canciller uruguayo, y lleva las firmas de Jose Gavazzo y de Jorge Silveira.

Roger Rodríguez dijo que el documento recién pudo ser chequeado el fin de semana último en Buenos Aires, e incluso encontró a la pasajera María del Carmen a la que entrevistó, pero la mujer negó de plano tocar el tema. “Ya sufrimos mucho por todo eso”, le dijo, de lo que puede deducirse que lo relatado en el documento, ocurrió. La mujer pertenece a una familia de alcurnia en Argentina.

Este último punto es importante, en tanto explicaría porque todos estos argentinos fueron trasladados a Uruguay: los secuestros habían dejado de ser políticos para transformarse en extorsivos.

El periodista uruguayo, presentó la documentación ante el Tribunal Oral Federal 6, ante el fiscal Martín Niklison, quien le consultó sobre más detalles del caso. Sin embargo lo único confirmado es que María Claudia no viajó en el “primer vuelo” ya que los sobrevivientes al mismo, recuerdan la presencia de una argentina, y el llanto de un bebe.http://www.lr21.com.uy/politica/1003615-aportan-pruebas-oficiales-de-que-militares-uruguayos-y-argentinos-combinaban-secuestros-extorsivos
Militares uruguayos y argentinos se asociaban en secuestros extorsivos - LR21.com.uy
www.lr21.com.uy

miércoles, 23 de noviembre de 2011

capturavidas: Fusilados de Soca un caso ganado a la maldita ley ..

Fusilados de Soca un caso ganado a la maldita ley ..

Fusilados de Soca. Año 1974 en Uruguay.

Con gran alegría y esperanza nuevamente la Suprema Corte de Justicia dictaminó hoy, la excepción de inconstitucionalidad al caso Fusilados de Soca.

De esta forma se investigará el secuestro en Argentina y posterior homicidio en Uruguay de cinco militantes del MLN-T: Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Daniel Brum, María de los Angeles Corbo y Graciela Estefanell. El expediente también se encuentra anexo al expediente madre de "Atentado a la Constitución", contra el ex dictador Juan Maria Bordaberry.

Los cinco integrantes del MLN-T fueron "fusilados" el 20 de diciembre de 1974 en la localidad de Soca, tras permanecer 40 días "desaparecidos". Se ha podido probar que fueron detenidos en Buenos Aires, el 8 de noviembre de 1974 y, tras ser sometidos a terribles torturas, fueron trasladados clandestinamente al Uruguay.

Dentro del denominado Plan Cóndor.

Participación conjunta de los regímenes militares del cono sur, secuestrando opositores y llevados de un país a otro.

Sobrevivientes

En esta operación masacre del año 1974, una de las víctimas que fue secuestrada y posteriormente dado en adopción fue el hijo del matrimonio Amaral García por más de diez años. Luego fue recuperado mediante la búsqueda y restitución de su identidad.

A sus padres la última vez que los vio con vida fue, cuando se encontraban secuestrados y torturados en Buenos Aires.

Otro de los sobrevivientes es Julio Abreu, que gracias a su testimonio se pudo saber buena parte de la historia de estos luchadores antes de ser asesinados.

La trama siniestra: Caso Ramón Trabal.

Al coronel Ramón Trabal Lo asesinan el 19 de diciembre de 1974 en Francia.

Era el Jefe de la inteligencia militar, en Uruguay.

Trabal debió trasladarse a Londres y París como agregado militar después de que sus camaradas de armas bloquearon su ascenso a general a fines de 1973.
Descendía de una familia militar, según informes de la época partidario de la fidelidad de las Fuerzas Armadas a la Constitución. Había sido uno de los impulsores de los comunicados 4-y 7 en febrero del año 1973, meses antes del golpe de Estado en el país.

En su breve actuación previa al golpe, -“sustrae el servicio a su cargo del control de los correspondientes servicios yanquis”

Un periodista londinense investigando.
Richard Gott en The Guardian londinense dijo: que todas las investigaciones que había llevado a cabo en Paris, daba como resultado que las sospechas del asesinato de Ramón Trabal- “recaían en el gobierno uruguayo o la CÏA”-.
Este periodista mantenía seguidas conversaciones con Trabal previo a su muerte. En ellas le trasmitía el gran entusiasmo que tenía por el proceso en Portugal de la Revolución de los claveles, llevada adelante por los capitanes de ese país, que habían logrado mejoras económicas y sociales.
A su la vuelta.
Ramón Trabal estaba a término de su pasaje por Francia y el regreso a Uruguay era cosa de poco tiempo.
En Uruguay le esperaba el ascenso que lo convertiría en general y por tanto tendría injerencia en el curso de la política oficial emprendida el 27 de junio de 1973.
Con mando de tropa y oficialidad a su vuelta, era un peligro para los intereses golpistas y para los intereses yanquis.
A fines del año 1979, se filtraron algunas noticias de un documento secreto de la comisión de asuntos extranjeros del Senado de los EEUU, donde se dice que el asesinato del coronel Ramón Trabal en París, en 1974, pesa sobre la conciencia del Cóndor”-
El vuelo del Cóndor de Francia - Argentina- Uruguay.

El 20 de diciembre, (al día siguiente del asesinato de Ramón Trabal en Francia), aparecen en Canelones, localidad de Soca los 5 luchadores fusilados.

En aquel entonces se pretendió hacer creer a la población de Uruguay, que el asesinato de Ramón Trabal fue urdido desde las filas de la izquierda opositora al régimen.

Ahora a 37 años se podrá demostrar la verdad de los hechos.

¡Habrá Justicia para todos ellos!

Publicado por Martha Helena en 18:46
capturavidas: Fusilados de Soca un caso ganado a la maldita ley ..

Viejitos de Mierda(DEL BLOG el Muerto)

miércoles 23 de noviembre de 2011
Viejitos de mierda quieren amnistía




Por los delitos de lesa humanidad que cometieron durante la dictadura.

El general retirado Ricardo Galarza citó una encuesta de Interconsul (encargada por ellos mismos) donde refleja que más de la mitad de los uruguayos está en contra de la imprescriptibilidad y propuso generar una amnistía.


Los delitos de lesa humanidad no prescriben: aún no han dicho la verdad, mantienen la ley del silencio y la constante amenaza militar



Viejitos de mierda no son peligrosos? no le han hecho daño a nadie?




estraido de http://elmuertoquehabla.blogspot.com/2011/11/viejitos-de-mierda-quieren-anmistia.html?mid=536

http://teleor.blogspot.com/

lunes, 21 de noviembre de 2011

Militares presionan a la justicia(escrito en Brecha )

Denuncian que militares retirados pretenden presionar a la justicia para contrarrestar las nuevas demandas
Medios legales
Escrito por: Samuel Blixen
Paulos - Mermot. Foto: A. Arigón

Mientras algunos militares insisten en "más de lo mismo" (presiones, amenazas), otros admiten que el "camino largo" no es redituable ante el inminente desmoronamiento del pacto de silencio.

Una carta fechada a fines de 2010 y divulgada días atrás por Últimas Noticias revela la génesis de una coordinación entre organizaciones de militares retirados que mediante operativos "psicosociales" pretenden presionar a la justicia para contrarrestar las demandas sobre de-sapariciones, asesinatos, torturas y abusos sexuales que se multiplicaron en los últimos tiempos y cuyo trámite quedó confirmado con el pronunciamiento parlamentario sobre la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la dictadura.

La carta, atribuida al coronel (r) José Araujo, habría oficiado de catalizador del activo Foro Libertad y Concordia, del cual Araujo es uno de sus más visibles responsables.

A fines del año pasado Araujo proponía una "coordinación operativa" entre los oficiales retirados de cada una de las promociones militares para la defensa de aquellos que se sienten amenazados por las acciones judiciales y en general segregados por la sociedad. Araujo definía una "recalcitrante, indiscriminada y evidentemente interminable persecución mediática y judicial de cualquier combatiente de la guerra contrarrevolucionaria", y proponía "luchar para eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas y alcanzar la liberación de todos los prisioneros políticos, militares, policías y civiles".

Sin definir muy exactamente quién es el enemigo en "esta nueva forma de la misma guerra" (guerra que exigió torturar, asesinar y violar), Araujo describía la organización que debían darse las promociones, con un Comando Coordinador y múltiples equipos de tareas para "formar opinión pública, psicosocial y política para alcanzar el objetivo, en principio por medios legales". Para formar opinión pública por medios ilegales habría que remontarse a los años más duros de la dictadura, métodos que, "en principio", no están explicitados para esta etapa de la "guerra".

OFENSIVA. La propuesta de coordinación habría derivado en la creación del Foro Libertad y Concordia, que surgió un mes después de la divulgación de la carta abierta. Se estima que la iniciativa también habría fortalecido la tendencia a coordinar las acciones de los centros militares que ahora se expresan a través de una Plenaria.

Fue la Plenaria de Centros Militares la que denunció una suerte de manipulación del hallazgo de los restos óseos en el Batallón 14, en Toledo. Se atribuyó al profesor José López Mazz y su equipo de antropólogos el haber "ajustado" los tiempos del hallazgo para que coincidieran con el debate parlamentario de la ley que eliminó la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura.

Y una vez sancionada la ley, la Plenaria de Centros Militares anunció, a través del diario El País, la decisión de estimular a militares retirados y a familiares de víctimas que promuevan denuncias judiciales por asesinatos cometidos antes del golpe de Estado, atribuidos a militantes de las organizaciones de izquierda.

Voceros de la Plenaria informaron que era "inminente" la presentación ante juzgados penales de ocho denuncias de homicidios, en los que estarían implicados 14 ex guerrilleros, ninguno de los cuales –se apresuraron a aclarar– ostenta cargos públicos.

En previsión de los tiempos que se vienen en los estrados judiciales, los centros que agrupan a militares retirados han recopilado la información sobre unos 34 delitos cometidos presuntamente por tupamaros que no fueron procesados. Para el presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrez, la decisión de impulsar esas denuncias (por episodios que se remontan en algunos casos a 1952) no lo pone "feliz", pero explicó que la iniciativa tiene su razón de ser en que "no se cumple con la palabra". La crítica afirmación no permite saber quién empeñó su palabra y no la cumplió.

De todas formas, los 34 casos se transformaron días más tarde en 61 asesinatos: 41 con "responsables identificados" y 20 sin identificar. En las reseñas periodísticas de esos casos la información no es muy confiable pues se asegura que algunos presuntos responsables no fueron procesados, cuando es notorio que permanecieron 13 años en prisión. El objetivo último de la Plenaria es ejercer presión sobre los ex tupamaros que actualmente ocupan los más altos cargos de gobierno, amenazando con formular denuncias penales por su responsabilidad última como integrantes de la dirección del mln.

JUZGADOS A PRUEBA. Tan evidente es la ofensiva –en principio por medios legales– para presionar a la justicia, que el abogado Pablo Chargoñia interpuso una denuncia penal contra unos 400 militares retirados y en actividad por el delito de asociación para delinquir, por lo que se anunció que se radicará en uno de los juzgados para el crimen organizado. Según explicó Sergio López Burgos, militante de derechos humanos, sobreviviente del centro clandestino Automotores Orle-tti, de Buenos Aires, la denuncia se origina en la carta del coronel Araujo y en los diferentes hechos que confirman la existencia de un plan coordinado para ejercer presión sobre los magistrados.

Sin embargo, el intento de interferir en la acción de la justicia hasta el momento no parece haber dado frutos, en la medida que, una vez consagrada la imprescriptibilidad de los delitos, los jueces han retomado las citaciones a militares por casos que se venían tramitando desde hacía algún tiempo. Hay otras denuncias colectivas, concretadas en las últimas semanas, sobre las que aún no hay pronunciamientos de los fiscales. Fuentes judiciales han advertido que con los nuevos casos que se abren, la estructura judicial será puesta a prueba.

De la misma forma que estas nuevas denuncias han incorporado episodios por delitos que no habían sido denunciados anteriormente, como es el caso de los abusos sexuales sistemáticos, también han aparecido involucrados en los delitos nombres de oficiales hasta ahora no mencionados. Es el caso de 12 oficiales responsables de la Operación Morgan, cuya participación en la represión desatada a mediados de 1975 quedó confirmada por un documento encontrado por el equipo de investigadores de la Facultad de Humanidades, en el que el general Esteban Cristi difundió una orden de servicio extendiendo las felicitaciones a nombre de la comandancia de la Región 1.

La ubicación de ese documento en uno de los archivos militares da una idea del aporte documental que podría manejar la justicia si hubiera acceso a toda la documentación disponible. Por lo pronto, se sabe que los militares procesados y recluidos en la cárcel de Domingo Arena manejan en sus páginas web información de documentos a los cuales los investigadores designados por la Presidencia y la propia justicia no han accedido hasta el momento. Tal es el caso de cuerpos enteros de documentación, en especial sobre la represión al Partido Comunista y en particular la captura de Rodney Arismendi, que no han sido ubicados pese a que hay registros de su existencia.

En esta coyuntura, la organización para presionar a la justicia es uno de los caminos que eligen ciertos militares en retiro y en actividad. Otros, en cambio, aceptarían la evidencia de que el "camino largo" no es en definitiva redituable. No lo es en los estrados judiciales, donde los magistrados encuentran los modos de obtener la evidencia; y no lo es tampoco en la búsqueda de restos, donde la desinformación y la manipulación de datos no lograron desarticular la difícil pero constante búsqueda, ahora revitalizada con información confidencial de personal militar subalterno.

En este segundo plano –de aceptación de una realidad irreversible– se inscriben las recientes declaraciones del comandante de la Armada, contralmirante Alberto Caramés: "No quepa duda de que siempre estaremos decididos a contribuir con aquello que sirva para mitigar todos los dolores. Dolores que aún persisten en muchos de nuestros conciudadanos, y que son imposibles de olvidar".

Si sus propósitos son sinceros, es de esperar que desde la Armada surjan los elementos que permitirán saber qué pasó con prisioneros torturados en el Fusna, y de los que no se tiene noticia. n
Publicado el Jueves 17 de Noviembre de 2011

domingo, 20 de noviembre de 2011

Abreu a Larrañaga

Correligionarios
Sergio Abreu a Jorge Larrañaga: “¿Qué? ¿Me vas a pegar? ¡Andate a la puta madre que te parió”
"¿Qué? ¿Me vas a pegar? Te vas a la p...!", fue el corolario de un incidente entre el legislador Sergio Abreu y el líder de su sector, Jorge Larrañaga, en el Senado.

"¿Qué? ¿Me vas a pegar? Te vas a la p…!", fue el corolario de un incidente entre el legislador Sergio Abreu y el líder de su sector, Jorge Larrañaga, en el Senado.

Escrito por: Editorial
Jueves 17 de noviembre de 2011 | 3:56



Mitin. Al final del día, ambos se reencontraron en una actividad en el Castillo Pittamiglio.

MARCELO MARQUEZ

El horno no está para bollos en Alianza Nacional, y la situación de Abreu, quien confirmó la conformación del sector “Dignidad Nacional” pero dentro del sector por ahora, es comprometida.

En la tarde, en un evento organizado por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay y el Instituto de Estudios Cívicos, Abreu saludó a Larrañaga con un apretón de manos. El insuceso entre el primer y segundo senador de AN se produjo ayer durante el tratamiento del proyecto de trasplante de órganos y tejidos, del que Abreu era uno de los autores. Al momento de la votación se opusieron los nacionalistas Carlos Moreira, también de su sector, quien ya lo había adelantado, Gustavo Penadés, y Jorge Saravia

Desde su banca, Abreu, en subido tono expresaba: “Si Alianza no me apoya, estoy fuera de Alianza”. Desde su banca, a varios metros, Jorge Larrañaga le quería transmitir que no era el lugar adecuado: “Acá no”, repetía. Pero Abreu seguía con recriminaciones de “falta de compañerismo”.

Larrañaga enfiló sus pasos hacia la banca de Abreu para intentar apaciguarlo, pero este, ante el asombro, en primer lugar de Larrañaga y del resto del cuerpo, le increpó: “¿Qué? ¿Me vas a pegar? Te vas a la p…!”, mientras Penadés y Luis Alberto Heber se levantaban de sus asientos para interceder. Abreu se levantó y se retiró.

Larrañaga, dolido, solo balbuceó algunas palabras.

Pero el hecho no culminó allí. Minutos después, se aprobó el llamado a interpelación al canciller Luis Almagro a instancias del Partido Colorado. El malestar de Abreu era evidente, pues desde hace varias semanas había planteado dicha posibilidad. Sin embargo, como ya se había analizado en otras instancias, entre ellas en el Directorio del Partido Nacional, en el marco del relacionamiento político había que darle esta vez el respaldo a los colorados porque ellos ya lo habían hecho en otras tres oportunidades.

Se pudo percibir la presencia del senador Moreira durante algunos minutos detrás de la banca de Abreu, cuestionándole su postura hacia Larrañaga. Desde hace varias semanas la situación de Abreu en Alianza Nacional no es la mejor. En la interna del sector expresó su intención de conformar un nuevo nucleamiento, “Dignidad Nacional” buscando su propio espacio, al tiempo que otros actores políticos han expresado que la movida del ex canciller será fuera de las huestes de Larrañaga. “Respecto de los episodios que se produjeron después, soy el primero en lamentarlos”, escribió Abreu en su Facebook. Sin embargo, desde allegados a Larrañaga se sostuvo que no existieron disculpas de parte del legislad(omega)or.

Abreu dijo ser “un hombre de Partido y de Alianza, no soy un hombre que anda todos los días arrancando rencores.

La realidad Española

lunes, 14 de noviembre de 2011

Los archivos Rico

Los Archivos Rico
de Roger Rodriguez, el Lunes, 14 de noviembre de 2011, 15:56

PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2011



MILES DE DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS Y MILES POR DESCLASIFICAR



Los Archivos Rico



Los archivos están. No fueron destruidos. En ellos se registra una parte de la “historia oficial” que, contextualizada, permite aproximarse a la verdad de lo ocurrido en los años de la dictadura. Los mismos documentos que antes registraban celosamente la represión de la dictadura, ahora se pueden transformar en prueba de cargo contra los propios represores en las causas planteadas ante la justicia.



ROGER RODRIGUEZ

rogerrodriguez@adinet.com.uy



El equipo de investigadores de la Universidad de la República que encabeza el rector Álvaro Rico, realizaba ayer -tras el cierre de esta edición- un informe sobre la nueva documentación hecha pública por el gobierno, en el marco de la indagación sobre los uruguayos desaparecidos durante la dictadura y la represión que se ejerció entonces desde el terrorismo de Estado.

La ampliación de trabajo se produce al acceder a nuevas fuentes documentales que incluyen un archivo (16 CD microfilmados) que había sido encontrado por la ministra de defensa Azucena Berrutti en 2005 tras las asunción del presidente Tabaré Vázquez, y que había permanecido lacrado y sin desclasificar durante más de cinco años.

El millar y medio de nuevos documentos permite ampliar información sobre los casos de desaparecidos (se incluye archivos argentinos sobre el operativo de detención de Roger Julien y Adalberto Soba en 1976) o de muertos en el exterior (hay amplia documentación sobre la uruguaya Mónica Benarroyo muerta en Chile).

La información se divulgó como ampliación de los dos trabajos anteriores (Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos e Investigación Histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado en el Uruguay), y se mantiene un ordenamiento de fichas individuales como de proceso represivos por organización política

El profesor Álvaro Rico ha señalado a la prensa que en su trabajo se confirma la existencia de una lógica represiva de la dictadura uruguaya que se apoyaba en el aspecto monetario. A diferencia de la represión argentina, con apropiación de niños y desaparición masiva de personas, los represores uruguayos buscaban dinero de las organizaciones antidictatoriales.

En la documentación, se incorpora una ampliación de trabajo que han realizado hasta la fecha los integrantes del equipo de antropología forense encabezado por el profesor José López Mazz. Su informe no incluye la reciente aparición de restos óseos en el Batallón 14 de Toledo, pero da una amplia explicación de las tareas previas al hallazgo.

Algunos de los documentos prueban la participación de determinados militares y policías en acciones represivas, permiten confirmar el traslado de uruguayos que habían sido secuestrado o presuntamente desaparecidos en el exterior, detalla operaciones contra militantes montoneros en Uruguay, y aporta elementos de prueba para los procesos judiciales en curso, que deberán ser reclamadas por fiscales y jueces de las respectivas causas.



TE FELICITO

Dos de los documentos desclasificados, se constituyen en prueba de cargo contra oficiales de la Policía y del Ejército, quienes a principios de 1976 son felicitados por su mandos debido a su participación en las operaciones antisubversivas contra el Partido Comunista del Uruguay (PCU) denominadas Operación Morgan que se iniciaron en 1975.

En el Boletín de Órdenes Diarios (BOD) Nº 24.907 de la Jefatura de Policía del 26 de enero de 1976 se felicita a los miembros del Departamento Nº 5 de la Dirección Nacional de Informaciones e Inteligencia (DNII): SubCrio. Miguel Míguez, Of. Pcipal. Boris Torres, Agentes de 1ª Ángel Pantellis Biassotti, Vicente Zapata Rami, Roberto Alfonso Pérez, Mario Silvera Roldán y Agentes de 2da. Ernesto Cativa y Jorge Narancio.

Con fecha 12 de febrero de 1976, en la Orden Nº 130 el comandante de la División de Ejército I, general Esteban Cristi, también felicita por la Operación Morgan a sus subordinados Tte. Cnel. Manuel Calvo, Tte. Cnel. (PAM) Henry Saralegui, Mayores Ernesto Ramas, Victorino Vázquez, Juan Lezama; Capitanes Omar Lacasa, Rubely Pereyra, Rudyard Scioscia y Ttes. 1ros. Julio Tabárez y Jorge Silveira, Antranig Ohannessian, (y) José Paris.

En ese proceso represivo, que se extendió hasta 1984, se produjeron 23 desapariciones forzadas, 16 homicidios bajo torturas, un asesinato en Argentina, 6 muertes en prisión y la tortura de miles de personas en los centros clandestinos conocidos como “300 Carlos” y “La Tablada” con sus “chupaderos” llamados “300 Carlos R” y “La Casona” de Millán.



“ESE ES MÍO”

Algunos de los documentos dados a conocer revelan internas militares y policiales que, en ocasiones, llegan a resultar paradójicas, como una aclaración del teniente coronel José Gavazzo al Estado Mayor del Ejército (EME) en el que explica que un infiltrado en la red de enlace de la Policía, es un ex comunista que trabaja para las Fuerzas Armadas…

El documento, fechado en junio de 1976 y dirigido al jefe del Departamento II del EME, coronel Nelson B. Viar, aparece firmado por el mayor Herrero y dice: “El suscrito habló con el Tte. Cnel. Gavazzo quien aclaró que el infiltrado en la red de enlace (de la Policía) es un comunista que trabaja para las FF. AA., y los que figuran como colaboradores, son colaboradores de las FF. AA. Por lo tanto, esta información no debe ser pasada a fichas, utilizándose solamente en forma interna”.



TRÓCCOLI

Uno de los archivos que puede llegar a dar mayores resultados en las investigaciones sobre acciones represivas de la dictadura en el exterior, es el de la Dirección Nacional de Migraciones, donde se mantendrían las constancias de quiénes salieron o entraron del país en algunas fechas claves.

Así ocurre con el registro del Libro Fluvial del Aeropuerto de Carrasco, donde consta la lista de pasajeros del “puente aéreo” entre Uruguay y Argentina, que en fecha 20 de diciembre de 1977 confirma que en el vuelo AR215 viajaron a Aeroparque los oficiales Ricardo Dupont, José Uriarte y Jorge Tróccoli, quienes prestaban servicios en el FUSNA.

A partir de aquel 21 de diciembre se desató en Buenos Aires una salvaje represión contra militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el MLN-Tupamaros (“Peludos”). 26 uruguayos fueron secuestrados en los pozos de Quilmes y Banfield. La mayoría habría sido traída a Uruguay, donde fueron desaparecidos.



“DEJÓ DE EXISTIR”

La Dirección Nacional de Información e Inteligencia en su parte Nº 211 del 31 de julio de 1975, da cuenta de una serie de detenciones sobre militantes del Partido Comunista capturados en un apartamento de la calle Canstatt. En el mismo documento se agrega: “Relacionadas con el procedimiento en cuestión se hace constar que anoche, uno de los detenidos ÁLVARO BALBIS (sic) SALAS, a raíz de un síncope cardíaco dejó de existir”. Se refiere al militante Álvaro Balbi, muerto por torturas en el Regimiento de Coraceros. El caso fue excluido de la Ley de Caducidad y se instruye a nivel judicial.



HISTORIAS CLINICAS

Una de las nuevas fuentes de información obtenida por los investigadores de la Universidad de la República es la documentación administrativa y las fichas clínicas existentes en el Hospital Militar, donde el gobierno pidió una auditoría ante la constancia de que cada vez que se pedía información la misma no era encontrada.

La directora general de Servicios Sociales, Gabriela González, terminó por elaborar un informe en el que se concluyó que no se ha destruido la documentación, pero que no existe un sistema de búsqueda y debería implementarse un mecanismo de clasificación para acceder a la información.

Entre los documentos que ya aparecieron se incluyen recetas y órdenes de exámenes para quienes aparecen identificados como “detenida en Blandengues” o “se ruega traslado de bebe a Sala 8 (pabellón de los presos políticos en el Hospital Militar”. También hay registros de nacimientos en el nosocomio de las Fuerzas Armadas, donde en vez del grado militar se ponía la palabra “detenida”.



“ENTRE-CAZA”…

La abundante información sobre la represión al Partido Comunista, incluye los partes de inteligencia policial sobre un allanamiento en una finca de la calle Estivao, el 8 de febrero de 1976, donde son detenidos la militante Ofelia Fernández y “Alberto GRILLE MOTTA, oriental, casado, de 30 años de edad, C.I. 1.025.004, domiciliado en la calle 20 de Febrero Nº 2460 apto. 304, de profesión Estudiante de Medicina el que funciona en la U. J. C. como encargado de Alianza Política en el Comité Central. La ratonera continúa en el lugar. (…). Otro parte de la DNII, fechado el 4 de junio de 1976, da cuenta de una “Fuga de Procesados” y explica: “Siendo la hora 22.00 se tuvo conocimiento, que del establecimiento Cilindro, se había producido la fuga de los procesados Federico FALKNER DUFFORD, Alberto GRILLE MOTTA, José Enrique BARONI MASEDA y Miguel Arcángel MILLÁN SEQUEIRA, quienes se encontraban allí recluidos por razones locativas. Atento a ello, de inmediato se dispuso el allanamiento a los domicilios de los mismos (…) fueron instalados servicios de vigilancia en la residencia del Embajador de México (…) y en las inmediaciones de la Embajada (…), lugar donde también se encontraban apostados varios equipos de los enviados por OCOA, quienes efectuaban en la zona claves 8 y 9.- Posteriormente se concurrió al Cilindro Municipal, lográndose establecer que la fuga se había llevado a cabo entre las horas 19.00 y 21.00 aproximadamente y para efectuar la misma, los prófugos procedieron al corte de dos varillas de hierro de una ventana de la Puerta No. 5 del establecimiento que da hacia el lado Sur del mismo y con la ayuda de un banco procedieron a saltar la misma logrando salir al exterior. (…)”.

PROFUGO El capitán de navío Jorge Tróccoli y otros dos oficiales del FUSNA viajaron a Buenos Aires el 20 de diciembre de 1977, un día antes de que fueran secuestrados los militantes del GAU, PCR y MAS que se encuentran desaparecidos...


DALMAO Facsímil de una nota del Oficial S-2 (Informaciones) desde el Batallón de Trasmisiones Nº 1 al Servicio de Información y Defensa (SID) dando cuenta de una acción de inteligencia. El documento está fechado el 11 de julio de 1974, doce días después de que en el lugar fuera muerta por torturas Nibia Sabalsagaray.

SE BUSCA En el ocultamiento de la información, la dictadura llegó a hacer una denuncia ante INTERPOL para la búsqueda del desaparecido Julio Castro, a quien habían secuestrado, torturado y asesinado en la Casona de Millán. El documento muestra el parte en francés de la policía internacional procurando datos del maestro y periodista asesinado.



CONFESIÓN I Una ficha del dirigente sindical León Duarte, en la que con letra manuscrita se confiesa: “Detenido en el exterior (Despacho del Comandante Lamy)”. El material fue encontrado en el rollo 227.1543.1984 del archivo de la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) del Ejército.



CONFESION II Documento del Servicio de Información y Defensa (SID), fechado el 11 de abril de 1977 y firmado por el Jefe del Departamento III, José Sande Lima, donde se pide a la Policía Técnica, en forma urgente, fotografías y datos filiatorios de Gustavo Inzaurralde, quien junto a Nelson Santana habían sido detenidos en Paraguay el 28 de marzo de ese año.



TRABAL Y BARDESIO Facsímil de firmas en la última página del acta del 16 de mayo de 1972 que el entonces director del Servicio de Información y Defensa, coronel Ramón Trabal le tomó al policía Nelson Bardesio, hoy procesado por su participación en muertes y desapariciones forzadas del Escuadrón de la Muerte.



CONDORITO Documento en el que Gavazzo firma como “jefe de la CONDORP” (Operación Cóndor) el 16 de agosto de 1976, cuando ya habían sido trasladados de Orletti los pasajeros del “primer vuelo” y todavía no habían comenzado las acciones que en setiembre provocarían la desaparición de 22 personas.



PREFECTURA Actas de la Prefectura Nacional Naval, firmadas por el jefe de la DIPRE, Álvaro Diez Olazábal y por el jefe de inteligencia, Eduardo Craigdallie. Ambos tienen un papel importante en la represión contra Montoneros argentinos en 1977 y 1978, cuando el Mundial de Futbol en el vecino país.

Calle 13 y Homenaje a los fusilados de la 20



El presidente en su cárcel






Política 14.11.11
La Diaria
El presidente en su cárcel

“No puedo vivir angustiado, sólo mirando para atrás; mi angustia son los que van a venir, porque el mundo de atrás no lo puedo arreglar. Quiero que los orientales se encuentren, quiero que no tengan que odiar, que no tengan cosas que perdonar, que no tengan cosas que olvidar”, afirmó el presidente José Mujica en una rueda de prensa en Porto Alegre, donde se encontraba de visita oficial, ante la pregunta sobre la posibilidad de liberar a los presos mayores de 70 años, entre los que estarían varios militares procesados por violar sistemáticamente los derechos humanos durante la dictadura civil-militar. Expresiones similares realizó hace unos días su esposa, senadora y primera dama, Lucía Topolansky con el argumento de que “no es bueno tener gente vieja en las cárceles”. De acuerdo a esta propuesta, es lo mismo ser mayor de 70 años y estar en una cárcel VIP que tener la misma edad pero vivir hacinado en una cárcel común.

Lo peor no es la propuesta en sí, lo peor es pensar y actuar desde una perspectiva de izquierda sin reflexionar sobre las implicancias de la violencia política y el terrorismo de Estado. Es cierto, con todo derecho y como políticos que son, pueden plantear lo que consideren conveniente. Pero lo que no pueden hacer es eludir el debate sobre el pasado escudados en argumentos humanitaristas. Y esta propuesta anula esa discusión. En el caso específico de los militares y civiles no hablamos solo de “viejitos” que están llegando al final de sus vidas. Son hombres hasta no hace mucho impunes, que elaboraron o participaron en un plan de exterminio y de violación a los derechos humanos delante del cual ningún valor y ninguna ideología puede encontrar justificación. Si no es ético mantener a septuagenarios presos, ¿lo es ir a visitar a un general en actividad acusado de estrangular a una muchachita indefensa? En el caso de los ex guerrilleros que también son hombres y mujeres que, en una circunstancia histórica específica, adoptaron decisiones extremas. Discutir públicamente su accionar tendría repercusiones en su imagen, pero colaboraría en la posibilidad de pensar un proyecto de país más democrático.

Nosotros, los ciudadanos que gozamos de un Uruguay democrático, que festejamos cada edición del Latinobarómetro, hemos contraído una deuda con los sindicalistas, los militantes políticos y sociales, que hicieron todo lo posible para llegar a este presente. Pero una democracia amnésica, que no mira su pasado, es frágil, y más frágil lo es en un continente que ha conocido (y conoce) dictaduras, golpes de Estado y nostalgias de la mano dura. Por ende, no se trata de poner en cuestión las virtudes del humanitarismo, sino analizar e interpretar la violencia política y sus consecuencias. Esta versión conservadora y simplista del humanitarismo, que lo presenta como el corolario del fin de un combate, anula cualquier debate.

El presidente, por más que sea presentado como un “viejo sabio”, no es un guardián del pasado; pero, desde su ámbito, puede colaborar en la interpretación de ese pasado antes que pregonar la reconciliación y la unidad nacional. La sociedad debería conocer las atrocidades que cometieron los militares uruguayos y también por qué murió Pascasio Baez. No para ponerlas en un pie de igualdad.

Nada justifica una cosa o la otra. Nada las hace iguales. Es porque estos actos (como otros) exigen una explicación. Colaborar en ese sentido pondría al presidente a la altura de las tareas de la hora. Por el contrario, sin un balance sobre el pasado es inviable cualquier horizonte estratégico, y deseable, de una nueva política de izquierda. El filósofo alemán Karl Jaspers nos enseñó, reflexionando sobre su propia impasibilidad ante el nazismo, que la falta de castigo en un crimen repercute en el ámbito político ya que aquellos que pudieron hacer algo para sancionar al criminal y no lo hicieron también tienen cierto grado de responsabilidad. No hay duda, la impunidad revela mucho de la esencia estatal. Sería bueno que a caballo del planteo sobre la conveniencia de la prisión domiciliaria en el caso de los mayores de 70 años, alguien desde el gobierno hiciera un llamamiento para cuestionar si es humanitario que la legislación ampare a torturadores, o sobre las limitantes del orden institucional vigente, las injusticias que encierra y la posibilidad de extender sus potencialidades en vez de considerarlo algo eterno y dado.

La discusión sobre la violencia política y la violación a los derechos humanos seguirá vigente porque ninguna liberación de septuagenarios eliminará su presencia. Su existencia es una llaga social, para la izquierda, la derecha, los apolíticos y todos los que vengan. Intentar eliminarla anteponiendo declaraciones abstractas es una banalidad, un acto de pereza intelectual gigantesco y una irresponsabilidad importante. Si el presidente desea que los “orientales” no tengan “cosas que odiar” tampoco deberían substraerse del debate con argumentos simplistas.

Nicolás Duffau

domingo, 13 de noviembre de 2011

La mesa permante contra la Impunidad

La Mesa Permanente contra la Impunidad reclamará
aplicar el delito de “asociación para delinquir”
Denuncian que retirado militar
llama a liberar oficiales presos
La Mesa Permanente contra la Impunidad presentará el lunes una denuncia que involucra a 400 militares retirados y en actividad por “asociación para delinquir”. La base es una carta del coronel (r) José Araújo que llama a “liberar a los presos políticos, en principio por medios legales”.
Araújo, uno de los principales representantes del Foro Libertad y Concordia, presentó en una carta abierta una propuesta que incluye la ejecución de acciones sobre distintos ámbitos políticos y sociales. La misión es "luchar para eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas y alcanzar la liberación de todos los prisioneros políticos, militares, policías y civiles", según establece el texto al que accedió Ultimas Noticias.

Este documento fue subido a la página web de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Oficiales de las Fuerzas Armadas (Caofa) y tomado de allí por la Mesa Permanente para elaborar la denuncia judicial que el lunes presentará el abogado Pablo Chargoñia.

En el documento, el militar plantea que se deben profundizar los contactos para "ejecutar acciones de coordinación con las Fuerzas Armadas, centros, clubes, cooperativas y eventualmente otras fuerzas amigas" y lograr la coordinación a nivel internacional con organizaciones aliadas. Para llevar a cabo este proyecto, sugirió reclutar personal de forma interna, para efectuar acciones de "búsqueda, análisis y diseminación".

Según establece el texto que Chargoñia consideró válido para presentarse ante la Justicia, Araújo llamó a "organizarnos para esta nueva forma de la misma guerra que no provocamos y seguimos peleando". Indicó que ya se "intercambiaron opiniones con varios camaradas en orden" y refirió a cinco tandas de militares que se han reunido para dialogar en este sentido y coinciden con sus propuestas.

La razón por la cual la denuncia no se limitará a quien escribió la carta, es que en la misma se nombra a otros militares. "Hemos coincidido y hay expresiones en la red de otros camaradas en la misma dirección (Urrutia, Morinelli, Angelero, Forischi, Villanueva, etcétera). Es la hora de las tandas o promociones. La que integro, 'Escuela Militar en Toledo' (1972), ya se ha reunido por el Tato y por los que se vienen o venimos; la 'Con libertad no ofendo ni temo' (1973), va haciendo punta con el apoyo a (Miguel) Dalmao; ahora la 'Éxodo del Pueblo Oriental' (1971) convoca para el lunes próximo, también se ha expresado la 'General Melchor Pacheco y Obes' (1956) por el coronel Juan Carlos Gómez; me olvidaba de la 'Sean los orientales tan ilustrados como valientes' (1974), compañeros de Sarli y seguramente todas las que tienen camaradas prisioneros se han ocupado del asunto". Además se habla de buscar respaldo en organizaciones extranjeras que puedan brindar apoyo.

Por otra parte, se sugiere como forma de organización, la creación de un "comando coordinador con hasta dos representantes por tanda, entre los que se ofrezcan disponibilidad plena para este tema, pero con relevo cuando sea oportuno", con distribución de tareas.

En tanto, respecto a los militares recluidos en la cárcel de Domingo Arenas y Coraceros, se propone "ejecutar acciones de apoyo" a sus camaradas y a sus familias, así como a otros militares acusados por delitos de lesa humanidad.

En principio, plantea "ejecutar acciones en partidos, gobierno e instituciones nacionales".

Chargoñia tenía previsto presentar su denuncia ayer, pero por razones de agenda se vio obligado a demorarla hasta el lunes. Los denunciantes, Sergio López Burgos, Lille Caruso y Diego Fau, consideran que la misiva implica una clara presión sobre el Poder Judicial.

“Esto es una movida del PCU”

El coronel (r) José Carlos Araújo, integrante del Foro Libertad y Concordia y autor del documento que los denunciantes presentarán como prueba, dijo ayer a Ultimas Noticias que esta denuncia se trata de “una movida del Partido Comunista (PCU) contra el presidente José Mujica y el Movimiento de Participación Popular”.

“Mujica nos dijo a nosotros, en presencia de todo el gabinete de seguridad, que somos ciudadanos orientales que entendemos que defendemos nuestros legítimos derechos. Mayor legitimización que esa no ha existido jamás en el país”, explicó Araújo.

El coronel insistió en que el PCU realiza un “constante hostigamiento contra Mujica” y que utiliza el tema de los militares para ejercer “presión política”.

El coronel se mostró, sin embargo, “contento” de que se presente una denuncia por ejercer presión a jueces, porque a su criterio se trata de un “absurdo jurídico”. En ese sentido, afirmó que la población “con sentido común” se dará cuenta que son los denunciantes quienes han ejercido mayor presión a los jueces para que procesen a los militares que estaban en ejercicio durante la dictadura.

“Si se trata de denunciar a quienes tienen una opinión negativa sobre la politización de los jueces, no sólo van a tener que denunciar a 400 militares, sino a miles de ciudadanos”, concluyó.
.



Propuesta para defensa de combatientes y prisioneros


Camaradas:
Si bien hace años que como uno entre tantos camaradas me ocupo y participo
en acciones de diversa índole en el tema, "a la luz o desde las sombras"; en
los últimos tiempos y con motivo de la recalcitrante, indiscriminada y
evidentemente interminable persecución mediática y judicial de cualquier
combatiente de la guerra contrarrevolucionaria, he tenido oportunidad de
trabajar a la vez que intercambiar opiniones con varios camaradas en orden a
organizarnos para esta nueva forma de la misma guerra que no provocamos y
seguimos peleando.
Hemos coincidido y hay expresiones en la red de otros camaradas en la misma
dirección (Urrutia, Morinelli, Angelero, Forischi, Villanueva, etc., etc).
Es la hora de las tandas o promociones.
La que integro, "Escuela Militar en Toledo" (1972), ya se ha reunido por el
Tato y por los que se vienen o venimos; la "Con libertad no ofendo ni temo"
(1973), va haciendo punta con el apoyo a Dalmao; ahora la "Éxodo del Pueblo
Oriental" (1971) convoca para el lunes próximo, también se ha expresado la
"General Melchor Pacheco y Obes" (1956) por el coronel Juan C. Gómez; me
olvidaba de la "Sean los orientales tan ilustrados como valientes" (1974),
compañeros de Sarli y seguramente todas las que tienen camaradas prisioneros
se han ocupado del asunto.

No hace mucho, cuando observaba con expectativa el laudable avance de los
clubes y cooperativas militares actuando en plenario y de CORFFAA -
UNIRFFAA, le escribí lo siguiente al Tato Machado "Tato: respecto al tema de
las tandas (que te comenté); en Argentina crearon una "Asociación de
promociones para defensa de los militares". La preside el coronel
Guglielmone, con quien estuve una vez almorzando (gracias a Mangini) cuando
vinieron a la reunión de UNOAMÉRICA y tengo su correo.
*Aquí con tantas organizaciones que ya integramos* (y pagamos) no sé si
sería necesario; pero adhiero a la línea de que todo puede ayudar menos no
hacer nada."

Hoy día, a la luz de la información que dispongo, pienso que los clubes y
cooperativas no son el instrumento más idóneo para ocuparse específicamente
y de lleno a este tema, sin dejar de reconocer sus importantes, plausibles e
imprescindibles aportes al mismo, pero tienen otras muchas obligaciones.
Creo y quiero creer que al calor de la llama, braza, o rescoldo de
camaradería que cada uno experimente, es alrededor del sentimiento de Tanda
que podemos encontrar la fuerza para para la lucha. La camaradería no es
otra cosa que la forma militar del Amor, fuente de toda fuerza invencible,
sobre todo en el servicio, en el sacrificio y en la "redota": cruz histórica
de los orientales.
Perdón por el arrebatamiento, ya sobran discursos.

Pueden buscar en google Unión de Promociones, Abogados por la Justicia y la
Concordia y Unomérica, como información (insumos como dicen ahora) y para
contactarnos por apoyo y experiencias..

Mi borrador de propuesta concreta para considerar el lunes es que
*además*de lo que cada tanda y los clubes hagan independientemente,
podemos formar
un nivel de coordinación de tandas, de *confederación,* unión o como se
llame, para sumar esfuerzos.
Breve paréntesis: si bien el nombre Promoción es el académico (Real
Academia), también Tanda es aplicable, pero sobre todo de uso ancestral,
tradicional en nuestro Ejército y en su segunda acepción significa tarea,
obra o trabajo; o sea lo que nos espera ahora y juntos por toda la
eternidad: "Formaré junto a mis compañeros, que hacen guardia sobre los
luceros. Si te dicen que caí me fui, al puesto que tengo allí". Otra vez
perdón.

Misión:Luchar para eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas y
alcanzar la liberación de todos los prisioneros políticos, militares,
policías y civiles.
Maniobra general y propósito:Formar opinión pública, psicosocial y política
para alcanzar el objetivo, en principio por medios legales.
Organización: un Comando Coordinador con hasta dos representantes por tanda
(todas las que adhieran), entre los que ofrezcan disponibilidad plena para
este tema, pero con relevo cuando sea oportuno. Estos se distribuyen las
tareas formando y dirigiendo equipos con voluntarios para formar Secciones o
Equipos de Tarea (no direcciones ni frentes de trabajo por ser terminología
enemiga y no militar)
Secciones:
1- Política y psicosocial: ejecutar acciones en partidos, gobierno e
instituciones nacionales (asociaciones, clubes, organizaciones, iglesias,
cofradías, personas).
2 - Propaganda: ejecutar acciones por los medios de comunicación, atendiendo
la reivindicación de la lucha anti subversiva y la injusticia de los actos
de venganza.
3 - Jurídica: ejecutar acciones para formar un equipo de abogados y juristas
dispuestos a luchar contra el "derecho penal del enemigo", formando opinión
pública (no para defender en los estrados a los acusados).
4 - Prisioneros: Ejecutar acciones de apoyo a la reclusión de los
prisioneros políticos.
5 - Familia: Ejecutar acciones de apoyo con nuestras familias y
participación de esposas, hijos y familiares de acusados y prisioneros, en
coordinación con familiares de caídos y víctimas civiles.
6 - Internacional: Ejecutar acciones de coordinación y apoyo mutuo con
organizaciones en otros países e internacionales.
7 - Organización: Ejecutar acciones internas de personal y reclutamiento.
8 - Inteligencia: Ejecutar acciones de búsqueda, análisis y diseminación.
9 - Militar: ejecutar acciones de coordinación con las Fuerzas Armadas,
centros, clubes, cooperativas y eventualmente otras fuerzas amigas.
10 - Finanzas y logística: ejecutar acciones de apoyo a las acciones
anteriores.

Bueno, esto es lo que se me ocurre por ahora como aporte y por supuesto como
"borrador" para su completa y total discusión.

Si les parece bien les agradezco la difusión.

Es el día de mas luz del año, anuncio de que ya nos nace la Luz del Mundo.
Que a todos bendiga y pidamos fuerza para luchar contra las tinieblas.

Salve!!!
Coronel José Carlos Araújo



http://www.caofa.com/Documentos/propuesta_Cnel_Araujo.htm

La amenaza



La demanda será presentada hoy por la Mesa Permanente contra la impunidad
Denuncian a 400 militares
por presionar a la Justicia
Se presentará hoy una denuncia contra 400 militares en actividad y retirados por asociación para delinquir. Víctimas de delitos cometidos durante la dictadura y familiares argumentarán que los militares se han asociado para ejercer presión contra los jueces que investigan las causas.
La Mesa Permanente contra la Impunidad presentará hoy ante el juzgado de Turno una denuncia contra siete generaciones de militares por ejercer presión contra los jueces que investigan los delitos cometidos durante la dictadura.

Una vez presentada, la Oficina de Recepción y Distribución de Asuntos (Orda) deberá derivar la denuncia al juzgado correspondiente. Se estima que, por el delito que se les imputa a los militares, será al Juzgado Especializado en Crimen Organizado, porque es la sede que investiga los delitos cometidos por funcionarios públicos.

La denuncia sostiene que los militares han establecido una "organización permanente con la finalidad ilícita de delinquir" y que los militares "proponen la defensa de procesados y condenados mediante acciones concertadas y planificadas". También son acusados de "perturbar el orden político interno".

Entre las pruebas que se presentarán se encuentra un documento firmado por militares donde, a juicio de los denunciantes, quedan de manifiesto las intenciones de ejercer presión. Fuentes relacionadas con el caso explicaron que además se debe tener en cuenta la campaña que militares hacen a través de la prensa en contra de la investigación de los crímenes.

Fuentes relacionadas con el caso explicaron a Ultimas Noticias que entre los denunciados se encuentran generales y coroneles "compañeros de tanda del general Miguel Dalmao", el primer militar en actividad procesado por delitos cometidos durante la dictadura.

Esta es la primera vez que víctimas y familiares presentan una denuncia contra militares por delitos actuales. Hasta el momento, todas las denuncias contra militares en actividad y en retiro refieren a delitos cometidos en el período de facto entre 1973 y 1985. De hecho, después que el 1° de noviembre prescribieran los delitos de homicidio muy especialmente agravados por los que se ha procesado a numerosos militares hasta el momento, se presentaron denuncias por más de 400 casos de tortura.

Los abogados de militares, por su parte, esperan respuesta a siete pedidos de archivo de casos, después que el Parlamento aprobara una ley que establece que los delitos cometidos durante la dictadura son de lesa humanidad y por tanto no prescriben.

La denuncia está firmada por varios integrantes de la Mesa, entre ellos Lillie Carusso, viuda del militante comunista Álvaro Balbi, asesinado en 1975, Diego Fau y Sergio López Burgos, uno de los presos torturados en "Automotoras Orletti".

La organización, a la que pertenecen también el coordinador del Pit-Cnt, Juan Castillo, y el dirigente Edgardo Oyenart, es una de las agrupa- ciones que ha realizado militancia más activa para juzgar los delitos de la dictadura.

Es una de las organizaciones que insistió en la necesidad de anular la ley de Caducidad tal como se preveía mediante el proyecto interpretativo de la Caducidad en mayo de este año.

La organización presentó días atrás una denuncia en Buenos Aires para pedir la extradición de más de cien militares, policías y civiles.

Indagatorias por caso Perrini

Tres militares retirados declararon ayer ante la jueza penal de 7º turno, Mariana Mota, por la muerte de Aldo Perrini Guala, quien falleció tras su detención en el Batallón de Infantería de Nº 4 de Colonia. Se trata de los primeros militares que declaran después del 1º de noviembre, fecha en la cual se preveía la prescripción de los delitos cometidos en dictadura.

Si bien vencieron los plazos para condenar a alguien por los delitos que se venían aplicando, la posibilidad de considerar que se cometieron crímenes de lesa humanidad abrió un nuevo plazo para los jueces. Sin embargo, la decisión final dependerá de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), frente a la cual los militares están decididos a presentar recursos de inconstitucionalidad.

Respecto a la causa por la que ayer hubo nuevas indagatorias, Mota dispuso la citación de una decena de militares y médicos activos en dicha unidad militar en febrero de 1974, cuando Perrini Guala fue detenido y torturado.

El general retirado Pedro Barneix fue citado en calidad de “testigo”, ya que no estaría implicado en la muerte de Perrini.

La indagatoria de la jueza, que comenzó con la denuncia promovida por la familia, permitió el hallazgo en los archivos del Poder Judicial donde las autoridades de la época instruyeron un sumario por la muerte de Perrini.

Perrini fue detenido el 26 de febrero de 1974 en su domicilio de la localidad de Carmelo (Colonia) por personal militar, y fue trasladado al Batallón de Infantería Nº 4 pese a no tener actividad política.

Durante su detención fue torturado con violencia.

Los testigos aseguran que los efectivos de la unidad se “ensañaron” con Perrini porque intentó defender a unas jóvenes que estaban siendo agredidas sexualmente.

viernes, 11 de noviembre de 2011

Perrini

viernes 11 de noviembre de 2011
Caso Perrini





Caso Perrini
Comienza desfile de primeros militares ante la Justicia tras anularse la prescripción

Escrito por: MAURICIO PÉREZ
Jueves 10 de noviembre de 2011 |

Una decena de militares comparecerán desde hoy ante la Justicia, en el marco de la indagatoria por un crimen de la dictadura. Una autopsia del propio Hospital Militar, en 1974, evidencia la tortura sufrida por Aldo Perrini. Son los primeros militares citados tras el 1º de noviembre.

La jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, interrogará hoy a tres militares en el marco de la indagatoria penal por la muerte en torturas de Aldo Perrini Guala, un hombre sin militancia política, muerto tras su detención por efectivos del Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia.

La magistrada dispuso la citación de una decena de militares y médicos activos en dicha unidad militar en febrero de 1974, cuando Perrini Guala fue detenido y torturado, entre ellos, el general (r) Pedro Barneix. Barneix fue citado en calidad de “testigo”, por cuanto no estaría implicado en la muerte de Perrini. En este sentido, los militares citados por el caso Perrini serán los primeros en comparecer ante la Justicia por crímenes de la dictadura, tras el 1º de noviembre, fecha límite para juzgar los delitos perpetrados en dicho período, en caso de no ser declarados crímenes de lesa humanidad, como promueve el derecho internacional de los derechos humanos. La indagatoria de la jueza Mariana Mota, ante la denuncia penal promovida por la familia de Aldo Perrini, permitió el hallazgo en los archivos del Poder Judicial del expediente Nº 257/74 “Perrini Guala, Aldo”, de la Justicia Militar, por el cual las autoridades de la época instruyeron un sumario militar, por su muerte en el Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia. El expediente militar de 1974 permitió incorporar información relevante sobre la muerte de Perrini, entre ellas, la autopsia practicada por el jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Militar, médico militar José Mauttone, sobre el cuerpo del malogrado joven.

Perrini fue detenido el 26 de febrero de 1974 en su domicilio de la localidad de Carmelo (Colonia), por personal militar, y fue trasladado al Batallón de Infantería Nº 4, donde fue “brutalmente” torturado. Los testigos aseguran que los efectivos de la unidad se “ensañaron” con Perrini, porque intento defender a unas jóvenes que estaban siendo agredidas sexualmente.

Horas después, Perrini murió. “El examen externo enseña múltiples hematomas y esquimosis en parte anterior de tórax y abdomen, especialmente en hipogastro y genitales externos. Múltiples hemorragias en el panículo adiposo subyacente. Esquimosis en miembro inferior derecho y antebrazo izquierdo, tercio inferior”, según expresa la autopsia, a la cual accedió LA REPÚBLICA. “La autopsia muestra claramente que Perrini fue torturado”, expresó el abogado Óscar López Goldaracena.

Asimismo, el abogado explicó que el expediente del Juzgado de Instrucción Militar de 5º Turno revela detalles importantes para dilucidar la muerte de Perrini. “La Justicia Militar concluyó que Perrini habría fallecido durante el viaje desde el Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia al Hospital Militar”, expresó López Goldaracena.

Asimismo, “casi todos los interrogados por la Justicia Militar en 1974 declaran que su muerte pudo haberse ocasionado por ‘el trato riguroso’ que el personal debía realizar a los detenidos incomunicados. Esto es casi una confesión”, dijo López Goldaracena.


Aldo Perrini, muerto en la tortura
DENUNCIA CONTRA EL BATALLÓN Nº 4 DE COLONIA
Tuvo lugar en el Juzgado Letrado de 7º Turno de Montevideo la primera audiencia por la denuncia de “Homicidio político y torturas” presentada por el abogado Óscar López Goldaracena a instancias de Nino Piero Perrini, hijo del carmelitano Aldo “Chiquito” Perrini Guala, asesinado en una sesión de tortura dentro del cuartel de Colonia el 4 de marzo de 1974. En la demanda se exige que “se disponga la realización de una inspección judicial en el Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia, a la cual concurrirá la Policía Técnica y los testigos que la Sede determine y que en función de sus declaraciones puedan individualizar los lugares de reclusión, tortura y demás circunstancias de la muerte de la víctima”. Este caso se encuentra entre los veinte excluidos del alcance de la Ley de Caducidad.

En 1974 la dictadura ejecutó un plan represivo sistemático en la ciudad de Carmelo, dirigido fundamentalmente a jóvenes identificados con la izquierda. Aldo Perrini, propietario de una heladería en el centro de aquella ciudad, fue secuestrado por personal militar el 26 de febrero y trasladado al Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia junto a Jorge Ferrari, José Valente, Román Chipolini, Carlos Pereira, Margarita Castillos, Ruth Castillos, Daniel Conde, Abraham Bermúdez, Graciela Castillo, Roberto Melo y Ana Delpratti, entre otros. En el cuartel se los encapuchó, esposó y torturó brutalmente con picana eléctrica, submarino; potro, caballete, golpes, plantones y amenaza sicológica. Pero por alguna causa que se desconoce, los torturadores se ensañaron particularmente con dos de ellos: Aldo Perrini y Pacheco Oroná, este último un contrabandista de ginebra que confundieron con otro de igual apellido que, según la versión castrense, habría ayudado a escapar a la Argentina a perseguidos políticos cruzando el río desde Carmelo. Durante las sesiones de tortura, según se establece también en la denuncia presentada, Perrini gritaba "¡Helados, helados!" para que sus compañeros pudieran identificarlo. Los testigos narran que estaba totalmente quebrado y golpeado pero seguían torturándolo, hasta que un día ya dejaron de escucharlo. La última vez que se lo pudo ver con vida estaba tirado en el piso, quejándose de un dolor agudo en la zona del vientre. La noche en que lo mataron el batallón estaba a cargo del comandante Boscan Hontou, quien habría ordenado su traslado al Hospital Militar de Montevideo, donde no quisieron hacerse cargo del cuerpo ya sin vida de Aldo Perrini, regresándolo a Colonia. Pero había que argumentar, y esas argumentaciones ficticias fueron al menos tres. Uno de los médicos militares, también encargado de supervisar las torturas, Eduardo Solano, habría firmado un certificado de defunción donde se especificaba que Perrini ingresó herido al cuartel de Colonia y falleció en la sala de operaciones del Hospital Militar. Otra de las versiones refiere que su muerte se habría debido a una afección cardiaca producto del consumo de tabaco, a pesar de que paradójicamente Aldo Perrini nunca fumó. Pese a todo ello, en otra partida de defunción, firmada por el doctor José Cambón (del Hospital Militar) se establece como causa de su muerte un edema agudo de pulmón, siendo la versión más creíble, a pesar de que no murió en Montevideo sino en Colonia, en razón de los submarinos que se le practicaron. Al día siguiente el batallón entregó el cadáver a la familia, transcurriendo su velorio y su sepelio bajo una estricta y amenazante vigilancia por parte de los uniformados.

SADISMO
En el ingreso a Colonia, con frente a la avenida Baltasar Brum, se erige uno de los más sádicos centros de tortura del interior del país. Desde comienzos de los setenta en el Batallón de Infantería Nº 4 se actuó con la más absoluta impunidad, y pese a ello la de Perrini es la primera denuncia que se presenta en casi cuarenta años. Otros testimonios recogidos también dan cuenta de este sadismo, en la palabra de algunos detenidos que pasaron por ese cuartel. Amado Curbelo detalló a Brecha que “El encargado de dirigir la tortura era Ernesto Rama, que le decían ‘El Tordillo’, y tampoco tengo ninguna duda del resto de la oficialidad que en ese momento actuó: el capitán Bonjour, de Colonia; Emilio Álvarez, que le decían Cococho; Rabito Rivero, también de Colonia; Sosa, que también era oficial; y en cuanto a los médicos yo sólo sabía que estaba el doctor (Eduardo) Solano y también había algún otro médico que ahora no recuerdo. Los médicos por lo general no hablaban, y como uno estaba encapuchado.... Simplemente con la cabeza decían que nos siguieran dando o no. Rama integraba la Organización de Comandos Antisubversivos (OCOA), un grupo que no respondía a los mandos naturales. Su nombre de guerra era Oscar, y se ha dicho que era uno de los que cruzaba a la Argentina a actuar como comando, podemos imaginarnos a qué. Debe tener mucho que ver con la muerte de Michelini y Gutiérrez Ruiz, y con otros muchos uruguayos”. Respecto del Batallón 4 Curbelo añade: “por los relatos que nosotros recibíamos, no sé si era el primero -yo creo que era el primero-, pero sí uno de los tres más sádicos y sanguinarios en tortura. En el penal de Libertad todos los meses cambiaba la guardia; venían de un cuartel distinto todos los meses. Cuando le tocaba al cuartel de Colonia ya todos los presos del país sabíamos que se endurecía la mano”. Refiriéndose a las condiciones de vida en el batallón, el ex preso político Ramón De Pizzol narra que “al principio lo que le llamaban la máquina, la tortura, no tiene plazo. Arrancaban con una tortura física, que era el plantón, y luego el tacho, el submarino”. Al preguntarle si llegó a reconocer a alguno de los médicos que supervisaban las torturas se extiende: “A uno sí: Eugenio Visca. Ese fue el que dijo ‘Denle más, que se hace el vivo’. Luego me pasan al penal de Libertad. Y después que cayeron los de Carmelo me traen otra vez para el cuartel de Colonia. Al otro día nos enteramos que había muerto Aldo Perrini. Lo mataron en el batallón y a la familia le entregaron el féretro sellado. Y no tengo duda de que murió en la tortura”. Jorge Ferrari nació en Nueva Palmira pero creció en Carmelo y conoció a Aldo Perrini. “’Chiquito’ Perrini fue detenido con nosotros. A los pocos días de ser detenido se ensañaron con este compañero en las prácticas de la tortura, hasta que cayó muerto por la tortura”. Y nuevamente aparece el nombre del médico coloniense Eduardo Solano, actualmente radicado en Montevideo: “Había dos médicos, los dos de Colonia. Uno de ellos era Solano; del otro no me acuerdo el nombre. No lo vi en la tortura porque estábamos encapuchados. Lo vi en la enfermería, cuando me fracturaron tres costillas, me fajaron, y él dijo ‘ya pueden seguir’. Y fui trasladado a un barracón, donde seguí con un régimen de tortura”.
NINO PERRINI
Una vez culminada la primera audiencia, Brecha dialogó con Nino Piero Perrini.
—¿Cómo surgió, después de treinta y seis años, tu inquietud por reclamar justicia sobre el asesinato de tu padre?
—La cabeza de un ser humano va cambiando. Yo me enteré a los once años de la realidad de lo de mi padre, porque cuando iba a la escuela mi madre estaba asesorada por una sicóloga que le dijo que como yo era el más chico no lo iba a entender. Yo tenía solamente un año cuando lo mataron; no tengo ningún recuerdo de mi padre, y yo siempre comentaba que mi padre había muerto de un ataque al corazón mientras dormía. Eso era lo que a mí me habían dicho. Y a los once años me entero, porque me levanto, voy a la cocina, escucho a mi madre que estaba hablando con una persona y me quedo escuchando atrás de la puerta, y escuché que la versión que yo tenía no era la verdadera. Recién ahí me enteré cómo había sido, que lo habían matado en el cuartel, que lo habían matado en la tortura, que lo habían asesinado. A raíz de eso tuve una adolescencia muy dura, me enojaba con todo el mundo, todos habían sido culpables, desde los militares hasta quien me hablara del Frente Amplio, estaba enojado con el mundo entero. Esa etapa la pasé, a los 30 años me fui para España, donde conocí a quien ahora es mi mujer, y siempre queriendo saber, hasta que tuve a mi hijo varón a los 34 años, que fue la edad en que mataron a mi padre. Entonces eso me empezó a marcar. Porque en mi casa mucho no se habló del tema tampoco, mi madre quiso protegernos a los tres hermanos. Yo tenía un año cuando papá murió, mi hermano Aldo cinco y Dino seis. Ella sufrió muchísimo. Tenía 28 años, una familia muy feliz con papá, nos tenía a nosotros tres, y con 28 años le cambió la vida totalmente, le mataron al marido, se encuentra con tres hijos chiquitos, pasó a hacerse cargo del negocio de papá, a tener que trabajar todo el día, a ya no poder estar con nosotros de noche. Empezamos a sufrir mucho.
—Cuando hablamos con Jorge Ferrari, que cayó junto con tu padre en Carmelo, me contaba que él escuchaba las torturas que le aplicaban a tu padre en el cuartel de Colonia…
—Claro, más que nada los golpes. Fue muy golpeado.
—¿Tenés idea de por qué se ensañaron tanto con él?
—Lo que me cuentan es que quizás fue porque él era el más corpulento y el mayor de todos, porque la mayoría eran gurises de 18 o 19 años y él tenía 34. Eso es lo que me dice la gente que estuvo con él, porque nadie sabe bien por qué fue que se ensañaron con él.
—¿Sabés cómo lo llevaron, cómo lo secuestraron?
—A mi padre lo fueron a buscar a mi casa el 26 de febrero de 1974 a las diez de la mañana, pero él estaba trabajando en la heladería. Lo van a buscar a la heladería, lo llevan a mi casa, y de ahí al cuartel de Colonia. El 3 de marzo, a la noche, avisan a mi casa que había salido en una ambulancia, que el cuartel lo había llevado para el Hospital Militar, como que había salido herido.
—Eso fue firmado por un médico de Colonia que supervisaba las torturas en el cuartel.
—Hay tres médicos de Colonia que supervisaban las torturas. Y la partida de defunción la firmó otro médico de apellido Cambón, donde figura como que murió en el Hospital Militar, pero yo pienso que lo tienen que haber matado en el batallón, ahí se lo quisieron sacar de encima mandándolo para el Hospital Militar, en el Hospital Militar no lo quisieron recibir tampoco porque el cuerpo había llegado reventado, para mí ya estaba muerto, y lo devuelven al batallón. Ell día 4 entregan el cuerpo a la familia. El 5 lo entierran.
—El miércoles fue la primera audiencia por esta causa.
—Sí, testificaron cinco testigos míos, tres que estuvieron detenidos en la misma fecha que mi padre, un familiar nuestro y otro testigo que estuvo detenido no en la misma fecha ni en el mismo momento que mi padre, pero que lo conocía de antes, era amigo de antes.
—¿Cómo vivió la sociedad de Carmelo, desde 1974 hasta hoy, el asesinato de tu padre, y cómo vive hoy tu denuncia y tu reclamo de verdad y justicia?
—Yo pasé por todo. Hubo gente que quiso lastimarme, hubo gente que nos apoyó, hubo gente que a un hermano mío le llegó a decir que mi padre en algo estaría metido… Hoy quiero poder decirles la verdad a mis hijos de las raíces donde venimos, contarles lo que le pasó al abuelo “Chiquito”. Ahora, con esto, la gente nos está brindando apoyo, la noticia de haber presentado la denuncia ha sido de un cien por cien de apoyo, todo Carmelo está muy conmocionado con esto, quieren saber la verdad, la gente en la calle me para, me da ánimo. A mí me quitaron la posibilidad de conocerlo. Yo no tengo un solo recuerdo. Mi único recuerdo es una foto de mi padre.

http://gonzalezmensuario.blogspot.com/2011/01/aldo-perrini-muerto-en-la-tortura.html

http://elmuertoquehabla.blogspot.com/2011/11/caso-perrini.html

jueves, 10 de noviembre de 2011

TORTURA y VIOLENCIA SEXUAL

Escrito en el cuerpo. Tortura y violencia sexual en dictadura: la otra gran batalla política
Brecha. 4 11 11

Escrito por: Mariana Contreras, Rosario Touriño

Una ola de denuncias sacudió al Poder Judicial. Después de 26 años del restablecimiento de la democracia, centenares de presos que padecieron la tortura dan su testimonio sobre los vejámenes a que fueron sometidos.

El cerco de silencio -el autoimpuesto y el resultante de décadas de indiferencia social- parece haberse roto. Así, se abre la posibilidad de que por primera vez la justicia uruguaya investigue, procese y condene a cientos de militares, policías, médicos, psiquiatras, que actuaron directamente en el sometimiento de los presos. Es el momento histórico en que la tortura ?forma masiva de castigo que utilizó la dictadura uruguaya? ingresará en los tribunales. Es la posibilidad inédita de dejar de ser el país de los impunes.

Cárcel y tortura.

Esa fue la estrategia represiva que el gobierno cívico militar aplicó sobre todo aquel vinculado (o "sospechoso" de estarlo) a algún tipo de organización "subversiva". Fueron más de 7 mil los uruguayos que saturaron los lugares de reclusión desde antes del golpe de Estado hasta la asunción del primer gobierno democrático en 1985; 7 mil personas encarceladas que hicieron que Uruguay ostentara por aquellos años un récord infame: el país con mayor proporción de presos políticos.

La casi totalidad de ellos sufrieron la tortura en sus más diversas formas y niveles. Eso los uruguayos lo supieron desde siempre. Y se confirmó en 1985, cuando el Parlamento investigó las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. El sistema político uruguayo conoce desde el primer día, y de primera mano, los brutales relatos de los padecimientos de las víctimas, incluso los que refieren a violencia sexual, plasmados en las actas parlamentarias. Para ellos la respuesta política fue la ley de caducidad.

Veintiséis años después, esos relatos resurgen con inusitada fuerza, en un contexto jurídico, político y social diferente. Y lo que es más importante aun, llegan ahora como denuncias penales, que involucran no sólo a los mandos que ordenaron la tortura sino a centenas de soldados y policías que, por acción u omisión, participaron del sistema represivo. Uruguay se enfrenta, ahora sí, a la posibilidad de que no sólo sean juzgados los mandos militares que planificaron y ordenaron los delitos, sino también aquellos que se prestaron para ejecutarlos.

El soldado que torturó, el policía que capturó, los médicos, enfermeros y psicólogos que negaron asistencia y que indicaron cómo, dónde y hasta cuándo actuar en la tortura podrán verse obligados a responder ante la justicia. Son éstas, desde aquellas empolvadas actas parlamentarias, las primeras denuncias judiciales sobre la tortura. Que se entienda: la forma sistemática y masiva de calvario que eligió la dictadura uruguaya para sus víctimas entrará por primera vez a los juzgados.
Este es un movimiento, considera el abogado Pablo Chargonia, patrocinante de varias denuncias, que nace desde la sociedad civil. Fueron las propias víctimas quienes comenzaron a reunirse y a elaborar lentamente la posibilidad de hacer la denuncia judicial.

Un movimiento que "comenzó luego de la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia" en relación al caso Gelman, comentó Chargoñia. Aquella sentencia marcó, a su entender, el comienzo del fin de la ley de caducidad. "Allí se describe la imprescriptibilidad y las tipologías de violaciones a los derechos humanos, entre las que se incluye la tortura. Lo que muestran las denuncias es que hubo patrones de conducta y modus operandi, no se trata de psicópatas aislados", sostiene el abogado. En esa batalla por hacer entender al sistema judicial uruguayo que estos delitos no caducaron (independientemente de la ley de "lesa humanidad" aprobada la semana pasada en el Parlamento) están los denunciantes.


Las centenas de testimonios que la justicia deberá valorar dan cuenta de cómo "se sometió a las personas privadas de libertad a las peores torturas, tanto físicas como psicológicas, y a las más inhumanas condiciones de detención.

En este período fueron detenidos hombres y mujeres, estudiantes y trabajadores, sobre los cuales se llegaron a practicar (...) submarinos (en agua con excrementos, o seco con capuchas), picanas, agresiones sexuales (violaciones, introducción de objetos, manoseos) simulacros de ejecución y de violación (propia y de amigos o familiares) colgadas, quemaduras, golpizas, plantones, suministro de sustancias alucinógenas, golpizas a mujeres embarazadas hasta provocar abortos, privación del sueño durante semanas, caballete, teléfonos". Así lo señala la denuncia presentada por Ielsur, patrocinante de la causa Morgan y la de Artillería 1.

Si alguna vez el encarcelamiento y la tortura fueron utilizados para fundamentar lo "humanitario" de la dictadura uruguaya con respecto a la argentina ?donde fueron sistemáticos la desaparición y el asesinato?, los testimonios y los testimoniantes que hoy vuelven a requerir la atención de la sociedad uruguaya no hacen otra cosa que afirmar lo contrario.


DENUNCIANTES.

El primer paso lo dieron 12 ex presos (que días después se convirtieron en 40) que solicitaron, en diciembre de 2010, que se investigara la tortura, asesinatos, desaparición y genocidio ocurridos en el centro de reclusión donde estuvieron detenidos desde 1972, la Base Aérea Boiso Lanza. La causa, llevada adelante por el abogado Óscar López Goldaracena y a cargo de la jueza Mariana Motta y la fiscal Ana María Telechea, es al día de hoy la más avanzada.


Según comentó a Brecha Baldemar Taroco, integrante de Crysol, denunciante y portavoz del grupo, la mayoría de los querellantes ya pasaron por la instancia del peritaje físico y psicológico. En su caso, las tomografías realizadas en ambas piernas ?adjuntadas ahora como prueba? determinaron la presencia de esquirlas de bala: "Conmigo jugaban a la puntería. Pensé que había sido herido de bala en una pierna, pero 37 años después me entero de que tengo esquirlas en ambas. La doctora no podía entender cómo yo no sabía eso. Pero es que estaba encapuchado, esposado, torturado; no sentía ni cuándo me pegaban. Después seguí de plantón y se me cicatrizaron las heridas sin que me enterara. Eso me ha dejado secuelas en la pierna y en el pie. Otros tienen secuelas que no se ven", narró Taroco.

En setiembre de este año, alrededor de 50 ex presos, miembros en su mayoría de la Unión de Juventudes Comunistas (ujc), presentaron denuncias por torturas recibidas en la Dirección Nacional de Inteligencia. Otras 30 víctimas lo hicieron por hechos similares ocurridos en el centro clandestino de detención "300 Carlos".

El viernes pasado, 28 ex presas también denunciaron e identificaron a 112 personas (hombres y mujeres) que practicaban torturas: militares, policías, médicos y enfermeros, que actuaron en diversos centros de reclusión.


La denuncia hace énfasis en la violencia sexual como método de tortura, y sostiene que "la conducta desarrollada por los denunciados formó parte de un plan sistemático orquestado por quienes detentaban el poder en forma ilegítima, cuya finalidad era la destrucción física, moral y psicológica de las detenidas con particular énfasis en su condición de mujeres, menoscabando su integridad física y mental y su dignidad con prácticas tales como la desnudez, la introducción de objetos en la vagina y el ano, tocamientos, así como insultos degradantes y amenazas por la sola condición de ser mujeres, llegando en muchos casos a la consumación de la violación".

Tres días después, más denuncias atiborraron los mostradores judiciales: las víctimas de la llamada Operación Morgan, dirigida a reprimir al Partido Comunista (y a desarticular su estructura financiera, principalmente) y a la ujc, que implicó que cientos de comunistas fueran encarcelados y torturados.


En esta misma denuncia figura otro grupo de ex presos, todos vinculados al Regimiento de Artillería 1. Ambos grupos suman 90 denunciantes, que identifican a más de 100 personas involucradas en la tortura. "Sufrió plantones, y en forma simultánea la hacían desnudar para aplicarle picana eléctrica y luego la cubrieron con una capa del Ejército para seguir de plantón. Le pusieron grilletes en los pies unidos a las manos por una cadena, quedando en cuclillas para que se le aplicara nuevamente la picana. Le colocaron un cartel pegado a una campera con la expresión judía de mierda firmado por Óscar 1, al grito de que sólo le faltaba ser negra. Pudo despegarlo y guardarlo, pero le colocaron otro papel de igual tenor". Así el trato que recibió, entre otros vejámenes, una víctima de la Operación Morgan (y que figura en la denuncia).

Esta semana en el departamento de Treinta y Tres una veintena de ex militantes de la ujc, entonces menores de edad para los criterios de la época (de entre 13 y 21 años), presentaron una denuncia por torturas. En 1975 los menores fueron sustraídos e incomunicados ilegalmente de sus familias y llevados al cuartel departamental donde sufrieron diversos apremios físicos.

Según pudo saber Brecha, más grupos de ex presos, reunidos por su lugar de reclusión, preparan nuevas denuncias para las próximas semanas: el 13 de Artillería, el Fusna, y los cuarteles 6º y 9º de Caballería.

¿POR QUÉ AHORA?

Los relatos de las mujeres que presentaron denuncia por violencia sexual como método de tortura, recabados por los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Udelar en un amplio trabajo dado a conocer la semana pasada, provocaron inmensa conmoción.*


La misma que provocó el programa Esta boca es mía (Canal 12) cuando presentó en estudios, y en vivo, a varias de las denunciantes que contaron en un horario de mucha audiencia lo que vivieron. No pueden soslayarse las preguntas sobre cuánto del beneficio del rating y cuánto de especulación en torno a lo políticamente correcto o el "bajo riesgo" de la emisión pesó en la decisión de las autoridades de Canal 12 para aceptar la trasmisión, tantas veces negada, de un programa con esas características. Pero no puede desconocerse que esa conmoción refleja una apertura e incluso una capacidad de empatía por parte de la sociedad, que durante décadas les fue negada a las víctimas.

Y así como hubo un proceso social, también hubo procesos, individuales y colectivos, entre los ex presos. La lucha por el esclarecimiento sobre el destino de los desaparecidos, junto con el reclamo de verdad y justicia para los asesinados hicieron lo suyo. "Por ahí fuimos dejando nuestra situación en segundo plano, porque era una prioridad nuestra esa verdad y justicia", dijo a Brecha Charna Furman, una de las denunciantes de la Operación Morgan, para explicar la demora. Pero hay más.


Las mujeres dieron los primeros pasos en 1997 cuando, por primera vez en democracia, se reunieron en forma masiva. "En ese proceso iniciado a 12 años del fin de la dictadura estuvo siempre la intención de decir qué nos pasó. Primero hicimos la serie de libros Memoria para armar"; sin embargo "en aquella época prácticamente no se hablaba de la tortura y muy poquitos relatos hicieron referencia al tema. Después hicimos una película: Memorias de mujeres. Cuando la presentamos la gente nos decía que mostrábamos como si hubiéramos pasado bárbaro, porque hablábamos de nuestras estrategias de sobrevivencia, nuestra convivencia", contó Furman.


La tortura fue otra vez el gran tema ausente. "Llegó el momento de decir: esto espantoso, inhumano, degradante nos pasó. Pero para eso hay que hacer un proceso... yo hice diez años de terapia en los ochenta y no hablé nunca de la tortura. No podía. Con mis hijos, que tienen casi 40 años, jamás hablé de esto"; los mismos hijos a los que intentaba dormir cuando los militares irrumpieron en su casa, admitió Furman.

En este movimiento generado por los ex presos, las formas han sido diferentes. Existen denuncias por centro de reclusión, por grupo político, por género. Hay quienes han elegido testimoniar públicamente y hay grupos que reservan la individualización de esos testimonios para el ámbito judicial. Es que el camino hacia la denuncia judicial también abrió dolores. Hay quienes han decidido apoyar a sus compañeros pero no participar de las denuncias. Sus vidas son otras, no quieren volver sobre aquellos pasos. No puede ocultarse que no todas las mujeres consideran acertado que la violencia sexual sea tratada como una causa de género. Y no lo fue. Hay también testimonios de hombres vejados, aunque quizás el tabú y el peso de "ser hombre" opere tan fuerte que lleva a profundos silencios.


Hay quienes han debido enfrentarse a contar por primera vez su historia frente a sus parejas, sus hijos o sus amigos. Hay quienes no quieren hacerlo, y hay quienes asumen que deben respetar el "no querer oír" que parecen trasmitir sus seres queridos: "hasta que ellos quieran, hasta que puedan", dicen. Entonces, a pesar de la masividad no puede dejar de apuntarse que el porcentaje de denunciantes es bajo en relación a las víctimas.

De alguna forma así lo expresó Roberto Herrera a Brecha cuando contó que "en Artillería 1 desde 1972 hasta el 80 deben haber pasado 500 compañeros, pero somos cerca de 30 los que presentamos denuncia. Algunos no quieren participar. Pero no es una negación. Salir, revivir, cuesta. Son muchos dolores".

Las mujeres que hicieron la denuncia por violencia sexual trabajaron en conjunto durante un año, con apoyo psicológico. Algunas se sumaron en el camino, algunas debieron abandonar: "esto de la denuncia me trajo recaídas, empecé a tener mucha cistitis, la sensación de picana en la vagina, se siguen reproduciendo esas sensaciones en mí, porque para hacer la denuncia hay que volver a ese lugar", les dijo una de las denunciantes en la causa de violencia sexual a los estudiantes de comunicación. El mismo artículo recuerda que alguien que comenzó la denuncia "tuvo que dejarla porque empezó a padecer hemorragias intestinales debido a que sabía que volvería a recordar lo vivido, treinta años después su cuerpo somatizó esos recuerdos".

"Es muy difícil contar y recrear aquel ambiente", hacerse una idea cabal, para quien escucha, de lo que realmente sucedió en los cuarteles y centros clandestinos, dicen los denunciantes. "Se habla de la tortura grande, pero había un sistema permanente de hacer el mal, de atormentar."

La que cuenta ahora es Martha Valentini, quien integraba la comisión de finanzas del Partido Comunista en épocas de la Operación Morgan y que deambuló por varios centros de reclusión durante tres años y medio. En la denuncia judicial puede leerse en detalle lo que debió sufrir: "le atan las muñecas y la cuelgan de una polea (...), cuando su peso vencía la cadena que la sostenía, alguien atrás pegaba un tirón que le desgarraba las axilas; los encargados eran más de uno y entre ellos discutían si seguir o bajarla, mientras tanto otro enfrente a la compareciente la quemaba con cigarrillo".

A Brecha le cuenta sus recuerdos de los diez meses con los ojos vendados, los oídos apretados por la venda, los parlantes emitiendo varias músicas en simultáneo, estridentes; la sensación de perder la dimensión del espacio y el tiempo. Recuerda el jabón en la leche, cuando los soldados robaban la fruta que enviaban los familiares y luego, desde lo alto escupían las semillas a los presos, el grito de "¡Conaprole!" de "el Malevón", un soldado que largaba contra la pared la zorra donde se llevaban los platos para la comida: "los platos eran de plástico, entonces agarraba aquella zorra y la largaba contra una pared para imitar el ruido de una botellas que caían en una publicidad de Conaprole. Algunos se rompían, pero los repartían igual, entonces servían el caldo. Y al que le había tocado la desgracia del plato rajado el caldo se le caía y ensuciaba el piso. Entonces lo castigaban por sucio".

Un refinado sistema de desprecio a la persona, reflexiona mientras recuerda la sinceridad milica: "A vos te mato o te vuelvo loca", le dijo uno que no pudo ni lo uno ni lo otro. "La tortura formaba parte de un trabajo de los militares. Lo dijo (Jorge) Troccoli: No era que fueran malos, ¡estaban trabajando! Con la denuncia queremos mostrar que ese trabajo tenía dos caras: el que realizaba el trabajo y el que lo recibía. Y para el que lo recibía era una monstruosidad."

UNA BATALLA JUDICIAL.

Si hay algo que unifica todas las denuncias presentadas es que en ellas se reclama que la tortura debe ser considerada un delito de lesa humanidad, permanente e imprescriptible. La argumentación de los denunciantes se ampara en el derecho internacional. Chargonia explicó que si hay un parteaguas, no fue la reciente aprobación de la ley que define la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en la dictadura, sino la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh) a raíz del caso Gelman, ya que ésta es la que realmente derriba a la ley de caducidad.

Por su lado, ielsur alega en la demanda de la Operación Morgan que "la prohibición de la tortura y otros actos inhumanos crueles, inhumanos o degradantes son principios generales del derecho internacional, que comienzan a plasmarse con la ley de consejo de control Nº 10 de los aliados en la Alemania de posguerra", en especial su artículo segundo, que los consideraba delitos de lesa humanidad.

En este último escrito, que ya está en poder del Juzgado Penal de 12 Turno, se alega que de larga data existe un "consenso en la sociedad civilizada de naciones", por el que constituyen delitos de lesa humanidad las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y las detenciones arbitrarias.**

Se menciona también en las denuncias una larga lista de fallos de la cidh (especialmente el que dirimió en el caso de la familia Gelman). Según los abogados patrocinantes de estas causas, de la copiosa jurisprudencia de la cidh surge la prohibición para los estados parte de aplicar dos asuntos: la irretroactividad de la ley penal y la prescripción como mecanismo para evitar la sanción de los responsables de los delitos de lesa humanidad.

En el fallo de la cidh, y a partir de la demanda promovida por Macarena Gelman, se estableció que también en el ámbito universal los órganos de protección de derechos humanos establecidos por tratados han mantenido el mismo criterio sobre la prohibición de amnistías que impidan la investigación y sanción de quienes cometan graves violaciones a los derechos humanos.

El abogado de ielsur Martín Fernández afirma que la Corte Interamericana establece la preeminencia del derecho internacional general (ius cogens), lo que posibilita la aplicación de estos principios en la jurisdicción doméstica, invalidando de esta forma los argumentos que esgrimen los estados de limitar la aplicación del derecho internacional.

Desde ielsur reafirman: "los delitos de lesa humanidad no pueden ser equiparados a los delitos comunes, dado que la legislación penal doméstica se establece para lo general y ordinario, pero no para casos puntuales y excepcionales no previstos ni previsibles, donde sucumbe todo el Estado de derecho". Claro que también hay constitucionalistas ?como Gonzalo Aguirre? que argumentan que varias convenciones no tienen fuerza de ley en el marco jurídico interno y son simplemente "tratados" (hay también voces políticas que protestan cierta intromisión de las cortes internacionales en la soberanía uruguaya).

Para Chargonia se está en medio de "una gran batalla judicial"; ya que si las causas fueran clausuradas se estaría desconociendo un mandato de la cidh, en el que se define la tortura como una grave violación a los derechos humanos. Se estaría ante una suerte de desacato, por lo cual sus patrocinados recurrirían a la propia Corte Interamericana. Una estrategia similar es anunciada por ielsur en caso de que no se tenga éxito en los tribunales uruguayos. De todos modos, parece que se ha podido avanzar en otro territorio: el de verbalizar y denunciar colectivamente aquello que minó la dignidad más elemental de todos esos humanos.


* Los estudiantes de Sala de Redacción, un espacio práctico de periodismo, del cuarto año de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (Udelar), escribieron una serie de artículos sobre la denuncia presentada por violencia sexual. Se recaban allí testimonios de las denunciantes.

** Uruguay es Estado parte de la Convención Americana desde el 19 de abril de 1985, y reconoció la competencia contenciosa de la Corte esa misma fecha. El Estado también es parte de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura desde el 10 de noviembre de 1992 y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas desde el 2 de abril de 1996.

Un caso del "Morgan"

Fue detenida el día 4 de noviembre de 1975 en un violento allanamiento en su domicilio en horas de la noche. Fue inmediatamente encapuchada, atada de manos y a golpes de puño obligada a salir de su casa e ingresar a un vehículo en el que la trasladarían (a punta de pistola en las costillas y continuas patadas en la cabeza) hacia el Servicio de Materiales y Armamento, a los fondos del Batallón de Infantería Nº 13 de la Avenida de las Instrucciones, conocido como "300 Carlos".

Luego de permanecer allí tres meses fue conducida al hospital de las Fuerzas Armadas y luego al Cuartel de Artillería Nº 1 hasta el 5 de agosto de 1976, cuando fue liberada por primera vez. El 2 de noviembre de 1977 fue nuevamente detenida y conducida al centro de torturas de La Tablada, donde permaneció cuatro meses, y luego tres días en los calabozos de Artillería 1; de allí fue trasladada a los calabozos del penal de Punta de Rieles donde estuvo incomunicada durante siete meses pese a que el juez había levantado la incomunicación varios meses antes. El 21 de setiembre de 1978 pasó al celdario de dicho establecimiento, siendo finalmente liberada el 2 de noviembre de 1983. Durante el tiempo de su cautiverio fue víctima, en forma reiterada y sistemática, de múltiples vejámenes que comenzaron el mismo día de su detención.

Durante su reclusión, la música a todo volumen fue una constante. Estuvo encapuchada en forma permanente; golpeada constantemente; le hicieron submarino en un tacho con agua con excrementos; la desnudaron y la ataron de pies y manos sobre una especie de parrilla para pasarle picana eléctrica por todo el cuerpo, genitales incluidos, mientras los oficiales se burlaban diciéndole "comunista y judía, lo único que te falta es ser negra".

Sufrió colgadas y "teléfono". Cuando le permitían ir al baño era manoseada y observada por militares. También le refregaban el pene erecto sobre su cuerpo. Le ponían dos o tres pesados ponchos y la dejaban al sol. Incluso la llegaron a colgar del pelo, mientras se deshidrataba y era atacada por perros. Intentó suicidarse girando la cabeza para descolgarse y fue internada. Sufrió caballete y luego quemaduras con cigarrillos en sus pies.
Las veces que tuvo que ser atendida por un médico, sufrió empujones y saltos sobre el cuerpo por parte de un enfermero. La curaban para seguir torturándola; si sufría crisis de ahogos, le negaban la medicación.
Con breves descansos pasó días y noches rompiendo libros. Las hojas filosas le hacían ampollas en los dedos.

Como consecuencia de los vejámenes descritos ut supra, le quedaron las siguientes secuelas: columna con escoliosis cervical, dorsal y lumbar; pinzamientos y rotación de algunas vértebras; gastritis erosiva crónica; ahogos en situaciones de estrés, además de múltiples secuelas de tipo psicológico.

La gran mayoría de las torturas recibidas fueron propinadas por el "Pajarito" Silveira.

(Testimonio de una de las denunciantes, que figura en la denuncia colectiva del Operación Morgan.)

Iguales y Punto

Durante las jornadas de denuncia promovidas por el colectivo Iguales y Punto se recabaron 170 denuncias individuales. Soledad González Baica, integrante del colectivo, contó que 100 de ellas fueron realizadas en base a las fichas de asesinados políticos antes y durante la dictadura. Entre ellos figuran mártires estudiantiles como Líber Arce, Susana Pintos, Hugo de los Santos, Leonardo Beledo, Heber Nieto, Joaquín Kluber, y la mayoría de los muertos en prisión. En este marco se realizó la denuncia por la desaparición de Fernando Miranda, cuyos restos fueron encontrados en el Batallón 13 en el año 2006, y que nunca había tenido causa abierta.

Las restantes 70 denuncias fueron hechas por víctimas de tortura (o sus familiares), aunque también se denunciaron detenciones indebidas, privaciones de libertad e incluso ocupaciones ilegales de los domicilios (ratoneras).

El anti juramento. Médicos, psicólogos y enfermeros implicados

Escrito por: Mariana Contreras, Rosario Touriño

En las denuncias colectivas presentadas en los juzgados se mencionan también nombres de médicos, enfermeros, psicólogos y psiquiatras que acompañaron el plan sistemático de torturas. Los doctores actuaban como "asesores" de los militares: se encargaban, por ejemplo, de examinar el estado físico de los presos y de "recauchutarlos" en el Hospital Militar para dejarlos preparados para volver a las salas de tortura. También en algunos casos marcaban el umbral de tolerancia de la víctima. Otra de las actitudes denunciadas es lisa y llanamente la omisión de asistencia como una variante de la tortura: personas que no recibieron tratamiento después de haber pasado por el apremio o a las cuales no se les suministró la medicación necesaria para las patologías que sufrían. Estos médicos se encargaban asimismo de fraguar informes con el fin de ocultar evidencias.

En el caso de los especialistas en salud mental, se denuncia que utilizaron sus herramientas en sentido opuesto: el objetivo era alienar y enfermar psíquicamente a los presos. El hostigamiento constante terminó en algunos casos en suicidio. Asimismo, solían prescribir altas dosis de psicofármacos no para aliviar los sufrimientos sino para exacerbar la actitud de dejarse morir en que había caído algún detenido.


Casi cuatro décadas después, no ha sido procesado ningún profesional de la salud violador de los derechos humanos. Por otra parte, se cuentan con los dedos de la mano los casos de quienes fueron condenados por las comisiones de ética de las gremiales médicas (del Sindicato Médico del Uruguay o de la Federación Médica del Interior).

Hoy en las denuncias que llegan masivamente a las sedes judiciales vuelven a aparecer los nombres de algunos de los médicos que fueron expulsados de los padrones del smu. Nelson Marabotto -a quien las presas llamaban "el Cuervo"?- Rosa Marsicano -recordada como "la Suina" o "la Ballena"- son dos de las figuras más recurrentes en los testimonios. Ambos eran los responsables del servicio de "sanidad" de la cárcel de Punta de Rieles.

En 1984 la VII Convención Nacional Médica creó la Comisión Nacional de Ética Médica, que funcionó por un lapso de seis años. Este organismo experimentó variadas presiones y amenazas que obstaculizaron su investigación y recopilación de pruebas. El Ministerio de Defensa prohibió la comparecencia de los médicos militares.


En 1985, el ministro de Defensa, Juan Vicente Chiarino, avaló la negativa del Servicio de Sanidad Militar a abrir el acceso a las historias clínicas de los presos políticos. En 1988, el teniente general Hugo Medina juzgó la acción de las gremiales como una "violación de las directivas constitucionales y del derecho al trabajo", según indica Eugenia Allier en Batallas por la memoria: los usos del pasado reciente en Uruguay.
De todas formas, la comisión pudo pasar a estudio del consejo arbitral del smu algunos expedientes, lo que dio como resultado la expulsión gremial y la imposibilidad de ocupar cargos en los sanatorios gestionados por los sindicatos.


Entre los médicos separados se cuentan: Nelson Marabotto, José Mautone, Vladimir Bracco, Hugo Díaz Agrelo, Arturo Dini Olivera, José Pereyra Garay, Salomón Sissif. Por su parte Hugo Fornos y Elías Nassiff hubieran sido expulsados de haber estado agremiados. Otro tanto hizo la Facultad de Medicina con algunos profesionales que tenían cargo docente.

Rosa Marsicano fue expulsada del SMU recién en 2000. En esa época la profesional todavía fungía como directora técnica del Hospital Militar. En la prensa de la época puede verse fotos en las que aparecía conduciendo en un tour por el hospital al recién asumido presidente Jorge Batlle.

En el fallo del smu se consigna que Marsicano, quien nunca dio la cara ante el tribunal de conducta, "fue partícipe en hechos represivos, donde muchas personas murieron o sufrieron graves daños y secuelas físicas y psíquicas". Con base en cinco testimonios se concluyó que Marsicano corroboró el estado de salud de presas a efectos de determinar si podían ser sometidas a apremios y no tomó ninguna medida terapéutica en relación a detenidas con serios problemas psiquiátricos.

Catedráticos certificaron -basándose en el examen de alguna de las denunciantes- omisiones de asistencia. En otros dos casos se documenta omisión de asistencia a pacientes psiquiátricas (una de las cuales se ahorcó en el penal y la otra se suicidó luego de su liberación). Otra detenida -Gladys Yáñez< murió en 1980 a consecuencia de una infección renal crónica, sin nunca haber recibido medicación alguna.
La médica está ahora jubilada. Pero pudo ejercer cómodamente su profesión ?aunque en Punta Rieles ni siquiera examinaba a las presas que necesitaban asistencia? hasta su retiro, ascender a coronel, ocupar altos cargos jerárquicos en el Hospital Militar e incluso publicar artículos en la revista Salud Militar. Aunque los médicos fueron los únicos profesionales que enjuiciaron a sus pares por violación de los derechos humanos en Uruguay, ni el smu ni la Femi tenían la potestad de evitar que ejercieran, ya que en Uruguay no existía colegiación médica obligatoria (un instituto que acaba de ser aprobado y que permitiría impedir el ejercicio a los profesionales que incurran en graves faltas éticas).

La institución que sí tiene potestades para suspender el ejercicio de la profesión médica es la Comisión Honoraria de Salud Pública del msp. En marzo de este año Crysol denunció ante el entonces ministro de Salud, Daniel Olesker, al psiquiatra Martín Gutiérrez Oyhambrono y al psicólogo Dolcey Britos, "quienes aplicaron sus conocimientos para inducir a la locura y a la muerte a las y los prisioneros, en condiciones de total impunidad", pero estaban en esa fecha en la plantilla de "una empresa que postula la prestación de servicios para varias instituciones del Estado", según publicó el semanario El Popular el 15 de marzo.

Eduardo Saiz, quien ocultó en el certificado de defunción la verdadera causa de muerte de Vladimir Roslik, perdió sus cargos en los centros de la Femi, y también a la postre en el msp. Finalmente se hizo un lugar en uno de los contingentes de la misión de la onu en el Sinaí. En las últimas denuncias son decenas los testimonios que vuelven a inculpar a algunos de estos profesionales, pero también hay otros nombres que se espera sean identificados e indagados por la justicia.

"Ellos siguen trabajando en nosotros desde hace 30 años".

Testimonio de ex presa abusada sexualmente

El 29 de agosto de 1978 fue detenida y llevada a La Tablada, donde entonces funcionaba un centro de torturas; allí permaneció hasta el 27 de noviembre de ese año siendo torturada sistemáticamente.

Mi vivencia particular fue terrible, porque me pasó algo que arrastro hasta el día de hoy. A través de años de terapia y de tratamiento psiquiátrico lo he logrado entender desde el punto de vista racional, pero no sé si voy a lograr -al menos hasta ahora no lo hice- sentirme bien.

Las torturas a que fui sometida consistieron en plantón, submarino, gancho -me colgaban con los brazos esposados hacia atrás-; estando colgada me aplicaban la picana y como yo levantaba los pies para no hacer tierra, me ataban alambres a los dedos gordos para mantener el contacto a tierra. Lo que más usaron en mi caso -con particular especialidad para darse cuenta de qué era lo que el detenido más temía- fue el caballete. [...]
Como parte de la rutina me desnudaban, eso era sistemático. Pero antes de proceder a torturarme, me decían: "¿Gorda, vas a hablar o no? Bueno, entonces ya sabés las reglas de la casa"; y "las reglas de la casa" significaba que tenía que desnudarme. Un día no me llevaron a una sala de tortura, me rodearon varios milicos, liderados por un oficial, me empezaron a manosear y a decir cosas, me metían un tolete entre las piernas y me dijeron que ya no estaban violando a las detenidas, pero que como yo me hacía muy la loca, me iban a violar.

Por primera vez me puse a llorar a gritos; nunca había llorado. Ellos se morían de risa y decían: "Mirá vos, sabía llorar la torita". En ese momento -yo estaba desnuda- el oficial me puso su hombro para que llorara y me dijo: "Vestite y vení conmigo, déjenla, déjenme hablar con ella" -actuando como un salvador-. Ese oficial era Jorge Silveira.
El "Pajarito" Silveira fue quien me detuvo en mi casa y estuvo al frente de mi tortura; en ese momento se hacía llamar "Páris" o "Isidoro". Me dejaba colgada o en el caballete y me decía: "Cuando quieras hablar, pedí que llamen a Isidoro". Entonces yo, que en ese momento estaba absolutamente destrozada, cometí el gravísimo error de ponerme a conversar con él. Una de mis tonterías fue decirle: "Qué me viene a hablar a mí de años de cárcel, si ustedes me van a matar acá, porque ¿qué se piensa, que voy a aguantar toda la vida acá? Toda mi familia tiene problemas cardíacos". Y él me dijo, con el sadismo más espantoso que te puedas imaginar: "Mirá, gorda, no te vamos a matar, quedate tranquila, yo te garantizo que vos de acá salís viva. Eso sí, vos que sos comunista, le vas a rogar a Dios para morirte, porque te vamos a hacer conocer el límite de la locura".

Entonces le dije que en ese caso le estaría eternamente agradecida y que, como muestra de agradecimiento, si algún día tenía la oportunidad, lo iba a matar a él. En la indignación le eché un discurso: que era un fascista, que ni a las moscas les podrían hacer las cosas que me estaban haciendo a mí, que eran una vergüenza para la humanidad. De ahí al caballete fue una pasada.


Mientras me torturaban en el caballete me decían: "Así que nos vas a matar, comunista de mierda". Les respondí: "Yo a ustedes no los conozco, le dije eso a Isidoro". Entonces me sacaron del caballete, me bajaron la venda y desfilaron todos ante mí.


Cuando le tocó el turno a Gavazzo, me dijo: "Gorda, el día que vengas a matarme no me des ni un minuto, porque si me lo das te vacío el cargador acá -y señaló con el dedo mi frente-, porque si fuera por mí te hacía cavar una fosa con tus propias manos y te enterraba viva, pero no puedo". Y a pesar de que él me estaba diciendo la verdad, que estaba impedido de matarme, yo no le creí, a partir de ese momento me sentí como un muerto que camina. Tenía la certeza de que más temprano que tarde me iban a matar; me aterraba que ellos, que se cuidaban de que no les vieran la cara, se habían plantado ante mí expresamente.

En ese momento el Pajarito Silveira comenzó a hacer el trabajo fino, a decirme que era mi amigo, que me quería sacar de allí, que yo era tremenda mujer y que no podía creer que me dejara matar por el partido. Me dejaban de plantón y en ese momento sufría muchas infecciones por causa del caballete. Yo repasaba todas las cosas que me habían hecho y dicho. Una vez que estaba colgada, me picaneaban y yo levanté las piernas para no hacer tierra; entonces me ataron los pies a las puntas de un palo, con alambres en los dedos gordos para hacer tierra, y me picanearon en la vagina.

Cuando me llevaban a hablar con "Isidoro", yo iba como una "araña peluda"; me ponía a hablar y a los diez minutos estaba charlando así como lo estoy haciendo contigo. Y aunque racionalmente comprendía que Isidoro intentaba obtener lo que no me habían sacado en la tortura ?los nombres de compañeros?, no logré evitar involucrarme desde el punto de vista afectivo. Recién después de muchos años de terapia comprendí ?me lo han explicado los psicólogos y psiquiatras? que no podía enfrentar mi muerte, porque era lo que me había armado en mi cabeza.

Estaba como esquizofrénica, sentía que me desdoblaba, repasaba todo lo que me hacían, y al otro día estaba sentada charlando con él, contándole mi vida. Tuve una tremenda confusión a nivel afectivo y eso para mí fue terriblemente destructivo. No di un solo nombre pero él logró que llegara al penal sintiéndome una traidora. Siempre digo que no le fallé al partido porque no delaté a nadie, pero me fallé a mí misma.

Un día el Pajarito Silveira me dijo que él no resistía pensar que me torturaran nuevamente, que tenía que dar aunque fuera un nombre para hacer un acta e irme. Había un "malo de la película" que se hacía llamar "Rodrigo", que cuando el Pajarito estaba de guardia me permitía sentarme y cuando se iba me hacía parar. Y teníamos como un diálogo escrito, porque Rodrigo me preguntaba:

-¿Cómo estás, gorda?
-Acá estoy -le decía yo.
-¿Vas a hablar?
-No.
Entonces me daba una serie de piñazos.

Otro día me dijo: "Vos podrás pensar que acá adentro tenés protectores o que podés tener algún privilegio. Si alguien te manda a sentarte, decile que tenés órdenes de Rodrigo de morirte parada, porque vos no hablarás, pero te vas a morir parada".


Durante el plantón me habían ordenado tener cuatro baldosas de separación entre pie y pie, lo que significa que te resbalás; es matador, pero había milicas que directamente me pateaban los tobillos. Un soldado me dijo un día: "¿Por qué no les decís algo, así te vas de acá, no ves que te están deshaciendo? mirá cómo estás. Al final te van a hacer hablar, deciles algo". Y le dije: "No, yo no puedo pensar en salir de acá dejando un compañero en mi lugar, porque entonces, afuera, tengo que pegarme un tiro. Y además alguien dijo alguna vez más vale morir de pie que vivir de rodillas y yo estoy de acuerdo". [...]


Creo que a partir del momento en que te aplicaban las "reglas de la casa" (como ellos decían) ya sentías una invasión a tu intimidad. Era una agresión a todos los planos de tu ser, de tu integridad. Fue todo un proceso ponerme en pie nuevamente, y en eso estoy hasta hoy... Sigue siendo destructivo, porque ellos siguen trabajando en nosotros desde hace 30 años, nos sigue pesando, continuamos con esa mochila. Nunca me hubiera imaginado que en situaciones absolutamente diferentes vividas por otras compañeras, también pudieran sentir culpa.

Ya en libertad hice un intento de suicidio. Cuando querés suicidarte sentís que la única cosa digna que podés hacer es desaparecer. Ese fue mi punto de inflexión, tomé conciencia del disparate que estaba haciendo.

(Fragmentos del testimonio publicado por Sala de Redacción, recogido por la periodista Loana Ascárate.)

Contribuyentes