Radio Contacto sur

Telesur en vivo

SI DESEAS VER TELESUR DALE PLAY Y APAGA LA RADIO EN BOTON CUADRADOCONTACTA CON CONAICOP +59896901566 --096901566

viernes, 16 de octubre de 2015

¿Quién es Marcel Granier?

Una vez mas la derecha internacional unida en contra de la Republica Bolivariana de Venezuela y su pueblo ,nuestro respaldo al Presidente electo democraticamente Nicolas Maduro .

Repudiamos la presencia de este señor como tamien el juego fascista que realiza quien o trae



Red Contacto Sur



Ruben Suarez

-------------------------




En estos días estará en Montevideo el venezolano Marcel Granier (presidente del grupo Empresas 1BC y de Radio Caracas Televisión, RCTV) invitado a dar una conferencia sobre la situación en Venezuela.
La pieza publicitaria en la que se convoca a esta conferencia, además de anunciar los lugares de pago de las costosas entradas, presenta al comandante Chávez cuando anunciaba la finalización de la concesión que detentaba RCTV del canal 2 de señal abierta.
¿Pero quién es esta supuesta “víctima” del comandante Chávez? ¿Cuál es su hoja de vida?


Algo de la historia de RCTV
Marcel Granier Haydon (abogado nacido en 1941) se hizo presidente de 1BC y RCTV luego de haber contraído nupcias con Dorothy Phelps, nieta de William Henry Phelps e hija de William Henry Phelps Jr., quienes habían fundado la primera emisora radial en Venezuela en 1930 (la empresa que detentaba esa concesión era 1 Broadcasting Caracas, 1BC).
Los Phelps (padre e hijo, uno nacido en Estados Unidos y el otro en Venezuela), eran aventureros que armaron varias empresas de intermediación y distribución de los productos que simbolizaban el “american way of life”. Desde máquinas de escribir Underwood hasta automóviles Ford, pasando por máquinas de coser Singer
La emisora 1BC, que luego pasaría a denominarse Radio Caracas Radio (RCR), contó con la participación accionaria de la también norteamericana RCA Victor y el auspicio de la Creole Petroleum Corporation.
En 1952, con el amparo del entonces dictador Marcos Pérez Jiménez, los Phelps y sus socios obtuvieron la autorización para la “instalación de una estación de televisión en el área metropolitana de Caracas”.
En tanto esa concesión no previó lapsos de vigencia, su duración fue determinada por el decreto 1.577, denominado Reglamento sobre Concesiones para Televisoras Radiodifusoras del 27 de mayo de 1987 (bien lejos en el tiempo del inicio de la Revolución Bolivariana), cuyo artículo 1° reza: “las concesiones para el establecimiento y explotaciones de estaciones televisoras y radiodifusoras se otorgarán por 20 años”.
La Ley de Telecomunicaciones aprobada en el año 2000 señala en su artículo 210 que “todos los derechos y obligaciones adquiridos al amparo de la anterior legislación permanecen en plano vigor, en los mismos términos y condiciones establecidas en las respectivas concesiones y permisos”.
Por todo esto, el 27 de mayo de 2007 -una vez cumplidos los 20 años establecidos en el decreto 1.577- se extinguió la concesión que detentaba RCTV, a partir de la norma de 1987 que le otorgó 20 años más de prórroga a los 35 años ya transcurridos desde 1952.


Mercachifles con antena
En los años 70, las Empresas 1BC incorporaron a sus cuadros directivos a algunos personajes -entre ellos el norteamericano Peter Bottome y Marcel Granier, familiares políticos de los Phelps, quienes a la postre se apoderaron del grupo-, que hacían de la connivencia con el poder y las operaciones financieras y cambiaras de dudosa legalidad una forma de vida. RCTV empezó a verse involucrada en todas las operaciones político-comunicacionales de la Cuarta República y junto con la televisora del Grupo Cisneros (Venevisión, también de un pariente político) ponían y sacaban ministros y otras autoridades de acuerdo a sus intereses.
En la revista Zeta Nº 760 del 15 de junio de 1989 (propiedad de Rafael Poleo, connotado periodista adeco opositor encarnizado de la Revolución Bolivariana) se decía: “La campaña de Radio Caracas Televisión y El Diario de Caracas, que parecía movida por el deseo de impedir un negocio doloso, resultó motivada por una pura razón comercial: los dueños de RCTV y El Diario son representantes de comerciales de General Dynamics, la empresa fabricante del F-16, avión que le disputa al Mirage el mercado venezolano. Lo malo es que la escaramuza, Bottome se ganó la animadversión de los oficiales presionados por el periódico y la televisora, y Granier puso en la tela de juicio la honorabilidad de varias generaciones de oficiales. Aunque escuchó los disparos, sobre el cielo de Caracas se acaba de librar unas feroz batalla aérea entre lo aviones franceses Mirage y los norteamericanos F-16. El episodio decisivo se produjo la tarde del día martes 13, cuando la Comisión de Defensa de Diputados se apersonó en la Comandancia de la Fuerza Aérea para interrogar al alto manda Aéreo en torno a las objeciones que Marcel Granier y el general Edgar Gavidia habían planteado la noche del domingo 11 en un programa de Radio Caracas Televisión. La batalla se decidió a favor de los Mirage, una vez que la objeción fundamental de Granier y Gavidia fue desmontada por los generales del aire. Pero lo que está en disputa es un contrato que va de los 13.000 a los 29.000 millones de bolívares (entre 3.000 y 6.750 millones de dólares), según las distintas versiones. Y los dueños de Radio Caracas Televisión parecen dispuestos a vender cara su derrota, ya que aparentemente no podrán quedarse con el contrato”.
El propio Poleo denunció reiteradamente que Granier dirigió personalmente una campaña contra Venezolana de Televisión (el canal del Estado venezolano), para que “se lo entregaran en comodato” o “comprarlo barato”.
Además de RCTV y RCR, 1BC es propietaria de Caracas 92.9 FM, RCTV Producciones (empresa que produce telenovelas con sede en Miami), RCTV Internacional Corporation (distribuidora de contenidos, también con sede en Miami), Recordland (productora discográfica), además de la aerolínea Aerotuy (nuevamente aviones, qué casualidad).
El grupo 1BC fue también propietario del El Diario de Caracas, que dirigió Granier de forma de utilizarlo como un mecanismo de presión en el sistema político y financiero del país y que aún hoy está en deuda con los periodistas que despidió cuando se produjeron sus múltiples quiebras (cerró sus puertas en 1995, para luego reabrir y cerrar nuevamente en 1998, para reabrir y volver a cerrar en 2000, para hacer nuevamente el mismo juego y volver a cerrar en 2003 y por fin volver a abrir y cerrar en 2009).


¿Por qué no se le renovó la concesión a RCTV?
Además de que efectivamente la concesión que detentaba RCTV venció en mayo de 2007 y era y es potestad del Gobierno venezolano adjudicar dichas concesiones a esa u otras empresas, el canal dirigido por Granier fue sancionado infinidad de veces por diversas violaciones a las normas que regulan el funcionamiento de los medios de comunicación en Venezuela.
Muchas de estas sanciones acompañadas por cierres temporales anteriormente a la Revolución Bolivariana. Por publicitar el consumo de cigarrillos violando la prohibición legislativa correspondiente, por publicitar alcoholes de forma irregular, por exhibición de contenidos para adultos en horarios protegidos, por violar las normas de publicidad de juegos de azar, entre otras.
Durante el gobierno del comandante Chávez, jamás se le aplicaron sanciones que implicaran cierre.
En los meses comprendidos entre diciembre de 2001 y abril de 2002, RCTV cumplió un destacado papel en la preparación y ejecución del golpe de Estado orquestado por los grandes empresarios, la derecha más radical y el imperialismo norteamericano en contra del comandante Chávez.
Ese papel fue ampliamente reconocido por los propios actores de la oposición (entre ellos Leopoldo López, hoy detenido) y la presencia de Marcel Granier en el acto de juramentación del dictador Pedro Carmona Estanga exhime de mayores comentarios.
El Observatorio Global de Medios, capítulo Venezuela, en su informe de noviembre de 2002 que analizó el golpe de Estado, señaló que RCTV incurrió en “tergiversación de los hechos, ocultamiento de datos y referencias, manipulación de las declaraciones, desbalance en la escogencia de las fuentes y una permanente tendencia a presentar el desarrollo de los acontecimientos desde una perspectiva tendenciosamente apocalíptica”.
Durante el lockout patronal y paro de la plana mayor de la industria petrolera acontecidos entre diciemre de 2002 y enero de 2003, RCTV también fue un actor destacado de la pretensión de hacer caer al Gobierno.
El Consejo para Asuntos Hemisféricos (COHA, con sede en Washington), en abril de 2003, calificó de esta manera el accionar de RCTV y otros medios de comunicación venezolanos: “...actuaron la mayor parte del tiempo de modo antiprofesional y con reducida responsabilidad, viéndose a sí mismos más como adversarios de Chávez que como operadores neutrales y responsables (…) Es indudable que los medios venezolanos no se han comportado de un modo muy democrático”.
Algunas de las consignas que durante el paro petrolero emitía de forma continua RCTV eran: “Tranca tu calle”, “Toma tu calle”, “La gran batalla”, “Quien sólo ha sembrado odio nunca podrá traer la paz”, “Hay un solo responsable” (en alusión expresa al comandante Chávez), “Historia de un fracasado” (también refiriéndose al Presidente venezolano), entre otras. Fueron días y días de abrumadora propaganda de guerra en contra del Gobierno legítimamente electo.
El veterano periodista José Vicente Rangel denunció que “el presidente del grupo 1BC, conglomerado al que pertenece RCTV, Marcel Granier, diseñó dicha campaña con la asesoría de la empresa estadounidense McKinsey, la cual recibió un millón de dólares por tres meses de trabajo para crear la estrategia”.
¿Que por qué Marcel hizo y hace todo esto? Porque es un eximio representante de esa burguesía parasitaria de la renta petrolera, que no produce nada, que busca apropiarse de los recursos del Estado, que no tiene reparos en atentar contra la democracia y contra el pueblo en su conjunto por un puñado (o muchos puñados) de dólares.
Sin embargo, la finalización de la concesión de RCTV va mucho más allá del uso delictual que hicieron Granier y sus socios de una señal propiedad de todo el pueblo venezolano, en contra de ese mismo pueblo y de sus representantes legítimamente electos.
El canal 2, ahora denominado Televisora Venezolana Social (TVES), es parte del esfuerzo por democratizar el espectro radioeléctrico para que los medios de comunicación dejen de estar al servicio de grupos de poder político y económico y se conviertan en expresión de la cultura del pueblo venezolano y de sus más diversas expresiones.

martes, 13 de octubre de 2015

¿Cómo viene la mano para el 6 de diciembre?


Esta pregunta nos la hacen todos los días infinidad de uruguayas y uruguayos que se muestran legítimamente preocupados por el proceso de la Revolución Bolivariana en Venezuela. Desde quienes manifiestan la preocupación por el mantenimiento del legado del comandante Hugo Chávez, hasta quienes repiten la cantinela de CNN en español, devenido en una reedición de TV Martí.

¿Pero qué es lo que se vota el 6-D?, ¿qué es lo que está en juego?, ¿de qué manera se garantizan los resultados?, ¿qué va a suceder el 7-D? Veamos si es posible responder estas y algunas otras preguntas.


¿Cuántos diputados se eligen?

La Asamblea Nacional (parlamento unicameral venezolano) está integrada actualmente por 165 diputadas y diputados, que se renovarán completamente el próximo domingo 6 de diciembre. El número de legisladores que se elegirán en estas elecciones será de 167. Las y los nuevos legisladores asumirán el 5 de enero de 2016.

A cada uno de los 24 estados del país le corresponden tres diputados (independientemente de su población) más la resultante de dividir la población nacional (según las estimaciones del INE la proyección de la población venezolana es de 30.825.782) entre 1,1%, lo cual arroja una base de un circuito cada aproximadamente 339.083 electores.

En función de cuantas veces “quepa” esta base poblacional en el estado se define el número de total cargos por esa entidad territorial, por lo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proyectó ese total de 167 cargos a elegir en las parlamentarias de este año, discriminados en 164 diputados y diputadas por los estados y tres por la representación indígena.

Además, de entre los diputados que le corresponde a cada estado, el 30% se elegirán por listas estadales (identificadas con partidos políticos y organizaciones con fines electorales) y el 70% restante se elige nominalmente (por nombre y apellido) en cada circuito que lo componen.

Recapitulemos. Serán electos 167 diputados, de los cuales tres representantes indígenas (uno por cada una de las tres circunscripciones especiales indígenas), 51 por listas estadales de partidos y 113 candidatos circuitales por nombre y apellido.

Si bien la mayoría de los circuitos eligen a un diputado o diputada, otros (para no interrumpir la continuidad de los espacios poblacionales y garantizar la representación proporcional a la población) eligen dos o tres diputados.

De esta suerte, en Venezuela el próximo 6 de diciembre no se realizará una eleción, sino que se realizarán 24 elecciones estadales, tres elecciones indígenas y 87 elecciones nominales (este último es el número de circuitos en el que se dividió el país). Son 114 procesos electorales que se realizan simultáneamente.


El sistema electoral venezolano

De acuerdo al artículo 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 3 y 8 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, para la elección de diputados a la Asamblea Nacional se aplica un “sistema electoral paralelo”, de personalización del sufragio para los cargos nominales y de representación proporcional para los cargos por lista.

El sistema paralelo pertenece a la familia de los “sistemas electorales mixtos”, en el cual los votos expresados por los electores se utilizan para elegir representantes a través de dos sistemas diferentes, pero no se tienen en cuenta los escaños asignados con un sistema al calcular los resultados en el otro; por lo tanto, la elección nominal no incide en la elección proporcional mediante lista.

Los “diputados lista”, que representan un total de 51 escaños, se asignan en cada una de los estados en una cuota que varía entre dos y tres escaños (según la población), y dependiendo del resultado de la elección se asignan de manera proporcional entre las listas.

Con respecto a la aplicación del sistema mayoritario, los diputados que son electos por este sistema corresponden a un total de 113 escaños, elegidos en 87 circunscripciones, en las cuales los diputados son electos por mayoría relativa de votos (en la mayoría de las circunscripciones un diputado, pero en algunas dos y hasta tres).

La elección de los tres diputados por la representación indígena se realiza en circunscripciones especiales uninominales por región, aplicando un sistema de mayoría relativa de votos.

Por esto mismo, cuando usted pregunte qué dicen las encuestas, verá que los datos disponibles son para el circuito tal o el estado cual, difícilmente alguien se aventura con proyecciones nacionales.

Por las características de la arquitectura del sistema, que por cierto precede a la aprobación de la Constitución Bolivariana en 1999 y a la nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales, votada por la Asamblea Nacional en 2009, influye fuertemente el candidato o candidata que haya sido postulado por cada circunscripción electoral más que la organización política que lo postula.


Cómo se eligieron las candidaturas

La coalición de partidos de derecha agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), definió que elegiría a sus candidatos por acuerdo político entre sus distintos factores, sin embargo no logró ese acuerdo para 40 candidaturas en 33 circunscripciones de 12 estados, por lo que anunció la realización de elecciones primarias para el 17 de mayo de este año, con apoyo técnico y logístico del Consejo Nacional Electoral.

Para estos 40 cargos se presentaron 105 precandidatos de todos los partidos de la MUD y la votación total que tuvieron estas primarias fue de 638.374 electoras y electores.

En cambio, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) realizó un proceso inverso. Cada una de las unidades de base del partido (Unidades de Batalla Bolívar Chávez, UBCh) postuló a cuatro precandidatos, teniendo en cuenta que estos debían ser un hombre menor de 30 años, una mujer menor de 30 años, un hombre mayor de 30 años y una mujer mayor de 30 años, de forma de mantener paridad de género y generacional.

Los 12 precandidatos con más postulaciones en cada una de las categorías en cada uno de los estados (o sea, 48 precandidatos en cada estado, 1.162 a nivel nacional) fueron a elecciones primarias abiertas que se realizaron el pasado 28 de junio y de las que participaron 3:162.400 electoras y electores.

Esta cifra de participación y respaldo en unas elecciones internas no obligatorias y que simplemente seleccionaban candidatas y candidatos por circuito de entre los militantes postulados por las bases, sorprendió incluso a la dirigencia del PSUV que no esperaba una cantidad de votos tan abrumadora.

La elección de las bases del PSUV se complementa con los acuerdos logrados por ese partido con el resto de las organizaciones que integran el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) y que han permitido que todos los grupos que acompañan al proceso revolucionario vayan por primera vez unidos monolíticamente a este proceso electoral.

Las candidaturas designadas de esta manera permitieron garantizar una importante renovación de la bancada chavista en la Asamblea Nacional, que además respetará la paridad de género y permitirá una importante participación de jóvenes de los barrios a lo largo y ancho de Venezuela.


Y ahora, ¿qué sigue?

En las próximas ediciones seguiremos analizando la mecánica del proceso electoral; sin embargo, lo que quieren saber quienes leen esta columna es si la población venezolana seguirá respaldando a la Revolución Bolivariana.

A pesar de la guerra económica de la que ya hemos hablado muchas veces, a pesar del “bachaqueo” de productos de primera necesidad, a pesar de los diversos intentos de desestabilización por parte de la derecha fascista y sus aliados imperialistas internacionales, a pesar de la campaña de satanización de la prensa internacional, a pesar de la caída de los precios del petróleo, el pueblo venezolano ha sabido mantenerse con alegría y disciplina al lado del proceso revolucionario.

Las medidas adoptadas en la frontera con Colombia para impedir el desangramiento de nuestro país, los controles para evitar la especulación y el acaparamiento, así como la adquisición de productos básicos fuera de fronteras para paliar los ataques especulativos contra la población que se realizaron para evitar que se reedite en Venezuela el modelo de golpe aplicado al gobierno de Salvador Allende en Chile, han logrado un fuerte respaldo por parte de la población, con niveles que las diversas encuestas señalan desde un 60 hasta un 80% de respaldo.

Lo que también dicen todas las encuestas es que el pueblo venezolano aspira a que el Gobierno sea capaz de controlar la situación económica más que cambiar de grupo en el poder.

La consciencia que el comandante Chávez sembró en el pueblo venezolano seguramente contribuirá a que -aún con la molestia ocasionada a grandes sectores por la especulación, el desabastecimiento y la inflación inducida- el próximo 6 de diciembre se vea respaldado el proyecto de construcción de una sociedad más justa, solidaria y democrática encarnada en el Plan de la Patria que nos legó el Comandante de todas las batallas.
















¿Cómo viene la mano para el 6 de diciembre?

domingo, 11 de octubre de 2015

Los archivos secretos de EU sobre Pinochet y Letelier - Aristegui Noticias

Los archivos secretos de EU sobre Pinochet y Letelier

Cientos de registros implicaban a Pinochet personalmente en el asesinato de Letelier y Moffitt, pero en vez de darlos a conocer junto a los miles de otros registros, esos documentos fueron retenidos como potencial evidencia para la investigación de las autoridades de EU, escribe Peter Kornbluh en CIPER.
Pinochet y el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt
(Foto: Ciperchile.cl)


La Fundación Centro de Investigación Periodística (CIPER) de Chile, presidida por Mónica González Mujica, publicó en su blog el siguiente texto sobre los archivos secretos del caso Letelier, desclasificados por Estados Unidos:
LOS ARCHIVOS SECRETOS DE ESTADOS UNIDOS
El veredicto final de la historia sobre el rol de Pinochet en el Caso Letelier-Moffitt
Por Peter Kornbluh, en Actualidad y Entrevistas
Nuevos antecedentes sobre el rol de Pinochet en el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt y su participación en el encubrimiento, salieron a la luz luego de que Estados Unidos desclasificara 282 documentos sobre ese atentado terrorista ejecutado por la DINA en 1976 en Washington. Uno de los hombres clave en la desclasificación de documentos sobre Chile, Peter Kornbluh, explica que estos informes permanecieron secretos hasta ahora, porque el gobierno de Clinton iba a utilizarlos para extraditar a Pinochet el año 2000, pero la elección de George W. Bush abortó el plan.
Cuando el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, se reunió con la Presidenta Michelle Bachelet este lunes 5 de octubre, realizó una importante actuación de lo que se podría llamar la  “diplomacia de la desclasificación”. Le entregó un pendrive que contiene 282 documentos y 1.000 páginas de seguridad nacional que en su momento fueron calificados de “TOP SECRET”, relacionados con el rol de Augusto Pinochet en un acto de terrorismo en la capital de Estados Unidos: el asesinato de Orlando Letelier y su colega Ronni Karpen Moffitt, a través de una bomba instalada en el auto del ex canciller de Salvador Allende (ver todos los documentos desclasificados).

En un extraordinario acto de colaboración, tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile como el Departamento de Estado de EE.UU., publicarán los documentos en sus sitios web hoy, para que todos los ciudadanos estadounidenses y chilenos, en realidad toda la comunidad internacional, los lean y evalúen.

Estos registros están entre los más sensibles y secretos en manos de la CIA, el FBI y los departamentos de Defensa y Estado estadounidenses, porque entregan luces sobre el peor acto de terrorismo internacional que tuvo lugar antes del 11/9 en Washington D.C.

De hecho, en un reporte al Presidente Ronald Reagan titulado “Pinochet y el asesinato Letelier-Moffitt: Implicancias para las políticas de EE.UU.”, su propio secretario de Estado George Shultz se pregunta si Pinochet debe ser juzgado en Estados Unidos. La CIA tiene “evidencia convicente”, reporta Shultz al presidente Reagan, de que Pinochet “ordenó personalmente” al jefe de su policía secreta, Manuel Contreras, asesinar a Orlando Letelieren Washington D.C. Shultz califica el rol de Pinochet como “un ejemplo descarado del involucramiento directo de un jefe de estado en un acto de terrorismo de estado, uno que es particularmente perturbador tanto porque ocurrió en nuestra capital como porque su gobierno es generalmente considerado amistoso”

Si estos documentos hubieran sido desclasificados en el momento en que fueron escritos, podrían haber terminado en una condena contra el propio dictador. Otro de esos documentos, por ejemplo, se refiere a un informante de la CIA que sostiene que Manuel Contreras había dicho que Pinochet ordenó personalmente el complot para asesinar a Letelier.

Pinochet se las arregló para escapar de la rendición de cuentas ante la justicia por su responsabilidad como terrorista internacional. Pero casi 40 años después de ese crimen atroz, la evidencia sigue siendo vital para el veredicto de la historia sobre su rol.

La génesis de esta colección única de documentos se sitúa en la época en que el general Pinochet estaba detenido en Londres (fue detenido el 16 de octubre de 1998), cuando personas clave en Washington, incluyendo el instituto de estudios políticos donde trabajaron Letelier y Moffitt, y mi organización –el National Security Archive–, presionaron a la administración Clinton para reabrir una investigación formal sobre el rol de Pinochet en la bomba con que se asesinó a Orlando Letelier y Ronni Karpen Moffitt, así como sobre sus esfuerzos en esconder la responsabilidad de su régimen. Nuestro argumento ante la Casa Blanca fue que Estados Unidos tenía razones más poderosas que España para perseguir legalmente a Pinochet, y que debía ser extraditado a Washington para enfrentar un juicio por los asesinatos de Letelier y Moffitt.

La entonces fiscal general de EE.UU., Janet Reno, incluso aprobó una investigación del FBI y el Departamento de Justicia. De hecho, en abril/mayo del año 2000 un equipo de investigadores del gobierno de Estados Unidos estuvo en Santiago trabajando con la Policía de Investigaciones en este caso. Eventualmente concluyeron, en un informe que aún es secreto, que Pinochet debía ser procesado. Pero en ese momento, el periodo de Clinton se acercaba a su fin y George W. Bush había sido electo. La administración Bush rechazó perseguir legalmente a Pinochet, incluso después de que el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 convirtiera al terrorismo en la prioridad número uno del presidente.

kerry-1

La investigación sobre el rol de Pinochet tuvo una consecuencia imprevista: generó que importantes documentos fueran retenidos en el marco de un proyecto especial de desclasificación sobre Chile de la administración Clinton. Ese proyecto terminó con la centralización, revisión y desclasificación de 23.000 documentos de la CIA, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, la Casa Blanca y el FBI. Entre esos documentos había cientos de registros que implicaban a Pinochet personalmente en el asesinato de Letelier y Moffitt. Pero en vez de darlos a conocer junto a los miles de otros registros, esos documentos fueron retenidos como potencial evidencia para la investigación.

Un informe interno sobre la desclasificación obtenido por mi oficina en el National Security Archive, sostiene: “Unos 250 documentos relacionados con el caso Letelier/Moffitt serán retenidos para una nueva revisión por parte de los fiscales del DOJ (Departamento de Justicia) como parte de un renovado esfuerzo para investigar el caso”.

En aras de la verdad y la justicia, esos 250 documentos que ligan a Pinochet con un acto de terrorismo internacional en Washington D.C., estaban entre los más importantes de los archivos secretos de Estados Unidos. Luego de que Pinochet murió, mi organización, el National Security Archive, intentó sin éxito obtener la desclasificación de esos registros.

Tuvieron que alinearse todas las estrellas para hacer posible esta desclasificación. Con la reelección de Michelle Bachelet, Chile tuvo diplomáticos clave, entre ellos, el cancillerHeraldo Muñoz y el embajador en Estados Unidos Juan Gabriel Valdés (quien trabajaba junto a Orlando Letelier en Washington D.C. al momento de su asesinato), quienes tenían un compromiso personal con el avance de la justicia en esta atrocidad.

Al interior de la administración de Obama en Estados Unidos, había funcionarios que entendieron el valor de la “diplomacia de la desclasificación” para las familias de las víctimas, para el uso adecuado de la documentación de EE.UU. para avanzar en la causa de los derechos humanos y por el simple bien de la historia. Demostraron ser muy receptivos a una iniciativa formal que tuvo lugar este año (con el apoyo estratégico del National Security Archive) para obtener esta documentación.

El viaje del secretario de Estado Kerry a Santiago esta semana fue la oportunidad de entregar al gobierno chileno los documentos que han sido recuperados hasta ahora y hacerlos públicos.

Más documentos relacionados con Augusto Pinochet van a ponerse a disposición de Chile en el futuro cercano. Además, este positivo y exitoso esfuerzo de “diplomacia de la desclasificación” también crea un útil e importante precedente para la futura liberación de documentos estadounidenses que aún son secretos y están relacionados con casos judiciales que todavía no son resueltos: entre ellos, el caso de la desaparición del ciudadano estadounidense Boris Weisfeiler en las cercanías de la Colonia Dignidad, la muerte del ex presidente Eduardo Frei, así como también los orígenes y actividades de la Operación Cóndor, cuyas redes facilitaron el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt.

Pinochet no enfrentará a la justicia ni por esta atrocidad ni por las miles de otras que cometió durante su régimen. Pero esta desclasificación especial sobre el caso Letelier-Moffitt demuestra dramáticamente lo importante que pueden ser los documentos del gobierno de Estados Unidos en la corte de la historia.

 EL DESCLASIFICADO QUE ACUSA A PINOCHET
(Ver documento original en inglés)

SECRETO
DEPARTAMENTO DE ESTADO

DE SECSTATE WASHCD

Enero 87

PARA: AMCONSUL RIO DE JANEIRO

ASUNTO: CASO LETELIER

1.- SECRETO.  El texto completo.

2.- Anoche recibí  [tarjado en el original] ocho reportes fechados entre abril y agosto del ‘78  referidos a la investigación de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) y la subsecuente participación de la CNI en el encubrimiento dirigido por el general Pinochet.

3.- Estos reportes coinciden con mis recuerdos. Aunque ya tienen nueve años de antigüedad, sin embargo, tienen como fuentes a informantes extremadamente sensibles. Por ello, he resumido brevemente sus contenidos, en vez de repetir todo su contenido.  Si cree que necesita uno o más de ellos para el interrogatorio de Fernández avíseme [el oficial de Ejército Armando Fernández Larios, miembro del cuerpo operativo de la DINA, había huido en esos mismos días en que se escribe este informe, enero de 1987, a Río de Janeiro y de allí fue llevado a Estados Unidos, donde confesó su participación en el asesinato de Letelier y se acogió a un convenio que impide su extradición a Chile a cambio de entregar evidencia sobre ese crimen].

A.- 27 de abril [1978] – Reporta la detención de Contreras [Manuel Contreras], Valdivieso [oficial Vianel Valdivieso, mando de la DINA], Burgos [oficial Alejandro Burgos de Beer, asistente personal de Contreras en la DINA], Espinoza [Pedro Espinoza, director de Operaciones de la DINA] y Fernández [Armando Fernández Larios]. No hay detalles de interrogatorios. Más interesante, se reporta que Pinochet ha dicho en una reunión con oficiales del Ejército de rango de capitán y superiores que planeaba detener a algunos oficiales que antiguamente estaban conectados con la DINA como parte de la investigación por la emisión de pasaportes falsos e irregularidades financieras. Dijo que cualquier persona que pudiera ser culpable sería juzgado en Chile y no en Estados Unidos.

B.- 26 de abril –Contreras dijo a un confidente que autorizó el asesinato de Letelier bajo órdenes de Pinochet. Orozco [general Héctor Orozco, jefe del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) en la época, realiza investigación interna sobre asesinato de Letelier] fue a EE.UU. a mediados de abril del 78; subsecuentemente detuvo a los oficiales de la DINA mencionados más arriba [Punto A]. Fernández, quien había negado cualquier conexión con Townley [Michael Townley, agente de la DINA, fue extraditado a EE.UU. en abril de 1978 y cumplió condena allá por asesinato de Letelier y Moffitt], admitió que le había llevado US$ 5.000 a Townley por orden de Espinoza. Fernández dijo que no sabía para qué era el dinero y que no sabía nada de las actividades de Townley. Espinoza reconoció que había enviado a Fernández con los US$5.000 para que se los entregara a Townley. El dinero sería utilizado por Townley para asesinar a Letelier bajo las órdenes de Contreras… Contreras admitió que ordenó el asesinato, pero aseguró que lo hizo bajo órdenes directas de Pinochet. Contreras indicó que estaba preparado para dar el testimonio falso de que había enviado a Townley a investigar a Letelier y que lo que pasó tuvo que haber sido por su iniciativa.

C.- 11 de mayo [1978]– Orozco confrontó a Contreras el 24 de abril sobre las declaraciones de Espinoza y Fernández (y el coronel Pantoja [coronel Jerónimo Pantoja, subdirector de la CNI]), diciéndole a Contreras que estuviera listo para que se persiguieran los actos ilegales cometidos por la DINA. Contreras dijo a Orozco que todas las operaciones en el extranjero habían sido aprobadas por Pinochet y que había dejado documentos sellados en distintos lugares ante la eventualidad de que él, Contreras, muriera. Orozco informó a Pinochet quien ordenó la liberación de los ex oficiales de la DINA.

D.- 8 de mayo [1978] – Diferentes fuentes dicen la misma sustancia que lo anterior, excepto que Orozco dijo que continuarían cooperando con EE.UU. pero indicó que no había evidencia legal contra Pinochet, sólo la palabra de Contreras.

E.-23 de julio [1978] – La evaluación de [tarjado en el original] de la estrategia de cerrojo de Pinochet. Cuenta la información de más arriba, hace notar las presiones sobre la Corte Suprema para asegurar que las solicitudes de extradición sean rechazadas y una campaña de propaganda local. Cuando el gobierno chileno cedió al chantaje de Contreras, Pinochet presionó a los ministros de la Corte Suprema. El resto consiste en análisis político de la situación doméstica de Pinochet.

F.- 19 de julio [1978] – El ministro de la Corte Suprema Bórquez [Israel Bórquez] cree que probablemente hay suficiente evidencia para la extradición de Fernández, expresa preocupación por la división de la corte y hace notar la presión militar contra la extradición de Contreras pero sugiere que los militares están buscando tirar a Fernández a los lobos.

G.- 15 de agosto [1978] – El general Carrasco (jefe de gabinete del Ejército) dice que no sabe mucho sobre Liliana Walker (bienvenido al club). Contreras está molesto con su detención. Pinochet divulga la historia falsa de Codelco [se inventó un falso desfalco en la oficina de Codelco en EE.UU. como motivo del viaje de Fernández Larios a ese país] en una reunión de generales y almirantes.

H.- 7 de agoto [1978] – Posturas irrelevantes y nimiedades legales sobre la extradición. SHULTZ.
Este artículo fue actualizado el 9/10/2015..



Los archivos secretos de EU sobre Pinochet y Letelier - Aristegui Noticias

sábado, 10 de octubre de 2015

Los archivos WikiLeaks sobre América Latina

ARTÍCULOS DE OPINIÓN
Los archivos WikiLeaks
sobre América Latina





Cómo Estados Unidos trató de aplastar la mayor insurrección anti-neoliberal
del mundo
A principios del verano, el mundo vio a Grecia llevar a cabo una lucha
heroica contra un desastroso dictado neoliberal. Luego vio al pueblo griego
recibir un vapuleo público y doloroso,  aplicado con sádico celo por las
autoridades financieras de la eurozona.



Cuando el gobierno de izquierda griego decidió realizar un referéndum sobre el
programa de austeridad impuesto por la eurozona y el FMI, el Banco Central
Europeo tomó represalias restringiendo la liquidez de los bancos griegos. Esto
desencadenó un cierre prolongado de bancos y sumergió a Grecia aún más en la
recesión. Aunque los votantes griegos acabaron rechazando masivamente la
austeridad, Alemania y el cártel de acreedores europeos lograron subvertir la
democracia y conseguir exactamente lo que querían, por ahora: la sumisión
completa a su agenda neoliberal.



En la última década y media, una lucha similar contra el neoliberalismo ha
tenido lugar a lo largo y ancho de un continente entero y en su mayor parte
fuera de la mirada pública. Aunque Washington buscó, en un inicio, anular todo
disentimiento, a veces empleando tácticas más brutales que las usadas contra
Grecia, en América Latina el movimiento de resistencia a la agenda neoliberal
ha sido en gran parte exitoso. Es una historia épica que está saliendo a la luz
progresivamente gracias a la exploración continua del enorme tesoro de los
cables diplomáticos de Estados Unidos revelados por WikiLeaks.



El neoliberalismo se implantó firmemente en América Latina mucho antes de que
Alemania y las autoridades de la eurozona empezaran a forzar el ajuste
estructural de Grecia y otros países periféricos endeudados. A través de la
coerción (por ejemplo, condiciones vinculadas con los préstamos del FMI) y del
adoctrinamiento (por ejemplo, el respaldo de Estados Unidos a la formación de
los “Chicago Boys” de la región), los Estados Unidos lograron difundir el
evangelio de la austeridad fiscal, la desregulación, el llamado “libre comercio”,
la privatización y la reducción draconiana del sector público por toda América
Latina a mediados de los años ochenta. El resultado fue sorprendentemente
similar al que hemos visto en Grecia: estancamiento del crecimiento (sin apenas
incremento de la renta per cápita entre 1980 y 2000), una pobreza en aumento,
la caída del nivel de vida de millones de personas y carta blanca para que
empresas e inversores internacionales hagan dinero fácil.



A partir de los años ochenta, la región empezó a rebelarse y a levantarse
contra las políticas neoliberales. Primero, la rebelión fue sobre todo
espontánea y desorganizada –como en el caso del “Caracazo” en Venezuela, a
principios de 1989–. Pero, más tarde, candidatos políticos anti-neoliberales
empezaron a ganar elecciones y –para consternación del establishment de la
política de exteriores estadounidense– un número creciente de ellos se mantuvo
fiel a sus promesas electorales y empezó a implementar medidas contra la
pobreza y políticas heterodoxas que reafirmaron el papel del Estado en la
economía. Entre 1998 y 2008, candidatos de izquierda –opuestos, en grados
diversos, al neoliberalismo y a la hegemonía de los Estados Unidos– ganaron
elecciones presidenciales en Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Honduras,
Ecuador, Nicaragua y Paraguay.



Buena parte de la historia de los esfuerzos de los gobiernos estadounidenses
para contener y hacer retroceder esta corriente anti-neoliberal puede
encontrarse en las decenas de miles de cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks desde
las misiones diplomáticas de Estados Unidos en la región, entre principios de
los años 2000 y 2010. Los cables – que analizamos en el nuevo libro de Verso
Books, "The WikiLeaks
Files: The World According to U.S. Empire
" – revelan la
habitual mecánica de intervención política de Estados Unidos en América Latina
(y convierten en farsa el mantra del Departamento de Estado según el cual “los
Estados Unidos no interfieren en la política interna de otros países”). Se
brinda apoyo material y estratégico a los grupos de la oposición de derecha,
algunos de los cuales son violentos y anti-democráticos. Los cables también
dibujan una imagen viva de la mentalidad ideológica de Guerra Fría de los altos
emisarios de los Estados Unidos y muestran cómo éstos tratan de usar medidas
coercitivas que recuerdan a la reciente llave estranguladora aplicada a la
democracia griega.



Como era de esperar, a los principales medios de comunicación se les ha
escapado o han ignorado esta crónica inquietante de la agresión imperial,
prefiriendo centrarse, en cambio, en la visión de los diplomáticos
estadounidenses sobre las acciones potencialmente embarazosas o ilícitas de
funcionarios extranjeros. Los pocos expertos que han ofrecido un análisis más
amplio de los cables argumentan que, en general, no hay una distancia
significativa entre la retórica oficial de los Estados Unidos y la realidad
descrita en los cables. En palabras de un
analista de relaciones internacionales estadounidense, “uno no se hace una
imagen de los Estados Unidos como ese poderoso titiritero que trata de manejar
los hilos de varios gobiernos en todo el mundo para servir a sus intereses”.



¿Uno no se hace esta imagen? El lector podrá hacer su propio juicio.



 “Esto no es un chantaje…”



A finales de 2005, Evo Morales obtuvo una arrolladora victoria en las
elecciones presidenciales con un programa de reforma constitucional, de
derechos indígenas y con la promesa  de combatir la pobreza y el
neoliberalismo. El 3 de enero, dos días después de su toma de posesión, Morales
recibió una visita del embajador David L. Greenlee. El embajador fue
directamente al grano: la asistencia multilateral a Bolivia supervisada por
Estados Unidos dependería del buen comportamiento del gobierno de Morales.
Podría haber sido una escena de El padrino:
El embajador] mostró
la crucial importancia de las contribuciones de Estados Unidos a las
financieras [sic] internacionales clave de las que dependía Bolivia, como el
Banco Internacional de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional. “Cuando piense en el BID, debe pensar en los Estados Unidos”,
dijo el embajador. “Esto no es un chantaje, es la simple realidad”. (…) “Espero
que usted, como próximo presidente de Bolivia, comprenda la importancia de
esto”, dijo, “porque una separación de los caminos no sería buena para la
región, ni para Bolivia, ni para Estados Unidos”. [06LAPAZ6]
Sin embargo, Morales se mantuvo fiel a su agenda. En días siguientes,
siguió adelante con los planes para re-regular los mercados de trabajo,
re-nacionalizar la industria de los hidrocarburos y profundizar la cooperación
con el archienemigo de Estados Unidos, Hugo Chávez. En respuesta, Greenlee
sugirió un “menú de opciones” para tratar de forzar a Morales a inclinarse ante
los deseos de su gobierno. Éstas incluían: el veto de préstamos multilaterales
multimillonarios, la posposición de las medidas programadas de alivio de la
deuda, la oposición a la financiación por parte de la Corporación Reto del
Milenio (Millennium Challenge Corporation; que Bolivia no ha recibido aún, a
pesar de ser uno de los países más pobres del hemisferio) y el final del “apoyo
material” a las fuerzas de seguridad bolivianas [06LAPAZ93].



Desgraciadamente para el Departamento de Estado estadounidense, pronto se vio
cómo estas amenazas iban a ser debidamente ignoradas. Morales ya había decidido
reducir drásticamente la dependencia de Bolivia con las líneas de crédito
multilaterales que requerían el examen del Tesoro estadounidense. Pocas semanas
después de su investidura, Morales anunció que Bolivia dejaría de estar comprometido
con el FMI y dejó que el acuerdo de préstamo con el Fondo expirase. Años
después, Morales sugirió a
Grecia y a otros países europeos endeudados que siguieran el ejemplo de Bolivia
y que “se liberen económicamente del dictado del Fondo Monetario
Internacional”.



Incapaz de forzar a Morales a cumplir sus órdenes, el Departamento de Estado
pasó a centrarse en reforzar a la oposición boliviana. La región Media Luna,
controlada por la oposición, empezó a recibir un creciente apoyo
estadounidense. Un cable de abril de 2007 señala el “más amplio esfuerzo del
USAID [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional] para
reforzar a los gobiernos regionales como contrapeso del gobierno central” [07LAPAZ1167].
Un informe del USAID de 2007 señalaba que su Oficina de Iniciativas de
Transición (Office of Transition Initiatives, OTI) “ha[bía] aprobado 101 subvenciones
por valor de 4.066.131 dólares para ayudar a los gobiernos departamentales a
operar más estratégicamente”. La financiación también llegó a grupos indígenas
locales que “se oponían a la visión de las comunidades indígenas de Evo
Morales”. [08LAPAZ717]



Un año después, los departamentos de la Media Luna entraron en rebelión abierta
contra el gobierno de Morales, primero realizando referendos sobre la
autonomía, pese a haber sido declarados ilegales por el poder judicial;
después, apoyando protestas violentas pro-autonomía que acabaron con la vida de
20 partidarios del gobierno. Muchos creyeron que se estaba desplegando una
tentativa de golpe de Estado. La situación sólo se calmó bajo la presión de
otros presidentes de Sudamérica, que emitieron una declaración conjunta de
apoyo al gobierno constitucional del país.



Pero mientras Sudamérica se aliaba en apoyo a Evo, EEUU mantenía una
comunicación regular con los líderes del movimiento violento, separatista y
racista de oposición, incluso cuando éste hablaba abiertamente de “volar por
los aires los conductos de gas” y de la “violencia como posibilidad para forzar
al gobierno a… tomárselo en serio y dialogar”. [08LAPAZ1931]



En contra de su postura oficial durante los acontecimientos de agosto y
septiembre de 2008, el Departamento de Estado de EEUU se planteó seriamente la
posibilidad tanto de un golpe de Estado como del asesinato del presidente Evo
Morales. Un cable revela los planes de la embajada de EEUU en La Paz para
preparar este acontecimiento: “[El Comité de Acciones de Emergencia (Emergency
Action Committee)] desarrollará, con [el Equipo de Evaluación Situacional Comando
Sur (Southern Command Situational Assessment Team)], un plan de respuesta
inmediata en caso de emergencia inesperada, por ejemplo un intento de golpe de
Estado o la muerte del presidente Morales”, señalaba el cable. [08LAPAZ2083_a]



Los acontecimientos de 2008 fueron el mayor reto para la presidencia de Morales
hasta entonces y cuando más cerca estuvo de ser derrocada. Los preparativos de
la embajada de EEUU para una posible salida de Morales de la presidencia
revelan que los EEUU, como mínimo, creían que la amenaza sobre Morales era muy
real. El hecho de que no lo manifestara públicamente señala de qué parte estaba
EEUU durante el conflicto y qué resultado probablemente prefería.



“Fomento de la democracia”



Algunos de los métodos de intervención empleados en Bolivia se reprodujeron en
otros países con gobiernos o movimientos fuertes de izquierda. Por ejemplo,
tras el retorno de los sandinistas de izquierda al poder en Nicaragua en 2007,
la embajada de EEUU en Managua se puso en marcha para reforzar el apoyo al
partido de la oposición de derecha Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).



En febrero de 2007, la embajada se reunió con la directora de organización de
la ALN y le explicó que los EEUU “no proporciona asistencia directa a los
partidos políticos”, pero –para eludir esta restricción– le sugirió que la ALN
se coordinara más estrechamente con ONG amigas que pudieran recibir
financiación de EEUU. La líder de la ALN dijo que “remitiría una lista completa
de las ONG que apoyan efectivamente el trabajo de la ALN” y la embajada lo
arregló para que “se reuniera a continuación con los directores del IRI
[International Republican Institute] y con el NDI [National Democratic
Institute for International Affairs]”. El cable también señalaba que la
embajada “promovería la capacitación de los recaudadores de fondos [de la
ALN]”. [07MANAGUA493]



Cables como éstos deberían ser lectura obligada para los estudiantes de la
diplomacia estadounidense y para todos aquellos interesados en comprender cómo
funciona realmente el sistema de “fomento de la democracia” de EEUU. A través
del USAID, el National Endowment for Democracy (NED), el NDI, el IRI y otras
entidades para-gubernamentales, el gobierno de EEUU asiste extensamente a los
movimientos políticos que apoyan sus objetivos políticos y económicos.



En marzo de 2007, el embajador de EEUU en Nicaragua pidió al Departamento de
Estado “aproximadamente 65 millones de dólares, por encima de los niveles de
partida anteriores, durante los próximos cuatro años –hasta las próximas
elecciones presidenciales—” para financiar “el refuerzo de los partidos
políticos”, de las ONG “democráticas” y “pequeñas y flexibles ayudas a corto
plazo a grupos comprometidos con esfuerzos críticos para defender la democracia
de Nicaragua, potenciar nuestros intereses y contrarrestar los de aquellos que
claman contra nosotros”. [07MANAGUA583_a]



En Ecuador, la embajada de EEUU se opuso al economista de izquierda Rafael
Correa mucho antes de su elección como presidente en 2006. Dos meses antes de
aquellas elecciones, el asesor político de la embajada alertó a Washington de
que Correa podría “unirse al grupo de líderes nacionalistas-populistas
sudamericanos, Chávez-Morales-Kirchner” y señaló que la embajada había
“advertido a nuestros contactos políticos, económicos y mediáticos de la
amenaza que Correa representa para el futuro de Ecuador y había desaconsejado
activamente alianzas políticas que pudiesen dar estabilidad al radicalismo
percibido en Correa” [06QUITO2150_a].
Inmediatamente después de la elección de Correa, la embajada mandó un cable al
Departamento de Estado con su plan de acción:
Sabemos que los
esfuerzos del gobierno de EEUU no podrán ellos solos conformar la dirección del
nuevo gobierno o Asamblea Nacional, pero esperamos maximizar nuestra influencia
trabajando en concierto con otros ecuatorianos y grupos que comparten nuestra
visión. Las propuestas de reforma de Correa y su actitud hacia la Asamblea y
los partidos políticos tradicionales, en ausencia de control, podrían alargar
el actual periodo de conflicto e inestabilidad política. [06QUITO2991]
Los peores miedos de la embajada se confirmaron. Correa anunció que
cerraría la base aérea de EEUU en Manta, que incrementaría el gasto social y
que promovería una asamblea constituyente. En abril de 2007, el 80 por ciento
de los votantes ecuatorianos respaldó la propuesta de formar una asamblea
constituyente y, en 2008, el 62 por ciento aprobó una nueva constitución que
consagró un sinfín de principios progresistas, incluyendo la soberanía
alimentaria, el derecho a la vivienda, a la asistencia sanitaria y al empleo, y
el control ejecutivo sobre el banco central (un tema tabú en el manual neoliberal).



A principios de 2009, Correa anunció que Ecuador no pagaría parte de su deuda
externa. La embajada estaba furiosa, por ésta y otras razones, como la decisión
de Correa de alinear a Ecuador más estrechamente con el grupo de países de
izquierda, perteneciente a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA; que fue fundada por Venezuela y Cuba en 2004 como fuerza de
oposición al Área de Libre Comercio de las Américas –ALCA– entonces impulsada
por la administración Bush). Pero el embajador también era consciente de la
escasa influencia que EEUU tenía sobre él:
Estamos transmitiendo
el mensaje en privado de que las acciones de Correa tendrán consecuencias sobre
su relación con la nueva administración Obama, al tiempo que evitamos comentarios
públicos que serían contraproducentes. No recomendamos poner fin a ningún
programa del gobierno de EEUU que sirva a nuestros intereses, ya que sólo
contribuiría a debilitar el incentivo para que Correa vuelva a una línea más
pragmática. [09QUITO15]
La quita parcial fue un éxito y ahorró al gobierno de Ecuador casi dos mil
millones de dólares. En 2011, Correa recomendó el mismo remedio a los países
europeos endeudados, particularmente a Grecia, aconsejándoles que
no pagaran parte de sus deudas e “ignoraran” los consejos del FMI.



Contrarrestando la "amenaza" bolivariana



Durante la Guerra Fría, la supuesta amenaza de la Unión Soviética y la
expansión comunista de Cuba sirvieron para justificar un sinnúmero de
intervenciones con el objetivo de eliminar gobiernos liderados por la
izquierda, y apuntalar regímenes militares de derecha. Del mismo modo, los
cables de WikiLeaks muestran cómo, en la década iniciada en el 2000, el
fantasma del "bolivarianismo" de Venezuela se ha utilizado para
validar las intervenciones contra nuevos gobiernos de izquierda contrarios al
neoliberalismo, como el de Bolivia, descrito como uno que ha "caído
completamente en los brazos de Venezuela"; o Ecuador, visto como un
"sucedáneo de Chávez".



Las relaciones de EEUU con el gobierno de izquierda de Hugo Chávez se agriaron
desde el principio. Chávez, electo por primera vez presidente en 1998, rechazó
enérgicamente las políticas económicas neoliberales, desarrolló una estrecha
relación con el presidente cubano Fidel Castro, y criticó abiertamente la
ofensiva del gobierno de Bush en Afganistán, seguida por el ataque del 11 de
septiembre (EE.UU. retiró al embajador en Caracas después de que Chávez
proclamara: "No podéis luchar contra el terrorismo con más
terrorismo"). Más tarde, reforzó el control del gobierno sobre el sector
petrolífero, aumentando las regalías pagadas por las empresas extranjeras, y
utilizando los ingresos del petróleo para financiar programas de salud y
educación públicas y de alimentación para los pobres.



En abril de 2002, el gobierno de EEUU apoyó públicamente el golpe militar de
corta duración que depuso a Chávez del poder durante 48 horas. Documentos de la
NED, obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información, muestran que
EE.UU. proporcionó financiación dirigida a la "promoción de la
democracia" junto con entrenamiento a grupos que apoyaron el golpe de
Estado y que posteriormente fueron involucrados en el intento de derrocar
Chávez a través de una "huelga" del personal directivo que paralizó
la industria petrolera entre finales del 2002 y principios de 2003, sumiendo al
país en la recesión.



Los cables de WikiLeaks muestran que, después de estos intentos fallidos de
derrocar al gobierno electo de Venezuela, EEUU continuó respaldando a la
oposición venezolana a través de la NED y el USAID. En un cable de noviembre de
2006, el entonces embajador William Brownfield explicó la estrategia de
USAID/OTI para socavar al gobierno de Chávez:
En agosto de 2004, el
Embajador delineó la estrategia para el equipo en el país, que contenía 5
puntos para guiar las actividades de la embajada de Venezuela en el período
[2004-2006] (...) La estrategia se enfocó en: 1) fortalecimiento de las
instituciones democráticas, 2) penetrar la base política de Chávez, 3) dividir
al chavismo, 4) proteger los negocios clave de EEUU, y 5) aislar a Chávez
internacionalmente. [06CARACAS3356]
Los estrechos vínculos que existen entre la embajada de Estados Unidos y
varios grupos de la oposición son evidentes en numerosos cables. Un cable de
Brownfield vincula a la ONG Súmate — una ONG de oposición que jugó un papel
central en las campañas de la oposición — con "nuestros intereses en
Venezuela" [06CARACAS339].
Otros cables revelan que el Departamento de Estado ha hecho lobby para que
Súmate logre apoyo internacional [05MADRID255706CARACAS340]
y alentó el apoyo financiero de EEUU [05CARACAS1805],
apoyo legal [06CARACAS3547]
y otro tipo de apoyo político para la organización, incluyendo el brindado a
través de la NED.



En agosto de 2009, Venezuela fue sacudida por violentas protestas de la
oposición (como ha ocurrido varias veces bajo Chávez y su sucesor, Nicolás
Maduro). Un cable secreto del 27 de agosto cita a una contratista de USAID/OTI,
Desarrollo de Alternativas, Inc. (Development Alternatives, Incorporated, DAI),
refiriéndose a "todas" las personas que protestaron contra Chávez en
su momento como "nuestros financiados":
[El empleado de DAI]
Eduardo Fernández dijo que "las calles están calientes", en
referencia a la creciente protesta contra los intentos de Chávez de consolidar
el poder, y "toda esta gente (que organiza las protestas) son nuestros
financiados". [09CARACAS1132_a]


Los cables también revelan que el Departamento de Estado de Estados Unidos
proporcionó entrenamiento y apoyo a un líder estudiantil que reconoció haber
liderado a una multitud, guiándola con la intención de "linchar" a un
gobernador chavista: "Durante el golpe de Estado de abril de 2002, [Nixon]
Moreno participó en las manifestaciones en el Estado de Mérida, liderando a una
multitud que marchó en la capital del estado para linchar al gobernador
Florencio Porras del partido MVR" [06CARACAS1627].



Pero pocos años después de esto, otro cable menciona: "Moreno participó en
el Programa de Visitantes Internacionales [del Departamento de Estado] en
2004" [07CARACAS591].



Moreno sería buscado más tarde por intento de asesinato y por amenazar a una
agente de policía, entre otros cargos.



También en consonancia con la estrategia de cinco puntos que delineó
Brownfield, el Departamento de Estado priorizó los esfuerzos para aislar al
gobierno de Venezuela a nivel internacional, y contrarrestar la percepción de
su influencia en toda la región. Cables muestran cómo los jefes de las misiones
diplomáticas de Estados Unidos en la región desarrollaron estrategias coordinadas
para contrarrestar la "amenaza" regional de Venezuela.



Como WikiLeaks reveló por primera vez en diciembre de 2010, los jefes de las
misiones de EEUU en seis países sudamericanos se reunieron en Brasil en mayo de
2007 para desarrollar una respuesta conjunta a los supuestos "planes
agresivos ... para crear un movimiento bolivariano unificado en toda América
Latina" del presidente Chávez. Dentro de las áreas de acción acordadas por
los jefes de misión, se planeó "continuar fortaleciendo los vínculos con
líderes militares en la región que comparten nuestra preocupación respecto a
Chávez". [07ASUNCION396].
Una reunión similar de jefes de misiones de EEUU en América Central 
–enfocada en la "amenaza" de "actividades políticas populistas
en la región"– tuvo lugar en la embajada de EEUU en El Salvador en marzo
de 2006. [06SANSALVADOR963_a]



Los diplomáticos estadounidenses se esforzaron mucho por tratar de evitar que
los gobiernos del Caribe y Centroamérica se unieran a PetroCaribe, un acuerdo
energético regional venezolano que provee petróleo y sus derivados a los
miembros del acuerdo, en condiciones extremadamente ventajosas. Cables
filtrados muestran que, si bien los funcionarios estadounidenses reconocían en
privado los claros beneficios económicos del acuerdo para los países miembros,
estaban preocupados por el hecho de que PetroCaribe aumentara la influencia
política de Venezuela en la región.



En Haití, la embajada trabajó en estrecha colaboración con grandes empresas
petroleras para tratar de impedir que el gobierno de René Préval se uniera a
PetroCaribe, a pesar de reconocer que "ahorraría 100 millones de dólares
estadounidenses por año", como Dan Coughlin y Kim Ives informaron por
primera vez
 en La Nación (The Nation).
En abril de 2006, la embajadora Janet Sanderson escribió: "Post continuará
presionando a[l presidente haitiano, René] Préval en contra de unirse a
PetroCaribe. La embajadora se reunirá hoy con el asesor de Préval, Bob Manuel.
En reuniones anteriores, él ya ha reconocido nuestras preocupaciones y es
consciente de que un acuerdo con Chávez podrían causarles problemas con
nosotros". [06PORTAUPRINCE692]



********



Hay que tener en cuenta que los cables de WikiLeaks no vislumbran las
actividades más encubiertas llevadas a cabo por las agencias de inteligencia
estadounidenses, y son probablemente sólo la punta del iceberg en cuanto a la
interferencia de EEUU en la política de la región. Aun así, los cables
proporcionan una amplia gama de evidencias de los persistentes y decididos
esfuerzos de los diplomáticos estadounidenses  para intervenir en contra
de los gobiernos independientes de izquierda en América Latina, usando la
presión financiera, así como el conjunto de instrumentos disponibles en la caja
de herramientas de la "promoción de la democracia" – a veces,
apoyando medios violentos e ilegales —.



La administración Obama ha dado algunos pasos positivos en la región –el
restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba no es un  asunto
menor–  pero no hay ninguna indicación de que su política hacia Venezuela
y hacia otros gobiernos de izquierda en América Latina haya cambiado
fundamentalmente. Ciertamente, la hostilidad de la administración hacia el
gobierno electo de Venezuela es implacable. En junio de 2014, el vicepresidente
estadounidense, Joe Biden, puso en marcha la Iniciativa de Seguridad Energética
del Caribe, considerada un "antídoto" a PetroCaribe. En marzo de
2015, Obama declaró a Venezuela como una "amenaza extraordinaria a la
seguridad" y anunció sanciones contra funcionarios venezolanos, una medida
criticada unánimemente por otros países de la región.



Pero a pesar de la incesante agresión de Estados Unidos, la izquierda ha
prevalecido en gran parte de América Latina. Con la excepción de Honduras y
Paraguay, donde los golpes de derecha derrocaron a los líderes electos, casi
todos los grupos de izquierda que llegaron al poder en los últimos 15 años se
mantienen hoy en el cargo. En gran parte como resultado de estos gobiernos, en
el período 2002-2013 la tasa de
pobreza de la región
 bajó del 44 al 28 por ciento, después de
que en las dos décadas anteriores hubiera empeorado. Estos éxitos, y la
voluntad de los líderes de izquierda asumir riesgos que le permitan liberarse
del dictado neoliberal, deben ser una inspiración hoy para la nueva izquierda
europea anti-austeridad.



Ciertamente, algunos de los gobiernos están experimentando dificultades
importantes actualmente, en parte debido a la recesión económica regional que
ha afectado a los gobiernos de derecha y de izquierda por igual. Visto a través
del prisma de los cables, existen buenas razones para cuestionar que todas
estas dificultades tengan un origen interno. Por ejemplo, en Ecuador –donde el
presidente Correa está bajo el ataque de la derecha y de algunos sectores de la
izquierda– las protestas contra las nuevas propuestas fiscales progresistas del
gobierno involucran a los mismos empresarios alineados con la oposición, los
mismos que los diplomáticos estadounidenses consideran estratégicos en los
cables. En Venezuela, donde un sistema disfuncional de control de divisas ha
generado una inflación elevada, violentas protestas estudiantiles de derecha
han desestabilizado seriamente al país. Las probabilidades de que algunos de
estos manifestantes hayan sido beneficiarios del USAID o de la NED son
sumamente elevadas.



Aún hay mucho más que podemos aprender de los cables de WikiLeaks. En las
secciones de "América Latina y el Caribe" de "Los Archivos de
WikiLeaks" ("The WikiLeaks Files"), estudiamos minuciosamente
cientos de cables de WikiLeaks, y fuimos capaces de identificar patrones
definidos de intervención de Estados Unidos, que describimos con mayor detalle
en el libro (algunos de ellos anteriormente reportados por otras personas).
Otros autores del libro hicieron lo mismo para otras regiones del mundo. Pero
hay más de 250.000 cables (casi 35.000 sólo de América Latina) y sin duda hay
muchos más aspectos importantes de la actuación de la diplomacia estadounidense
que están esperando a ser descubiertos.



Lamentablemente, después del entusiasmo inicial, cuando los cables fueron
revelados por primera vez, pocos periodistas y académicos han mostrado mucho
interés en ellos. (Véase la introducción de
Julian Assange
 sobre cómo esto perjudica los esfuerzos  de
académicos y medios de comunicación por entender las relaciones exteriores de
EEUU). En los últimos cinco años, sólo un pequeño número de citas de cables de
WikiLeaks han aparecido en revistas académicas. Es el momento de invertir la
tendencia actual. Los cables ofrecen el más ambicioso y detallado testimonio de acceso públicosobre cómo
el estado imperial estadounidense ve al mundo y cómo responde ante lo que
percibe como amenazas a sus intereses. Ningún análisis de la política exterior
de EEUU en el siglo XXI podrá considerarse completo sin ellos.



Alexander Main es miembro asociado senior de la sección de Política Internacional
del Center for Economic and Policy Research en Washington, DC.




Dan Beeton es director de comunicaciones de la sección internacional del
Center for Economic and Policy Research en Washington, D.C.

http://www.cepr.net/publicaciones/articulos-de-opinion/los-archivos-wikileaks-sobre-america-latina

Contribuyentes