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domingo, 1 de enero de 2012

Las Cosas que estan pasando

Posted: 31 Dec 2011 08:17 AM PST
En la última sesión de senado de este año se votaron varias leyes. Una de las más importantes fue la del ICIR. El senador Ernesto Agazzi opina sobre ella.


Las cosas que están pasando, son cosas de no creer...
Siete meses de discusión pública y política llevó la Ley que impone un aporte a los más grandes propietarios de tierras en el país, que finalmente terminó aprobándose en ambas cámaras legislativas.
Parte orgánica del concepto de “distribución de la riqueza” le correspondió al F.A. como auténtica fuerza de izquierda que busca más justicia social, llevar la iniciativa y el debate del asunto en cumplimiento de su programa de gobierno. Todos los que dijeron que les sorprendía la iniciativa (en todas las tiendas políticas) deben elegir entre dos alternativas; o se ubican como ignorantes de nuestro programa, o aceptar que se hicieron los “olvidados” del mismo. Todo lo demás fue pantomina.
El debate público fue bien demostrativo de cuan largos son los brazos del poder, pues los medios hablaron de un “nuevo impuesto al Agro”, o de “un impuesto a la tierra”, o de la opinión contraria del “gremialismo rural”. Todas estas expresiones son falsas, y fueron dichas de tal forma que conduce a imaginarse lo que no es. No es impuesto al Agro pues no lo paga la producción, ni es impuesto a la tierra porque al 97,5% de los productores rurales no les corresponde pagarlo. Las gremiales representativas de los productores familiares o de los trabajadores están de acuerdo con este impuesto y lo han pedido. Solo los representantes de los más grandes propietarios se han opuesto, pero seamos conscientes de la fuerza que tiene el poder económico, cuando los intereses de 1200 propietarios hicieron gastar tantos ríos de tinta, espacios abundantes en informativos televisivos, programas de radio , opiniones de consultores y de los partidos que los defendieron. Y como cifra ilustrativa, el empresario de menores ingresos, del sistema menos productivo, que está en los peores suelos, el que está peor entre los que pagarán el impuesto, tendrá un ingreso mensual neto de unos 14.000 dólares, y deberá pagar 2.000. Objetivamente, quejarse de este impuesto es de caraduras.
En el Uruguay no hay tierras fiscales excedentarias, y el Estado administra solamente las tierras del Instituto Nacional de Colonización, lo que significa que no tenemos tierras públicas disponibles para lograr el acceso de las familias rurales, como es y fue el caso en otros Países del Nuevo Mundo. Una de las diferencias que tenemos con esos otros Países que solucionaron su problema agrario, es que éstos lo hicieron temprano en su historia, producto de movilizaciones sociales importantes, como en Estados Unidos de Norteamérica , Canadá o Nueva Zelandia.
En Estados unidos, una vez finalizada la guerra de Secesión se solucionó el problema de los ocupantes y demandantes de tierras, pues el Gobierno comenzó la colonización al Oeste del río Mississipi, y el Presidente Abraham Lincoln firmó en 1862 la “Ley Granjera”, en virtud de la cual cualquier ciudadano de la Unión podía ser adjudicatario de un cuarto de milla cuadrada (unas 63 hectáreas).
En Nueva Zelandia, los inmigrantes, mayoritariamente irlandeses, venían de la revolución industrial británica, y desde el comienzo de la Colonia levantaron consignas en sus municipios reclamando derechos. “The land for the people” fue una consigna de las comunidades colonizadoras irlandesas, que finalmente lograron una reforma agraria de la corona británica, que aún hoy integran, a partir de 1892.
Así fue como en estas colonias de una edad similar a la nuestra, temprano en su historia hubo un acceso a ese bien público que es la tierra, y ello fue parte de un modelo que incluyó la utilización productiva de la tierra como parte de una construcción económica que condujo a un uso productivo y eficiente del suelo.
En nuestros lares, Artigas comenzó a distribuir tierras entre los gauchos de su tiempo, pero fue derrotado políticamente, y las pocas tierras que adjudicó no fueron reconocidas por los jueces de la república, que las devolvieron a los antiguos dueños. Estos habían sido agraciados por la Corona que les otorgó mercedes a quienes habían favorecido al rey con sus acciones, dando lugar a nuevos propietarios que acumularon extensiones inmensas de territorios en basa a las cuales se convirtieron en poderosos con una mentalidad más extractiva que productiva. Fueron más mineros que industriosos.
Ese sistema latifundista estuvo desde temprano vinculado a los mercados, al igual que el rancho norteamericano o los farmers neocelandeses y australianos, pero nada tuvo que ver con el espíritu emprendedor, las inversiones, los rendimientos o las condiciones de trabajo de estos últimos. Hasta el día de hoy, la propiedad de la tierra en nuestro País cumple una función de ahorro seguro, de atesoramiento, una forma física de acumulación, apropiada a las dotaciones de recursos disponibles que poseemos. Esto es común en el Uruguay, y una muestra simbólica de ello fue la cantidad de Senadores que declararon ser propietarios de tierras el día que se discutió la Ley que creó el ICIR, pues por razones reglamentarias se debe informar al Senado cuando la temática de una Ley involucra al Representante como potencial afectado por la norma que se crea.
El concepto programático de que se buscarán las formas de priorizar el uso del suelo con fines productivos frente a los usos especulativos, va en línea con la definición frenteamplista de Uruguay Productivo con justicia social, que establece el Programa definido por el Congreso Zelmar Michelini.
Hoy hay fenómenos nuevos que nos vienen del exterior, por los cuales en nuestro País se está produciendo una nueva forma de concentración estructural de la tierra, como parte del proceso mundial de acaparamiento del recurso, que en nuestras condiciones se caracteriza por una concentración mayor en los tramos ya concentrados, constituyendo una verdadera expropiación con dólares a los antiguos grandes terratenientes por parte de nuevos mega empresarios del sector. Ya está bien definido el proceso que los organismos internacionales llaman de “hambre de tierra”, cuáles son sus causas y la certeza de que continuará por lo menos hasta el 2030, aunque esta última afirmación es un tanto temeraria si tenemos en cuenta el tembladeral que se está desarrollando en la economía mundial. De todas manera es claro el aumento del interés económico por la tierra en todos los continentes, y que en ese escenario Africa y América Latina son los dos continentes con condiciones para ser donde se dé en mayor medida el crecimiento de la agricultura mundial. El Banco Mundial estima que de los millones de hectáreas que serán las futuras incorporaciones de tierras a la agricultura, dos terceras partes serán en estos continentes. O sea, estamos en el ojo de la tormenta.
Este nuevo fenómeno se agrega a la antigua desigualdad en la propiedad de la tierra, lo que justifica su importancia así como la urgencia de resolver algo en defensa de un proyecto de País que utilice mejor sus recursos, más democrático, justo y soberano.
Este dilema cae sobre los Países de desarrollo medio o bajo. A ningún analista se le ocurre pensar este asunto para los Países Europeos, para los Estados Unidos, Japón, los Países del Golfo o los Nórdicos. Todos los organismos internacionales coinciden en la oportunidad que se abre en esta nueva configuración internacional en la que se invirtieron los términos de intercambio, en la que están en crisis los que siempre se beneficiaron imponiendo sus intereses a los demás, y que hoy son víctimas de su propia acumulación a la que se agrega su incapacidad de manejarla. Poco nos podrán aconsejar si no salvan su propio examen.
Pero esta nueva situación tiene riesgos, uno de los cuales es el acaparamiento de los recursos naturales básicos, como la tierra, y que ella sea usada por grandes grupos económicos sin tener en cuenta los intereses de las mayorías en sus Países . Es un problema de justicia social y de soberanía que se nos plantea a inicios del siglo XXI, que requiere cambios legislativos para salvaguardar la actividad agroindustrial nacional, que es un pilar de nuestra organización económica, y la existencia de nuestros productores familiares.
Estos fueron y son la base de nuestro sector agrario( incluyo en ello las producciones para la exportación tanto como las destinadas al mercado interno o a la industria), y los debemos defender de los apetitos concentradores de inmensas empresas, que en un escenario de libre mercado los ponen en riesgo.
Pero este gravísimo asunto debemos analizarlo desde la política nacional, sus posibilidades y sus limitaciones. El juego de los Partidos, en el que todo lo que proponga el Frente Amplio ya nace con la oposición de Blancos y Colorados, no es el más adecuado para implementar medidas de fondo y rápidas. Tampoco nuestra sociedad tiene en su seno consciencia clara de estos fenómenos en marcha, y como lo agropecuario no es un tema de primer orden en la agenda nacional, las medidas a tomar deben ser las posibles con la importancia que la opinión pública le otorga al tema.
El tema no es nuevo. En los primeros años del siglo pasado, el Partido Colorado con la conducción de José Batlle y Ordoñez, expresó en su portavoz, el diario El Día, en repetidas ocasiones, la idea de que “se impone la transformación del latifundio, alma mater del feudalismo rural”. Siendo uno de los grandes pensadores políticos del siglo XX latinoamericano, y a pesar de conducir políticas reformistas en diversos órdenes durante un cuarto de siglo, no pudo transformar las estructuras agrarias injustas, expresando al final de su carrera, “los dueños de la tierra no son culpables de la injusticia de su propiedad, porque ellos la poseen gracias a un consenso general que lo permite”.
Esta Ley aprobada busca desalentar la concentración con impuestos que la castigan, y es vista críticamente por quienes piensan los problemas del País en función de la razón. Es cierto, no es seguro su resultado, y hay otras medidas que serían más efectivas para asegurarlo. Pero,¿qué medida están dispuestas a tomar las mayorías en nuestra sociedad? En política, la razón debe verse marchando sobre las espaldas del pueblo, y no podemos caer en la tentación aislacionista de pensar solamente en nuestras razones, sino en las que podemos tomar convencidos entre todos. Las expresiones masivas de los Uruguayos no parecen dar razón a quienes pretenden hacer correr al pueblo a la velocidad de sus convicciones, fundadas tal vez, pero de minorías.
La discusión política del tema encierra una brutal paradoja en la que es conveniente pensar, porque es un asunto que caracteriza toda la discusión política nacional, y no solo a la discusión sobre la tierra.
Es difícil imaginar que el Partido Colorado que combatió la lógica conservadora de los estancieros, que creó el Instituto de Agronomía y el de Veterinaria trayendo contratados al mejor agrónomo y al mejor veterinario del mundo, que creó comisiones de fomento en todo el País, que tomó infinidad de medidas para modernizar el agro, que organizó la investigación nacional, que distribuyó tierras como nunca antes se había hecho, hoy no apoye una Ley que desestimula la concentración de la tierra.
También es difícil aceptar que el Partido que gobernó el País en plena crisis post-segunda guerra mundial, que intentó romper el estancamiento de la economía nacional con una Ley de modificación de las estructuras agrarias, como reza el título del proyecto que envió el Consejo Nacional de Gobierno del gobierno del Partido Nacional al poder Legislativo con la firma de Wilson Ferreira, Pivel Devoto y Daniel H. Martins. Si en aquella época el gobierno pensaba que el latifundio era un obstáculo que era imprescindible remover, no es fácil entender como hoy, el mismo Partido se niega a desalentar la concentración de la tierra, sin proponer nada.
El tema es el mismo, agravado por la etapa en que está actualmente el conjunto de los Países del mundo, y parecería que lo que planteaban ayer, hoy no lo defienden, pero sin planteos alternativos, agotando sus posiciones en criticar desde varios ángulos la propuesta del Gobierno. ¿Hay o no hay mega concentración de la tierra en nuestro País? ¿Cómo defendemos a nuestros productores frente a las empresas que crecen? Parecería que tamaño asunto no se resuelve sólo criticando al Frente Amplio. Además de eso, hay que tener posición, y por eso lo del título:
“Las cosas que están pasando, son cosas de no creer...

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