Uribe, en el punto de mira de la Corte Penal Internacional por las masacres durante su mandato
El expresidente de Colombia está siendo investigado por los
"falsos positivos", el asesinato de campesinos presentados como
guerrilleros de las FARC
Álvaro Uribe, en una imagen de archivo. EFE
El que fuera Presidente de Colombia entre 2002 y 2010
está siendo investigado por la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, por
crímenes contra los Derechos Humanos y masacres sucedidas durante su
mandato, que no han sido tratados a fondo por la justicia colombiana.
Uno de los informes en curso en la Corte se refiere a los llamados "falsos positivos",
el asesinato de campesinos indefensos presentados como guerrilleros de
las FARC muertos en combate. Según Uribe y su entorno se trató de "casos
aislados", aunque para el tribunal internacional, al que han llegado
los más de 3.000 casos reconocidos por la propia fiscalía colombiana:
"hay bases razonables para creer que se trató de una política de Estado;
estos asesinatos, cometidos para aumentar los índices de éxito militar,
podrían considerarse crímenes de lesa humanidad...".
La última
de las denuncias contra Uribe ante la fiscal de la Corte Penal
Internacional ha sido presentada personalmente por el Presidente de la
Comisión de Paz del Congreso de Colombia y diputado por el Polo
Democrático (izquierda), Yván Cepeda, y se refiere, según declara a Público: " a hechos protagonizados por servicios secretos que dependían directamente del expresidente Uribe y que constituyeron delitos de persecución
contra opositores, magistrados, políticos y periodistas contra los que
ordenó intervenciones telefónicas ilegales, seguimientos y campañas que,
según el artículo 7 del Estatuto de Roma constituyen persecución por
motivos políticos". Algunas de estas persecuciones, como las que tienen
en la cárcel al antiguo jefe de de los servicios secretos de Uribe,
Jorge Noguera, terminaron con el asesinato de los opositores a manos de
sicarios paramilitares que actuaban con la información suministrada por
éste.
Contra todas estas sindicaciones, a las que se suma la indagación de la fiscalía
por su protagonismo en la formación del ejércitos paramilitares en sus
fincas ganaderas, Uribe está intentando blindarse con la creación de
una nueva fuerza política, el "Puro Centro Democrático" por la que
sería cabeza de lista al Senado en las elecciones del año próximo, o
incluso intentar alguna maniobra para poder optar de nuevo a la
Presidencia, aunque las actuales normas constitucionales se lo impiden.
Mientras tanto, el expresidente intenta cada día sumar adhesiones
con su oposición a las conversaciones de paz que llevan a cabo en La
Habana emisarios del Presidente Juan Manuel Santos con los portavoces de
las FARC, en aras de una política de exterminio y guerra sin cuartel,
que no consiguió resultados decisivos durante su mandato.
Uribe, en el punto de mira de la Corte Penal Internacional por las masacres durante su mandato
está siendo investigado por la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, por
crímenes contra los Derechos Humanos y masacres sucedidas durante su
mandato, que no han sido tratados a fondo por la justicia colombiana.
Uno de los informes en curso en la Corte se refiere a los llamados "falsos positivos",
el asesinato de campesinos indefensos presentados como guerrilleros de
las FARC muertos en combate. Según Uribe y su entorno se trató de "casos
aislados", aunque para el tribunal internacional, al que han llegado
los más de 3.000 casos reconocidos por la propia fiscalía colombiana:
"hay bases razonables para creer que se trató de una política de Estado;
estos asesinatos, cometidos para aumentar los índices de éxito militar,
podrían considerarse crímenes de lesa humanidad...".
La última
de las denuncias contra Uribe ante la fiscal de la Corte Penal
Internacional ha sido presentada personalmente por el Presidente de la
Comisión de Paz del Congreso de Colombia y diputado por el Polo
Democrático (izquierda), Yván Cepeda, y se refiere, según declara a Público: " a hechos protagonizados por servicios secretos que dependían directamente del expresidente Uribe y que constituyeron delitos de persecución
contra opositores, magistrados, políticos y periodistas contra los que
ordenó intervenciones telefónicas ilegales, seguimientos y campañas que,
según el artículo 7 del Estatuto de Roma constituyen persecución por
motivos políticos". Algunas de estas persecuciones, como las que tienen
en la cárcel al antiguo jefe de de los servicios secretos de Uribe,
Jorge Noguera, terminaron con el asesinato de los opositores a manos de
sicarios paramilitares que actuaban con la información suministrada por
éste.
Contra todas estas sindicaciones, a las que se suma la indagación de la fiscalía
por su protagonismo en la formación del ejércitos paramilitares en sus
fincas ganaderas, Uribe está intentando blindarse con la creación de
una nueva fuerza política, el "Puro Centro Democrático" por la que
sería cabeza de lista al Senado en las elecciones del año próximo, o
incluso intentar alguna maniobra para poder optar de nuevo a la
Presidencia, aunque las actuales normas constitucionales se lo impiden.
Mientras tanto, el expresidente intenta cada día sumar adhesiones
con su oposición a las conversaciones de paz que llevan a cabo en La
Habana emisarios del Presidente Juan Manuel Santos con los portavoces de
las FARC, en aras de una política de exterminio y guerra sin cuartel,
que no consiguió resultados decisivos durante su mandato.
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