jueves, 30 de mayo de 2013

Ramon Pere

EL POPULAR - Semanario  

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Posted: 30 May 2013 02:48 PM PDT
El Popular 226
Desde el mazazo de febrero dado por la mayoría de la Suprema Corte de Justicia: el traslado de la jueza Mariana Mota y luego la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley 18.831 que estableció la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad; mucho agua pasó bajo los puentes.

La respuesta popular

Hubo varias movilizaciones populares exigiendo verdad y justicia y rechazando el camino, favorable a la impunidad y los impunes, que eligió la mayoría de la Suprema Corte de Justicia. Recordamos solo cuatro de ellas: la concentración el propio día del traslado de Mota, inédita en la historia nacional e injustificadamente reprimida ese día y luego perseguidos algunos de sus participantes por la Justicia y por el DOE; la masiva concentración frente a la Suprema Corte, convocada luego de conocerse la decisión contra los dos artículos de la Ley 18.831; la marcha relámpago realizada por el PCU que culminó con cientos de rosas rojas ante la SCJ el día en que se conmemoraba un nuevo aniversario del asesinato de ocho obreros comunistas en el Paso Molino; y, por supuesto, con especial relevancia la multitudinaria marcha del silencio del 20 de mayo, repicada con masiva respuesta en 10 departamentos de nuestro país.

En el mismo sentido, el de la respuesta, el de la iniciativa, se inscriben el pronunciamiento unánime del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, rechazando la postura de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia, reivindicando la búsqueda de la verdad y la justicia y poniéndose al servicio de encontrar salidas. La definición clara del PIT-CNT, la FEUU, FUCVAM, CRYSOL, Hijos y todo el movimiento popular. Y también el pronunciamiento del Frente Amplio y la resolución de la denominada “Hoja de Ruta”, que expresa múltiples iniciativas, en el plano político, de la justicia, legislativas y también de acompañamiento de las denuncias y las víctimas, tanto en el plano nacional como internacional.

Destacamos esta respuesta popular, masiva, sostenida en el tiempo, porque ayer, hoy y mañana, la garantía de abrir espacios de verdad y justicia y terminar con el reinado de la impunidad y la mentira, se expresa en el compromiso de cientos de miles de uruguayas y uruguayos, en su capacidad de organización, de propuesta y de movilización. También en la batalla contra la impunidad, nada se ha conseguido ni se conseguirá, sin lucha.

La disputa judicial

Lo señalamos antes y conviene reiterarlo, la decisión de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia no obligaba a los jueces y menos a los fiscales. Eso quedó claramente demostrado cuando varios jueces siguieron investigando e incluso dictando sentencia, explicitando un debate en el propio Poder Judicial, que lo muestra como lo que es, no el pretendido santuario de la juridicidad pura, sino un espacio institucional donde conviven visiones diversas.

La decisión de los jueces y particularmente de los fiscales, que como se sabe no dependen funcionalmente del Poder Judicial, ha permitido seguir avanzando. Se siguieron citando testigos, se autorizaron excavaciones en Melo y próximamente se hará lo propio en el Batallón 13 de Infantería e incluso se pronunciaron sentencias y condenas.

Incluso en una situación inédita en la historia judicial uruguaya, cuatro fiscales recusaron a los miembros de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia, reclamando que no actúen en los 11 casos de delitos de Terrorismo de Estado en los que ellos trabajan por entender que con su pronunciamiento de febrero y con expresiones públicas en los medios habían prejuzgado.

Los fiscales Ana María Tellechea, Carlos Negro, María Camiño y Ariel Cancela recusaron a los ministros de la Suprema Corte, Ruibal Pino, Jorge Larrieux, Jorge Chediak y Julio César Chalar.

Las expresiones públicas que motivaron esta recusación de los fiscales fueron varias pero hubo una que fue particularmente gráfica. Jorge Ruibal Pino, presidente de la Suprema Corte de Justicia, dijo que los casos en los que las investigaciones continúen se encontrarán con una “muralla” cuando lleguen al máximo tribunal.

Como se ha vuelto costumbre, los integrantes de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia, hicieron conocer su posición sobre este tema a través del tradicional vocero de la impunidad y de la derecha, el diario El País.

Decimos que se ha vuelto costumbre porque tanto el traslado de Mota como la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley 18.831, trascendieron por el diario caganchero antes de ser comunicados oficialmente.

Según informó El País los cuatro ministros de la SCJ recusados, rechazaron la recusación. Además de que la decisión expresa el compromiso con lo que ellos mismos calificaron como “muralla” hay un aspecto formal a destacar. La SCJ es tribunal de sí misma, esto es una muestra más de la necesidad de modificar el Poder Judicial, democratizarlo, transparentarlo.

Agujeros en la muralla

Como señalamos antes, tanto la lucha popular como la actitud de jueces y fiscales, ponen en entredicho la solidez de la muralla.

En el número 224 de EL POPULAR señalamos la importancia de la condena al general Miguel Dalmao por el asesinato en tortura en 1974 de la militante de la UJC Nibia Sabalsagaray.

Hoy queremos destacar dos nuevos hechos. El primero, la decisión de la SCJ de rechazar el recurso presentado por Miguel Langón, candidato frustrado a Fiscal General de Julio María Sanguinetti y hoy defensor de violadores de los DDHH, para frenar la condena al coronel Tranquilino Machado por el asesinato de Ramón Peré, militante de la UJC, en plena Huelga General contra el Golpe de Estado.

La SCJ entendió en este caso que la decisión del Tribunal de Apelaciones de 4° Turno debe mantenerse y habilitó a que el juez actuante en el caso dicte sentencia.

Ramón Peré, militante estudiantil, profesor, estaba realizando tareas de agitación callejera el 6 de julio de 1973, en plena Huelga General contra el Golpe de Estado y fue asesinado por la espalda por el coronel Tranquilino Machado, en Rivera y Bustamante.

La justicia llegará 40 años después. La justicia que siempre viene acompañada de la verdad. El coronel Tranquilino Machado reconoció haber dado muerte a Ramón Peré pero sostuvo la versión, una vez más falsa, de la dictadura de que fue en el marco de un supuesto “enfrentamiento armado”.

La investigación judicial, la reconstrucción de los hechos, la consulta a testigos y las contradicciones flagrantes de las declaraciones del propio coronel Machado, permitieron establecer la verdad: Ramón Peré estaba desarmado y fue asesinado de un balazo por la espalda por un tirador militar experto que estaba de civil.

Además de constatar, una vez más, que la impunidad ampara la mentira, conviene señalar algo que se omite como si no importara. Ramón Peré era un estudiante desarmado defendiendo la democracia y luchando contra un golpe de Estado. Tranquilino Machado actuaba en el marco de un operativo de represión, amotinado contra las instituciones democráticas y en defensa de una dictadura.

La habilitación para que continué la instancia judicial y haya condena, hace justicia con Ramón, con su viuda, con sus hijos y nietos, hace justicia con todas y todos los que enfrentaron la represión para defender la libertad y la democracia y también establece la verdad, permite el fin de la mentira.

La perseverancia de la denuncia, la actitud firme de abogados, jueces, fiscales y miembros de un Tribunal de Apelaciones, obliga a la SCJ y produce justicia. Es un agujero a la muralla de impunidad.

El segundo hecho que queremos destacar es la presentación por parte de un grupo de 28 ex presas políticas, denunciantes de torturas y agresiones sexuales durante la dictadura, de un proyecto de ley para crear un juzgado y una fiscalía especializados en delitos de lesa humanidad.

La iniciativa surge a partir de la constatación de las enormes dificultades que tienen las causas de delitos de lesa humanidad para avanzar en la actual estructura del Poder Judicial. El terrorismo de Estado fue planificado y sistemático su investigación también lo debe ser. La separación de las causas en más de 15 sedes judiciales que además atienden simultáneamente otros casos, enlentece y dificulta una investigación de por sí compleja.

Hay que decir además que el Estado uruguayo está obligado a crear estas instancias especializadas, tanto en el ámbito judicial, como en el de las fiscalías, como también en el Poder Ejecutivo, por la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman. Hay una disposición a texto expreso en la sentencia.

Lo cierto es que no se había dado un solo paso, desde ninguna instancia, para cumplir con ello. Un grupo de ex presas y un abogado, ex juez, Federico Alvarez Petraglia, lo han dado. Otro agujero en la muralla de la impunidad.

Ninguna puerta está cerrada y las que lo están deben ser abiertas. Hay que seguir diciendo la verdad, exigiendo la verdad y produciendo justicia. Cuando superamos el escollo de la Ley de Caducidad, nos pusieron el escollo de las prescripciones, ahora la mayoría de la SCJ quiere erigir una muralla.

Tenemos que encontrar los caminos para superar la muralla y también los encontraremos para superar los escollos que, sin falta, pondrán después.

No hay un santo grial que termine con la impunidad. No hay un momento mágico. La lucha y la denuncia deben ser permanentes y nuestro compromiso también.

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