El proyecto, elaborado por el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay), ingresará en los primeros días de marzo a consideración de la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja y cuenta con el visto bueno del Poder Ejecutivo y de la bancada oficialista.
El legislador viene trabajando desde hace un año en la iniciativa, en un trabajo conjunto con especialistas en Derecho y Ordenamiento Territorial. Según dijo Asti a Ultimas Noticias, el objetivo será darle armas al Estado para que tome el control de los inmuebles en situación de abandono y resuelva rápidamente los problemas que este tipo de predios provoca.
El proyecto define la condición de abandono en todos aquellos casos en que el propietario incumpla las obligaciones que le impone la Ley de Ordenamiento Territorial, entre ellas mantener la propiedad en buenas condiciones edilicias y de higiene. Asti explicó que “a partir de que cualquier dependencia del Estado se presente ante la Justicia a solicitar la declaración de abandono, el juez deberá visitar el inmueble y comprobar las condiciones”.
El proyecto estipula que si el predio en cuestión mantuvo esa situación por los últimos cinco años, la Justicia le otorgará al Estado su posesión. Asti señaló que se prevé que si transcurrido un breve lapso el propietario no se presenta a reivindicar sus derechos sobre el bien, este será declarado vacante, tal como marca el Código Civil. De esa manera, el Estado estará habilitado para destinarlo al fin que considere conveniente.
Esto se hará mediante el régimen de “juicio extraordinario” para posibilitar su rápida concreción.
El objetivo es dar a los lugares abandonados un destino social, con la construcción de viviendas como prioridad. El legislador indicó que “se intenta una solución rápida para resolver casos en donde ante determinadas situaciones el Estado no puede intervenir por hallarse un privado de por medio”.
El objetivo será “garantizar la seguridad y la salubridad edilicia, preservando el interés general en cuanto a la calidad de vida del entorno de la propiedad, incluso de las personas que puedan vivir ilegalmente en estos predios”.
Asti recordó el caso de la ex mutualista médica Coamec, en Bulevar Artigas y Maldonado, donde transcurrieron varios años de problemas con los “intrusos” que pernoctaban en su derruido edificio. Allí los vecinos debieron hacerse cargo de sus deudas y pedir el desalojo y la demolición de la propiedad.
Ante estos casos, el legislador señaló que el Estado deberá proveer de una solución a estas personas, cuya condición “no puede considerarse comprendida dentro del derecho a la vivienda, dado que al carecer de electricidad, saneamiento, y en condiciones de hacinamiento, viven peor que a la intemperie”. Si el dueño del bien se presenta luego de que el Estado se hizo cargo del mismo y demuestra su voluntad de acondicionarlo, deberá reparar los daños que su situación ruinosa ocasionó a los vecinos.
Las eventuales compensaciones que se deban pagar serán las previstas por ley y tomarán en cuenta el valor que tenía el inmueble en su condición de abandonado. Asti señaló que, según un relevamiento del Defensor del Vecino, en Montevideo existen unos 550 inmuebles pasibles de esta situación, mientras que en el interior no están cuantificados.
El legislador frenteamplista mencionó incluso que en varios casos es el propio Estado el responsable de abandono, ante lo cual se requerirá de acuerdos interinstitucionales para recuperarlos. Señaló una situación particular en Maldonado, donde hay muchos edificios a medio terminar que mantienen deudas con el Banco de Previsión Social (BPS) y otros organismos. En esos casos el Estado deberá acordar con los acreedores para hacerse cargo.
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