martes, 26 de noviembre de 2013

De Callado

De callado. Columna de opinión.

En 1973 la Suprema Corte de Estados Unidos legalizó el aborto en ese país. En el fallo declaró que se trataba de un derecho constitucional de las mujeres, y que por lo tanto no se podía promulgar legislación que lo prohibiera.
Los autoproclamados “provida”, siempre ingeniosos, siguieron la estrategia de, sin buscar prohibirlos directamente, llevar a cabo iniciativas legislativas y acciones directas que impidieran de hecho la realización de abortos. Estas iniciativas fueron desde protestas (ocasionalmente violentas) en las clínicas, hasta legislaciones que impusieran regulaciones excesivas, que hicieran cerrar lentamente a las clínicas dedicadas a la salud sexual. Siempre con el objetivo de dificultar, intimidar y humillar a las mujeres que decidieran abortar.
En los últimos años, una de las batallas principales sobre el tema giró en torno a propuestas que obligaban a las mujeres que quisieran abortar a hacerse ecografías y mirar las imágenes del feto. A pesar de no tener ningún fin médico, este procedimiento podía quizá generar impresión, miedo o culpa, y de esta manera evitar abortos a costa del bienestar psicológico de las mujeres.
Esto mismo está ocurriendo en Uruguay, sólo que sin mediar iniciativas legislativas. Según informó la diaria el 6 de noviembre, Marta Aguñín, de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), denunció que existen médicos que llevan a cabo exactamente el mismo procedimiento.
De más está decir, que esta práctica no está prevista en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Y sin embargo es una señal de uno de los problemas principales de la ley. Esta ley prevé que antes de abortar, la mujer debe pasar por un “equipo interdisciplinario” que tiene como función (según sus artículos 3° y 4°) orientar, asesorar e informar a la mujer, así como brindarle apoyo psicológico.
Esta instancia fue incluida en la ley en una negociación del Frente Amplio con el diputado del Partido Independiente Iván Posada, que fue necesaria debido a la negativa del diputado frenteamplista de Salto Andrés Lima a votar la ley. Los defensores de la obligatoriedad de la consulta con el equipo interdisciplinario aseguraron en su momento que su función no era la de evitar los abortos, sino contener y apoyar a las mujeres que decidieran interrumpir su embarazo.
Sin embargo, el hecho de que se esté forzando a las mujeres a mirar las imágenes de ecografías indica que en los hechos, las instancias pensadas para dar apoyo y contención médica y psicológica están siendo usadas para persuadir a través de la impresión, el miedo y la humillación.
Quienes buscan prohibir el aborto buscan ganar por la vía de los hechos lo que perdieron en el Poder Legislativo, la opinión pública y el electorado, y hacerlo de callados. La objeción de conciencia, prevista en la ley, también está siendo usada con este propósito, como en el caso de Salto, donde 100% de los ginecólogos se niegan a practicar abortos.
Todos sabíamos cuando se aprobó que la ley era imperfecta, y que no resolvía completamente el problema de los abortos clandestinos. Que la obligatoriedad de la consulta con un equipo interdisciplinario era denigrante, pues partía de la base de que las mujeres no pueden tomar decisiones sobre su cuerpo sin consultar con expertos. Sin embargo, la magnitud de los problemas generados por los agujeros que deja la ley y su reglamentación parecen más grandes de lo previsto.
Por esto, es necesario mantener la atención mediática y política sobre el tema. La batalla por la salud sexual no se terminó con la Ley de IVE, así como las luchas por los derechos nunca se terminan con los (fundamentales) triunfos legislativos, sino que se juegan en la implementación y en las prácticas concretas de las personas involucradas. Los triunfos obtenidos a la luz del día pueden perderse en la oscuridad de las interacciones micro, en las que los médicos y los burócratas ocupan posiciones de poder, y por eso nadie se puede quedar callado.
Gabriel Delacoste | Ver noticia en web de La Diaria

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