lunes, 18 de mayo de 2015

Antonio Caballero: Narcos, o accionistas - Semana.com

Narcos, o accionistas

Colombia
es el único país del mundo que acepta la orden norteamericana de
bombardear con defoliantes su propio territorio y sus propias gentes.

Por Antonio Caballero
Foto: Leon Dario Pelaez









¿Es narcotraficante el procurador Alejandro Ordóñez?
¿Es narcotraficante el expresidente Álvaro Uribe? La pregunta es
pertinente. Porque si no, no se explica por qué han sido ellos los
únicos que han puesto el grito en el cielo ante la sensata petición del
ministro de Salud, Alejandro Gaviria, de que se suspendan las
fumigaciones aéreas con glifosato de los cultivos ilícitos de coca ante
el riesgo de cáncer que implican para los campesinos afectados.



Y es que a nadie, salvo a los narcos, le convienen las fumigaciones con
glifosato: una de las herramientas de la “guerra frontal contra la
droga” que mantiene boyante su negocio. A todos los demás les hacen
daño.



En primer lugar, claro, a los campesinos cocaleros. Aún si no fuera
cancerígeno, como afirma la Organización Mundial de la Salud, el
glifosato es un veneno químico (un herbicida: matador de hierbas), que
quema las cosechas de pancoger, enferma a los niños y a los animales y
contamina las aguas. Es un roundup reforzado, engallado, que debería
usarse con las debidas precauciones y en las medidas dosis con que se
aplica en la agricultura normal, pero que en la aspersión desde
avionetas que hace la Policía cae del cielo sin diluir como una llovizna
esterilizante. Que el gobierno de Colombia sabe de sobra que es dañino
lo demuestra el que haya pagado sin rechistar la compensación reclamada
por los campesinos ecuatorianos cuando el viento llevó el producto más
allá de la frontera y les destruyó sus campos. Les hace daño también a
las arcas del Estado: marchitar la planta de la coca por fumigación
aérea cuesta diez veces más de lo que vale la cocaína así eliminada. Les
hace daño a los menguantes bosques del país: la destrucción de los
cultivos solo tiene el efecto de desplazarlos, expulsándolos más adentro
de la selva nuevamente talada, de modo que cada año se siembran tantas
hectáreas nuevas como se queman las ya existentes. De manera que el
proceso, desde el punto de vista de la producción de drogas, es
completamente inocuo. Se han fumigado en 20 años cerca de 2 millones de
hectáreas sembradas de coca (y de plátano y fríjol y maíz), y no hay hoy
ni una menos: están las 150.000 de siempre, aunque en otros sitios. No
concentradas en el Putumayo y el Guaviare, sino desperdigadas por todas
las regiones remotas del país.



El procurador Ordóñez y el expresidente Uribe saben todo eso, o deberían
saberlo. Deberían saber también que, como explica con valeroso rigor el
ministro Alejandro Gaviria, no suspender las aspersiones a sabiendas de
que son dañinas “sería antiético, por decir lo menos”. Pero en ellos
manda la mezquindad política. Por eso explican su postura a favor de las
dañinas fumigaciones diciendo que suspenderlas favorece a las Farc,
dentro de la política de entrega del país que, según ellos, sigue el
gobierno. Y en apariencia las favorece en cuanto que son
narcotraficantes, pues parece respetar la base de su negocio: los
cocales. Pero es al contrario, por cuanto la inmensa rentabilidad de ese
negocio depende de que se lo persiga. Y en cambio lo que sí ha
favorecido y fortalecido a las Farc en tanto que organización
guerrillera han sido las fumigaciones mismas, que les han dado el
respaldo social de 100 o 200.000 familias cocaleras porque las ven como
sus protectoras frente a la agresión del Estado, representada por la
destrucción de sus fuentes de subsistencia por orden del gobierno de los
Estados Unidos.



Y ahora que menciono a estos: en su defensa de las fumigaciones, a
Ordóñez y Uribe los acompaña el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón.
Como parte, me imagino, de sus obligaciones de aliado militar de los
Estados Unidos. Pues tan incondicional es esa alianza que Colombia es el
único país del mundo que acepta la orden norteamericana de bombardear
con defoliantes su propio territorio y a sus propias gentes. Solo lo
hicieron los sudvietnamitas con el muy tóxico “agente naranja” usado en
la guerra de Vietnam (fabricado también, como el glifosato, por la
empresa agroquímica Monsanto). Hoy no lo hace ni siquiera Afganistán,
país militarmente ocupado desde hace más de una década y cuyo frágil y
corrupto gobierno solo se sostiene gracias a la ayuda financiera
norteamericana y a la presencia de las tropas de la coalición
norteamericana. Colombia sí lo hace, y no de ahora, sino desde hace 40
años: desde que empezó (y se usaba entonces el herbicida Paraquat,
también fabricado por Monsanto) la persecución de la marihuana.



Cuando escribo esta columna me entero de que el trío de defensores de la
fumigación se volvió cuarteto con la participación del ministro de
Agricultura, Aurelio Iragorri. Este anuncia, o amenaza, con blanda
astucia, que si se suspenden las fumigaciones de los cultivos de coca
“se incorporará la prohibición para el uso en actividades
agropecuarias”. Convirtiéndose así en el portavoz del bufonesco “zar”
antidrogas del gobierno norteamericano William Brownfield, quien declara
que “prohibir la aspersión de los cultivos ilícitos sin prohibirla en
la agricultura comercial es proteger a los criminales pero no a los
inocentes”.



Tal vez no sean cómplices de los narcos estos cinco personajes, el
procurador, el expresidente, los dos ministros, el “zar”, o no lo sean
conscientemente. Tal vez simplemente son tenedores de acciones de la
empresa Monsanto.

Antonio Caballero: Narcos, o accionistas - Semana.com

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