Confesión explícita. Documentos de la justicia militar involucran a
general en la muerte de detenido.
Con la asunción de Tabaré Vázquez, la cuestión de los derechos humanos tuvo un vuelco en la interna de las Fuerzas Armadas. El general Barneix, según las fuentes militares que consultaba El Observador, era uno de los oficiales superiores que se inclinaban por aportar la información que permitiera resolver la cuestión de los desaparecidos. Tales trascendidos mediáticos fueron al parecer confirmados por la decisión del presidente Vázquez de encargarle, junto con el general Carlos Díaz, la misión de obtener información en un relevamiento interno de las Fuerzas Armadas.
Los datos recabados fueron elevados al presidente por intermedio del comandante del Ejército, Ángel Bertolotti, y resultaron ser falsos o inconsistentes cuando se confrontaron con los trabajos de campo en los cuarteles donde hubo cementerios clandestinos. Barneix, quien por la falsedad de la información fue interrogado en sede judicial en el expediente sobre el "segundo vuelo", explicó que la información, recibida en forma anónima, no había sido verificada.
Al respecto, el abogado Óscar López Goldaracena, que representa a los familiares de Aldo Perrini, solicitó, en el escrito presentado ante el juzgado, que se pida información al Colegio de Abogados y al Sindicato Médico del Uruguay para determinar si hubo en estos casos algún pronunciamiento de la Comisión de Ética Médica.
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La
situación judicial del general (r) Pedro Barneix está sumamente
comprometida: un expediente
de la justicia militar lo involucra directamente en la muerte de
Aldo Perrini, detenido en febrero de 1974 en el cuartel de Colonia; y la
autopsia correspondiente no deja lugar a dudas: murió
como consecuencia de las torturas.
El
militar fue uno de los designados por el ex presidente Vázquez para
recabar información
sobre el destino de los desaparecidos. En ese entonces no era
conocida su participación en interrogatorios a detenidos durante la
dictadura.
Si
el general Pedro Barneix, antiguo jefe de inteligencia del Estado y
responsable directo,
designado por el presidente Tabaré Vázquez, para obtener información
militar reservada sobre los desaparecidos, no ha declarado aún ante la
jueza Mariana Motta y la fiscal Ana Tellechea, en el
Juzgado Penal de Quinto Turno, es porque el Ministerio de Defensa
Nacional no aportó a la sede judicial la dirección particular del
general, a efectos de imponerle la citación obligatoria. Otros
dos militares implicados directamente en los "interrogatorios
rigurosos" a que fue sometido Perrini -los coroneles (r) José Agustín
Baudean y José Puigvert- ya declararon y en términos
generales confirmaron el contenido de unos documentos que, según el
abogado Óscar López Goldaracena, son una prueba irrefutable del
asesinato.
Las
acciones judiciales por la muerte de Perrini (uno de los 19 crímenes
perpetrados por el
aparato represivo del Estado para los cuales la ley de caducidad fue
declarada "inconstitucional e inaplicable") se iniciaron en 2010 y a
fines del año pasado la Suprema Corte de Justicia
autorizó a la jueza Motta a realizar una inspección ocular en el
cuartel de Colonia, a efectos de determinar con exactitud los lugares
físicos donde, según numerosos testimonios, Aldo Perrini fue
brutalmente castigado y torturado hasta morir. Durante casi dos
horas de recorrido, los testigos pudieron identificar ante los
magistrados el lugar, en las caballerizas, donde permanecían de
plantón; el sótano, debajo del casino de oficiales, donde se
practicaban las torturas; y la pieza, junto a la cocina, donde
funcionaba la "sala de interrogatorios".
"Te pasaste."
Una característica particular de este caso, según el abogado López Goldaracena, es que el asesinato de Perrini fue consecuencia de una razia contra vecinos de Carmelo. "No se trataba de sediciosos o subversivos, como gusta calificar la teoría de los dos demonios; eran simplemente simpatizantes frenteamplistas" que fueron secuestrados de sus casas, encapuchados, esposados y trasladados al cuartel donde fueron sometidos a brutales castigos y al repertorio de torturas: plantón, submarino, picana, y en el caso de las mujeres, violación.
Una característica particular de este caso, según el abogado López Goldaracena, es que el asesinato de Perrini fue consecuencia de una razia contra vecinos de Carmelo. "No se trataba de sediciosos o subversivos, como gusta calificar la teoría de los dos demonios; eran simplemente simpatizantes frenteamplistas" que fueron secuestrados de sus casas, encapuchados, esposados y trasladados al cuartel donde fueron sometidos a brutales castigos y al repertorio de torturas: plantón, submarino, picana, y en el caso de las mujeres, violación.
La
redada en Carmelo ocurrió el 24 de febrero de 1974; 11 detenidos
(hombres y mujeres) fueron
trasladados en un camión hasta el cuartel del Batallón de Infantería
Número 4, en Colonia, entre ellos "Chiquito" Perrini, un vecino de 34
años muy conocido en el pueblo, porque "vendía los
mejores helados de Carmelo". Otros detenidos de ese día de Carnaval
fueron llevados primero a Mercedes, y al regreso hacia Colonia algunas
mujeres comenzaron a ser violadas en el mismo camión,
según los testimonios incorporados en el expediente judicial.
La
práctica de los abusos sexuales sistemáticos contra las detenidas fue
una causa directa de
la muerte de Perrini. Como el resto de los secuestrados, Perrini fue
sometido a picana y submarino, de modo que el 3 de marzo, una semana
después, estaba sumamente debilitado.
Pero,
tal como confirman varios de los testigos, cuando en el mismo lugar
donde estaban de
plantón algunos militares pretendieron violar a unas detenidas,
Chiquito protestó y pretendió auxiliarlas. Fue entonces que el personal
militar se ensañó con él. En medio de la salvaje golpiza,
Perrini gritaba: "helado, helado", para ser identificado por sus
compañeros. Hasta que los gritos cesaron abruptamente y algunos de los
detenidos oyeron una exclamación de uno de los
torturadores: "Te pasaste". Recién días más tarde los detenidos
supieron que Chiquito había muerto, y tomaron conciencia de que su
muerte mejoró la situación de los restantes: "Por la muerte de
Chiquito pararon la mano con la tortura".
TRATO RIGUROSO.
Algunos de los testigos, como las hermanas Noemí y Ruth Castillo, afirman que la visita ocular colectiva al cuartel de Colonia, a fines del año pasado, les permitió superar el miedo y el pudor que aún arrastraban, y denunciar, por ejemplo, los abusos sexuales. De las múltiples diligencias ordenadas por la jueza se tenía una lista bastante completa del personal militar, oficiales y tropa que revistaba en el batallón en el momento de la muerte de Perrini.
Algunos de los testigos, como las hermanas Noemí y Ruth Castillo, afirman que la visita ocular colectiva al cuartel de Colonia, a fines del año pasado, les permitió superar el miedo y el pudor que aún arrastraban, y denunciar, por ejemplo, los abusos sexuales. De las múltiples diligencias ordenadas por la jueza se tenía una lista bastante completa del personal militar, oficiales y tropa que revistaba en el batallón en el momento de la muerte de Perrini.
Pero
la compartimentación a que estaban sometidos los detenidos,
encapuchados o vendados,
hacía más dificultosa la identificación de los autores materiales
del asesinato. Sin embargo, la sede judicial recibió un documento
inesperado: al solicitar toda la documentación existente en
cualquier repartición estatal vinculada al caso, apareció un
expediente del Supremo Tribunal Militar archivado en dependencia de la
justicia ordinaria. Ese expediente incluía las actuaciones de
jueces sumariantes por la muerte de Perrini y las actas de
interrogatorio al personal militar; asimismo incluía el informe médico
sobre la autopsia practicada en el Hospital Militar.
De
esa documentación se desprende la identidad de los tres oficiales que
interrogaban a
Perrini inmediatamente antes de morir. La declaración que formuló el
entonces capitán José Agustín Baudean es reveladora: "El día 3 de marzo
siendo aproximadamente las 17 horas fue llevado a la
sala de interrogatorios el presunto sedicioso Aldo Francisco
Perrini.
Durante
el transcurso del mismo el presunto sedicioso sufrió un
desvanecimiento. Ante ello, el
suscrito le ordenó al teniente primero José Puigvert que llamara
primero al enfermero y después al médico de la unidad. En la sala de
interrogatorios se encontraban presentes el teniente primero
José Puigvert, el teniente primero Pedro Barneix y el suscrito"
(véase facsímil). El médico Eduardo Solano "se hizo presente a los pocos
minutos" y aconsejó trasladar al "enfermo" a Enfermería,
mientras un alférez de apellido Molina se trasladaba hasta la casa
del segundo jefe de la unidad, mayor Washington Perdomo, para informarle
de lo sucedido. En la segunda pregunta formulada a
Baudean, el juez instructor quiso saber "si al presunto sedicioso se
le realizaron apremios físicos". El capitán Baudean "responde: Que no".
Sin
embargo, el teniente Pedro Barneix de alguna manera desmiente al
capitán Baudean. En el
acta de sus declaraciones aparece afirmando que "durante la guardia
del día 3 no constató ninguna anormalidad con los detenidos".
La
siguiente pregunta revela que la tortura a detenidos no era una
anormalidad:
"Preguntado: si sabe o presume las causas por las cuales el presunto
sedicioso Aldo Perrini presenta hematomas en su cuerpo al realizarse la
autopsia, contesta: que no sabe, pero presume que
pudieron haber sido ocacionadas (sic) por el trato riguroso que el
personal debe exigir a los detenidos e incomunicados para mantener la
disciplina y la compartimentación, en virtud de
encontrarse los detenidos en un solo alojamiento".
Según
declaró el mayor Perdomo, Perrini fue trasladado "en estado delicado" a
Montevideo, pero
"falleció en el quilómetro 110 de la ruta 1". El médico José A
Mautone (un viejo conocido de las crónicas sobre el terrorismo de
Estado) describió las consecuencias de ese "trato riguroso" en el
informe sobre la autopsia del cuerpo de Perrini: "El examen externo
enseña múltiples hematomas y equimosis en parte anterior del tórax y
abdomen, especialmente en hipogastrio y genitales
externos, múltiples hemorragias en el panículo adiposo subyacente,
equimosis en miembro inferior derecho y antebrazo izquierdo.
El
examen interno enseña pulmones particularmente distendidos,
congestivos, con
hemorragia subpleural. En resumen: del estudio que antecede surge
como causa de muerte el edema agudo de pulmón, originado en el stress",
es decir, como consecuencia de la asfixia, lo que revela
que Perrini murió por las torturas a las que fue sometido.
Para
el abogado López Goldaracena, la admisión de que se le aplicaba a los
detenidos un "trato
riguroso" es una confesión explícita de la práctica de torturas, que
en este caso derivó en un asesinato, como se desprende del informe de
la autopsia; y por ello, las declaraciones de Barneix y
Baudean, admitiendo su presencia en la sala de interrogatorios en el
momento del "desvanecimiento", será el aspecto central de las
determinaciones que adopten los magistrados cuando se retomen
las actuaciones tras la feria judicial mayor.
El
abogado representante de la familia Perrini explicó a Brecha que un
error de la burocracia
impidió que el general Barneix recibiera la citación
correspondiente, por lo que aún no fue interrogado. No obstante, resultó
significativo que una abogada, identificada como personal jurídico
del Comando General del Ejército, haya presentado un escrito, a
nombre de Barneix, solicitando la conclusión de las actuaciones por
prescripción de la causa. También resultó significativo que el
diario La República consignara que la citación a Barneix era en
calidad de testigo, cuando en realidad es un indagado.
Los
medios de comunicación de alcance nacional hasta ahora no han dado
cuenta de la
documentación encontrada en el expediente de la justicia militar. En
cambio, el semanario El Eco de Nueva Palmira incorporó los elementos
incriminatorios contra Barneix, Baudean y Puigvert en la
extensa cobertura del tema a cargo de los periodistas Daniel Roselli
y Gabriel Monteagudo. Los documentos, en especial los interrogatorios a
los tres oficiales que realizaron el último
"interrogatorio" a Perrini, son considerados excepcionales, porque
hasta ahora no se registraron constancias tan directas sobre la tortura y
los torturadores.
Barneix y los desaparecidos
En
1974, después de realizar cursos de especialización en la Escuela de
las Américas, en las
bases militares estadounidenses del Canal de Panamá, Pedro Barneix
revistaba como teniente primero en el Batallón de Infantería número 4 de
Colonia. A principios de marzo de ese año, Barneix
integró el equipo de oficiales que interrogó a Aldo Perrini, después
de lo cual el detenido falleció (véase nota central).
La
investigación de la justicia militar que siguió al asesinato de Perrini
no impidió
que el entonces teniente continuara su carrera ascendente en el
Ejército, en especial en el área de inteligencia, en cuyas dependencias
revistaba cuando explotó el escándalo del secuestro y
asesinato del bioquímico chileno Eugenio Berríos, en 1993. Tampoco
este episodio, por el que fue interrogado por la justicia departamental
de Canelones, alteró su carrera ascendente, que lo
ubicó, tras su designación como general, al frente de la Dirección
Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie).
Con la asunción de Tabaré Vázquez, la cuestión de los derechos humanos tuvo un vuelco en la interna de las Fuerzas Armadas. El general Barneix, según las fuentes militares que consultaba El Observador, era uno de los oficiales superiores que se inclinaban por aportar la información que permitiera resolver la cuestión de los desaparecidos. Tales trascendidos mediáticos fueron al parecer confirmados por la decisión del presidente Vázquez de encargarle, junto con el general Carlos Díaz, la misión de obtener información en un relevamiento interno de las Fuerzas Armadas.
Los datos recabados fueron elevados al presidente por intermedio del comandante del Ejército, Ángel Bertolotti, y resultaron ser falsos o inconsistentes cuando se confrontaron con los trabajos de campo en los cuarteles donde hubo cementerios clandestinos. Barneix, quien por la falsedad de la información fue interrogado en sede judicial en el expediente sobre el "segundo vuelo", explicó que la información, recibida en forma anónima, no había sido verificada.
El
general Barneix era jefe de la División de Ejército IV cuando su colega
Carlos Díaz fue
relevado de la comandancia del Ejército por su participación en
reuniones de carácter político; su nombre fue manejado como posible
sucesor. Cuando la decisión del presidente Vázquez recayó en el
general Jorge Rosales, a despecho del criterio de antigüedad,
algunos generales amenazaron con pasar a retiro. Barneix, en cambio,
prefirió seguir al frente de la División IV y sustituyó
temporalmente a Rosales en la Comandancia del Ejército. Pasó a
retiro tras los ocho años reglamentarios en el generalato.
Su
comprometida participación en el caso Perrini no era conocida ?según
fuentes políticas
consultadas? por el presidente Vázquez cuando lo designó para la
delicada misión de obtener información sobre los secretos militares. El
"caso Perrini" era otro secreto, pese a la investigación
de la justicia militar.
El papel de los médicos
El
juzgado que investiga el asesinato de Aldo Perrini tuvo dificultad
(como ocurrió con el
general Pedro Barneix) para establecer los domicilios de dos médicos
que asesoraban a los torturadores en el cuartel de Colonia. El dato
resulta fundamental para librar las citaciones de
comparecencia obligatoria que permitirán interrogarlos.
Por
lo menos una docena de testigos, ex presos políticos o simples
ciudadanos, que en febrero
y marzo de 1974 fueron detenidos y torturados en el Batallón de
Infantería Número 4, coinciden en señalar la activa participación de los
médicos Emilio Visca y Eduardo Solano como "asesores" de
los torturadores.
Un
testigo confirmó ante los magistrados que Solano, después de efectuarle
una revisación en
la enfermería del cuartel, debido a la fractura de tres costillas,
le dijo a los militares que custodiaban al detenido: "Pueden seguir"; y
el detenido regresó a la sala de torturas. Solano fue
quien se presentó en el cuartel cuando Perrini "se desvaneció" y
aconsejó internarlo en el Hospital de las Fuerzas Armadas debido a su
"estado delicado".
Un
comportamiento similar, reñido con su condición de médico, tuvo Emilio
Visca. Según el
testimonio de otro detenido, Visca supervisaba las sesiones de
tortura; en su caso, después de auscultarlo, concluyó: "Sigan dándole,
que se está haciendo el vivo".
Al respecto, el abogado Óscar López Goldaracena, que representa a los familiares de Aldo Perrini, solicitó, en el escrito presentado ante el juzgado, que se pida información al Colegio de Abogados y al Sindicato Médico del Uruguay para determinar si hubo en estos casos algún pronunciamiento de la Comisión de Ética Médica.
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