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domingo, 30 de mayo de 2021

Libertad de prensa

 Via www.conaicop.org


Vía Cainfo

En el último año se registraron 49 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay, según el séptimo informe de monitoreo realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo). Se trata del número más alto de casos desde que existe el estudio, luego de los 26 registrados en el sexto informe. La mayoría de los episodios (30) tienen que ver con la restricción del acceso a la información.

La investigación y elaboración de este informe se desarrolló en un marco de creciente riesgo para la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación. Ese clima de hostilidad, muchas veces se traduce en agresiones a través de redes sociales, acusaciones de intencionalidad política, atribuciones de pertenencia a partidos o grupos de interés, entre otros ataques que involucran a funcionarios públicos y miembros del gobierno.

El reporte abarca entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021 y se enmarca en el proyecto “Periodismo y libertad de expresión en Uruguay. Monitoreo de amenazas” de CAinfo, que impulsa la promoción y defensa de la libertad de expresión en el país a partir del desarrollo de una metodología de relevamiento y sistematización de información sobre la materia.

El trabajo realizado este último año muestra la existencia de, al menos, 49 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay en seis de los 12 indicadores analizados: agresiones y ataques, discurso estigmatizante, restricción al acceso a la información, procesos civiles y/o penales, uso abusivo del poder estatal y marco jurídico contrario a estándares internacionales de libertad de expresión y prensa.

La restricción al acceso a la información fue la categoría que reunió más casos y entre ellos 29 correspondientes a pedidos de acceso rechazados, no contestados o respondidos de manera incompleta o parcial. Esto también confirma un deterioro en el cumplimiento de este derecho que ya se venía registrando en informes anteriores, pero que tiene una confirmación cuantitativa en el año 2020.

Además de los pedidos de acceso que no fueron respondidos también se registró un retroceso normativo, que se refleja en algunas disposiciones de la Ley de Urgente Consideración aprobada con los votos de la coalición de gobierno, según consignó CAinfo en su informe ante el parlamento en mayo de 2020.

La categoría Agresiones y ataques tuvo 8 episodios y le siguen el Marco jurídico contrario a estándares con 4, los procesos judiciales con 3, el uso abusivo del poder estatal con 2 y el Discurso estigmatizante con 2.

De las personas que sufrieron las amenazas, en 4 casos se afectó a periodistas mujeres (en dos casos los ataques tuvieron claros componentes de violencia de género), en 30 a varones y en 15 ocasiones el episodio tuvo impacto en equipos periodísticos o medios de comunicación. Los responsables de las amenazas fueron organismos o funcionarios del Estado en 39 ocasiones, en 6 fueron personas no estatales y en 5 no se identificó a los responsables.

CAinfo ve particularmente preocupante el aumento de casos de rechazo de solicitudes de acceso a la información pública amparándose en cláusulas de confidencialidad, como ocurrió en los casos de los contratos para la compra de vacunas contra la Covid-19, el proceso de litigio internacional contra el Estado uruguayo por parte de la minera Aratirí, y otros casos puntuales como el acuerdo con la empresa PepsiCo y el caso del sumario al exsecretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma.

También se constató una tendencia de los organismos públicos, tanto a nivel nacional como departamental, a restringir el acceso a la información vinculada a la pandemia de Covid-19, en una línea contraria a las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana (CIDH). En este sentido, a CAinfo le resulta alarmante el criterio aplicado por algunas direcciones departamentales de salud que se niegan a informar sobre los casos de Covid-19 por localidad, con el argumento de no “estigmatizar” a la población, mientras hay otras que lo hacen en tiempo y forma.

El problema motivó a CAinfo y un grupo de organizaciones preocupadas por la situación a emitir una declaración en defensa de la transparencia de la información sobre la pandemia, a fin de exhortar a las autoridades nacionales y departamentales a cumplir con su obligación de garantizar el cumplimiento de un derecho fundamental en tiempo de crisis sanitaria.

Mas informes

https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Informe-de-Deutsche-Welle-sobre-libertad-de-prensa-en-Uruguay-genero-criticas-de-blancos-uc787874

DW Español, el canal de televisión de la cadena internacional Deutsche Welle, de origen alemán, presentó este jueves un informe de seis minutos en el que plantea que la libertad de prensa está «amenazada» en Uruguay, «la democracia ejemplar de las Américas». El único entrevistado es Edison Lanza, ex Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e integrante del equipo de Yamandú Orsi, el intendente de Canelones. Algunos de los planteos de Lanza, como el que refiere al despido del coordinador de Subrayado, Eduardo Preve, y su posible vínculo con «una presión de parte del gobierno», generaron críticas de dirigentes nacionalistas.

«Hasta muy hace poco Uruguay constaba en los reportes internacionales de la libertad de prensa y opinión como una de las excepciones de las Américas, y sin embargo el trámite de una nueva ley de medios por parte del gobierno de Luis Lacalle Pou y su bancada conservadora ha encendido las alarmas de periodistas y defensores de la libertad de prensa y expresión dentro y fuera de Uruguay», dice la presentadora del informe. «Las críticas han sido ampliamente recogidas en la prensa nacional. Critican que recorta derechos ciudadanos, quita toda transparencia a la forma en que se asignan frecuencias de radio y televisión, y levanta a niveles inéditos las barreras a la concentración de medios. Según el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo), en el último año se registraron 49 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay», agrega la periodista.

Consultado sobre estas amenazas, Lanza respondió que «hay restricciones sobre todo al derecho de acceso a la información pública», y agregó: «Cainfo llevó ante la justicia los contratos confidenciales para la compra de vacunas. Lamentablemente la Justicia ratificó que tienen que ser confidenciales. Hay una tendencia creciente y una reforma legal que el presidente puede nombrar secreto los casos o temas de inteligencia nacional. Entonces, hay una creciente tendencia a mantener muchos temas y documentación importante en el ámbito de la opacidad».

«Luego hostigamiento a través de redes sociales; hay una polarización que se ha verificado en el país como en otros países de la región, y muchas veces los periodistas que informan sobre hechos de interés público son objeto de hostigamiento por parte a veces de algunos funcionarios públicos, otras veces de militantes de los distintos partidos, e inclusive del partido de gobierno, con lo cual el clima se ha enrarecido notoriamente».

El caso Preve

«¿Quiénes son los amenazados?», preguntó entonces la periodista de DW Español, y consultó concretamente por el caso de Preve, que «según el colegio de periodistas de Uruguay fue despedido por intervención directa del gobierno», agregó la presentadora.

«Hay dos temas ahí», respondió. «En redes sociales en general hay algunas legisladoras y legisladores, algunos del partido de gobierno, y en otros casos militantes también de la oposición, y los periodistas que informan o revelan asuntos que disgustan a estos funcionarios o personalidades muchas veces son objeto de descalificaciones y hostigamiento, y detrás viene una andanada de críticas o de insultos por parte de líderes de opinión en las redes», agregó.

La periodista repreguntó entonces «si en el caso de Preve hubo intervención directa del gobierno», ante lo que Lanza respondió que «el periodista fue despedido» y que «no hay una declaración oficial» porque «estas cosas no se declaran muchas veces».

«Sabemos que era el principal informativo del país, que Preve lo estaba liderando hace 12 ó 14 años, que tenía excelente raiting y muy buen relacionamiento con todo el equipo. Él era el líder del informativo y sin una razón aparentemente válida fue despedido. El canal luego declaró públicamente el desgaste de la relación. En el marco del despido debió firmar una cláusula de confidencialidad para obviamente acceder a su despido, a la negociación de salida. En un momento de crisis absoluta, se entiende que el periodista tenga que asegurar poder seguir viviendo», dijo Lanza.

«La Asociación de la Prensa, el sindicato de periodistas, ha hecho una serie de relevamientos, y ha manifestado que por la investigación que hizo y las fuentes que consultó habría habido algún tipo de presión de parte del gobierno, en un informativo, que hay que decirlo, era el más plural de algún modo, el que ofrecía mayor neutralidad al espectro político del país», aseguró.

«Falta a la verdad»

Ante estos planteos, el diputado nacionalista Juan Rodríguez aseguró que Lanza «falta a la verdad por partida triple». En primer lugar, menciona las «razones de la desvinculación de Preve de Subrayado»; en segundo lugar, «respecto a las ‘amenazas a la libertad de expresión’, cuando NO se recurrió al mecanismo judicial para solicitarla»; y en tercer lugar «sobre la Ley de Medios».

«SP!», publicó el legislador herrerista, en alusión a una reconocida sigla usada por el relator de fútbol Rodrigo Romano: «sin palabras».

El director de Antel, Guzmán Acosta y Lara, exdiputado blanco, respaldó a su correligionario y agregó: «Uruguay es un país en donde la libre expresión y la libertad de los comunicadores está garantizada».

La ley de medios

Esta semana el gobierno envió a los partidos de la coalición y al Frente Amplio el proyecto de la nueva ley de medios para que sea tratado en la Comisión de Industria de Diputados.

La periodista de DW Español le preguntó a Lanza cuánto puede empeorar la situación actual el proyecto de ley de medios enviado por el Poder Ejecutivo. «Reforma una ley del gobierno de Pepe Mujica que buscaba mayor pluralismo en las líneas editoriales, la cantidad de los medios de comunicación, limitar la concentración, dado que los tres grupos mayoritarios antes de la última elección claramente apoyaron el cambio hacia el sector conservador del espectro político que hoy gobierna», respondió quien se desempeña como director de comunicación, transparencia y relaciones internacionales de la Intendencia de Canelones.

«Es claro que ningún grupo de medios medianamente grande tiene una línea editorial que refleje al 40 o 45% del país. Creo que esta ley va a reforzar a los grupos actualmente existentes, su esquema de negocios y su posición dominante en el país, por lo tanto, va a seguir afectado el pluralismo de las líneas editoriales que requieren una democracia», concluyó Lanza.

La conductora cerró entonces el informe aclarando que el canal intentó contactar al presidente y al canciller, Francisco Bustillo, para hablar de este tema, pero que no ha podido hablar con ninguno de los dos.

Montevideo Portal

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