Uruguay mi Pais

Pensando y actuando en positivo

Felipe Michelini

30.10.2012 uy.prees

La acción política y parlamentaria tiene su propia dinámica. Esta trasciende la voluntad, el deseo y el ritmo de los que estamos inmersos en ella.

Se tiene conciencia de ello, pero sin embargo, pasa desapercibido al ciudadano que no realiza un seguimiento cercano de la cosa pública. Obviamente la gran mayoría de la población está concentrada en su diario vivir. Se focaliza en el desafío de lograr sus objetivos personales o familiares que su propia e intransferible peripecia de vida le enfrentan todos los días.

A pocos hechos especiales se les presta atención más allá de lo cotidiano y estos no tienen necesariamente vinculación con la política. Asimismo, como una paradoja de la sociedad postmoderna en la que vivimos, que muestra superabundancia informativa, pero en la gran mayoría de tal levedad que ilumina lo intrascendente de asuntos sin importancia alguna. Estos resaltan, ya sea por su propio carácter o porque los medios masivos de comunicación le asignan esa condición, pero a la hora de su retención por la opinión pública no tiene significación.
Este punto de partida me alienta a dedicar estas líneas a resaltar una decisión de la Cámara de Representantes de enorme importancia y sin duda relevante para el futuro. Me refiero al proyecto de ley "Afrodescendientes. (Normas para favorecer su participación en las áreas educativa y laboral)". La aprobación de este proyecto de ley en la Cámara de Diputados no concitó lamentablemente la atención que su contenido sustantivo ameritaría, en los medios masivos de comunicación. Todo indica que para los periodistas y responsables de las mesas de noticias, de acuerdo al espacio que tuvo la cobertura de "la media sanción en la Cámara baja" según la jerga parlamentaria que sintetiza en español uruguayo una idea de derecho constitucional y picardía popular, no tendría importancia alguna.
Tal vez ello se deba a que la aprobación del proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, o la delicada situación de la búsqueda de darle al país las mejores condiciones de conectividad aérea a través del remate de los aviones de la ex empresa privada Pluna, han concentrado la atención de los medios. ¡Hasta desplazaron las noticias de la crónica policial sensacionalista!
Pero más allá de esta introducción, el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados y a la espera de su aprobación en la Cámara de Senadores, ha sido una excelente noticia para los que buscamos una sociedad más justa y más solidaria que atienda las situaciones de mayor inequidad que presenta nuestra realidad.
El proyecto es breve y tiene tan sólo once ar¬tículos. Muestran a mi entender un punto de inflexión fundamental en materia de lucha contra la discriminación, tal como la ha considerado la Cámara de Representantes.
Los primeros tres ar¬tículos tienen un nivel de importancia sustantiva. En primer lugar, reconocen el pasado de discriminación, de esclavitud, de que fue objeto la población afrodescendiente, que constituyó un crimen de lesa humanidad. En segundo término, indican claramente el interés general de las acciones afirmativas, a efectos de no quedar simplemente en una lógica de igualdad formal y escritural que no tenga impacto en la realidad. Y, en tercer término, establecen claramente que esas acciones afirmativas condicen y son contestes con el derecho constitucional uruguayo establecido en los ar¬tículos 7º, 8º y 72. Dicha interpretación se reafirma con el ar¬tículo 332 de nuestra Carta Magna que establece que aquellas de sus normas que establecen derechos no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación aplicable.
Asimismo, el proyecto indica que tanto la trata como el tráfico esclavista constituyen crímenes contra la humanidad, en referencia al Derecho Internacional, pero en la medida en que la categoría ya está incorporada en nuestro derecho positivo desde el año 1945, es una referencia a nuestra adhesión como Estado a la más correcta y más amplia concepción jurídica de defensa de la dignidad del ser humano. A su vez, la ley, en sí, constituye un acto de reparación de la discriminación histórica y por ello es una garantía de no repetición y, en definitiva, avanza también en la lógica de la mejor doctrina en materia de promoción, respeto y difusión de los derechos humanos.
Estos tres ar¬tículos, cómo un trípode sustancial, le da un sentido y una sustancia que una vez aprobado, constituirá un hito en la historia legislativa de nuestro país en relación a cómo Uruguay y el Estado tratan a la población afrodescendiente.
Los ar¬tículos 4º y 7º se refieren a las acciones afirmativas en materia laboral. Este punto es sustantivo, pues sin integración real al mundo del trabajo no será posible modificar las pautas de discriminación endémicas que afectan a la población afrodescendiente en nuestro país. Si no se realiza un cambio respecto a lo que se ha venido haciendo hasta ahora, claramente vamos a continuar discriminando a esta población, atrapada en un círculo vicioso de desempleo o empleo de mala calidad - ingresos bajos - familias de contexto socioeconómico vulnerable - lo que en general limita sus capacidades para obtener mejoras sociales y económicas de especie alguna.
Los ar¬tículos 5º, 6º y 8º se refieren a la educación. Es el complemento esencial para erradicar el círculo vicioso que describíamos. No hay herramienta más fundamental que esta, pues todos los expertos en materia de políticas sociales están contestes en que es la educación la que en el largo plazo tiende a modificar en profundidad la lógica sistémica a través de la que una sociedad distribuye los ingresos y los reconocimientos simbólicos.
Por último, los ar¬tículos 9º, 10 y 11 se focalizan en la supervisión y seguimiento de este proyecto de ley y de los impactos que de él se generen, para que no quede simplemente como una norma programática, sino que efectivamente tenga efecto en la sociedad uruguaya. No hay política pública consistente si no hay institucionalidad para que las acciones derivadas de aquella puedan evaluarse y así optimizar los logros y eventualmente modificar los rumbos si fuese necesario.
En síntesis, el proyecto de ley asume esta situación de violación endémica de los derechos humanos no solo de los económicos, sociales y culturales, sino también de los civiles y políticos a que está sujeta la población afrodescendiente. El proyecto diseñado permite afirmar y asegurar la igualdad, por el mecanismo de la ley, a través de la incorporación, en el marco del ar¬tículo 72 de la Constitución de la República, del principio de no discriminación y la generación de acciones afirmativas, de modo que el Estado uruguayo no solo respete los derechos de las personas, sino que, cómo debe ser, garantice su pleno ejercicio.
En las razones para el apoyo de una iniciativa legislativa, siempre hay una perspectiva política. En este caso, para mí es más que relevante , además de las virtudes del proyecto de ley en si mismas, que es necesario resaltar. Hace muchos años, allá por fines de la década del ochenta, era un joven estudiante cuando tuve la triste oportunidad de hacer el seguimiento de lo que decían los representantes de nuestro Estado en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas con respecto a este tema. Señalaban que en Uruguay había igualdad, que el ar¬tículo 8º lo garantizaba, que no era realidad que hubiera discriminación o racismo en nuestra sociedad, incluso se afirmaba que no había afrodescendientes en el país. Y lo hacían no solo en nombre del Estado uruguayo, sino también de la sociedad uruguaya. ¡Qué bueno que veinticinco años después estemos discutiendo un proyecto de ley con un contenido y orientación que apuntan a la búsqueda de soluciones a estos problemas! No hay forma de solucionar los problemas si primero, aunque sea difícil y doloroso, no se los reconoce. Esta iniciativa va en ese sentido, en tanto reconoce una realidad histórica que es una afrenta al conjunto de la sociedad uruguaya. Poder reconocer y encuadrar el problema a través de una ley es el primer paso para cambiar una situación que nosotros estamos convencidos debe modificarse.
En ese sentido, debemos reconocer que esto no es simplemente fruto del trabajo de un parlamentario o de una Comisión asesora de la Cámara de Representantes, que por cierto es bueno destacar que aunó esfuerzos, que nos permitió aprender, que pudimos dialogar con la sociedad civil organizada y con los organismos del Estado especializados en este tema, sino que en definitiva es el producto del trabajo, de la lucha, de la constancia y la persistencia de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente de las organizaciones de la comunidad afrouruguaya que pusieron una y otra vez este tema en la agenda pública. Es bueno tener presente las dificultades, la incomprensión a la que muchas veces nos enfrentamos para algo tan simple y claro. Vaya tan sólo como ejemplo el esfuerzo que supuso agregar una pregunta en el censo nacional o en la Encuesta Continua de Hogares, hasta el que fue necesario para crear una pequeña unidad en una dependencia pública que se ocupara del tema especifico de los afrouruguayos. En definitiva, del esfuerzo que se requirió para generar sensibilidad en la sociedad uruguaya con respecto a este tema.
Desde mi punto de vista estos veinticinco años de lucha no han sido en vano, porque demuestran la lógica de la gradualidad de los cambios. Este proyecto de ley no hubiese sido posible sin esa lucha. Tampoco hubiese sido posible si no lo entendemos en el marco de una gradualidad, dado que no podemos pensar que es posible cambiar de un día para el otro el comportamiento de una sociedad con respecto a una situación endémica y de profundidad, sino que el cambio solo puede ser producto de una lógica acumulativa.
En ese sentido hay antecedentes importantes. La Ley Nº 17.817, que declara la lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación, o una norma más específica como la Ley Nº 18.059, aprobada por el Parlamento Nacional, que establece el 3 de diciembre de cada año como Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial. En definitiva, la gradualidad de los cambios termina consolidando instituciones, lo cual implica que los cambios vienen para quedarse. La consolidación de los cambios, como este de hoy probablemente la ley que se sancione en algún momento tendrá alguna revisión respecto al texto que aprobamos, con la finalidad de mejorarlo , genera instituciones que logran que lo que avancemos hoy, no lo retrocedamos mañana.
Además, hay que tener en cuenta la acumulación de actores, experiencias y reflexión colectiva, porque no siempre sucede que todos los partidos terminen afirmando y consensuando un proyecto en común.
Desde mi punto de vista esta futura ley no solo será un ejemplo por tratar la materia sustantiva que estamos considerando, que es la lucha contra la discriminación, la lucha por una sociedad inclusiva sino, además, será una muestra de algunas políticas de Estado y de la forma de hacer política Más allá del debate legítimo, natural y periódico que tenemos que tener los partidos en cuanto a nuestra propuesta social y política, debemos buscar espacios de acuerdo y de construcción de políticas de Estado. Estas pueden existir en el marco de las discrepancia sobre del proyecto social finalista, como las tiene la izquierda nacional con la derecha vernácula.
El resultado hasta ahora es un buen ejemplo a seguir de cómo se deben construir los cambios, en el Uruguay. Sin estridencias, sin voluntarismo infantil, sin la búsqueda de atajos en la oscuridad. Asumiendo que la sociedad se cambia como se construye un edificio: con tiempo y paciencia para que el ladrillo que hoy se pone en la pared se apoye en el anterior y sea la base del siguiente. En un marco del disfrute de libertades y derechos, en cumplimiento de los deberes y de la ley. En fin, del estado de derecho como garante de la convivencia. Si nuestros compatriotas afrouruguayos han podido ser pacientes para luchar por los cambios, cómo no podremos serlo los que tenemos la responsabilidad de conducir los destinos de la Nación, para asegurar que cuando estos llegan lo hagan para permanecer.
El proyecto de ley que firmó el Arq. Antonio Gallicchio y aprobó el Cdor. Jorge Caffera que me suplieron oportunamente en la Cámara, reflejan, como lo he reseñado, visiones históricas, concepción jurídicas y conceptos políticas. Todos ellos fruto de la reflexión desde una determinada concepción de izquierda nacional, a mi entender del socialismo democrático. Sin embargo, hay un aspecto emotivo fundamental y altamente motivante, en tanto la norma está reconociendo la lucha de las organizaciones de afrodescendientes, de sus dirigentes, del hombre y de la mujer, así como del niño, de la niña y del adolescente, todos afrouruguayos que aún hoy son víctimas y todavía soportan en forma cotidiana la discriminación, que tanto los daña desde el punto de vista psicológico. ¡Para aquellos que han podido sobrellevar esa carga y han transmitido a sus hijos que se puede ser parte de la comunidad nacional a pesar de esa discriminación, la aprobación de la ley constituye un homenaje y un reconocimiento a su lucha y su constancia!

Estas son las cosas que el ciudadano de a pie no registra, pues el proyecto no tuvo repercusión en los medios. De todas formas es uno de los logros que hace que sigamos siendo optimistas y continuemos pensando y actuando en positivo, porque sabemos distinguir lo importante de lo accesorio y ser conscientes de que los cambios reales y profundos, pese a que los deseemos intensamente, no se hacen, de un día para otro.