PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 1 DE MARZO DE 2013
GONZALO AGUIRRE: ENTRE LOS INDAGABLES Y EL FALLO DE CHEDIAK
El amanuense de la Corte
Pocos
manifestantes reconocieron debajo de su sombrero negro y saco marrón,
al hombrecito que con un diario y un cuaderno rojo bajo el brazo, salía
presuroso del Palacio de Justicia en medio de la manifestación de apoyo a
Mariana Motta. El ex vicepresidente Gonzalo Aguirre estaba dentro del
edificio en el que debía jurar la jueza trasladada y donde el ministro
Jorge Chediak daba los últimos ajustes al relato de la sentencia que
declaró inconstitucional la ley de prescripciones y vuelve a imponer la
impunidad en Uruguay.
ROGER RODRIGUEZ / rogerrodriguez@adinet.com.uy
El 4 de febrero de 2011,
Caras y Caretas publicó
un artículo titulado ‘La ofensiva de los indagables’ en el que se
exponía el plan de acción que para liberar a sus camaradas presos había
instrumentado el autodenominado Foro de Libertad y Concordia que,
integrado por militares retirados, había salido en “maniobra general”
con el “propósito” de lograr “formar opinión pública, psicosocial y
política” para alcanzar el objetivo de su misión, “en principio por
medios legales”. Veinte días más tarde, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos condenaba a Uruguay por el caso Gelman.
Entonces
se inició el proceso que concluye ahora con el traslado de la jueza
Mariana Mota y el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia
(SCJ). En aquel artículo también se explicaba que el vocero de la
organización, coronel José Carlos Araújo, había publicado en las
páginas internas de la publicación de la Cooperativa de Ahorro de
Oficiales de las Fuerzas Armadas un plan de operaciones que sería
comandado por un “Grupo Coordinador” integrado por representantes de
las “tandas” (generaciones) de promoción, que se subdividiría en
“secciones” que incluían la “política y psicosocial”, “propaganda”,
“jurídica”, “prisioneros”, “organización”, “familia”, “internacional”,
“finanzas y logística”, “inteligencia” y “militar”.
Luego de un
primer embate propagandístico en las redes sociales, la organización
Libertad y Cambio pareció ir perdiendo fuerza en la medida en que quedó
asociada a una serie de organizaciones de confeso sello nazi a nivel
internacional y de la antichavista UnoAmérica cuyo líder, Alejandro Peña
Esclusa, estaba preso en Caracas por portar explosivos para atentados
en los comicios legislativos de aquel país. En el entorno del grupo de
indagables se llegó incluso a editar un video en el que se advertía de
posibles acciones militares y también se desarrollaron visitas a
organizaciones internacionales en las que se planteó que los militares
eran “presos políticos”.
Sin embargo, donde Libertad y Concordia
fue desarrollando su mejor trabajo fue en la sección “jurídica”, que
debía cumplir el objetivo de “ejecutar acciones para formar un equipo
de abogados y juristas dispuestos a luchar contra el derecho penal del
enemigo, formando opinión pública (no para defender en los estrados a
los acusados)”. En ese escenario fue que comenzó jugando el ex fiscal de
Corte Miguel Langón, quien terminó siendo desplazado por el
constitucionalista Gonzalo Aguirre Ramírez, quien en marzo de 2011,
junto al ex presidente Jorge Batlle, se reunía con el presidente de la
SCJ, Leslie van Rompaey, para presionarlo en contra de la jueza Mota.
La
‘ofensiva’ de 2011 no pudo impedir el procesamiento del coronel
Tranquilino Machado por el homicidio del estudiante Juan Ramón Peré en
1973, ni el del coronel Carlos Calcagno, por un delito de desaparición
forzada (Santana-Inzaurralde) que le tipificó la jueza Mariana Mota;
pero, particularmente, el grupo fracasó al no poder impedir la
aprobación de una ley que pospuso la prescripción de los delitos que se
instauraba aquel 1° de noviembre. En 2012 los “indagables” hicieron un
cambio táctico y pasaron a una “defensiva militar” (ver
Caras y Caretas del
18 de febrero de 2012) por la que todos los abogados se coordinaron con
el objetivo de trancar los expedientes, derivarlos a tribunales de
alzada y, finalmente, plantear la inconstitucionalidad de la Ley 18.831
ante la SCJ. Y así ocurrió…
SUPREMA PARA RATO
La
historia, sin embargo, habría comenzado a entretejerse un poco antes:
el 19 de octubre de 2009, cuando a siete días de la elección de
legisladores y presidente, en comicios en los que se definían los
plebiscitos por el voto consular y el voto rosado, la SCJ reveló un
inesperado dictamen en el que cambió un fallo anterior y consideró
inconstitucional la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del
Estado en el caso de Nibia Sabalsagaray. El fallo tuvo dos efectos: por
un lado, desalentó a quienes dudaban del voto rosado y los impulsó a no
sufragar ya que la caducidad había terminado; por otro, aunque nadie lo
suponía, se abría una indagatoria en la que un general en actividad,
Miguel Dalmao, sería procesado con prisión.
El proceso de Dalmao,
al que seguiría el de Machado, fue la antesala de una previsible segunda
ola de juicios sobre la dictadura, que se desprendían de la inicial
causa contra el dictador Juan María Bordaberry que estaba en manos de la
jueza Mota y la fiscal Ana María Telechea, quienes reabrieron los
casos Gelós Bonilla, fusilados de Soca, Leonardo de los Santos, un
‘paquete’ de veinte muertes en prisión y nuevas denuncias que por
torturas realizaban las víctimas de cada unidad militar. La aparición de
los cuerpos de Julio Castro y Ricardo Blanco fue el corolario de esa
serie de logros en la lucha por la verdad y la justicia de quienes
sufrieron violaciones a sus derechos humanos.
Pero dentro del
Poder Judicial había comenzado a visualizarse un proceso extraño, a
partir de la asunción de nuevos ministros de la SCJ en cuya designación
el Frente Amplio tuvo que aceptar las propuestas del Partido
Nacional. Una SCJ que llegó para quedarse un tiempo. El ministro Jorge
Ruibal Pino ascendió por antigüedad en 2007 y se mantendrá hasta
cumplir 70 años en 2015; Jorge Larrieux fue propuesto por los blancos
en 2008 y seguirá hasta 2016, cuando llegue a la edad máxima; Jorge
Chediak, votado en 2009 con apoyo nacionalista, puede seguir como
ministro hasta 2019; mientras que las dos últimas incorporaciones,
realizadas en diciembre de 2012, posibilitan que Ricardo Pérez
Manrique y Julio César Chalar permanezcan en el cargo hasta 2017.
Los
tres ministros más antiguos fueron los que el 13 de abril de 2011
votaron un reacomodo del organigrama judicial y crearon el Tribunal de
Apelaciones en lo Penal de 4° Turno, que recibió prácticamente todos
los recursos que los abogados de los militares plantearon en cada causa
judicial por delitos de la dictadura. Ese tribunal, integrado por los
doctores Ángel Cal Shaban, Alfredo Gómez Tedeschi y Jorge Catenaccio,
fue el que cambió la tipificación que el juez Ruben Saravia había
imputado al coronel Tranquilino Machado por la muerte de Peré y decidió
aplicar la Ley 18.831, que los jueces penales habían evitado usar para
eludir recursos de inconstitucionalidad que de inmediato interpusieron
los defensores. Así, se sumaron recursos ante la SCJ.
GONZALO EL MAGNO
Gonzalo
Aguirre Ramírez nació en Montevideo el 25 de enero de 1940. Nieto del
caudillo blanco Juan Andrés Ramírez Chaín, su vida quedó marcada desde
que eligió la carrera de derecho. Integrado al Movimiento Nacional de
Rocha, en la dictadura fue secretario del Triunvirato de Mario Heber,
Carlos Julio Pereyra y Dardo Ortiz, que dirigía al Partido Nacional en
su semiclandestinidad. Pudo ser víctima de los vinos envenenados que
mataron a Cecilia Fontana de Heber en 1978, a cuyos responsables les dio
la impunidad.
Hace treinta años, en 1983, Aguirre participó en
las negociaciones del Parque Hotel y cuando fracasaron redactó, junto
al ex vicepresidente colorado Enrique Tarigo, la proclama que el actor
Alberto Candeau leyó frente al Obelisco a los Constituyentes. Acompañó
en la fórmula presidencial a Alberto Zumarán en 1984, cuando Wilson
Ferreira Aldunate quedó proscripto, y terminó siendo el vicepresidente
de Luis Alberto Lacalle en la victoria blanca de 1989. Dos veces apoyó a
su primo Juan Andrés Ramírez en los siguientes comicios, pero no lo
votaron. Frustrado, se dedicó al ejercicio de su profesión y al
periodismo.
A la salida de la dictadura fue el autor de la ley
15.738 que dio fuerza legal a las leyes del Consejo de Estado,
arrogándose el legislador facultades que reestablecieron la
Constitución violada e incluso interviniendo en el texto de la misma.
Algún día se estudiará la responsabilidad que tiene esta convalidación
selectiva de algunas normas del Consejo de Estado y de otros órganos del
gobierno de facto en algunos de los traspiés que hoy sufrimos en
nuestro ordenamiento constitucional.
En este tiempo Aguirre ha
sido un referente de cuanta discusión constitucional se produjo.
Pergeñó el sistema de balotaje (que pospuso una elección el ascenso al
gobierno del FA), tildó de inconstitucionales el impuesto barométrico y
el aumento de la contribución de Montevideo, la superestructura de
inteligencia de Sanguinetti en 2000, el contrato de capitalización del
Banco Comercial en 2003, defendió el subsidio de Jorge Larrañaga en
2004, estuvo en contra de la ley de procedimiento policial en 2008,
rechazó el voto del senador Óscar López Goldaracena por defender
víctimas de la dictadura y hasta consideró fuera de lo que parece ser
su carta magna las recomendaciones contra la violencia en televisión.
Ahora volvió a facturar con la inconstitucionalidad del impuesto a la
tierra (ICIR).
Desde 2005 los militares se transformaron en
buenos clientes. Primero, fue asesor contra la interpretación de la ley
de caducidad impulsada por el secretario de Presidencia, Gonzalo
Fernández, y en 2006 patrocinó a quince represores ante la exclusión de
la caducidad en el caso Gelman y en el homicidio de Zelmar Michelini y
Héctor Gutiérrez Ruiz. A mediados de 2008 los asesoró en recursos
contra el IRPF y logró una declaración de inconstitucionalidad de la
SCJ que le habría reportado una cuota de tres mil pesos por cada uno de
los 1.200 oficiales beneficiados (varios de ellos denunciados por
crímenes de la dictadura). Desde entonces asesora instituciones
castrenses.
Aguirre pasó a tener el protagonismo en la estrategia
de los defensores de los militares a partir del contundente fallo
internacional del caso Gelman y de una serie de debates impulsados por
organizaciones de derechos humanos en los que se calificaban los
delitos como crímenes de lesa humanidad y, por tanto,
imprescriptibles. Ésa fue la batalla jurídica que se sustanció en el
foro interno del Poder Judicial, donde no resultan ajenas las medidas
ejemplarizantes contra fiscales y jueces que sintonizaban con las
propuestas del derecho internacional. Como antes había ocurrido con la
fiscal Mirtha Guianze, la mira se puso en el fiscal Ricardo Perciballe y
en la jueza Mariana Mota. Ambos fueron sacados del ámbito penal.
EL AMIGO DEL JUEZ
El
30 de noviembre de 2010, cuando se cumplieron 30 años del plebiscito de
1980, el Parlamento hizo un particular acto recordatorio en el que se
rechazó aquel intento de reforma constitucional de la dictadura. En uno
de los palcos quedaron juntos el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre
Ramírez, el ex presidente Julio Sanguinetti y el entonces presidente
de la SCJ, Jorge Chediak. A los márgenes del trío, el ministro del
Interior, Eduardo Bonomi, y el presidente José Mujica.
Aguirre,
Sanguinetti y Chediak tuvieron un animado diálogo que quedó registrado
en imágenes. Aguirre había sido el corredactor de la ley de caducidad de
la pretensión punitiva del Estado (ideada por el diputado blanco
Héctor Martín Sturla); Sanguinetti, el presidente que promulgó aquella
ley de impunidad; y Chediak, el ministro relator de la sentencia que en
2009 calificó de inconstitucional a la Ley 15.848, permitiendo que el
general Dalmao termirara preso por la muerte de Sabalsagaray. Sólo diez
días antes del encuentro en aquel acto, Diputados había dado media
sanción al proyecto de ley interpretativo de la caducidad para dejarla
sin efecto. Curiosamente, Chediak volvió a ser el ministro relator en
la acordada que ahora consideró inconstitucional la ley contra las
prescripciones votada en 2011 tras un año de idas y venidas durante el
cual el FA no logró imponer su disciplina partidaria para imponer la
mayoría de votos que tiene en ambas cámaras. Chediak utilizó en su
recurso los mismos fundamentos con que Aguirre había atacado la ley.
Algunos, incluso, creen ver la letra del constitucionalista en algunos
de los alegatos del relator de la SCJ, que también dio argumentos de
fondo en contra del fallo de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos por el caso Gelman y se sumó a Aguirre en la teoría de que el
derecho interno se impone sobre las normativas internacionales. La
sentencia de Chediak parece un punto final.
Chediak había sido
propuesto por el Partido Nacional por su acercamiento al ex presidente
Luis Alberto Lacalle, quien durante el debate en el Senado nombró con
particular afecto al juez de la SCJ: “No sé cómo calificar la
intervención del Poder Ejecutivo en el trámite de la ley de caducidad
cuando se le tiene que dar cuenta para que establezca si está incluido o
no ese concepto […] No obstante, puedo decir que una vez que se
excluye, la interlocutoria que decreta el archivo tiene valor de cosa
juzgada. ¿Saben dónde se encuentra esto? En una sentencia redactada por
un ministro y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia –gran amigo
y jurista–, el doctor Jorge Chediak, en la que se declara
inconstitucional la ley en el caso Sabalsagaray”, alegó el ex
mandatario.
La buena relación entre colegas y correligionarios
podría tener otras repercusiones si, como se menciona en corrillos
judiciales, el abogado Gonzalo Aguirre Ramírez estuvo visitando
semanalmente al ministro Jorge Chediak en su despacho de la sede del
Poder Judicial antes de que se terminara de redactar y se divulgara la
sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional
la ley de las prescripciones. Casualmente, Gonzalo Aguirre estaba
dentro del Palacio de Justicia el mismo viernes 15 de febrero cuando la
jueza Mariana Mota, acompañada por una multitud de personas, juraba
como jueza en el área civil. Aguirre, quien tropezó en las escaleras,
fue captado por la cámara de la fotógrafa Martha Passeggi cuando, con
sonrisa nerviosa, se alejaba de la manifestación en la que había
quedado metido.
Paradójicamente, en el ejercicio de la presidencia
de la SCJ, el propio Chediak impulsó la acordada N° 7.688, por la que
la Justicia uruguaya asume los “Principios de la Ética Judicial
Iberoamericana”, cuyo artículo 3° señala que “el juez, con sus actitudes
y comportamientos, debe poner de manifiesto que no recibe influencias
–directas o indirectas– de ningún otro poder público o privado, bien sea
externo o interno al orden judicial” y en su artículo 15° impone que
“el juez debe procurar no mantener reuniones con una de las partes o sus
abogados (en su despacho o, con mayor razón, fuera del mismo) que las
contrapartes y sus abogados puedan razonablemente considerar
injustificadas”.
Mota recurrió
La
jueza Mariana Mota presentó un recurso para que la SCJ revoque la
resolución N° 70/2013 del 15 de febrero por la que fue trasladada del
Juzgado Penal de 7° Turno al Juzgado Civil de 1° Turno y rechaza que su
cambio de destino obedezca a “razones de mejor servicio”. “En mi caso no
solicité en ningún momento el cambio de materia o ser trasladada a otro
juzgado. Por lo que debe buscarse en otro lado la motivación del acto.
Es más, considero que el traslado decidido contraría el buen servicio
que reclama la Constitución”, sostiene.
“La decisión del traslado
inmotivado afectará consecuentemente las causas en que se investigan
graves violaciones a los derechos humanos [que] se verán demoradas por
el necesario lapso que demande su conocimiento por parte de la nueva
titular. Esta paralización aún temporal es contraria a lo que dictaminó
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia que condenó
al Uruguay en el caso Gelman vs Uruguay que sostuvo en su fallo ‘que
las investigaciones en el Estado relativas a este caso han sobrepasado
cualquier parámetro de razonabilidad en la duración de los
procedimientos aunado a que, pese a tratarse de un caso de graves
violaciones de derechos humanos, no ha primado el principio de
efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su
caso sanción de los responsables’”, dice la jueza.
Los impunidores: Aguirre, Sanguinetti y Cheirak...
Gonzalo saliendo de la SCJ en pleno acto por Mota.
http://www.laiguana.tv/noticias/2013/03/06/4237/IMPRESIONANTE-VISTAS-AEREAS-DEL-CORTEJO-FUNEBRE-DEL-PRESIDENTE-HUGO-CHAVEZ.html
(s/d Presidencia)
(s/d Presidencia)
“Uruguay
tendrá que responder ante la CIDH porque la sentencia por el caso de la
nuera del poeta Juan Gelman contra Uruguay impedía apelar a la
prescripción de delitos”, declaró este viernes el canciller Almagro.
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