La responsabilidad omitida del gobierno mexicano en Ayotzinapa

La responsabilidad omitida del gobierno mexicano en Ayotzinapa 

 10 de noviembre del 2014

 Con voz propia, Justicia pendiente, Mexico Violento

 

 Foto: Sergio Ferrer

Teódulo Pineda Bahena



 A pesar de lo que afirme y pregone a través de todos los medios informativos el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, en el sentido de que fueron elementos del crimen organizado quienes sacrificaron a los normalistas de Iguala, Guerrero, los ciudadanos de todo México y quienes se informaron de medios independientes de los sobornos gubernamentales, saben que fueron elementos de Seguridad pública quienes llevaron a cabo esa masacre y que el hecho, sí puede ser tipificado como crimen de estado.



 Testimonios obtenidos de personas de Iguala, poco después de haberse registrado la emboscada (que en ningún momento fue enfrentamiento, como lo aseguran medios de México), declararon que cuando se llevó a cabo la dispersión de estudiantes después del segundo atentado, elementos de la policía municipal de Iguala y personas vestidas de civil las persiguieron por varias calles y les disparaban.



A los que caían los subían a las camionetas y los que se rendían, eran sometidos y llevados en las mismas camionetas.

Desde ese momento, toda la responsabilidad de lo que les pudiera ocurrir a los jóvenes era de los que los privaron de la libertad y lo que haya sucedido posteriormente es consecuencia del hecho primero que fue consecuencia de la irresponsabilidad de quienes gobiernan en todos los niveles, por eso es un crimen de Estado.



 Como primer responsable de este caso está el mismo Procurador General de la República, quien desde tiempo atrás tuvo en bajo su responsabilidad el haber actuado en contra de José Luis Abarca Velázquez y su esposa. No lo hizo y al contrario, pidió a quienes los denunciaron que le aportara pruebas de ello cuando él, con todo el poder y medios para llevar a cabo una investigación no la hizo, por omisión, dejó crecer el problema.

¿Quién en su sano juicio acudiría a cualquier instancia ministerial o de autoridad a denunciar cualquier delito en el estado de Guerrero? El sistema gubernamental, de justicia y político de esta entidad, es desde hace años una cloaca y además de los testimonios de la ciudadanía, están las observaciones directas de quien escribe.



En el municipio de Cocula, en un poblado llamado Apipilulco el 24 de agosto del 2012 en la madrugada (4:00 horas aproximadamente) un comando de sicarios llegaron a una casa ubicada en la calle Escuadrón 201. Asesinaron a dos personas, padre e hijo y se retiraron del lugar. A los pocos minutos (unos 30 aproximadamente) se presentó un Agente del Ministerio Público con su grupo de policías judiciales. Tomó conocimiento del hecho, levantó las actas respectivas y le indicó a los familiares que velaran los cuerpos y los enterraran el mismo día sin que la hicieran más grande.

Se pasó por el arco del triunfo la necropsia obligatoria para este tipo de decesos y no se llevó a cabo ninguna investigación para que se diera con los responsables o las causas de asesinato. Aunque no era muy necesario porque en esa población toda la población sabía por qué.



 El asunto es que, la mayoría de las veces en el caso de atropellados, robos, choques con lesiones graves e inclusos decesos, llamémoslos “comunes”; los Agentes del Ministerio Público tardan horas para acudir a tomar conocimiento. Y a quienes mandan por lo regular son a sus actuarios, en persona los titulares de las fiscalías no van, se dan su importancia. Y en aquel caso la actuación fue inusitadamente rápida, tanto, que ni en los periódicos se supo esa nota.

En las redes sociales convocan a portestas y movilizaciones nacionales. Foto: red

En las redes sociales convocan a portestas y movilizaciones nacionales. Foto: red

Pero, ¿por qué pasaban esas cosas así?

Nadie podía ir a denunciar algún hecho delictivo relacionado al crimen organizado a ninguna dependencia porque, más tardaba en haber tomado la decisión en acudir, que en recibir en su casa poco tiempo después a sicarios de la organización denunciada quienes aplicaban la lección, o sanción correspondiente a ese acto de valor.



Algunas veces, asesinando a un familiar o llevándose con rumbo desconocido a alguno de ellos.

Así creció el problema en Guerrero y los “servicios de inteligencia” del gobierno lo supieron, pudieron pasar dos cosas con los agentes del CISEN: O no fueron lo suficientemente inteligentes para llevar a cabo sus labores informativas, o también fueron “cautivados” por el poder de las organizaciones criminales porque de todo lo que pasaba en Guerrero toda la población estaba enterada, menos ellos. Y si estuvieron enterados e hicieron los reportes correspondientes, entonces la responsabilidad va directamente a sus superiores dentro del sistema hasta llegar a Miguel Ángel Osorio Chong.

Por otra parte, la situación de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tampoco era desconocida para todas las instancias del gobierno. En los primeros días de su gestión como Gobernador del Estado, Ángel Aguirre estuvo de visita con los estudiantes quienes le hicieron saber la precaria situación en la que cursaban sus estudios. Aguirre Rivero se comprometió a ayudarlos y proporcionar medio suficientes para mejorar la situación de los maestros y estudiantes de esa institución aunque la responsabilidad de ello era del gobierno federal. Pero pasado el tiempo no les cumplió.

Por su parte, el gobierno federal, desde que tengo memoria siempre ha sido miserable o mezquino con los estudiantes que cursan la carrera para maestros. Quizá porque saben que los aspirantes provienen de las familias más humildes de la sociedad como jornaleros del campo, campesinos pobres o de la clase obrera y que para poder sostener sus estudios necesitan de apoyos económicos.

Desde los años 60’s en que la educación popular empezó a eliminar de sus enfoques la justicia social y el nacionalismo pos revolucionario, a los internados rurales como Ayotzinapa se les redujo el “pre”, una cantidad (en aquellos tiempos de 30 pesos a la semana por alumnos) que era necesario para la alimentación de los estudiantes. Se les daba ropas de cama, uniformes y calzado.





 A los estudiantes de los Centros Regionales se les daba únicamente una beca de 300 pesos para que pagaran la renta de hospedaje y su asistencia alimentaria fuera de los planteles, igual, en la segunda mitad de la década de los 60’s.

Por causa de esta situación era que año tras años los estudiantes pedían, solicitaba y exigían que se incrementaran esas cantidades insuficientes para sobrevivir llegando a veces hasta la huelga. Pero en lugar de que se resolvieran esos problemas, con el paso del tiempo se fueron agudizando, reduciendo con ello aún más las esperanzas de que jóvenes de extracción humilde lleguen a cursar esa carrera y difícilmente cualquier otra en otro tipo de instituciones.

Esto fue lo que llevó a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa a protestar en contra del gobierno el 12 de diciembre de 2012 en la autopista del Sol en donde murieron a manos de Agentes Ministeriales dos de ellos.



Los ha orillado a desarrollar plantones, marchas de protesta y denuncia en contra de quienes tienen la responsabilidad de darles condiciones decorosas de estudio.

En cambio, ven como el Presidente de la República desprende generosamente de las finanzas públicas a prestigiosas universidades privadas premios, reconocimientos, apoyos y financiamientos.



Será porque en ellas se preparan jóvenes "de primera" y que debido a su situación social y económica no tienen necesidad de salir a las calles, de hacer denuncias o de pedir nada que consideren que les corresponde.

Por todas las razones anteriores, el Gobierno Federal principalmente, tiene la responsabilidad de las muertes de los estudiantes de Ayotzinapa.

 Fueron omisos ante la situación que antecedió la tragedia, solaparon la irresponsabilidad de los gobernantes de Guerrero y siguen siendo indiferentes a la corrupción que se da en las instituciones judiciales y ministeriales de toda la entidad.



No se atreven a investigar de qué forma es que han acumulado tanta riqueza algunos de sus agentes del ministerio público o sus comandantes de policías judiciales y más aún, parecen hacerse disimulados ante la inexplicable vida disipada y de comodidad de algunos de sus agentes de inteligencia.
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